Think tanks estadounidenses y la manufacturación del consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina
Think tanks estadounidenses y la manufacturación del consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina
Autores: Tamara Lajtman, Cristian Lorenzo, Silvina Romano, Fernando Estenssoro1
Desde mediados de la década de 2000, Estados Unidos ha identificado a China como un actor que desafía el orden internacional liderado por Washington desde 1945. En América Latina y el Caribe (ALC), este proceso puede entenderse como actualización de una lógica que, bajo construcción de distintas “amenazas”, ha buscado preservar la primacía estadounidense en la región: del anticomunismo durante la Guerra Fría, al terrorismo y el narcotráfico en la inmediata posguerra fría, y, actualmente, a la competencia con “actores extrarregionales”, en particular con China. Este encuadre se ha traducido en una narrativa específica: la presencia china en puertos de aguas profundas, estaciones espaciales y satelitales, y redes de telecomunicaciones se constituiría como una amenaza militar encubierta para la seguridad hemisférica.
Este Cuaderno presenta una síntesis de los principales hallazgos de dos investigaciones que analizan cómo se construye, sostiene y proyecta ese relato entre 2021 y 2025, con antecedentes que se remontan a 2010. El argumento central es que la narrativa del “uso dual” de la infraestructura china —según la cual instalaciones financiadas, construidas u operadas por empresas chinas podrían adaptarse a fines militares— no se refiere a hechos comprobados sino que opera como una amenaza performativa: una hipótesis anticipatoria que, repetida sistemáticamente por think tanks especializados y los medios estadounidenses de comunicación, se convierte en premisa de política exterior; y en la justificación del aumento de presupuestos militares y de la intervención diplomática y militar en la región.2
El argumento no es nuevo: la administración Reagan ya había apelado a una lógica similar para justificar la invasión a Granada en 1983, insinuando que obras de infraestructura civil eran parte de un entramado militar soviético-cubano. Lo distintivo del periodo reciente es la escala, la sistematicidad y la densidad institucional con que este relato se produce y circula, en un contexto de declinación de la hegemonía estadounidense y de reconfiguración multipolar del orden mundial, caracterizado como interregno hegemónico.3
Manufacturación de consenso y geopolítica crítica
El análisis se apoya en dos tradiciones teóricas complementarias. La primera es el concepto de “manufacturación del consenso” (manufacturing consent), desarrollado por Noam Chomsky y Edward Herman (2000) desde una perspectiva de economía política crítica de la comunicación. Este concepto describe una dinámica que legitima y reproduce, en términos materiales e ideológicos, una red de poder integrada por instituciones, organismos y personalidades públicas y privadas vinculadas, directa o indirectamente, a la toma de decisiones en el ámbito del Complejo Industrial Militar (CIM). Esta red incluye organismos de gobierno, universidades, think tanks y corporaciones de defensa, articulados mediante el mecanismo de la “puerta giratoria” (revolving door) y flujos de financiamiento cruzados. Los think tanks operan allí como intermediarios entre las élites políticas y la opinión pública: producen marcos interpretativos que presentan determinadas visiones del mundo como inevitables o incuestionables, y proyectan esas narrativas hacia medios de comunicación concentrados, contribuyendo así a “estructurar el sesgo” informativo (Mastrini y Becerra, 2011).
La segunda tradición es la geopolítica crítica, en particular la noción de “intelectuales de Estado” (intellectuals of statecraft) propuesta por Gearóid Ó Tuathail y John Agnew (1992): expertos, asesores y analistas que, desde el Estado o desde instituciones afines como los think tanks, crean marcos interpretativos del orden internacional. Estos actores “espacializan” la política mundial, representándola mediante categorías de lugares, pueblos y dramas, y cumplen la función de anticipar qué debe preocupar, qué constituye un riesgo y qué exige intervención. Desde esta perspectiva, los discursos geopolíticos no son neutros ni meramente descriptivos: son construcciones situadas que expresan relaciones de poder y que resultan performativas, en la medida en que moldean percepciones de amenaza, orientan prioridades estratégicas y legitiman respuestas de política exterior.
