Recomposición conservadora y administración institucional del conflicto en Honduras
Democracia procedimental y disputa por el Estado después de las elecciones de 2025
Galel Briceño Cerrato[1]
Introducción
La crisis política hondureña posterior a las elecciones generales de 2025 trascendió el terreno estrictamente electoral y evidenció tensiones más amplias relacionadas con legitimidad democrática, gobernabilidad y administración institucional del conflicto político. A diferencia de las crisis poselectorales de 2013 y 2017 —marcadas por confrontación abierta y elevados niveles de conflictividad— el escenario posterior a 2025 mostró una creciente centralidad de procedimientos jurídicos, electorales y legislativos administrados por instituciones estratégicas del Estado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público adquirieron creciente relevancia dentro de la disputa por la validación institucional del proceso político y por el control de los mecanismos encargados de arbitrar la competencia democrática. Las controversias relacionadas con escrutinios especiales, validación de actas, recursos electorales y disputas legislativas evidenciaron una transformación significativa en las formas contemporáneas de administración del desacuerdo político en Honduras.
Este desplazamiento del conflicto hacia espacios técnico-jurídicos y administrativos debe comprenderse dentro de una trayectoria más amplia de reorganización política posterior al golpe de Estado de 2009. Durante las últimas décadas, Honduras ha experimentado procesos simultáneos de militarización de la seguridad pública, judicialización progresiva de conflictos sociales y fortalecimiento de aparatos institucionales de control político. Las crisis poselectorales de 2013 y 2017 evidenciaron altos niveles de conflictividad y cuestionamientos persistentes sobre legitimidad electoral. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2017) recomendó considerar la repetición de las elecciones presidenciales de 2017 debido a irregularidades sustantivas detectadas durante el proceso, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó violaciones graves a derechos humanos derivadas de la represión poselectoral (OACNUDH, 2018).
No obstante, el escenario abierto después de las elecciones de 2025 mostró una mutación relevante respecto de ciclos anteriores. Las controversias poselectorales comenzaron a reorganizarse crecientemente dentro de mecanismos institucionales de validación, impugnación y administración jurídica del conflicto. Reuters (2025), El País (2025), Criterio.hn (2025) y Contracorriente (2025) documentaron retrasos, conflictos procedimentales y disputas institucionales que atravesaron el proceso poselectoral hondureño.
Desde esta perspectiva, el presente artículo analiza la crisis poselectoral hondureña posterior a las elecciones generales de 2025 y los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura desde una perspectiva crítica de la democracia procedimental, la teoría del Estado y los estudios contemporáneos sobre juridificación y lawfare en América Latina. A partir de un enfoque cualitativo sustentado en análisis documental y revisión hemerográfica, el trabajo examina la transformación del conflicto poselectoral hacia espacios institucionales de administración política, el papel desempeñado por el Congreso Nacional y los órganos electorales y judiciales dentro de la reorganización posterior a 2025, así como las tensiones entre estabilidad institucional y legitimidad democrática durante los primeros cien días del nuevo gobierno.
La hipótesis central sostiene que la articulación institucional entre el Partido Nacional y sectores del Partido Liberal, respaldada por mecanismos de juridificación y control relativo de órganos estratégicos del Estado, permitió consolidar una recomposición conservadora orientada tanto a estabilizar el gobierno de Nasry Asfura como a fortalecer capacidades futuras de administración del sistema político frente a Libre como principal actor disruptivo del equilibrio político posterior a 2009.
La tesis principal del artículo plantea que las controversias derivadas de las denuncias de fraude e irregularidades electorales de 2025 no operaron únicamente como una disputa coyuntural por resultados, sino como un mecanismo de reorganización institucional del conflicto político administrado mediante dispositivos jurídicos, electorales y legislativos capaces de transformar una disputa por legitimidad democrática en estabilidad estatal.
Consideraciones teórico-metodológicas
El presente trabajo se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo de carácter interpretativo orientado al análisis de las transformaciones recientes del sistema político hondureño posteriores a las elecciones generales de 2025. El artículo combina análisis político-estructural, revisión documental y análisis hemerográfico con el propósito de examinar procesos contemporáneos de proceduralización institucional del conflicto político, juridificación del desacuerdo y recomposición conservadora dentro del aparato estatal hondureño.
