Políticas Educativas y Derecho a la Educación

Presentación

Ya ha pasado un mes de la movilización popular que muchos denominaron “Chile despertó”. Pero Chile no estaba dormida. Las movilizaciones sobre todo estudiantiles que han desafiado sistemáticamente la mercantilización de la vida se vienen sucediendo con distintos grados de intensidad y acompañamiento popular hace casi dos décadas en el país.

En el último mes esa situación no logró ser reprimida –como la mayoría de las veces- ni contenida por una clase política escindida de los intereses populares. Sobreponiéndose al terror de las salvajes represiones que pretenden cegar disparando a los ojos de los manifestantes, la población pone freno a la agenda del poder.

La persistencia de la movilización deja en claro que lejos está de haberse firmado un “Acuerdo Histórico Nacional” ya que lo que aún queda pendiente es en qué medida la clase política reconoce y expresa algo de aquello que la deliberación popular que se instaló en las calles y no está aún dispuesta a dejarlas, expresa y representa.

El GT Políticas Educativas y Derecho a la Educación comparte las reflexiones que los colegas de ese país han desarrollado en estos tiempos convulsionados y esperanzadores de cambio.

Prólogo[1]

Jesús Redondo – Universidad de Chile

Dicen que el agua de un rio no pasa dos veces por el mismo lugar. Las circunstancias de hoy en Chile nos colocan ante un «momento histórico» en el que de forma diversa y compleja se ha cuestionado «socialmente» el resultado concreto del llamado «experimento neoliberal» en la vida cotidiana de las mayorías de la población chilena.

Las extremas desigualdades cargadas de falsas expectativas y promesas permanentes de «tiempos mejores» han sepultado el supuesto oasis latinoamericano en las arenas humanas, aparentemente dormidas, de la historia, pasada y reciente, dejadas bajo la alfombra de la propia casa: despertadas en impetuoso movimiento ciudadano.

Es pues momento de transformaciones, de avances cualitativos y no meramente cuantitativos (bonos indignos).

La ruptura democrática con el «pacto de la transición» es un proceso impostergable; ya que ha sido hecho añicos por una derecha y una élite que, incapaces de gobernar con sus propias reglas de «democracia tutelada», han decidido devolver a los militares a las calles y permitir por acción y omisión, el atropello masivo de los Derechos Humanos de los ciudadanos, incumpliendo el «nunca más».

Un verdadero proceso constituyente ha sido iniciado en estos días por el pueblo de Chile, y una nueva constitución es ya una necesidad social e histórica impostergable e imprescindible. La ciudadanía está exigiéndose a sí misma no solo un cambio jurídico-constitucional, sino, al mismo tiempo, un cambio cultural en el «alma de Chile» para potenciar la confianza, los vínculos, las relaciones fraternas y solidarias que constituyen la antítesis del «experimento neoliberal» impuesto, basado en el individualismo, la competencia y la desconfianza mutua; y que finalmente ha beneficiado de forma desmedida a menos del 5% de la población en los últimos 50 años.

Como ciudadanos y ciudadanas y como trabajadores y trabajadoras especialistas en educación no podemos permanecer pasivos en esta coyuntura social, política e intersubjetiva. Para hacer frente al miedo, a la desconfianza, a la violencia ciega, requerimos fortalecer y potenciar espacios y relaciones acogedoras, generadores de vínculos y confianzas como una tarea indelegable.

Invitamos a toda la comunidad académica de la región a comprometernos en esta tarea con toda la diversidad y creatividad que nos caracteriza; «…la historia es nuestra y la hacen los pueblos…».

De regreso a octubre: sobre la coyuntura chilena de octubre de 2019

Observatorio Chileno De Políticas Educativas Opech
Universidad de Chile, 22 de octubre de 2019

En un mes plagado de historia política, manifestaciones inéditas se están desarrollando en las calles de Chile. Lo que comenzó como evasiones masivas (no pago de pasaje) de estudiantes secundarios en el Metro de la capital se ha tornado en una rebelión popular, sometida a una respuesta represiva que tiene en la calle a los militares por primera vez desde el fin de la dictadura. Sin una salida política clara, a diferencia del reciente estallido en Ecuador, el transcurso del movimiento es incierto. Las siguientes líneas son un esbozo parcial y fragmentado de lo que estamos viviendo en el país, con el ánimo de sistematizar algunos de los rasgos que caracterizan la coyuntura.

Acto #1: “Evadir, no pagar / otra forma de luchar

Casi todos los grandes estadillos sociales postdictadura han sido gatillados por el movimiento estudiantil secundario. No es casual que el presente Gobierno y la municipalidad de Santiago (centro de la capital del país) vengan librando una guerra contra las y los jóvenes, sometiéndolos a estados de guerra, con la policía militarizada custodiando/provocando Liceos, tras la instalación de la Ley Aula Segura para facilitar las expulsiones de estudiantes sin debido proceso. Bajo ese asedio militar-institucional de hace varias semanas, las y los jóvenes comenzaron a impulsar las “evasiones masivas”: ingreso simultáneo de decenas de ellos a una estación del metro subterráneo para sobrepasar a los guardias y evitar el pago del pasaje (por cierto, la tarifa reducida para estudiantes demostraba que el problema no era pagar, sino un reflejo de algo más profundo)

El 7 de octubre vendría la gota que rebalsó el vaso: el “panel de expertos” que el sistema de transportes de la capital dispone para la definición de la tarifa, determinó subirla hasta 830 pesos (1.15 dólares). El sueldo mínimo es de 301.000 pesos (418 dólares), lo que significa que el traslado desde el hogar al trabajo, para una persona, puede llegar a significar más del 12% del ingreso mensual familiar o más. Para una población ahogada en deudas y sometida a un alto costo de la vida, con todos los servicios básicos mercantilizados, una nueva alza del pasaje fue como una bofetada más, que esta vez no se toleraría.