La articulación de ambos enfoques permite distinguir tres dimensiones analíticas interrelacionadas, que también organizan el corpus empírico de esta investigación: una geopolítica práctica, vinculada a las estrategias y declaraciones de los decisores estatales —en este caso, principalmente el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)—; una geopolítica formal, asociada a los marcos interpretativos producidos por universidades, centros de investigación y think tanks; y una geopolítica popular, que remite a la difusión y naturalización de estas narrativas a través de los medios masivos de comunicación, tanto internacionales como regionales y locales. Estas tres dimensiones no funcionan de manera aislada, sino que se articulan mediante mecanismos de circulación y retroalimentación.
A partir de esta síntesis conceptual, proponemos la noción de “sospecha estratégica” para caracterizar la representación de China que se desprende de este entramado: una sospecha que no requiere evidencia que sea concluyente para producir efectos políticos concretos; que convierte hipótesis anticipatorias —lo que China “podría” hacer con determinada infraestructura— en premisas legítimas y accionables de política exterior.
Una breve nota metodológica
Los dos trabajos que aquí se sintetizan combinan un enfoque cualitativo deductivo e inductivo, sustentado en análisis de contenido y triangulación de fuentes. El corpus empírico incluye documentos oficiales del Comando Sur y del Congreso de Estados Unidos (audiencias, testimonios y posture statements anuales); informes extensos y policy briefs publicados por el Council in Foreing Relations (CFR), la RAND Corporation, el Atlantic Council, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y el Americas Society/Council of the Americas (AS/COA); libros y artículos de análisis estratégico; y coberturas mediáticas internacionales y regionales en las que intervienen expertos vinculados a esas instituciones.
El período analizado se extiende desde 2021 —cuando el concepto de “uso dual” se incorpora explícitamente en documentos oficiales del Departamento de Defensa y en los testimonios del Comando Sur bajo la administración Biden— hasta junio de 2025, con particular atención a los primeros meses del segundo mandato de Trump, marcados por las tensiones en torno al canal de Panamá. Asimismo, se reconstruye la evolución del discurso del Comando Sur desde 2010, para dar cuenta del proceso de securitización progresiva de la infraestructura china en la región.
Las fuentes fueron sistematizadas y codificadas temáticamente según categorías derivadas del marco teórico, lo que permitió mapear una red de poder compuesta por instituciones, organismos y personalidades vinculadas —directa o indirectamente— al CIM estadounidense, y reconstruir sus conexiones institucionales, personales y mediáticas.
La red de poder: los think tanks especializados en defensa
La investigación identificó cuatro think tanks estadounidenses con mayor incidencia en la construcción de este consenso: el Council on Foreign Relations (CFR, fundado en 1921), la RAND Corporation (1948), el Atlantic Council (1961) y el Center for Strategic and International Studies (CSIS, 1962). A ellos se suma, en el plano político-empresarial, el Council of the Americas/Americas Society (AS/COA), fundado por David Rockefeller y orientado históricamente a la promoción de la agenda neoliberal en la región.
El perfil institucional de estos centros muestra vínculos estrechos con el CIM. La RAND Corporation, financiada desde sus orígenes por el Departamento de Defensa, es el think tank que recibe más fondos del gobierno federal estadounidense: entre 2019 y 2023 obtuvo cerca de 1.422 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 783 millones provinieron directamente del Departamento de Defensa. El Atlantic Council, por su parte, es el que recibe mayor financiamiento de empresas contratistas del Pentágono —poco más de 10 millones de dólares en el mismo período, sobre un total cercano a 39 millones—, seguido por el CSIS, tercer receptor de fondos de contratistas, con 4,1 millones de dólares. El CFR recibe montos comparativamente menores de estas empresas —algo más de 2 millones de dólares entre 2019 y 2023, provenientes de firmas como McKinsey & Company, Northrop Grumman, Lockheed Martin y Deloitte—, pero integra en su junta directiva a ejecutivos de peso de la industria de defensa: su presidente, David Rubenstein, es cofundador de Carlyle Group, firma de capital privado especializada en defensa, y entre sus miembros figuran directivos de Raytheon, Leonardo Systems y Lockheed Martin.
