Por la defensa de la educación, la soberanía y la democracia
El jueves 15 de octubre, la Argentina volvió a movilizarse en defensa de la universidad pública. La Quinta Marcha Federal Universitaria reunió en las grandes ciudades, con epicentro en la capital Buenos Aires, a una multitud compuesta por estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales y sindicales, en una jornada que trascendió los reclamos específicos del sistema educativo y expresó una preocupación compartida por el presente y el futuro del país.
Bajo la consigna “Por la defensa de la educación, la soberanía y la democracia”, esta movilización es la continuación de un conflicto que se ha intensificado debido a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso a fines de 2025 y que el gobierno libertariano de Javier Milei no solo se niega a aplicar, sino que además manda a reprimir salvajemente como ocurrió, una vez más, el 15 de octubre.
Las marchas, de las que participaron distintos integrantes de la Red CLACSO, reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y la continuidad del sistema científico.
La convocatoria se produjo, además, en el contexto del debate sobre el Presupuesto 2027 con más recortes a las partidas destinadas a educación y de las demandas por el cumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con el financiamiento universitario que el gobierno argentino incumplió en reiteradas oportunidades.
La jornada coincidió con otras expresiones de la conflictividad social argentina. A las demandas de la comunidad universitaria se sumaron las reivindicaciones de distintos sectores del movimiento sindical, las organizaciones sociales y los colectivos que reclaman respuestas frente al endeudamiento de los hogares, la emergencia en discapacidad y el deterioro de las condiciones de vida.
Esta convergencia permite reconocer un punto de encuentro entre reivindicaciones diversas: la defensa de los derechos sociales y de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna. El acceso a la educación, la estabilidad laboral, los ingresos, la salud, la inclusión, el respeto a las discapacidades y la producción de conocimiento no son dimensiones aisladas. Forman parte de una trama de derechos interdependientes que inciden directamente en las posibilidades de desarrollo de las personas y de la sociedad en su conjunto.
La universidad pública ocupa un lugar central en esa trama. Es un espacio de formación, investigación, pensamiento crítico y producción de conocimientos; una institución que amplía oportunidades, favorece la movilidad social y contribuye a comprender y transformar la realidad. Su fortalecimiento también resulta decisivo para la capacidad de los países de América Latina y el Caribe de producir conocimientos propios, desarrollar ciencia y tecnología y construir proyectos de futuro con mayor autonomía.
La defensa de la universidad pública remite, por lo tanto, a una discusión más amplia sobre el papel del Estado, las responsabilidades públicas y el lugar de la educación y la ciencia en el desarrollo de nuestras sociedades. Cuando las demandas universitarias convergen con las de otros sectores sociales, se vuelve visible la relación entre el financiamiento de las instituciones públicas, las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos.
Desde una perspectiva nuestroamericana, estas discusiones también interpelan a la región en su conjunto. Las universidades públicas y los sistemas científicos –atacados y desfinanciados en varios países de la región– constituyen bienes estratégicos para enfrentar las desigualdades, fortalecer las democracias y generar respuestas colectivas a los desafíos sociales, económicos, culturales y ambientales contemporáneos.
La quinta Marcha Federal Universitaria en Argentina vuelve a colocar estas cuestiones en el espacio público. Su significado no se limita a una disputa presupuestaria: expresa la preocupación por las condiciones que permiten sostener una sociedad con derechos, ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones y construir un horizonte compartido.