El, hasta ahora impoluto, Metro de Santiago empezó a ver cómo se sumaban decenas de adultos a los estudiantes al momento de evadir los pasajes. En una escalada inédita, se generaban zonas “libres de pago” donde pasaban cientos de pasajeros sin pagar, incluso con expresiones más violentas de rotura de los torniquetes y los dispositivos electrónicos de pago. Frente a esto, la policía uniformada (Carabineros, o “pacos”) empezó a resguardar los accesos para evitar el ingreso masivo de secundarios; como estos se movían a otra estación, la policía sucesivamente aumentaba el número de estaciones cerradas, y así, de súbito, el viernes 18 de octubre la capital estaba colapsada. El llamado “basta de abusos” comenzó a tomarse las comunicaciones y pronto llegó la convocatoria a un “cacerolazo” a las 20:00 horas, forma de manifestación propia de la dictadura que el movimiento estudiantil reflotó el año 2011.

La noche del viernes se realizaron los caceroleos más masivos que se hayan visto en las últimas cuatro décadas. Sin una convocatoria centralizada ni una cara visible que condujera, simplemente como vecinos y vecinas salimos a nuestras esquinas a golpear nuestras ollas y sartenes en repudio a la represión masiva que se estaba generando y en apoyo a la protesta social. El volumen de la movilización adquirió tal dimensión, que el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia a la medianoche. Los militares se harían cargo del orden público (Agamben tenía razón).

Interludio: “No son 30 pesos, son 30 años”

Si bien es indudable que el descontento por el alza en la tarifa de transportes capitalino fue la chispa que encendió la llama, la búsqueda de explicaciones no tardó en arribar al puerto de la desigualdad y los abusos. Los rasgos del Chile actual son propios de un capitalismo neoliberal de casi más de 40 años ininterrumpidos de implementación. A diferencia del resto de América Latina, que lo vio venir sobre todo en los 1990, la dictadura comenzó a aplicar el recetario neoliberal tempranamente, hacia 1974, dando carne a lo que más tarde se conocería como “doctrina del shock”.

De ahí en más, también a diferencia de la región, que tuvo varios episodios de neodesarrollismo, la propia dictadura y los siete períodos gubernamentales sucesivos, cinco de la socialdemocracia (Concertación y Nueva Mayoría) y dos de la derecha, dieron continuidad al recetario. Aquí siempre se ha oscilado entre dos ironías: o la derecha gobernó con las ideas de la Concertación, o la Concertación con las ideas de la derecha. La connivencia de los dos principales conglomerados partidarios ha sido intensa en la implementación de una agenda de profundización neoliberal. Esta agenda construye “soluciones neoliberales”, es decir, frente a las constantes y cada vez más seguidas, muestras de descontento, ha reciclado las demandas de estos movimientos en medidas que han terminado profundizando más el modelo, en base a bonos, subsidios a privados, mayor flexibilización y , por supuesto, privatización. Pan para hoy y hambre para mañana.

Las Aseguradoras de Fondos de Pensiones, AFPs, son la mejor muestra: pese a la aspiración popular por acabar con este sistema de capitalización privada de las pensiones, que llegó a sacar a un millón de personas a la calle, la bicoalición ha cerrado filas en torno a mantener las AFPs y sostener el sistema actual. Incluso se desliza la idea de devolver parte de los fondos en casos excepcionales (enfermedad por ejemplo), fortaleciendo así el pilar ideológico del modelo.

Similar situación ocurre con la educación. Las reformas por el mayor acceso y cobertura, han dado paso a la profunda privatización y estandarización del sistema educativo. Las reformas en la salud han implicado la proliferación de sistema de prestaciones privadas y un acelerado deterioro del sistema público. Lo mismo ocurrió con el transporte público, que a través del discurso de la modernización, ingresó incluso a los bancos para especular con el dinero del pasaje. Los empresarios de la previsión, de la educación, de la salud y del transporte, son los mismos, son ávidos de ganancias, delincuentes de cuello y corbata. Son ellos los artífices de la indignación popular.

Pese a este cuadro, transversalmente se reconoce la incapacidad de prever el estallido. Nadie se lo esperaba. La metáfora de la olla a presión que de súbito explota y lo desborda todo es atinada para la presente coyuntura. Pese a que varios autores han reconocido la existencia de “fisuras” de este neoliberalismo, es decir, un agotamiento del modelo que se expresa en múltiples frentes de crisis y sus respectivas demandas sociales, se reconocía como contracara el carácter anómico y apático de la población chilena, su acostumbramiento a este estado de cosas, su disposición a resolverlo de manera individual a través del sistema crediticio. Exceptuando a la juventud, sobre todo aquella que no necesariamente es parte de la renovación de la clase política, y que había podido canalizar diversas exigencias, se tenía la imagen del chileno como dormido, incapaz de reaccionar. No por nada hace tan solo pocos días Piñera se había atrevido a afirmar que Chile era un “oasis” en Latinoamérica, en comparación con la crisis ecuatoriana. La jactancia le explotó en la cara como una granada.

Por eso, como titulamos, se dicen “30 años”, aunque habría que decir 40: de 1980 inclusive a la fecha, se ha constituido una sensación de abuso sostenido en variados aspectos de la vida, desde algunos más sentidos y propios de la subsistencia, como el salario, el costo de la vivienda o el acceso a la salud, a cuestiones suntuarias como las condiciones de endeudamiento o la entrada para ver un partido de fútbol.

Acto #2: “Estamos en guerra”

Como decíamos, la misma noche del viernes 18 de octubre Piñera decreta Estado de Emergencia Constitucional. Este solo se había establecido después de la dictadura en el contexto del caos de abastecimiento que vivió el sur del país después del terremoto y tsunami de 2010. Es decir, primera vez que en “democracia” invoca un estado de emergencia para controlar la protesta social. Dicha medida significa que el control del orden público se deja en manos de efectivos militares, a través de la designación de un “jefe de defensa nacional”.