Un rasgo recurrente es la llamada “puerta giratoria”: funcionarios que circulan entre el gobierno, el aparato de seguridad y estos centros de pensamiento, lo que no implica necesariamente una instrucción directa sobre sus producciones, pero sí asegura una red sólida y estable entre el sector público y el privado. John Hamre, presidente del CSIS desde 2000, fue subsecretario de Defensa entre 1994 y 1997 y presidió la Junta de Política de Defensa bajo cuatro secretarios de Defensa distintos. Matthew Kroenig, vicepresidente del Atlantic Council, integra la Comisión del Congreso sobre la Postura Estratégica de Estados Unidos y trabajó en el Departamento de Defensa y en la comunidad de inteligencia bajo las administraciones de Bush, Obama y Trump. Jason Matheny, presidente de la RAND desde 2022, dirigió previamente las políticas de tecnología y seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Esta circulación de personal se completa con expertos que combinan su rol en los think tanks con posiciones académicas y con la asesoría directa a las fuerzas armadas: Ryan Berg, director del Programa de las Américas del CSIS, es profesor en la Catholic University of America y en el US Foreign Service Institute, y testifica de manera habitual ante el Senado y la Cámara de Representantes; Robert Evan Ellis, asociado senior del CSIS, es también profesor del US Army War College; Leland Lazarus, vinculado tanto al Atlantic Council como a la Florida International University, se desempeñó como asistente especial y redactor de discursos de la propia comandante del Comando Sur entre 2021 y 2022.
Esta red se sostiene en conexiones concretas y verificables entre organismos de gobierno (el Departamento de Defensa, el Comando Sur, el Congreso estadounidense), think tanks, universidades y centros académicos (Georgetown, Florida International University, Catholic University of America, US Army War College) y medios de comunicación de alcance internacional y regional. La reconstrucción gráfica de esta red —disponible en el artículo de Lajtman y Romano (2026) — permite visualizar cómo un número relativamente reducido de personas e instituciones concentra la producción y la circulación del relato del “uso dual” a lo largo de todo el período analizado.
El “uso dual” en la infraestructura portuaria
El consenso sobre el “uso dual” se despliega en dos ámbitos concretos: la infraestructura portuaria y las estaciones espaciales y satelitales. En el primer caso, la premisa compartida por los think tanks analizados es que los puertos comerciales de la región podrían, llegado el momento, apoyar operaciones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL), restringiendo el acceso naval estadounidense o facilitando el reabastecimiento y la logística de buques chinos. Ya en 2021, ante la US-China Economic and Security Review Commission, un investigador del CSIS advirtió sobre “varias decenas de acuerdos” firmados por China para construir o ampliar puertos de aguas profundas en la región, mencionando específicamente los puertos de Paranaguá (Brasil), Buenos Aires (Argentina), La Brea (Trinidad y Tobago) y Santiago de Cuba en el Atlántico, y los del canal de Panamá, Chancay (Perú) y Punta Arenas (Chile) en el Pacífico.
El CSIS profundizó este diagnóstico identificando 37 proyectos portuarios con participación china en ALC, sobre los que elaboró una evaluación de riesgo relativo para la seguridad nacional estadounidense, considerando dos variables: el grado de dependencia de Estados Unidos respecto de cada puerto y la capacidad china de obtener ventajas operativas durante una eventual crisis o conflicto armado. El puerto de Kingston (Jamaica), operado por una empresa estatal china y ubicado a apenas 274 kilómetros de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, fue catalogado como el de mayor riesgo relativo. El CFR, por su parte, en su informe Tracking China’s Control of Overseas Ports, identificó nueve puertos de la región con “potencial físico para uso naval” —es decir, con atracaderos suficientemente profundos para recibir buques militares—, entre ellos Kingston, Paranaguá y Chancay (este último, señalado de forma recurrente por el CSIS como el caso más emblemático de los riesgos estratégicos asociados a la inversión portuaria china en la región), además de otros seis puertos catalogados con “potencial militar” en México, Honduras, Panamá, Ecuador y Chile.
