Legitimación de viejas formas de violencia y reproducción de las desigualdades sociales en el contexto de la pandemia
¡Algunos procedimientos que se han desplegado en nombre de la contingencia del covid-19, en realidad, forman parte de la reproducción de las estructuras de poder!
La pandemia COVID-19 detonó una crisis planetaria que dejó en evidencia los aspectos más crueles del neoliberalismo/neodesarrollismo y colocó a los estados nacionales en un lugar central para decidir la gestión de esta contingencia. Cada estado nacional respondió de manera diversa, pero según viejos esquemas institucionales que ya estaban en crisis. De esta manera, en el mejor de los casos, se tomaron decisiones para mitigar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, pero estas estuvieron acompañadas de la legitimación de viejas formas de violencia como el control policial durante la cuarentena y la reproducción de las desigualdades sociales preexistentes mediante las políticas de subvención familiar, mostrando las limitaciones en la gobernabilidad y discapacidad estructural.
Los pueblos indígenas, como colectivos históricamente negados y específicamente subsumidos, conforman grupos particularmente vulnerables por las condiciones de precariedad económica, abandono institucional y estigmatización de sus prácticas propias; y, por esto mismo, ningún gobierno les ha prestado la atención especial necesaria ante esta contingencia.
Todo esto no hace más que profundizar aquello que ya se estaba denunciando y reclamando desde los movimientos sociales latinoamericanos contra los modelos neoextractivistas, capitalistas, colonialistas y patriarcales de despojo, quienes en los actuales contextos deben redoblar esfuerzos para sostener sus luchas. En el caso de los pueblos indígenas, al genocidio histórico se suman nuevas embestidas multidimensionales -como es el avance en sus territorios de actividades extractivas camufladas de necesidades esenciales-, que implican un retroceso en los logros sobre sus derechos colectivos y proyectos autonómicos (buen vivir, autosuficiencia alimentaria, autogobierno, comunicación, salud y educación comunitaria e intercultural).
Al mismo tiempo, la crisis del COVID-19 provocó la revalorización de los territorios comunitarios como espacios de vida, biodiversidad, refugio, abrazo y cuidado. Ante la pandemia, quienes habían dejado sus comunidades en busca de trabajo estacional o estudio en otros lugares en muchos casos han vuelto a sus territorios comunitarios donde pueden encontrar contención, autosuficiencia alimentaria, medicina ancestral y mayor autonomía, sobre todo en aquellos lugares donde existe un relativo control territorial.
En este contexto de reedición de las luchas indígenas, consideramos urgente exponer y poner en debate la manera en que ciertos procedimientos que se han desplegado en nombre de la contingencia, en realidad, forman parte de la reproducción de las estructuras de poder basadas en la desigualdad social, la subordinación colonial, el patriarcado y el extractivismo.
En México, al igual que en el resto de países de Latinoamérica, se intensifica la política que niega a los pueblos indígenas, paradójicamente implementada por funcionarios que se autoadscriben como indígenas y algunos con trayectorias de izquierda. El gobierno que se presenta como antineoliberal y que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales en 2018, al llegar al poder se ha alineado a los dictados del capital y ha intensificado la implementación de megaproyectos extractivos, haciendo pasar reuniones y foros como Consultas realizadas conforme el Convenio 169 de la OIT. Frente a esto, el avance de los propios pueblos por el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Federal y en varios estados de la república mexicana ha dado frutos, pues lo han peleado de facto y de jure, en tribunales y juzgados. Las luchas indígenas se observan de norte a sur del territorio mexicano: Cherán en Michoacán continúa su proceso de autonomía, por ejemplo. Por otro lado, el llamado proyecto de desarrollo Tren Maya ha provocado una amplia y fuerte oposición, igual que la presa los Pilares en Sonora que afecta territorio de la Tribu Guarijía, como el caso de la Tribu Yaqui y otros. Todos ellos muestran que los pueblos, dentro de su precariedad que se ahonda por el COVID-19, siguen adelante.