La investigación se sustenta en una estrategia de triangulación documental construida a partir de fuentes periodísticas nacionales e internacionales, informes de organismos multilaterales, resoluciones oficiales y literatura académica especializada sobre democracia liberal, teoría del Estado, sistemas de partidos y lawfare en América Latina. Entre las principales fuentes utilizadas se encuentran documentos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como coberturas de Reuters, El País, Criterio.hn y Contracorriente.
El análisis parte de una perspectiva crítica de la democracia procedimental y de una lectura relacional del Estado inspirada principalmente en los aportes de Nicos Poulantzas, Jacques Rancière, Wendy Brown y George Tsebelis. Desde esta perspectiva, las instituciones estatales no son comprendidas como espacios neutrales de administración técnica, sino como escenarios atravesados por relaciones de fuerza políticas e institucionales que intervienen activamente en la producción de gobernabilidad y estabilidad democrática.
Metodológicamente, el artículo no busca demostrar jurídicamente la existencia de fraude electoral, sino analizar las formas mediante las cuales las denuncias de irregularidades y las controversias poselectorales posteriores a las elecciones de 2025 fueron progresivamente reorganizadas dentro de mecanismos jurídicos, electorales y legislativos de administración institucional del conflicto político.
La delimitación temporal del análisis abarca el período comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 2025 y los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura, incorporando además antecedentes posteriores al golpe de Estado de 2009 necesarios para contextualizar la reconfiguración contemporánea del sistema político hondureño.
I. Democracia procedimental, sistema de partidos y recomposición conservadora
La crisis política hondureña posterior a las elecciones de 2025 obliga a reconsiderar críticamente las formas contemporáneas de funcionamiento de la democracia liberal en contextos de alta polarización, deterioro de legitimidad institucional y reorganización de correlaciones de fuerza dentro del Estado. Más que una anomalía excepcional, la conflictividad poselectoral parece expresar una modalidad de estabilización política donde la competencia democrática permanece formalmente abierta mientras las capacidades efectivas de administración del conflicto se concentran progresivamente dentro de aparatos estatales estratégicos.
Este desplazamiento no implica necesariamente la suspensión formal de mecanismos democráticos. Por el contrario, revela una mutación donde elecciones, instituciones y procedimientos jurídicos continúan operando bajo condiciones crecientemente mediadas por relaciones de fuerza capaces de condicionar los márgenes reales de disputa política. Rancière (1996) sostiene que las democracias contemporáneas tienden a desplazar antagonismos políticos hacia mecanismos institucionales especializados orientados a administrar el desacuerdo y preservar continuidad del orden existente.
La experiencia hondureña posterior al golpe de Estado de 2009 resulta ilustrativa de esta transformación. Las sucesivas crisis políticas no produjeron únicamente confrontación abierta, sino también un fortalecimiento progresivo de órganos jurídicos, electorales y legislativos con creciente capacidad de reorganización política. La expansión de atribuciones del sistema judicial, la centralidad adquirida por los órganos electorales y el aumento de conflictos procesados mediante judicialización muestran transformaciones más profundas en las formas de administración estatal del conflicto político.
Dentro de este escenario, el sistema de partidos desempeña un papel decisivo. Sartori (2005) advierte que los partidos no constituyen únicamente vehículos de representación electoral, sino estructuras capaces de reorganizar relaciones de poder y redefinir límites efectivos de competencia política. La emergencia de Libre después del golpe de Estado alteró significativamente el histórico bipartidismo dominado por el Partido Nacional y el Partido Liberal; sin embargo, esta transformación no produjo el colapso de las capacidades adaptativas de las fuerzas tradicionales. Como plantea Panebianco (2009), los partidos desarrollan estrategias orientadas a preservar acceso estatal, reproducción institucional y capacidad de supervivencia aún bajo contextos de crisis.
La creciente articulación entre el Partido Nacional y sectores del Partido Liberal posterior a las elecciones de 2025 parece responder parcialmente a esta dinámica. Aunque ambas fuerzas mantuvieron diferencias históricas y disputas internas, el escenario poselectoral mostró niveles crecientes de cooperación legislativa e institucional alrededor del control del Congreso Nacional y de órganos estratégicos vinculados al sistema judicial y electoral.