Dentro de este eje, desde el corpus analizado se distingue tres variantes narrativas que se repiten y refuerzan mutuamente. La primera es el potencial de atraque de buques militares: en febrero de 2025, ante el Subcomité de Transporte y Asuntos Marítimos de la Cámara de Representantes, el vicepresidente del Atlantic Council advirtió que, en caso de crisis o guerra, China podría obstaculizar el paso de buques de guerra estadounidenses y utilizar puertos de aguas profundas para albergar unidades de la Armada del EPL. La segunda variante es la capacidad de espionaje: se señala que la propiedad u operación de puertos por parte de empresas como COSCO o China Merchants Port Holdings otorgaría acceso detallado a manifiestos de carga y registros de inspección, y se apunta específicamente al equipamiento portuario de origen chino —grúas de Shanghai Zhenhua Heavy Industry, escáneres de Nuctech y cámaras de seguridad de Huawei— como potenciales vectores de recolección de datos sensibles, destacando el caso de Panamá, donde se instalaron trescientas cámaras de esta última empresa en uno de los puertos más estratégicos del hemisferio. La tercera variante es el riesgo de sabotaje de rutas comerciales: desde 2021 se identifica al canal de Panamá como uno de los objetivos más vulnerables, en la medida en que una interrupción temporal dificultaría el traslado de activos militares entre el Atlántico y el Pacífico; el mismo razonamiento se extiende al estrecho de Magallanes, al canal Beagle y a los puertos de Chancay y Manzanillo.
Resulta significativo que, incluso desde estos mismos think tanks, se reconozca que China no posee fuerzas militares permanentes en la región, y que un uso militar manifiesto de esta infraestructura civil en un escenario de conflicto sería, en palabras de sus propios informes, “arriesgado y poco probable”. La narrativa se sostiene, entonces, sobre un potencial no verificado —una posibilidad futura— más que sobre hechos consumados o evidencia directa de militarización.
Estaciones espaciales y satelitales
El segundo ámbito clave del consenso sobre el “uso dual” es el espacial. La estación Espacio Lejano, operada por China en la provincia de Neuquén (Argentina) desde 2017, es presentada de manera reiterada como el caso paradigmático de instalación con fines oficialmente científicos que albergaría, sin embargo, un potencial de uso dual como herramienta de espionaje. La preocupación se articula en dos dimensiones. La primera es el control limitado y la amenaza a la soberanía: informes del CSIS y de la RAND subrayan que el convenio bilateral firmado en 2012 entre Argentina y China impide al Estado argentino interferir o inspeccionar las actividades desarrolladas en la estación, lo que —sostienen— habilitaría funciones militares encubiertas, dado que la instalación es administrada por una entidad subordinada a la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL. Este discurso llega a proyectar la estación como una suerte de “porción soberana del territorio chino en la Patagonia”, fuera del alcance de la inspección local. La segunda dimensión vincula estas estaciones con la arquitectura militar global de China, en particular con el sistema C5ISRT (comando, control, computación, comunicaciones, cibernética, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y focalización) del EPL. Según esta lectura, la infraestructura técnica de Espacio Lejano —antenas compatibles con sistemas de alerta temprana e interceptación aerotransportada— podría eventualmente utilizarse para operaciones contraespaciales, para el guiado de misiles hipersónicos o para el despliegue de capacidades antisatélite, en un contexto de ausencia de defensas hipersónicas propias en el sur de Estados Unidos. Preocupaciones equivalentes se extendieron a otras estaciones terrestres de la región: la estación El Sombrero en Venezuela, la estación de Santiago en Chile —antes vinculada a la Swedish Space Corporation— y, más recientemente, a un proyecto de observatorio astronómico conjunto entre el Observatorio Astronómico Nacional de China y una universidad chilena en el desierto de Atacama, cuyo desarrollo fue paralizado por el gobierno chileno en abril de 2025 tras presiones diplomáticas de Estados Unidos. Como en el caso portuario, un rasgo predominante de esta narrativa es que articula el temor a un uso futuro y potencial —bajo apariencia científica— con la ausencia, hasta la fecha, de pruebas públicas de uso militar activo o de denuncias formales por parte de los gobiernos anfitriones.