En Guatemala la crisis provocada por el COVID 19 ha sido aprovechada por la coalición de intereses que está detrás de los poderes ejecutivo y legislativo (desde la oligarquía tradicional al ejército, las industrias extractivas y el narcotráfico) para obtener beneficios de una forma caricaturesca: la primera medida política de la crisis fue una exención de impuestos por 10 años a las grandes empresas. Ante las medidas sanitarias escasas y erráticas del gobierno, muchas comunidades decidieron asumir el control de movilidad en sus territorios para evitar la propagación del coronavirus. El toque de queda decretado como medida sanitaria y las medidas posteriores provocaron el desabastecimiento de mercados y falta de ingresos para pequeños y medianos productores. Las comunidades organizadas han denunciado que, en cambio, las empresas extractivas siguen realizando sus actividades. Recientemente, la prohibición a la movilización de productos campesinos provocó un levantamiento indígena en puntos clave de la movilidad del país, obligando al Presidente a aplicar a sus productos los mismos estándares que de hecho tienen las industrias alimentarias y de bebidas.
En Colombia, en mayo, con 670 casos de COVID-19 confirmados, 21 fallecidos y 60 casos por confirmar, se encuentran afectados según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 31 pueblos indígenas: los pueblos tikuna, misak, cocama, pastos, mokana, huitoto, yucuna, yagua, bora, wayuu, cubeo, matapi, embera, nasa, jiw, zenú, yukpa, andoque, curripaco, inga, yanacona, arhuaco, karapaná, macahuan, miraña, muinane, puinave, sikuani, tanimuca, uwa y wounaan. Sin embargo, esta no es la principal amenaza en el territorio: el abandono estatal se ha hecho evidente con la precaria asistencia en salud, en la prestación de educación virtual en territorios donde no existe fluido eléctrico y en la extrema pobreza que se refleja con enfermedades como desnutrición y tuberculosis. La pandemia se produce en un territorio que por más de sesenta años ha vivido en conflicto armado, aún vigente. En el departamento de Nariño, tierras del pueblo Awá, se encuentran aproximadamente 14 grupos armados ilegales, según informa la Defensoría del Pueblo.
Pero aún con mayor tristeza, los pueblos indígenas de Colombia han visto cómo en este marco se destruye el Acuerdo de Paz, mediante la petición de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para realizar aspersiones aéreas con glifosato, el asesinato de diferentes líderes indígenas, como es el caso de Joel Aguablanca Villamizar, líder Indígena de la Nación Uwa; así como la erradicación forzada de cultivos “ilícitos”, olvidando por completo el punto cinco del acuerdo final que bregaba por un programa de sustitución concertada. Un elemento aún más alarmante es que se pidió realizar la consulta previa por medios electrónicos sin ninguna garantía.
A ello se suma el exterminio estadístico y la limitación de derechos en el último Censo poblacional realizado en 2018, con unos resultados que se dan a conocer recientemente para pueblos indígenas con disminuciones de poblaciones en resguardos de hasta el 70%. Todas estos ejemplos en el caso de Colombia reflejan la gran oportunidad que ha significado para las autoridades gubernamentales la pandemia para tomar medidas que no tienen estricta relación con este fenómeno, como reducir los fondos municipales minando la descentralización y autonomía territorial de los diferentes entes. Es importante anotar que en medio de esta pandemia hay una aceleración de la crisis económica y que el crimen organizado se sigue reconfigurando, al igual que las confrontaciones armadas en operativos militares, que continúan cegando la vida de líderes sociales. Las medidas gubernamentales han afectado claramente la economía de los pequeños productores mientras abre las puertas al sector empresarial y neoxtractivista que continúa con la explotación de los territorios, como es el caso de Hidroituango, donde hoy se presenta el mayor número de contagios por Coronavirus en Antioquia. Desafortunadamente la situación por la que atraviesa Colombia ha disminuido los procesos de lucha y resistencia iniciados en el país el pasado #21N. A su vez, continúa vigente la militarización con tropas nacionales y de Estados Unidos, un escenario nefasto para los movimientos sociales quienes tendrán que enfrentar esta encrucijada.