Desde una lectura estructural del Estado, esta convergencia no puede interpretarse únicamente como una alianza parlamentaria coyuntural. Poulantzas (1979) sostiene que el Estado constituye una condensación material de relaciones de fuerza donde distintas fracciones políticas y económicas disputan capacidades de intervención sobre aparatos estratégicos. Bajo esta perspectiva, el control relativo de instituciones encargadas de validar resultados electorales, procesar impugnaciones y administrar controversias jurídicas adquiere relevancia no solo para la gestión inmediata del conflicto, sino también para la organización futura de las condiciones de competencia política.
Por otro lado, Tsebelis (2006) conceptualiza a estos actores institucionales como veto players, es decir, espacios con capacidad significativa para bloquear o condicionar decisiones estratégicas dentro del sistema político. Bajo determinadas correlaciones de fuerza, el control relativo de estos órganos reduce incertidumbre frente a futuros ciclos electorales y fortalece capacidades de estabilización gubernamental.
La centralidad adquirida por el Congreso Nacional después de las elecciones de 2025 resulta particularmente significativa dentro de esta reorganización. Aunque Honduras continúa funcionando formalmente bajo un sistema presidencialista, buena parte de la capacidad efectiva de articulación política comenzó a desplazarse hacia un entramado legislativo con creciente influencia sobre decisiones institucionales estratégicas vinculadas al sistema electoral y judicial.
Desde esta perspectiva, la crisis poselectoral de 2025 no constituye únicamente un episodio de conflictividad electoral. Expresa un proceso más amplio de reorganización conservadora donde instituciones, partidos y dispositivos jurídicos adquieren creciente capacidad para administrar el conflicto político, reorganizar reglas efectivas de competencia y reducir márgenes de incertidumbre frente a futuras disputas por el poder estatal.
II. Del golpe de Estado a la recomposición conservadora del sistema político hondureño (2009–2025)
El golpe de Estado de junio de 2009 inauguró un nuevo ciclo de reorganización política en Honduras caracterizado por la reconfiguración de las relaciones entre aparato estatal, sistema de partidos y mecanismos de administración del conflicto político. La destitución de Manuel Zelaya no solo produjo una ruptura constitucional, sino también una transformación institucional orientada a redefinir márgenes de competencia política y recomponer correlaciones de fuerza favorables a sectores históricamente dominantes dentro del sistema político hondureño.
La polarización derivada del golpe debilitó la legitimidad del bipartidismo tradicional y favoreció el surgimiento de Libre como fuerza con capacidad real de disputar el control estatal desde una narrativa confrontativa frente al orden político construido después de 2009. Sin embargo, esta transformación no produjo el colapso de las capacidades adaptativas de las fuerzas tradicionales. Por el contrario, incentivó nuevas formas de articulación política e institucional orientadas a preservar estabilidad y control sobre aparatos estratégicos del Estado.
Durante el ciclo político encabezado por Juan Orlando Hernández (2014–2022), esta reorganización adquirió mayor profundidad. La militarización de la seguridad pública, el fortalecimiento de aparatos coercitivos y la creciente judicialización de conflictos sociales comenzaron a redefinir las formas de administración estatal del desacuerdo político. Diversos informes de la CIDH y de la OACNUDH señalaron preocupaciones persistentes relacionadas con concentración institucional, debilitamiento de contrapesos y conflictividad política.
Las elecciones de 2017 constituyeron un punto de inflexión decisivo. La interrupción del sistema de transmisión de resultados preliminares, las denuncias de irregularidades en el conteo y la posterior reelección de Juan Orlando Hernández produjeron una de las crisis poselectorales más intensas del período reciente. La Misión de Observación Electoral de la OEA concluyó que las irregularidades detectadas impedían otorgar plena certidumbre al proceso y recomendó considerar la repetición electoral (OEA, 2017). Paralelamente, Reuters (2017) y BBC Mundo (2017) documentaron protestas masivas, confrontaciones y cuestionamientos generalizados sobre legitimidad democrática.
La respuesta estatal frente a aquella crisis combinó coerción directa, judicialización progresiva y validación institucional de resultados. La OACNUDH (2018) documentó muertes vinculadas al contexto poselectoral y denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones posteriores a las elecciones. La experiencia dejó una enseñanza política relevante y es que los escenarios de confrontación abierta implicaban elevados costos nacionales e internacionales para la estabilización gubernamental.