La evolución del discurso del Comando Sur
El seguimiento sistemático de los testimonios anuales del Comando Sur ante el Congreso estadounidense, entre 2010 y 2025, permite trazar con precisión la trayectoria de este relato y su creciente securitización. En 2010, bajo el comandante Fraser, la única preocupación explícita era el peso comercial de China como segundo mayor usuario del canal de Panamá. En 2014, con Kelly al mando, aparecen ya inquietudes sobre inversiones en infraestructura incluido un eventual canal alternativo en Nicaragua— y proyectos satelitales. A partir de 2017, bajo el comandante Tidd, el discurso se agudiza de forma notoria, coincidiendo con la adhesión de Panamá a la iniciativa china de la Franja y la Ruta y con la apertura de la estación de Neuquén: se advierte que actividades en el espacio, el ciberespacio y las telecomunicaciones podrían representar riesgos directos para la seguridad estadounidense, y que la inversión china en puertos a ambos lados del canal de Panamá podría permitir que fuerzas chinas amenacen rutas marítimas vitales.
Entre 2019 y 2021, con el comandante Faller, el relato se sistematiza: se identifica infraestructura china de valor estratégico en 25 países de la región, se cataloga a los puertos y a las tecnologías de vigilancia como amenazas de uso militar y contrainteligencia, y se sostiene que la República Popular China busca establecer infraestructura logística en el hemisferio para proyectar y sostener su poder militar a mayores distancias. El punto de mayor consolidación se produce entre 2022 y 2024, bajo la comandante general Laura Richardson, quien introduce de manera explícita y sostenida el término “uso dual” aplicado a puertos, a la estación de Neuquén y a redes de telecomunicaciones, y que en entrevistas públicas llegó a señalar que la mayor parte de la infraestructura espacial china a nivel mundial se encuentra “en mi hemisferio”, dentro del área de operaciones del propio Comando Sur. Ya al inicio del segundo mandato de Trump, en 2025, el almirante Alvin Holsey reforzó las alertas sobre el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes,presentados como amenazas concretas a la capacidad estadounidense de repliegue naval hacia el Indo-Pacífico en caso de conflicto.
Este proceso de securitización progresiva no es meramente discursivo: coincide con un incremento sostenido en las solicitudes de fondos para programas de seguridad y asistencia militar en la región. Para el año fiscal 2025 se solicitaron 584,9 millones de dólares —el 26,5 % del total— para el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), un 24,4 % más que en el ejercicio fiscal 2023; y 16,2 millones de dólares para el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET), un 29,5 % más que en 2023.
La cobertura mediática, internacional y regional
El consenso geopolítico sobre el “uso dual” no permanece confinado a informes técnicos ni a audiencias legislativas: se proyecta de manera activa en medios de comunicación hegemónicos, que operan como amplificadores del relato. En el contexto de las tensiones en torno al canal de Panamá a inicios de 2025, expertos de los think tanks analizados tuvieron amplia difusión: en The Washington Post se expresó preocupación por la influencia china sobre una de las rutas estratégicas para desplegar buques de guerra estadounidenses en situaciones de contingencia vinculadas a Taiwán; en The New York Times se afirmó que China habría utilizado sus operaciones en el canal para recopilar inteligencia y realizar espionaje; en The Wall Street Journal se celebró la compra, por parte del fondo de inversión estadounidense BlackRock, de los puertos operados por la firma hongkonesa CK Hutchison, presentada como un “retorno del liderazgo estadounidense en el istmo”; y en Reuters la misma operación fue calificada como una “gran victoria” que pondría fin al debate sobre la seguridad del canal. Investigadoras de la RAND y del Atlantic Council fueron citadas en France24 y Swissinfo para contextualizar la gira del secretario de Estado Marco Rubio por Centroamérica en enero de 2025 como parte de una ofensiva diplomática destinada a frenar los avances chinos en infraestructura estratégica.