El Ecuador no es la excepción. Después de haberse verificado la presencia de varias personas contagiadas con el coronavirus, el presidente declaró el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 (16/3/2020), trayendo consigo la restricción de los derechos a la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, el derecho a la libre asociación y reunión, y la cuarentena obligatoria acompañada con el toque de queda. En este contexto, la situación del país es sumamente grave, no solo por la presencia del COVID-19, sino por la crisis económica, social y política que en estos últimos años se ha profundizado. Por su parte, los pueblos y nacionalidades indígenas, por estar en situación de mayor vulnerabilidad, también están siendo víctimas de una desatención por parte del Estado Central. Frente a la ausencia de políticas públicas, han sido los pueblos y nacionalidades quienes a través de sus gobiernos comunitarios y su estructura organizativa, y en el marco de sus competencias constitucionales, han tomado decisiones para evitar el contagio con el coronavirus, así como han diseñado los distintos mecanismos que les posibilite no desabastecerse de alimentos.
De la misma forma, les ha permitido fortalecer su sistema de administración de justicia, dado que a través de ésta se ha mantenido el orden y la armonía en estos momentos de crisis. Sin embargo, las tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades siguen amenazadas, ya que las autoridades gubernamentales, así como el sector empresarial, persisten en su afán de impulsar con mayor fuerza el proyecto de explotación minera en el país. A esto se agrega que hasta la actualidad no se ha viabilizado ninguna experiencia de una verdadera consulta previa, libre e informada, sino, al contrario, se ha actuado vulnerando este derecho constitucional.
Asimismo, el 7 de abril de 2020 se produjo el hundimiento del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano SOTE, lo que ha generado el derrame petrolero de más de 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo, que ha afectado a más de 105 comunidades indígenas y campesinas, frente al cual, la Confederación de Nacionalidades indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y las organizaciones de base de la zona han presentado la demanda de acción de protección en contra del Estado Ecuatoriano. De la misma forma, en el marco de la pandemia, se han adoptado algunos decretos ejecutivos y resoluciones, siendo una de ellas la importación de las semillas transgénicas (lo que está prohibido en la Constitución Nacional), vulnerando el derecho a la soberanía alimentaria y al sumak kausay – buen vivir. Finalmente, el 15 de mayo del 2020 fue aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional la denominada “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19”, normativa que no tiene nada de humanitario ni mecanismo o presupuesto para contrarrestar la pandemia. Al contrario, afecta a los derechos laborales de los trabajadores y empleados, campesinos, indígenas y afroecuatorianos, constituyendo una verdadera regresión de los derechos reconocidos en la constitución y los instrumentos internacionales, contraria a la característica de un Estado constitucional de derechos y justicia.
En Bolivia, el gobierno no se ocupó de recoger información y tomar medidas de sanidad, sino que se privilegió gestionar medidas de reactivación económica sectorizadas. Hasta este 5 de junio, se habían registrado 12.728 casos positivos de la pandemia, de los que 10.572 se concentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni que son aquellos que tienen mayor población indígena (Amazonía, Chiquitanía), reportándose 427 decesos. En este contexto, es particularmente preocupante la situación de los indígenas del departamento amazónico del Beni, donde las comunidades/territorios no cuentan con condiciones de salud pública, se encuentran alejados de los hospitales y padecen crónicas enfermedades respiratorias. También es preocupante la amenaza que se ejerce sobre las tierras bajas proveniente de poblados cercanos con casos de COVID-19, como La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. A pesar de las constantes exigencias a los distintos niveles del Estado y del amplio desarrollo normativo favorable a los pueblos indígenas, entre las que se cuenta la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida que tome en cuenta a los pueblos. También se promulgó el Decreto Supremo 4232 que autoriza el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, aprovechando la cuarentena obligatoria y el estado de emergencia en el país, bajo la retórica de la reactivación económica post crisis lo cual generó un generalizado rechazo de las organizaciones indígenas del país.