La tarde del sábado 19 de octubre, el gobierno, luego de casi 24 horas centrando sus declaraciones en la crítica al accionar “vandálico” de los manifestantes, ofrece una cadena nacional en la que el presidente señala que ha “escuchado la voz de los compatriotas” y que enviará un proyecto de ley urgente para permitir congelar el alza de la tarifa del Metro. Esto es, la única demanda visible del descontento social se resuelve rápidamente. A esta se suman medidas irrelevantes, como la apertura de diálogo con los “ciudadanos”, sin definir quiénes ni cómo. No obstante, tras cartón, el general a cargo decreta toque de queda para las 22:00 horas en la capital, medida que comenzó a replicarse como un efecto dominó en el resto del país, hoy ya son 10 de las 15 regiones del país. Las primeras imágenes de militares apuntando con sus armas de guerra y deteniendo salvajemente llegaron del indomable puerto de Valparaíso, ya incluso mostrado por la televisión.

Pese a la restricción de desplazamiento, la gente no se amedrentó. Por el contrario, la disposición fue de enfrentar a la policía y las fuerzas armadas y desafiar el toque de queda con su presencia en las calles. Al mismo tiempo, del caceroleo y las concentraciones en espacios públicos, emergen los saqueos, principalmente a tiendas de supermercados (que pertenecen a tres grupos empresariales: la potencia chileno-regional Cenconsud, la estadounidense Walmart y la nacional del empresario Saieh) y otras de retail, al igual como ocurrió en el sur en 2010 tras el terremoto y tsunami. Las turbas que sacan los productos lo hacen sin presencia policial, en ocasiones llevándoselos en automóviles (¿Qué está ocurriendo que los saqueos se realizan impunemente?, se pregunta la gente.)

Durante el domingo 20 de octubre, las protestas siguen con una masividad inesperada, al igual que los saqueos, que se hacen a plena luz del día. En la noche, Piñera, rodeado de militares, declara: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite””. Comienza la estrategia comunicacional: los buenos y los malos, los inocentes y los villanos, los ciudadanos y los vándalos. La misma teoría del enemigo interno con que se entrenaron las fuerzas armadas chilena desde los 1950 y aplicaron desde 1973 en adelante; la misma teoría que justifica la militarización del territorio mapuche y la represión sobre el movimiento secundario, se desenfunda ahora para fundamentar el despliegue policíaco-militar sobre las ciudades del país. Los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, juegan un papel fundamental mediante la visibilización incesante de todo aquello que parezca violencia, desmán, descontrol, vandalismo. El manual periodístico indica que todo lo extremo, polémico y escandaloso merece máxima atención, por sobre las explicaciones profundas del malestar social o la denuncia de la violencia uniformada, y la televisión chilena lo aplica a rajatabla.

El fin de semana se sucedieron los llamados a paro nacional para el lunes 21 de octubre. Con el funcionamiento acotado del sistema de transporte, y todas las clases de escolares y universitarios suspendidas, ese día fue lo más parecido a una huelga nacional en décadas, menos por el boicot de los trabajadores que por la mera imposibilidad de trasladarse para ir a trabajar. El ruido de las cacerolas seguía sin amainar, los saqueos continuaban y se agregó la paranoia del desabastecimiento, que llevó a miles de personas a agolparse en la red de pequeños almacenes y ferias libres que se multiplican por las ciudades para comprar víveres por sobre las necesidades inmediatas. Pronto los locatarios y comerciantes llamaron a la calma: no faltan productos, tenemos mercadería, tranquilícense. Con ironía, la población recordaba el mito que recorrió las elecciones presidenciales, en que la derecha acusaba que si Piñera no salía electo, Chile sería la nueva Venezuela: Chilezuela. Al contrario, el caos llegó con la derecha en el poder.

Acto #3: ¿un nuevo orden social?

La declaración de guerra del presidente levantó con fuerza una tesis que circula entre los chilenos: que el caos está siendo fomentado adrede. En síntesis, esta visión plantea que el gobierno favoreció los saqueos y el desbande lumpen, para justificar después la militarización del espacio público. Por ejemplo, se menciona que el viernes y sábados las estaciones de Metro incendiadas no contaban con resguardo policial, pese a que era previsible que ocurriera. Más grave aún, circulan videos donde se observan funcionarios policiales o militares produciendo incendios, robando mercadería o como infiltrados gestando desmanes, a modo de instigación de la violencia. La tesis continúa con que la emergencia del lumpen favorece la noción de “unión entre los chilenos” contra un enemigo común, la delincuencia, y confunde a propósito, al tiempo que invisibiliza, las multifacéticas expresiones de organización popular. Así la represión policíaco-militar podría actuar incluso con respaldo de la población, quien ve como una “necesidad” su accionar, el toque de queda y las medidas de esa índole.

Sea cual sea la hipótesis más certera, el desarrollo de las manifestaciones ha demostrado una alta disposición de enfrentamiento de un sector de la población chilena contra las fuerzas policiales e incluso militares. Se entiende que no estamos bajo el riesgo de una asonada militar y una escalada asesina como la que vivió el país hace 46 años, por lo que la gente, en especial la juventud, se anima a desafiar el toque de queda, a movilizarse a los centros de las ciudades y a enfrentarse -con expresiones incluso violentas- a los uniformados. Esto no quita que el resultado ha sido una feroz represión: un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitido durante el martes 21 indicaba más de 1.600 personas detenidas por los disturbios y 123 heridos por armas de fuego, y se maneja la cifra de 18 asesinados por fuerzas armadas o policías. Está claro que todos los números están a la baja de lo que efectivamente está pasando, en tanto las denuncias por disparos de militares y de civiles armados se multiplican. La verdadera cara de la violencia uniformada apenas se está asomando.