Esta misma narrativa fue amplificada por medios de comunicación latinoamericanos, particularmente en los países con infraestructura asociada a inversiones chinas, reproduciendo y reforzando localmente la lectura securitaria producida en Washington. En Argentina, la cobertura sobre la base espacial de Neuquén se intensificó en abril de 2024, en el marco de una visita de la generala Richardson al país y del anuncio de una posible inspección técnica del sitio por parte del gobierno de Javier Milei; distintos medios reprodujeron la idea de que la tecnología espacial china tendría un potencial de uso dual para tareas de interceptación y guiado militar. En Perú, varios medios replicaron las declaraciones de Richardson sobre el posible uso del puerto de Chancay por parte de buques de guerra chinos, y llegaron a describirlo como “por su propia naturaleza, una instalación de uso dual”. En Panamá, a inicios de 2025, medios regionales difundieron la idea de que, aunque no hubiera tropas chinas uniformadas, sería “casi seguro” que existiera personal militar chino vestido de civil en instalaciones vinculadas al canal. En Chile, la suspensión del proyecto de observatorio en Cerro Ventarrones fue cubierta bajo el mismo encuadre de “uso dual”, vinculando el freno gubernamental a presiones directas de Washington.
Las afirmaciones más alarmistas de este circuito mediático suelen provenir de medios vinculados a sectores conservadores del exilio cubano en Florida —como Diario de Cuba y Diario Las Américas—, que han instalado la idea de que Beijing estaría consolidando “una red de espionaje hemisférico” desde Cuba para recopilar inteligencia contra Estados Unidos y facilitar un eventual despliegue militar futuro. Un hito significativo de esta proyección fue la Conferencia de Seguridad Hemisférica celebrada en Miami en mayo de 2025, que reunió al aparato de defensa estadounidense con consultores políticos y académicos de la región para debatir sobre los desafíos geopolíticos que plantearía la presencia china en ALC. Esta circulación de la sospecha no requiere presencia mediática constante: alcanzan intervenciones puntuales en coyunturas de alta sensibilidad geopolítica —disputas presupuestarias, ciclos electorales, tensiones diplomáticas— para reactivar y renovar el sentido común sobre la amenaza china, dado que son los medios concentrados quienes fijan la agenda pública.
A modo de cierre: una amenaza performativa
El principal aporte de este trabajo es mostrar que el relato del “uso dual” de infraestructura china funciona como un dispositivo político versátil, más que como una descripción verificada de hechos. Al convertir infraestructuras civiles en amenazas potenciales —aun sin evidencia empírica concluyente—, esta narrativa transforma indicios e interpretaciones especulativas, leídas a través de un lente de seguridad, en premisas legítimas y accionables de política exterior. Su función es doble: hacia afuera, legitima la proyección preventiva de Estados Unidos sobre ALC y reactualiza marcos securitarios heredados de la Guerra Fría, presentando a Washington como garante indispensable del orden hemisférico, sin necesidad de una presencia mediática constante, pues bastan intervenciones puntuales en coyunturas clave; hacia adentro, contribuye a justificar aumentos presupuestarios y a sostener la continuidad y expansión del CIM estadounidense.
Se trata, en definitiva, de una nueva gramática de la amenaza que actualiza marcos interpretativos previos – el anticomunismo durante la Guerra Fría, la amenaza terrorista y el narcotráfico en la posguerra fría, y, en la actualidad, la amenaza china- pero como el mismo objetivo estratégico de mantener a América Latina y el Caribe como su “patio trasero”.
El consenso del “uso dual” demuestra, además, una notable versatilidad: sirve tanto para justificar asistencia y cooperación militar, como para promover restricciones a la inversión extranjera china, o para fundamentar nuevas formas de “competencia estratégica” en el terreno específico de la infraestructura crítica. La reactivación de discursos que evocan una nueva Guerra Fría, y la insistencia en escenarios de conflicto todavía hipotéticos, colocan a América Latina y el Caribe en una posición ambigua: entre el riesgo de convertirse en un nuevo teatro de confrontación entre potencias y la oportunidad —siempre disputada— de negociar mayores márgenes de autonomía regional.