En Paraguay, el Gobierno tomó medidas tempranas de aislamiento social y de cuarentena para toda la población nacional, que mermaron los riesgos de contagio y hasta el presente resultan en los índices más bajos de la región en términos de mortalidad y propagación. Sin embargo, la ausencia del Estado en otros ámbitos cruciales de la salud pública y la complicidad con el modelo extractivista y sus actores principales, siguen a la orden del día. Salvo un protocolo reducido y criticado del Instituto Nacional del Indígena, que no prevé sino limitaciones de acceso e ingreso y contacto con comunidades -y otras medidas relativas y condicionantes de la salud comunitaria, como la garantía a la alimentación básica, a la soberanía alimentaria y al agua potable, así como a la restitución de derechos territoriales y protección y acceso de recursos naturales- sigue siendo una gran deuda, e inclusive se han manifestado violaciones patentes con la complicidad de autoridades ambientales o indiferencia de quienes deben investigar las mismas. Tal es así que diversas organizaciones y referentes indígenas han calificado a tal ausencia estatal como la “pandemia del hambre” y han expresado su preocupación por la falta de información respecto a la asistencia alimentaria prestada y a otras medidas tomadas para mitigar los impactos económicos, sanitarios y socio ambientales, que pueden afectar a pueblos transfronterizos como el Paĩ Tavyterã, que comparte su identidad étnica y territorio con los Kaiowa guaraní del Estado de Mato Grosso de Brasil, ya afectados de manera preocupante por el virus.
En Brasil, el primer caso de COVID-19 en territorio indígena fue confirmado el 2 de abril, en el municipio de Santo Antônio do Içá, oeste del estado de Amazonas. En fines de mayo, ya había casos de indígenas con coronavirus en todas las regiones de Brasil. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha registrado, en 4 de junio, un total de 2.178 indígenas contaminados y 211 muertos. El creciente número de casos en los estados de Pará y Amazonas son especialmente graves.
Son muchos los factores que contribuyen para aumentar el riesgo de contagio y generar mayores peligros en los impactos del COVID-19 entre los pueblos indígenas de Brasil. La omisión del poder público en la garantía de la integridad de los territorios indígenas es uno de los principales riesgos de contaminación. En Amazonía, según el Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), la deforestación ha crecido 171% en abril de 2020, cuando comparado con el mismo período de 2019. Crecen las denuncias de invasiones de tierras indígenas por la minería ilegal, que pueden llevar el virus a los territorios. Además, la acción del gobierno federal ha contribuido para agravar la situación de los indígenas y sus tierras. Un ejemplo es la Medida Provisoria 910/2019, transformada en Proyecto de Ley 2633/20, que perdona crímenes de invasión de tierra públicas cometidos hasta fines de 2018. El proyecto, si es aprobado, aumentará aún más las invasiones y los conflictos en áreas de comunidades tradicionales – indígenas, quilombolas, campesinas, sin tierra etc.-, acrecentando aún más la violencia en el campo y el avance de la COVID-19 en esas regiones. Durante la pandemia, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ha emitido una Instrucción Normativa (IN n.º 9, de 22 de abril de 2020), que constituye una medida inconstitucional que estimula las invasiones y agrava la crisis sanitaria.
Los pueblos y movimientos indígenas responden de diferentes formas a las amenazas. Para su autodefensa y protección, diferentes pueblos han desarrollado estrategias de auto-aislamiento y cerraron sus territorios. Son estrategias fundamentales, pero, en muchos casos, insuficientes en razón de las mencionadas invasiones y de la necesidad de contacto con las ciudades, para acceso a tratamiento médico especializado y la manutención de la seguridad alimentaria. Además, los indígenas que viven en las periferias de las grandes ciudades, como Manaus, están en una situación de especial vulnerabilidad ante la pandemia.