Otro rasgo distintivo del alzamiento es la ausencia de los partidos y las organizaciones sociales. En general, la expresión ha sido fundamentalmente territorial, como una sumatoria de individuos con escaso arraigo entre sí salvo su lugar de residencia. Aunque no han sido pocas las organizaciones sociales que han llamado a continuar manifestándose, ellas no fueron las que convocaron las primeras movilizaciones, y su continuidad no depende de sus llamados. El rechazo a la política tradicional cunde, aunque tampoco se refleja en organización comunitaria o popular; no al menos antes que esto empezara, aunque es de esperar que sí sea un resultado de esta bullente coyuntura.

Por lo pronto, un grupo de ONGs de corte asistencialista están llamando a un “nuevo orden social”; una especie de revalidación del supuesto contrato social que le da gobernabilidad al país. A diferencia de esta nostalgia por los pactos transicionales, otro conglomerado de organizaciones sociales, la Mesa de Unidad Social, levantada como una forma de reunir el rechazo al gobierno de Piñera, convoca a una huelga general para este miércoles 23 de octubre en caso de mantenerse el estado de emergencia y la presencia militar en las calles. La Unión Portuaria, uno de los sindicatos más fuertes del país, había llamado a paralizar el lunes 21 y levantó las mismas condiciones. Ambos coinciden en la conformación de una Asamblea Constituyente. En tanto, la oposición política parlamentaria ha confirmado la incapacidad de conducción ya conocida durante el gobierno de Piñera, además sin unidad, algunos partidos se han reunido con Piñera, otros han ido a presentar cartas al palacio de gobierno, otros se han restado.

Como se observa, hay carencia de una conducción política del estallido social, así como una inexistencia de demandas claras que viabilicen una salida, aunque abundan en las múltiples declaraciones de organizaciones sociales alusiones a los temas de fondo: otro sistema de jubilaciones, reducción del costo del transporte, reconstruir la salud y la educación pública, nacionalizar los recursos naturales, terminar con el robo del agua, terminar el robo de tierras a los pueblos originarios, detener la destrucción ecológica que se expresa en las zonas de sacrificio, congelamiento de todas las tarifas de necesidades básicas, regulación de precios de bienes y servicios básicos (medicamentos entre estos), congelamiento de los intereses de las deudas y del sistema financiero (vivienda incluido), convocatoria a proceso social constituyente por una nueva Constitución, anulación de ley de pesca, etc. Es decir, cambiar el modelo.

La respuesta y escalada represiva del estado de excepción, y el miedo frente a la amenaza del desabastecimiento dejan el futuro de la movilización en la incertidumbre. Sin embargo hay un olor que se respira en el aire más fuerte que el gas lacrimógeno, las personas quieren algunos pisos mínimos: fuera los militares de las calles, aclaración de las muertes ocurridas, juzgar a los asesinos, aclaración de la participación de policías y militares en saqueos e incendios. Hecho esto, fuera Piñera!! Por favor atrás el neoliberalismo, que nada siga igual!!

Chile: La Calle contra la Precarización de la Vida[2]

Por Vicente Sisto

Hoy, 12 de noviembre, comenzaremos una Gran Huelga General convocada por las mayores organizaciones sindicales y sociales de Chile, como parte de la gran movilización que se inició hace tres semanas. Como indicó Karol Morales, en la Nación Trabajadora, lo que se encendió no fue un mero reclama por un alza de pasajes en el metro de Santiago, sino que un grito desarticulado, desde todos los lugares contra la precarización de la vida que se instaló como nuestra normalidad.

Si bien desde la década de los 30s hasta inicios de los 70s Chile se encaminaba, con cierta continuidad, hacia un creciente Estado de Bienestar, incluso considerando gobiernos de derecha e izquierda, el Golpe Militar y la Dictadura de Pinochet marcaron un corte violento en este proceso. En efecto, la Dictadura de Pinochet, como ha señalado el sociólogo Tomás Moulian (1996), si bien primero fue una dictadura contrarrevolucionaria, prontamente se instala como Dictadura Revolucionaria, encarnando lo que sería una “Revolución Neoliberal”. El propio Milton Friedman llegó a asesorar al dictador en pleno 1975. Fue así que, mediante diversas reformas, Pinochet buscó transformar la economía, el Estado y la sociedad, bajo los principios neoliberales propuestos por Hayek, Friedman y Buchanan entre otros (ver Fisher, 2009; Oliva, 2008; Pitton, 2007, entre otros). Estas reformas suponían diversas medidas todas marcadas por el sello de la privatización de lo público y la individualización y precarización de los derechos sociales.

Así, por un lado, se buscó transformar el conjunto de la acción pública, promoviendo la provisión privada de servicios públicos, especialmente en las áreas de salud, educación, previsión social y políticas sociales, delegando al Estado a un rol subsidiario. Por otro, se generó un profundo debilitamiento de los derechos laborales, promoviendo la desregulación del trabajo y debilitando radicalmente los modos de organización colectiva. Así, esta ‘modernización’ tuvo el sello de poner al Estado, a los servicios públicos, al trabajo e, incluso, a los recursos naturales, al servicio de la ‘iniciativa privada’, asegurando que a través de estas medidas se dinamizaría la economía, brindando crecimiento económico, y, por lo tanto, beneficiando al total del país.

En el Chile de hoy, la precariedad laboral es la norma. Más de un 78% de la fuerza laboral se puede llegar a movilizar, voluntaria o involuntariamente, en un plazo de sólo 18 meses (Henríquez y Uribe-Echeverría, 2004). La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos ocho años (60,2%) han sido ‘por cuenta propia’ y bajo la forma de ‘asalariado externo’, es decir, a través de subcontrato, suministro de trabajadores y/o ‘enganche’ (Fundación Sol, 2018; INE, 2017). Además, el 40,5% del total de los actualmente ocupados están vinculados laboralmente mediante formas contractuales que no están asociadas a ninguna legislación laboral (contrato de prestación de servicios y otros), quedando sin protección legal (Fundación Sol, 2018; INE, 2018). Cabe señalar que, a pesar de que los trabajadores estables pueden formar sindicatos, la legislación debilita las capacidades negociadoras y no permite la negociación ramal.