El escenario político posterior a 2022 introdujo nuevas tensiones dentro de esta trayectoria. Aunque la llegada de Libre al Ejecutivo representó una ruptura parcial respecto al ciclo anterior, las disputas alrededor del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los órganos electorales evidenciaron que el conflicto político comenzaba a reorganizarse crecientemente alrededor de instituciones estratégicas encargadas de administrar controversias políticas y electorales.
La llegada de Johel Zelaya al Ministerio Público en 2024 intensificó debates sobre selectividad institucional y utilización política de recursos judiciales. Radio Progreso (2025) y Criterio.hn (2025) documentaron controversias relacionadas con investigaciones fiscales, requerimientos judiciales y disputas sobre autonomía institucional. Paralelamente, las tensiones internas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral mostraron que las disputas por el control del sistema electoral comenzaban a adquirir creciente relevancia política.
Las elecciones generales de 2025 condensaron buena parte de estas tensiones acumuladas. A diferencia de 2017, la conflictividad no se expresó prioritariamente mediante una ruptura institucional inmediata, sino a través de procedimientos administrativos, jurídicos y legislativos vinculados al escrutinio especial, validación de actas y administración institucional del desacuerdo. Reuters (2025) reportó retrasos y conflictos asociados al recuento de votos, mientras El País (2025) documentó declaraciones del CNE calificando determinados bloqueos y presiones sobre el conteo como amenazas contra la democracia.
El papel de Marlon Ochoa dentro del Consejo Nacional Electoral resultó particularmente significativo. Sus cuestionamientos sobre inconsistencias procedimentales y validación de actas reflejaron tensiones internas dentro del órgano electoral. Criterio.hn (2025) y Contracorriente (2025) documentaron denuncias sobre irregularidades y desacuerdos públicos entre consejeros, evidenciando que el conflicto político comenzaba a desplazarse hacia el interior de los aparatos encargados de producir legitimidad electoral.
Sin embargo, la relevancia política de 2025 no radicó exclusivamente en el conflicto alrededor de resultados electorales. La articulación entre el Partido Nacional y sectores del Partido Liberal dentro del Congreso Nacional permitió consolidar una mayoría con capacidad de influir sobre órganos estratégicos vinculados al sistema judicial, electoral y legislativo.
Desde una perspectiva estructural, esta convergencia puede interpretarse como una recomposición conservadora orientada a reducir la incertidumbre política y fortalecer capacidades institucionales de intervención sobre el sistema político hondureño. Bajo esta lógica, el conflicto poselectoral de 2025 expresó menos una disputa excepcional por resultados y más una reorganización estratégica de las condiciones futuras de competencia política.
III. Elecciones de 2025, proceduralización del conflicto y administración institucional del desacuerdo
Las elecciones generales de 2025 marcaron una transformación significativa en las formas contemporáneas de administración del conflicto político en Honduras. A diferencia de la crisis poselectoral de 2017 —caracterizada por confrontación abierta, interrupciones abruptas y elevados niveles de coerción directa— la conflictividad derivada del nuevo proceso electoral comenzó a reorganizarse progresivamente dentro de procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos capaces de absorber antagonismos políticos sin producir una ruptura inmediata del orden institucional.
Esta mutación no implicó la desaparición de la disputa por legitimidad democrática. Por el contrario, reveló un desplazamiento del conflicto hacia los aparatos encargados de administrar la competencia electoral. Las controversias comenzaron a estructurarse alrededor de validación de actas, escrutinios especiales, impugnaciones y disputas técnicas sobre transmisión de resultados. El conflicto no desapareció; cambió de terreno.
El Consejo Nacional Electoral se convirtió en el principal espacio de condensación de estas tensiones. Las disputas internas entre consejeros y los desacuerdos públicos sobre validación de actas mostraron que la institucionalidad electoral operaba simultáneamente como árbitro formal del proceso y como escenario de confrontación política. Particular relevancia adquirió la actuación pública de Marlon Ochoa, quien cuestionó decisiones relacionadas con actas observadas, inconsistencias procedimentales y mecanismos de validación electoral.
