In defense of the right to popular protest in Peru
On Wednesday, December 7, 2022, President Pedro Castillo was arrested, imprisoned, and removed from office on charges of rebellion for attempting to dissolve Congress. This was the third time that far-right forces in Congress had tried to impeach him since he assumed the presidency of Peru on July 28, 2021. The attempt to dissolve Congress resulted in a majority vote for his removal, and First Vice President Dina Boluarte assumed the presidency. After a week in detention, and in violation of due process, Castillo was sentenced to 18 months of pretrial detention.
Desde la detención y destitución de Castillo, se vienen realizando múltiples y masivas movilizaciones de protesta en diversas regiones del país, incluida la capital. Los y las manifestantes se han declarado en insurgencia civil, realizando la toma de diversas instalaciones críticas, tales como minas, aeropuertos, empresas de transporte público, universidades, medios de comunicación y carreteras, entre otros. La población y organizaciones populares exigen – entre otras cosas – la destitución de Boluarte, la disolución del Congreso, y una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en reemplazo de la actual, instaurada en 1993 por el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.
El Estado ha respondido a las protestas con una represión masiva y brutal. Hasta el momento se cuentan alrededor de 20 muertos/as – entre ellos dos menores de edad y centenares de heridos/as. El día 14 de diciembre, el gobierno de Boluarte ha decretado el estado de emergencia por 30 días, lo cual implica la suspensión de derechos civiles y garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente en público, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y seguridad personal, y a no ser detenido por causa justificada.
De igual manera, desde el Gobierno y la Policía, al unísono con las fuerzas de ultraderecha y los grandes medios de comunicación, han recurrido a la estrategia del “terruqueo” (o difamación) para deslegitimar la protesta. Esto consiste en afirmar que los manifestantes están siendo azuzados por grupos “terroristas”, información que es absolutamente falsa, y que apunta a conculcar el derecho del pueblo a protestar.
Just like Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de resistencia, hacemos un llamado a defender el derecho a la desobediencia civil, la protesta y la resistencia, así como a denunciar toda forma de violencia política de Estado. La desmilitarización es una tarea urgente de todos nuestros países Latinoamericanos, lo que implica el fin de los estados de emergencia, el cumplimiento cabal de los derechos civiles, la liberación
inmediata de los y las presos/as por razones políticas, así como el fin de la impunidad para las fuerzas policiales y militares.
We defend the right of the Peruvian people to demand the creation of democratic mechanisms for carrying out profound political, economic and social reforms that will create the conditions to resolve the systemic and widespread crisis that the country is experiencing.
December 16th 2022
Programa de Psicología Social de la Memoria. Universidad de Chile
CLACSO Working Group on Collective Memories and Practices of Resistance
This statement expresses the position of Working Group on Collective Memories and Practices of Resistance and not necessarily that of the centers and institutions that make up the CLACSO international network, its Steering Committee or its Executive Secretariat.