La precarización de la vida se expresa y sostiene no sólo por la inestabilidad y falta protección laboral, sino que también por la privatización e individualización de la seguridad social.

Por ley, los asalariados estamos obligados a ahorrar para nuestras pensiones en la AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) que no sólo mal administran ahorros individuales usándolos para especulación bursaltil y otras inversiones, sino que, además, cobran una importante comisión por ello que supera el 1% del salario de cada trabajador. Estas comisiones supuestamente son para pagar el funcionamiento de la administradora, sin embargo en términos han asegurado continuos aumentos utilidades para estas empresas. Así, durante sólo los primeros tres meses de este 2019, sus utilidades fueron de 196 millones de dólares, aumentando sus utilidades en un 100% en relación al mismo período del año anterior. El aumento abultado de utilidades, ha sido una constante en el sistema. Mismo sistema que genera pensiones de pobreza.

Más de la mitad de las pensiones otorgadas por las AFPs en febrero de 2019 para trabajadores con más de 20 años de cotizaciones ininterrumpidas fue de $243.603 (US$ 300 aprox.), en un país en el cual el costo de la vida es alto (Fundación Sol, 2019). Si consideramos que la Línea de la Pobreza para una familia compuesta por dos personas se sitúa en $268.692 (Ministerio de Desarrollo Social, 2019), podemos apreciar que más de la mitad de las personas que han tenido cotizaciones ininterrumpidas por más de 20 años, tienen pensiones de pobreza, aun cuando pertenezcan al segmento población con mayor estabilidad y seguridad laboral reflejada en sus cotizaciones interrumpidas. Si se considera el total de la población, la situación es aún más dramática: el 50% de las 125 mil personas que jubilaron en 2018 obtuvieron una pensión autofinanciada inferior a $48.000 (es decir US$ 67), según datos de Fundación Sol. Sobre esto el Estado genera una transferencia para alcanzar la pensión mínima ($122.000) que se paga a través de la misma AFP. Hoy, en Chile, la tasa más alta de suicidios es precisamente entre los mayores de 80 años. La precariedad y la vergüenza de haber trabajado toda una vida y no poder sustentarse están detrás[3].

El derecho a la salud también se ha convertido en otro servicio individualizado, fuertemente privatizado convertido en un seguro individual de salud a través de las llamadas Isapres (Instituciones de Salud Previsional). Este sistema, al operar como seguro, genera utilidades con aquellos que no requieren atenciones de salud (el trabajador joven), dificultando y encareciendo el acceso incluso para el mismo trabajador cuando sí lo requiere (el trabajador al envejecer y su familia). Si bien, existe una alternativa estatal (FONASA), ésta mantiene la lógica de un seguro privado que bonifica las prestaciones que recibe el ‘cliente’, quien escoge entre prestadores privados y públicos según su poder adquisitivo. Esto, en el contexto de un constante empobrecimiento y precarización de la red de prestación propiamente pública. Por ello Rotarou & Sakellariou (2017), han señalado al sistema de salud chileno, en su conjunto, como un sistema que produce desigualdad al crear desventajas estructurales precisamente para quienes más lo necesitan.

Todo esto se conjuga con una serie de otros elementos que se han constituido en nuestra normalidad. Entre estos tenemos, un sistema educativo fuertemente privatizado, con prestadores privados de servicios educativos financiados por el Estado (Budnik, Chávez, López, Rojo, Edmonson & Morales, 2011), sistema caracterizado por ser segregador y orientado a la generación de resultados en pruebas estandarizadas de aprendizaje más que a la formación de niñas y niños (López, González, Manghi, Ascorra, Oyanedel, Redón, Leal & Salgado, 2018), autoritario en su propia organización (Sisto, 2018) y altamente punitivo (López, Ramírez, Valdés, Ascorra, & Carrasco-Aguilar, 2018), lo que se ha incrementado durante el último gobierno. Así mismo todos los servicios básico están privatizados bajo sistemas de concesión que garantizan relevantes utilidades para los propietarios, lo que se ha reflejado en precios elevados en relación a los salarios[4].

Sumado a lo anterior, las grandes empresas se han coludido constantemente para fijar precios a productos de primera necesidad con el fin de aumentar sus ganancias (por ejemplo: colusión de farmacias[5], colusión de empresas productoras de papel higiénico[6], de pañales[7], colusión de empresas productoras de pollos y supermercados[8], entre otras); colusiones que si bien son tipificadas como delito, son sancionadas con multas exiguas en comparación a las mismas ganancias que generaron dichas colusiones[9]. Junto a ello, también ha sido una constante la privatización de los recursos naturales bajo condiciones ampliamente beneficiosas para las empresas privadas (ver, por ejemplo, el caso del litio[10] o de la pesca[11]), privatización del agua a costa de comunidades rurales y consumo humano[12], declaración de zonas de sacrificio habitadas por comunidades para la instalación de empresas altamente contaminantes[13], entre tantas otras situaciones.

La percepción de que Chile es un país para empresarios se acrecienta al considerar las constantes condonaciones de deudas tributarias multimillonarias a grandes empresas , cuando para el ciudadano una evasión tributaria menor puede implicar cárcel[14], así como a empresarios, entre ellos al propio Presidente de la República, que durante 30 años no pago contribuciones por una de sus propiedades más queridas, lo que podría haber implicado embargo, pero en su caso fue más bien una importante rebaja. Estos beneficios del Estado van precisamente a los empresarios que tienden a idear complejas estrategias para eludir el pago de impuestos, como lo ha hecho el propio Presidente[15].

Todo esto ha ocurrido, en el marco de la instalación de prácticas de financiamiento a la política, por parte de las grandes empresas, sea a través del patrocinio de campañas o incluso mediante el pago de mensualidades a parlamentarios bajo el concepto de ‘asesorías profesionales’, a cambio de favorecerlas en la redacción y votación de leyes[16]. Esto, no sólo ha sido algo público y conocido, sino que  fue amparado por los entes persecutores, gracias a un acuerdo entre poder político y fiscalía[17], tal como recientemente lo denuncio el fiscal que, en su momento, estuvo a cargo de la investigación[18].