Criterio.hn (2025) documentó denuncias relacionadas con anomalías durante el escrutinio especial y desacuerdos respecto al tratamiento de determinadas actas. Contracorriente (2025) reportó conflictos internos dentro del órgano electoral vinculados a retrasos y cuestionamientos sobre transparencia institucional. Reuters (2025) informó además tensiones derivadas del recuento especial de votos, mientras El País (2025) documentó declaraciones del propio CNE calificando presiones y bloqueos sobre el conteo como amenazas contra la democracia.
La importancia política de estos acontecimientos excede el problema estrictamente administrativo del proceso electoral. La disputa alrededor de actas, procedimientos y cronogramas mostró que el control del aparato electoral comenzaba a adquirir centralidad estratégica dentro de la reorganización política hondureña. La administración técnica de resultados dejó de constituir un asunto meramente procedimental y pasó a representar un terreno decisivo para la definición de capacidades institucionales de intervención sobre el sistema político.
Desde la teoría de los veto players, Tsebelis (2006) advierte que determinados actores institucionales adquieren capacidad estratégica para reorganizar decisiones políticas bajo contextos de alta incertidumbre. En Honduras, el control relativo de órganos capaces de validar resultados, procesar impugnaciones y administrar controversias electorales comenzó a reducir significativamente márgenes de incertidumbre frente a futuros escenarios de competencia política.
La conflictividad poselectoral comenzó así a transformarse en una controversia crecientemente proceduralizada. Conceptos como “actas inconsistentes”, “revisión especial”, “auditoría” y “validación técnica” comenzaron a dominar el debate público, desplazando progresivamente discusiones más amplias sobre representación política y legitimidad democrática. El lenguaje técnico-electoral operó como mecanismo de reorganización simbólica del conflicto, reformulando cuestionamientos políticos como problemas administrativos susceptibles de resolución institucional.
Esta dinámica resulta consistente con las observaciones de Rancière (1996) sobre la administración contemporánea del desacuerdo político. Bajo determinadas condiciones, las democracias liberales desplazan antagonismos estructurales hacia procedimientos especializados donde el conflicto permanece activo, pero reorganizado dentro de márgenes compatibles con la preservación del orden político existente.
No obstante, el carácter técnico de estos procedimientos no implica neutralidad política. Como advierten Rivera Lugo (2022) y Romano (2019), la juridificación progresiva del conflicto constituye una forma contemporánea de reorganización política donde disputas estructurales son encapsuladas dentro de mecanismos administrativos y jurídicos capaces de producir legitimidad institucional.
La experiencia hondureña posterior a las elecciones de 2025 mostró precisamente esta dinámica. Las tensiones alrededor del CNE no condujeron a una ruptura institucional inmediata; contribuyeron a desplazar progresivamente el conflicto hacia recursos administrativos, validaciones jurídicas y disputas especializadas dentro del aparato electoral y judicial.
La principal consecuencia de este proceso no radicó únicamente en la estabilización coyuntural del resultado electoral. La proceduralización del conflicto fortaleció la relevancia estratégica de órganos electorales, jurídicos y legislativos dentro de la disputa política hondureña. La lucha por el Estado comenzó así a desplazarse crecientemente hacia el control de las instituciones encargadas de administrar la propia competencia democrática.
IV. Congreso Nacional, juicios políticos y reorganización de la gobernabilidad
La declaratoria oficial de resultados electorales no produjo el cierre efectivo de la crisis política hondureña posterior a las elecciones de 2025. Por el contrario, el conflicto comenzó a desplazarse desde el terreno estrictamente electoral hacia espacios institucionales capaces de intervenir sobre las condiciones de administración del sistema político. En este escenario, el Congreso Nacional adquirió creciente centralidad como espacio de conducción política e intervención sobre órganos electorales y judiciales estratégicos para la estabilización del nuevo equilibrio poselectoral.
Aunque el Ejecutivo encabezado por Nasry Asfura conservó centralidad pública como representación visible del nuevo gobierno, buena parte de la capacidad efectiva de reorganización política comenzó a desplazarse hacia mayorías parlamentarias con influencia sobre instituciones vinculadas a la validación y administración del conflicto político. Bajo estas condiciones, el problema dejó de concentrarse exclusivamente en quién ocupaba la presidencia y comenzó a desplazarse hacia el control de los aparatos encargados de procesar controversias electorales y jurídicas.