En Argentina, al igual que muchos países, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el gobierno ejecutivo nacional, se ha permitido continuar con las actividades agro-extractivistas (agroforestales y mineras) en territorios que están en disputa con comunidades indígenas y campesinas, mientras que las medidas sanitarias dispuestas restringen las posibilidades de organización de los pueblos para enfrentar esta situación. Esto constituye un avance doblemente devastador porque profundiza los procesos de expropiación de bienes comunes y de represión encubierta o, al menos, genera inhibición de la movilización social. En este contexto, las organizaciones de pueblos indígenas reclaman que el COVID-19 se está usando para volver a negarlos, invisibilizarlos y desatender sus derechos colectivos más básicos. En sus reclamos expresan que esta contingencia se suma a la situación de pobreza estructural en la que están inmersas muchas comunidades indígenas, ya que en lo que va del año se presentaron al menos una veintena de casos de desnutrición y denuncias por falta de acceso al agua potable, principalmente en comunidades wichí de la zona del chaco salteño. En este sentido, la llegada de la pandemia a las comunidades, sin agua y sin médicos ni espacios sanitarios suficientes ni adecuados, sería devastadora. Por ejemplo, en la región chaqueña, el Ejército Nacional se presentó para acercar bidones de agua, pero esto se realizó sin consulta previa y se irrumpió en la vida cotidiana de la comunidad, sin respetar el distanciamiento social preventivo y cometiendo otros abusos mucho más graves como los intentos de violación hacia adolescentes (denunciados por los referentes indígenas) y la persecución, represión y tortura de grupos autoorganizados y de agentes sanitarios voluntarios.
En tal sentido y en ese contexto histórico y actual desfavorable, resalta el logro de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, luego de un litigio que lleva más de 30 años a nivel nacional y en instancias internacionales. A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha dispuesto que el Estado argentino le otorgue un título único la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de su territorio tradicional y que dicho Estado reconozca la violación de su parte de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.
En definitiva, en Latinoamérica, las luchas indígenas en el contexto del COVID-19 se han multiplicado y diversificado, debido a la persistente -e inusitada- expansión e intensificación del capital, como hemos visto, de la mano de los gobiernos. Durante la crisis de la pandemia, el avance del modelo agro-extractivista y la expoliación de bienes comunes continuó sin mayores restricciones, justificado a través del eufemismo “actividades esenciales”; mientras que los controles de movilidad han estado sofocando las posibilidades de reclamo, así como las actividades de producción y reproducción de la vida en las comunidades indígenas.
A esto se sumó la histórica precarización o ausencia de sistemas sanitarios e insumos para prevención, acceso al agua y respeto del cerramiento de aquellas comunidades que estaban en condiciones de gestionarlo. En este contexto, las escasas medidas de gobernanza desarrolladas para atender la situación de algunas comunidades, más que aliviar la situación, han abierto la posibilidad de introducir nuevos dispositivos de dominación, que estuvieron acompañados de excesos y maltratos. De esta manera, desde los estados nacionales se ha (re)producido la triple opresión (clasista, colonial y patriarcal) hacia los pueblos indígenas de cada región.
Lamentablemente, las situaciones y experiencias que compartimos en este documento no agotan la diversidad y complejidad de las situaciones existentes, pero manifiestan específicamente la forma en que los abusos perpetrados a los pueblos indígenas se han reeditado en el contexto de la pandemia en distintos países. En contrapartida, desde las comunidades, la revalorización de los territorios y la reedición de las luchas se está apoyando en las potencialidades de la construcción comunitaria, históricamente en movimiento y movilizadas por sus derechos colectivos y autonomías.
Junio 16 de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos
Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