Éstas son sólo unas pequeñas muestras que permiten ilustrar un contexto en el cual, nosotras y nosotros, como habitantes de este Chile contemporáneo, vivimos la precarización de nuestras vidas. Una precarización propiciada activamente por una serie de mecanismos legales, sino que también por prácticas protegidas y sustentadas institucionalmente, orientadas al beneficio de los grandes capitales a costa de nuestras vidas.

El que esto ocurra está intrínsecamente ligado y sostenido por la actual Constitución de la República de Chile.

La Precarización de la Vida como una Cuestión Constitucional

En efecto, la constitución aprobada en 1980 por el Dictador, si bien ha sido reformada a lo largo de diversas legislaturas desde 1989 hasta ahora, nunca se han tocado elementos basales de la organización social y de la concepción de Estado que instala. En efecto, el capítulo III de ésta, referida a los Derechos y Deberes Constitucionales, notablemente muestra la instalación de un Estado subsidiario, en que la iniciativa de la ‘prestación’ de los derechos sociales reside en el privado, siendo el Estado más bien un ente financiador y regulador, y el ciudadano, el responsable individual por ejercer o no su ‘derecho’, que se traduce literalmente en “libertad para escoger” (ver arts. 10 y siguientes de dicho capítulo). Así mismo se prohíbe al Estado ejercer cualquier actividad empresarial o de prestación de algún servicio, a no ser que una ley con quórum calificado señale lo contrario. Esta misma Constitución limita fuertemente el derecho a huelga, así como la negociación colectiva, debilitando la posibilidad de la fuerza de trabajo de tener una mejor posición frente al capital. Por otro lado, garantiza la liberta de emprendimiento, dejando a la empresa privada incluso el lucrativo negocio de la prestación de servicios públicos financiados estatalmente. En coherencia, el derecho a propiedad cobra preponderancia, siendo el Estado un defensor de la propiedad privada y el emprendimiento privado. Esto es llevado al extremo de garantizar la propiedad privada del agua (ver art. 24), entre otros. La llamada “Carta Fundamental”, también establece un ente, el Tribunal Constitucional, que se preocupa de que todas las acciones que ocurren en el país no se aparten de ésta, pudiendo actuar sobre acciones individuales y/o colectivas, sobre iniciativas legislativas, aunque cuenten con la mayoría del Congreso, e incluso presidenciales. Instalándose finalmente como el máximo tribunal del país. Las posibilidades de cambio de esta constitución también salvaguardadas por la necesidad de quórum de 3/5 o 2/3 del parlamento, lo que obliga a un acuerdo transversal, que supere ampliamente la mayoría del congreso. Esto ha imposibilitado reformas estructurales, sosteniendo un orden social y una forma de Estado que efectivamente da prioridad a la gran empresa privada por sobre el ciudadano, el que a su vez queda reducido a un consumidor, precarizado, con derechos limitados, pero “libre de elegir” entre las opciones que proponga el empresariado, un empresariado coludido entre sí, así como con el poder político.

Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)[19] la mayor parte de las y los chilenos que llegan a tener el ‘privilegio’ de tener un trabajo formal obtienen salarios menores a $400.000 (menos de US$ 560) al mes. La línea de la pobreza para una familia promedio de 4 personas supone un ingreso de $430.763, es decir, US$ 600 aprox. (Fundación Sol, 2018). Es decir la mayor parte de los trabajadores chilenos con empleo formal no obtienen un salario suficiente para sostener a una familia por sobre la línea de la pobreza. Entonces se nos hace comprensible el alto nivel de endeudamiento que padece la población chilena. Para tener atención de salud, hay que pagar, incluso en el sistema público. Para educarse, sobre todo en los niveles terciarios, hay que pagar, a eso se suman los gastos en vivienda, transporte y alimentación. Por ello es normal que las personas paguen en el supermercado, el pan y las verduras, en 10 cuotas mensuales o más. 11.3 millones de personas están endeudadas y 4.6 millones morosas. En efecto, los salarios no alcanzan para el costo de la vida y, por ello, el trabajo sin fin, con empleos y horas extras, y la deuda, son la única manera de llegar a fin de mes para más de la mitad de la población. Por ello no es raro que, según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 20% de la población viva en la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2018), contrariando el relato del Banco Mundial y de otros promotores del modelo chileno, en cuanto, según ellos, Chile habría dejado la pobreza. Según un informe recientemente publicado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Chile se ha constituido en uno de los países más desiguales de la región: “mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía, en 2017, solo un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico concentraba dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%” (CEPAL, 2019; p. 62).

Es este el contexto en el cual el alza a los pasajes del metro de Santiago se transforma en ‘la gota que rebalsó el vaso’. No es raro que hayan sido los estudiantes secundarios quienes iniciaron esto. La Ley “Aula Segura”, orientada a reforzar el autoritarismo al interior de las comunidades educativas expulsando a estudiantes que no cumplieran con lo esperado por el o la directora, sin instancias de apelación distintas al director o directora, activaron el malestar estudiantil durante todo este año. Fueron ellas y ellos quienes saltaron los torniquetes del metro, rechazando el autoritarismo con el cual se impone un orden social privatizador y precarizador. La represión que fue ejercida ese día contra los estudiantes encendió la mecha que hasta ahora no se apaga, de un pueblo luchando contra la precarización de la vida garantizada por la constitución y la colusión de las elites empresariales y políticas.

Huelga, Movilización Callejera, Cabildos:
La inteligencia rizomática del Chile Constituyente

Esta columna la cierro en segunda persona singular, interpelando al Presidente de la República.