La articulación parlamentaria entre el Partido Nacional y sectores del Partido Liberal resultó decisiva dentro de esta reorganización. Aunque ambas fuerzas mantuvieron diferencias históricas, el escenario posterior a las elecciones mostró crecientes niveles de convergencia alrededor del control institucional y de la necesidad de estabilizar el nuevo orden político frente a Libre como principal actor disruptivo del equilibrio construido después del golpe de Estado de 2009.
Esta dinámica adquirió una expresión particularmente visible con la activación de juicios políticos desde el Congreso Nacional contra funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En abril de 2026, el Congreso aprobó la apertura de juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, así como contra magistrados del TJE vinculados al proceso electoral de 2025 (TNH, 2026). La importancia de estos acontecimientos excede el problema estrictamente jurídico del juicio político como mecanismo constitucional de responsabilidad pública. Lo decisivo radica en el tipo de instituciones intervenidas, o sea, órganos encargados de administrar controversias electorales y validar institucionalmente el proceso político.
El caso de Marlon Ochoa resultó particularmente ilustrativo debido a las tensiones derivadas del manejo institucional del escrutinio especial y de las disputas internas dentro del CNE. Criterio.hn (2025), Contracorriente (2025) e Infobae (2026) documentaron irregularidades, desacuerdos procedimentales y controversias políticas vinculadas al proceso electoral y al posterior juicio político impulsado desde el Congreso Nacional.
Una dinámica similar comenzó a observarse respecto al Tribunal de Justicia Electoral. La inclusión de magistrados del TJE dentro de los juicios políticos mostró que el conflicto excedía al CNE y comenzaba a abarcar el conjunto del entramado institucional encargado de procesar controversias electorales y jurídicas.
La Corte Suprema de Justicia también quedó incorporada dentro de este escenario de presión institucional. Durante abril de 2026, Rebeca Ráquel Obando presentó su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema en medio de crecientes tensiones políticas y discusiones impulsadas desde el Congreso Nacional (El País Honduras, 2026). Aunque continuó como magistrada, el episodio evidenció efectos directos de la presión parlamentaria sobre el sistema judicial.
El Ministerio Público tampoco permaneció al margen de esta reorganización. La figura del Fiscal General, Johel Zelaya, adquirió creciente centralidad dentro de las disputas poselectorales debido a la capacidad del MP para activar investigaciones y procesos penales con alto impacto político. Radio Progreso (2025) y Criterio.hn (2025) documentaron debates relacionados con selectividad institucional y utilización política de recursos judiciales.
Desde una perspectiva estructural, este proceso no puede reducirse a disputas personales entre funcionarios. Como sostiene Poulantzas (1979), las luchas por el control de aparatos estratégicos del Estado remiten a la capacidad de intervenir sobre las condiciones de reproducción del poder político. Bajo esta lógica, la disputa por órganos como el Congreso, el CNE, el TJE, la Corte Suprema y el Ministerio Público no solo permitió administrar conflictos presentes, sino también intervenir sobre las reglas bajo las cuales serán procesadas futuras controversias políticas.
La literatura sobre lawfare permite profundizar esta interpretación. Rivera Lugo (2022) y Romano (2019) sostienen que las formas contemporáneas de judicialización política operan crecientemente mediante mecanismos formalmente legítimos orientados a reorganizar correlaciones políticas y condicionar la competencia democrática.
El escenario hondureño posterior a 2025 mostró rasgos compatibles con esta dinámica. Los juicios políticos impulsados desde el Congreso operaron simultáneamente como procedimientos constitucionales y como mecanismos de disciplinamiento institucional orientados a fortalecer capacidades de control sobre órganos estratégicos del sistema político. La disputa dejó así de desarrollarse exclusivamente en el terreno electoral y comenzó a desplazarse hacia las instituciones encargadas de arbitrar y administrar la competencia democrática futura.
La recomposición conservadora posterior a las elecciones de 2025 no dependió únicamente del resultado electoral, sino también de la capacidad de reorganizar institucionalmente el sistema político hondureño y condicionar las reglas bajo las cuales serán administradas futuras disputas por el poder estatal.