Ejes para el debate
- ¿Qué implicancias tiene, para la soberanía y la toma de decisiones de los países de ALC, que
buena parte del diagnóstico sobre su propia infraestructura crítica sea elaborado por actores
externos vinculados al CIM de otro Estado? - ¿Cómo distinguir, en el debate público y académico regional, entre riesgos de seguridad
efectivamente fundados en evidencia y narrativas construidas anticipatoriamente que operan
como “amenazas performativas”? - ¿De qué manera la circulación acrítica de estas narrativas en medios locales condiciona las
negociaciones bilaterales de los países de la región con China, y qué márgenes de autonomía
quedan disponibles frente a esa presión? - ¿Qué se puede aprender del análisis de la manufacturación de consenso —como dinámica de
producción de sentido común favorable a determinados intereses estructurales— para pensar
otras disputas geopolíticas contemporáneas en la región, más allá del caso chino? - ¿Cómo podrían los países de ALC desarrollar capacidades propias de análisis geopolítico y de
evaluación de riesgos de infraestructura crítica, que no dependan exclusivamente de los
diagnósticos producidos por think tanks estadounidenses?
Referencias
Chomsky, Noam y Herman, Edward. 2000. Los guardianes de la libertad. Barcelona: Crítica. Estenssoro, F. (2026). Dos razones para la presión estadounidense sobre América Latina en el interregno hegemónico: Recursos naturales y acceso a la Antártica. Encrucijada Americana, 18(1), 113–134. https://doi.org/10.53689/ea.v18i1.319
Lajtman, Tamara; Lorenzo, Cristian y Estenssoro, Fernando. 2026. “Sospecha estratégica: think tanks estadounidenses y el consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina”. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 26: 1-22. https://doi.org/10.61303/07190948.v26i.1270
Lajtman, Tamara y Romano, Silvina. 2026. “Estados Unidos y la manufacturación del consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina”. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 44: 70-89. https://doi.org/10.17141/urvio.44.2026.6620
Mastrini, Guillermo, y Becerra, Martín. 2011. Estructura, concentración y transformaciones en los medios del Cono Sur latinoamericano. Revista Comunicar, XVIII (36), 51-59. Ó Tuathail, Gearóid y Agnew, John. 1992. “Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy”. Political Geography 11 (2): 190-204.
*El presente trabajo fue realizado con apoyo del CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – Brasil
- Tamara Lajtman: Universidad de Buenos Aires (UBA). Cristian Lorenzo: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) – (CONICET), Argentina. Silvina Romano: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Fernando Estenssoro: Universidad de Santiago de Chile (USACH). Las/los cuatro integran el Grupo de Trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” de CLACSO. ↩︎
- Este Cuaderno sintetiza y pone en diálogo los resultados de dos investigaciones publicadas en coautoría: Lajtman, Tamara; Lorenzo, Cristian y Estenssoro, Fernando (2026), “Sospecha estratégica: think tanks estadounidenses y el consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina”, Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 26, 1-22, https://doi.org/10.61303/07190948.v26i.1270; y Lajtman, Tamara y Romano, Silvina (2026), “Estados Unidos y la manufacturación del consenso geopolítico sobre infraestructura china en América Latina”, URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 44, 70-89, https://doi.org/10.17141/urvio.44.2026.6620. Se recomienda su lectura para profundizar en la evidencia empírica, la metodología y el aparato de citas completo, así como en la Figura 1 de Lajtman y Romano (2026), que reconstruye gráficamente la red de poder analizada en este texto. ↩︎
- El interregno hegemónico se refiere a un periodo declinación de Estados Unidos como hegemón del sistema internacional y la preconfiguración de un nuevo orden, probablemente multipolar, guiado por el ascenso de China como gran potencia. La inspiración del concepto viene de Antonio Gramsci cuando señala que la crisis de hegemonía consistente en que “lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, en este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos” (como se citó en Estenssoro, 2026: 116). ↩︎