Durante estas tres semanas, primero nos declaraste la guerra, señalando que tu enemigo -nosotros- éramos un enemigo grande y poderoso. Efectivamente, tenías razón. Sacaste los militares a la calle, gaseaste y disparaste a nuestras niñas y niños, a nuestros ancianos, más de 20 muertos, 2000 heridos, 200 personas cegadas por tus balas a los ojos, más de 250 personas torturadas, incluyendo vejaciones sexuales… y a pesar de todo, aquí estamos. Son tres semanas… Y seguimos… marchando, reuniéndonos asambleariamente… creando algo nuevo que ni siquiera nosotras sospechábamos.

Tu respuesta, fue, primero una falsa agenda social, en la que frente a la precarización de la vida, nos proponías más individualización y privatización de los derechos sociales, y te dijimos que NO. Volvimos a salir a la calle, más un millón y medio de personas te dijo que tu agenda social no era la respuesta. Y tú hiciste oídos sordos, y, por el contrario, dijiste ridículamente que la marcha demandaba la realización de tu agenda social. La calle volvió a salir. Y tú aumentaste tu represión. Hasta que hace pocos días proclamaste una agenda de seguridad, que le daría mayores atribuciones a la policía que viola derechos humanos. Y la calle volvió a salir. En realidad, durante estas tres semanas nunca dejamos de salir.

La movilización no tiene cabezas ni convocantes claros. En algún momento pensamos que eso era un problema… hoy creo que no. Tu enemigo es grande y poderoso… Y hoy ha adquirido una cierta inteligencia rizomática que incluye la construcción de formas de movilización y de deliberación que han emergido en todos los rincones de nuestra sociedad durante estos treinta años de postdictadura. Las organizaciones de trabajadores subcontratados y a honorarios ya nos enseñaron que es posible organizarse desde la precariedad y desde formas de organización prescritas de carácter individualizado. Asambleas deliberantes las vimos en los movimientos secundarios del llamado pingüinazo del 2006, cuando en las escuelas y liceos más pobres de todo Chile, nuestras y nuestros estudiantes secundarios comenzaron no sólo a discutir de sus necesidades más urgentes, sino que llegaron a desafiar la propia constitución de la república como responsable del orden social y educacional, generando, hace 13 años, desde las escuelas más pobres del país, propuestas constituyentes. Los colectivos de trabajadores que poco a poco han ido constituyéndose instalando al espacio asambleario como autoridad última, también nos han enseñado diseños políticos posibles.

Hoy en todo Chile se hacen cabildos. Las voces y opiniones que fluyen en este espacio más racional y argumentativo reconocen a la movilización en toda su forma, desde la manifestación pacífica, hasta al encapuchado, pues éste es capaz de mantener a raya a la fuerza represiva para que podamos marchar. Y en este espacio deliberativo se levanta cuáles deben ser los principios de la nueva constitución y cómo debe hacerse. Y son miles de cabildos repartidos por todo Chile organizados en plazas, clubes deportivos, juntas de vecinos. Nadie tiene la cuenta, pues son autoconvocados.

Y nuevamente llegas tarde, Sebastian Piñera, Presidente de la República. El Domingo 10 de noviembre, a altas horas de la noche, tu Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que el conglomerado de gobierno que te apoya ha acordado convocar a un Congreso Constituyente que propondrá una Nueva Constitución que será plebiscitada[20]. No lo explicaste muy bien. A estas horas, no queda claro si serán los parlamentarios actuales que definirán una nueva constitución o será un nuevo parlamento. Sin embargo, de inmediato se te respondió a través de redes sociales #AsambleaConstituyenteoNADA!

Hoy estaremos en Huelga General. Y es una huelga que demanda Asamblea Constituyente. Las organizaciones de trabajadores y otras organizaciones sociales, por primera vez en 30 años, logran la articulación suficiente para hacer una gran huelga general que es por un nuevo Chile.

Quizás creíste, como algunos políticos e investigadores sociales, que la precarización de la vida articulada con una fuerte narrativa individualizantes y orientada enaltecer el consumo y el emprendimiento individual, nos había desarticulado. Más de algún investigador indicó que este Chile se caracterizaba por una individualización asocial, y que esto no permitiría ningún tipo de articulación colectiva con un horizonte societal. Pero estaban equivocados. Aquí estamos… y esto se venía construyendo por debajo desde hace mucho tiempo… a pulso… y hoy sí nos hemos convertido, y en esto tenías razón, en un enemigo grande y poderoso.

Vicente Sisto. Psicólogo Social. Profesor Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigador Principal Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Proyecto CONICYT PIA/CIE 160009) e Investigador Adjunto Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder.

Referencias

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CEPAL (2019). Panorama Social de América Latina 2018. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comité de los Derechos del Niño ONU (2018). Informe de la investigación relacionada en Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Disponible en http://www.minjusticia.gob.cl/media/2018/07/Informe_del_Comit%C3%A9_de_la_Ni%C3%B1ez_de_ONU.pdf

Fischer, K. (2009). The influence of neoliberals in Chile before, during, and after Pinochet. En P. Mirowski, & D. Plehwe (eds.). The road from Mont Pelerin. The making of the neoliberal thought collective (pp. 305-346). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fundación Sol (2018). Informe Mensual de Calidad de Empleo Abril 2018. Santiago Fundación Sol.

Fundación Sol (2019). Las pensiones de los nuevos jubilados y jubiladas de febrero 2019. Disponible en http://www.fundacionsol.cl/graficos/pension-promedio-mediana-febrero-2019/

Fundación Sol (2019). Los verdaderos sueldos de Chile. Santiago: Fundación Sol.

INE (2017) Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Santiago: INE.

INE (2018) Nueva Encuesta Nacional de Empleo. Santiago: INE.

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López, V., González, P., Manghi, D., Ascorra, P., Oyanedel, J. C., Redón, S., …& Salgado, M. (2018). Políticas de Inclusión Educativa en Chile: Tres Nudos Críticos. EducationPolicyAnalysis Archives26, 157.

López, V., Ramírez, L., Valdés, R., Ascorra, P., & Carrasco-Aguilar, C. (2018). Tensiones y nudos críticos en la implementación de la (s) política (s) de convivencia escolar en Chile. Calidad en la Educación, (48), 96-129.