V. Economía política de la gobernabilidad: estabilidad institucional, deterioro material y legitimidad política
La relativa estabilización institucional posterior a las elecciones de 2025 no implicó automáticamente la consolidación de legitimidad política ni la resolución de las tensiones estructurales que históricamente atraviesan a la sociedad hondureña. Aunque la reorganización institucional impulsada desde el Congreso Nacional permitió reducir incertidumbre política inmediata y contener parcialmente la conflictividad poselectoral, los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura comenzaron a desarrollarse bajo condiciones marcadas por persistencia de pobreza, deterioro del costo de vida, dependencia externa y crecientes restricciones fiscales.
Este escenario resulta relevante porque permite observar una contradicción central del nuevo equilibrio político, y es que mientras la gobernabilidad institucional parecía fortalecerse, persistían condiciones económicas capaces de erosionar legitimidad social y alimentar conflictividad futura. La estabilización del aparato estatal no coincidía necesariamente con una mejora equivalente de las condiciones materiales de reproducción social.
Aunque Honduras mantuvo durante 2025–2026 niveles de inflación relativamente moderados en comparación con otros países latinoamericanos, el aumento sostenido de precios en combustibles, alimentos y transporte continuó afectando de manera desproporcionada a sectores populares históricamente vulnerables a fluctuaciones del ingreso real (FMI, 2026; BCH, 2026). La Prensa (2026) y El Heraldo (2026) documentan crecientes preocupaciones ciudadanas relacionadas con deterioro de capacidad adquisitiva y presión sobre el gasto familiar.
La relativa estabilidad macroeconómica descansa además sobre condiciones estructuralmente frágiles. La economía hondureña continúa altamente dependiente de remesas familiares, financiamiento multilateral y dinámicas externas capaces de limitar márgenes internos de maniobra económica. Las remesas mantuvieron y mantienen un peso decisivo para el sostenimiento del consumo y la estabilidad cambiaria, revelando simultáneamente la persistencia de una economía incapaz de absorber plenamente su fuerza de trabajo mediante mecanismos internos de integración productiva (Banco Mundial, 2026; Coface, 2026).
La permanencia de altos niveles de informalidad laboral y pobreza refuerza esta tensión. A pesar de cierta estabilidad macroeconómica heredada, amplios sectores sociales continúan dependiendo de ingresos precarios e inestables, mientras persisten déficits históricos relacionados con empleo, acceso a servicios y reproducción material de la vida cotidiana. Bajo estas condiciones, la legitimidad gubernamental difícilmente podrá sostenerse únicamente sobre la estabilidad institucional o administración procedimental del conflicto político.
Desde la perspectiva crítica, esta contradicción expresa límites estructurales de la gobernabilidad contemporánea. Fraser (2023) sostiene que las crisis actuales del capitalismo involucran simultáneamente deterioro económico, desgaste de legitimidad política y tensiones de reproducción social. En Honduras, la relativa estabilización institucional posterior a las elecciones de 2025 coexistió con persistentes condiciones materiales de precariedad capaces de tensionar continuamente el nuevo equilibrio político.
El papel de organismos multilaterales adquiere creciente importancia dentro de este escenario. El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional que opera como mecanismo de estabilización financiera y señal de confianza internacional, mientras el Banco Centroamericano de Integración Económica continúa desempeñando un papel decisivo mediante financiamiento de infraestructura y programas estratégicos para la estabilidad económica del país (FMI, 2026; BCIE, 2026).
No obstante, la dependencia de financiamiento externo también introduce restricciones importantes. Como advierte Brown (2015), las racionalidades neoliberales contemporáneas desplazan progresivamente la política democrática hacia formas de administración técnica donde la estabilidad macroeconómica adquiere prioridad sobre demandas redistributivas y necesidades sociales inmediatas. Bajo estas condiciones, la capacidad gubernamental de ampliar gasto social o sostener subsidios comienza a verse crecientemente limitada por exigencias de disciplina fiscal y estabilidad financiera.
La tensión entre estabilidad macroeconómica y legitimidad social adquirió así un peso central durante los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura. Aunque el nuevo equilibrio político mostró capacidad para reorganizar institucionalmente el sistema político y reducir la incertidumbre poselectoral inmediata, este continúa enfrentando límites derivados de las condiciones materiales de existencia de amplios sectores sociales.
