Declaração pela implementação irrestrita da Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez na Argentina
En el día 3 de septiembre de 2021, fue encarcelada una médica del Hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Tartagal, Salta, Argentina, por haber garantizado el acceso a un aborto legal y seguro a una mujer mayor de edad.
En Argentina el aborto es legal desde el día 30 de diciembre de 2020 con la aprobación parlamentaria de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Solo basta la decisión voluntaria de las personas gestantes hasta las 14 semanas y, pasado ese período, se permite por las causales existentes en el Código Penal desde el año 1921. Sin embargo, múltiples complejidades atraviesan el proceso de implementación de esta Ley, cuyo seguimiento cuenta con la presencia de organismos del Estado y de las organizaciones sociales.
Del mismo modo, han aparecido dificultades como consecuencia de las acciones judiciales realizadas por grupos fundamentalistas conservadores que intentan frenar el avance, especialmente en los equipos de salud. Este es un claro ejemplo de obstrucción y amedrentamiento hacia les profesionales de la salud comprometides en este proceso. Es importante destacar que la médica fue detenida sin proceso judicial y es la única profesional del hospital mencionado que no declaró objeción de conciencia en la implementación del derecho.
El ataque de grupos conservadores es notable en la región, no solo contra las legislaciones de aborto sino también contra los derechos que refieren a la corporalidad y la libertad de decidir. La estrategia contra una supuesta “ideología de género” se ha desplegado de manera global en Naciones Unidas y OEA así como en instancias regionales con fuerte impacto en las estrategias y legislaciones de los países.
Repudiamos la avanzada judicial en contra de la legalidad de los derechos en una franca acción intimidatoria que rompe con todas las garantías legales.
Desde los feminismos y numerosos colectivos y organizaciones sociales hemos levantado la bandera contra todo tipo de violencias: decimos que “si nos tocan a una nos tocan a todas”.
Exigimos, por tanto, que se garantice el cumplimiento de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que con ello se respete el derecho a decidir de las personas gestantes y la integridad física, emocional y laboral del personal de salud correspondiente.
3 setembro 2021
Grupo de Trabalho CLACSO
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