Desde esta perspectiva, la recomposición conservadora posterior a las elecciones de 2025 mostró capacidad para estabilizar el aparato estatal hondureño, pero no necesariamente para resolver las contradicciones estructurales que continúan atravesando a la sociedad hondureña. La gobernabilidad institucional logró contener parcialmente el conflicto político; sin embargo, las tensiones derivadas de pobreza, desigualdad y precariedad económica permanecieron activas como límites persistentes para la consolidación de legitimidad democrática duradera.
Conclusiones
La crisis política hondureña posterior a las elecciones generales de 2025 no constituye únicamente una controversia electoral coyuntural. Expresa una transformación más amplia en las formas contemporáneas de administración institucional del conflicto político dentro de una democracia liberal marcada por alta polarización, deterioro de legitimidad y persistencia de desigualdades estructurales. El escenario poselectoral mostró que la estabilidad política ya no depende exclusivamente de la capacidad de ganar elecciones, sino también del control relativo de los aparatos encargados de validarlas, interpretarlas y administrarlas.
A diferencia de la crisis de 2017, caracterizada por confrontación abierta y elevados costos represivos, el escenario posterior a 2025 evidenció una creciente capacidad del sistema político hondureño para desplazar antagonismos hacia procedimientos jurídicos, electorales y legislativos capaces de absorber conflictividad sin producir una ruptura inmediata de gobernabilidad. Bajo estas condiciones, la proceduralización del conflicto comenzó a operar simultáneamente como mecanismo de estabilización institucional y como forma de reorganización política del desacuerdo.
En este proceso, el Congreso Nacional adquirió una centralidad particularmente significativa. La articulación entre el Partido Nacional y sectores del Partido Liberal permitió consolidar una mayoría parlamentaria con capacidad de intervenir sobre órganos electorales, jurisdiccionales y judiciales estratégicos para la administración del conflicto político posterior a las elecciones. Los juicios políticos impulsados contra funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral mostraron cómo mecanismos formalmente constitucionales pueden operar simultáneamente como instrumentos de disciplinamiento institucional y reorganización de correlaciones de fuerza dentro del aparato estatal.
Desde una perspectiva estructural, la disputa por instituciones como el Congreso Nacional, el CNE, el TJE, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público evidenció que la competencia democrática contemporánea no se organiza exclusivamente alrededor del voto, sino también en torno al control de órganos capaces de arbitrar, validar y procesar las condiciones efectivas de la disputa política. La recomposición conservadora posterior a las elecciones de 2025 respondió precisamente a esta lógica de reducción de incertidumbre política y fortalecimiento institucional frente a Libre como principal actor disruptivo del equilibrio político construido después del golpe de Estado de 2009.
No obstante, esta estabilización institucional mostró límites persistentes. Los primeros cien días del gobierno de Nasry Asfura estuvieron atravesados por deterioro económico, precariedad social y tensiones derivadas de restricciones estructurales históricas. La relativa estabilidad política coexistió así con condiciones materiales capaces de erosionar legitimidad social y reactivar la conflictividad futura.
La experiencia hondureña posterior a 2025 permite observar una tensión constitutiva de las democracias liberales contemporáneas, y es que mientras preservan procedimientos formales de competencia política, las disputas efectivas por el poder comienzan a desplazarse crecientemente hacia instituciones jurídicas, electorales y legislativas sometidas a intensas correlaciones de fuerza partidaria y de clase. Bajo estas condiciones, la democracia procedimental puede preservar continuidad institucional al mismo tiempo que reorganiza o limita márgenes efectivos de transformación política.
Más que el cierre definitivo de una crisis, las elecciones de 2025 parecen haber inaugurado una nueva etapa de reorganización institucional del sistema político hondureño donde la estabilidad democrática dependerá crecientemente de la capacidad estatal para administrar antagonismos sociales persistentes sin resolver las desigualdades estructurales que continúan atravesando a la sociedad hondureña.
[1] Sociólogo hondureño con estudios de posgrado en análisis político y gobierno. Sus líneas de investigación se centran en Estado, democracia, conflicto político y desigualdad en Centroamérica. Miembro de la Asociación Hondureña de Sociología.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3056-8284
Correo electrónico: [email protected]
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