Oliva, M. A. (2008). Política educativa y profundización de la desigualdad en Chile. EstudiosPedagógicos (Valdivia), 34(2), 207-226.

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Pitton, V. (2007). Disentangling Chile’s authoritarian neoliberalism and its effects: the downfall of public higher education and its implications for equitable access. Critical Studies in Education, 48(2), 249–267. http://doi.org/10.1080/17508480701494267

Rotarou, E. S., &Sakellariou, D. (2017). Neoliberal reforms in health systems and the construction of long-lasting inequalities in health care: A case study from Chile. HealthPolicy121(5), 495-503.

Sisto, V., Fardella, C., Montecinos, C., Ahumada, L., Leiva, P., Jaramillo, M., & Fuentes, R. (2008, March). Findings From a Qualitative Evaluation of the Impact of the Implementation of the System for Quality Assurance of School Management in Chile’s Municipal Schools. In Annual Meeting American Educational Research Association (AERA). Marzo. Chicago.

Lo esencial y lo urgente. Pongamos fin al experimento neoliberal en educación

Observatorio Chileno De Políticas Educativas

Universidad De Chile, 8 de noviembre de 2019

El actual contexto de movilización social, inédito en nuestro país, abre un escenario propicio para hacer los cambios estructurales que el sistema educativo requiere: los mismos cambios que la clase política señaló que eran inviables o “inadmisibles”, hoy son impostergables, tal como lo han señalado las organizaciones de actores educativos desde hace décadas. Estas organizaciones han planteado múltiples propuestas a lo largo de estos años de lucha por la educación, que son una base importante para considerar en este momento de movilizaciones.[1]

¿Cuál es el origen de los problemas de la educación chilena?

El modelo educativo chileno es considerado en el mundo como un experimento único de mercado, competencia y privatización. Es el momento de que terminemos con él. Este modelo tuvo dos momentos de implementación, y es fundamental comprenderlos para ir a la raíz de los problemas educativos que hoy sufrimos. El primer momento ocurrió a comienzos de los años ’80 cuando la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet transformó radicalmente los principales pilares del sistema educativo. Estas transformaciones fueron tres: 1) Una nueva definición de los derechos educativos y del rol de estado en la Constitución de 1980: aquí se establece que el rol del estado no será garantizar el derecho a la educación, sino limitarse a dar subsidios a entidades educativas públicas y privadas (lo que se conoce como estado subsidiario e igualdad de trato para las instituciones del estado y privadas). Asimismo, se establece que el derecho educativo más importante jurídicamente en Chile (por estar garantizado constitucionalmente) es el llamado derecho a la “libertad de enseñanza”, que se define como el “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” (artículo 19, numeral 11). 2) Se crea una nueva figura jurídica para administrar las escuelas: los “sostenedores”. Las escuelas chilenas ya no dependen del estado, sino que son administradas por estos sostenedores que pueden ser públicos (municipios o servicios locales de educación) o privados (particulares subvencionados) que concentran atribuciones centrales del proceso educativo: los sostenedores manejan los recursos económicos entregados por el estado, administran la contratación del personal docente y no docente, sancionan los reglamentos para los estudiantes, definen posibles ajustes en el currículum. Incluso pueden cerrar los años académicos de los colegios sin consultarle a las comunidades, como ha hecho el alcalde de Santiago con el Instituto Nacional y el INBA. 3) Un sistema de financiamiento denominado subvención a la demanda o vouchers: este sistema define que el estado no financia directamente a las escuelas públicas para que cubran sus necesidades mínimas (financiamiento basal), sino que entrega a los sostenedores (no a las comunidades educativas) una subvención en función a la cantidad de matrícula y al promedio de asistencia de estudiantes durante los últimos meses. Este modelo de financiamiento instala la competencia entre escuelas públicas y particulares por la subvención, y ha permitido el cierre de cerca de mil escuelas públicas por tener menos estudiantes.

El segundo momento de instalación del modelo educativo de mercado se realizó durante los gobiernos civiles de pos dictadura. Este segundo momento se caracteriza por el perfeccionamiento del modelo de mercado, la incorporación masiva de militantes de los partidos de la Concertación y la Derecha al negocio educativo, a través de las universidades privadas y como sostenedores de colegio particulares subvencionados, y la implementación de procesos de privatización encubierta o endo privatización. Esta última no solo busca traspasar la propiedad de las escuelas a dueños privados, sino que consiste básicamente en obligar a que las instituciones públicas funcionen como empresas privadas. Para que todo el sistema educativo funcione con la lógica de empresa privada una de las herramientas principales que se utilizó fue la estandarización educativa: básicamente a través de la intensificación de la aplicación de pruebas SIMCE, del aumento de sus consecuencias para las escuelas y de la aplicación de la evaluación docente individual para las y los profesoras/es de Chile. [2]

Medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado

En este momento histórico de movilizaciones populares en Chile no podemos repetir los mismos errores cometidos durante los últimos 30 años, en que se han implementado reformas que terminan fortaleciendo el modelo de mercado, competencia y privatización. En las propuestas que han construido las organizaciones educativas durante estos años están las claves para construir un nuevo modelo educativo que no se base en el mercado, el lucro y la competencia, sino en el bien de las mayorías populares. Para contribuir a los múltiples debates que se están dando en el país, queremos plantear medidas esenciales y urgentes para desarmar el modelo educativo de mercado, basándonos en estas propuestas:

1. Construcción de un sistema de educación pública, articulado, democrático, no sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad y con control comunitario desde la educación parvularia a la educación superior. Hoy la Educación Pública está completamente reducida, solo un 32% de estudiantes escolares (los/as más vulnerados/as) asisten a establecimientos públicos y menos de un 15% de los/as estudiantes de educación superior asisten a establecimientos públicos. Por otra parte, su infraestructura está muy por debajo de la dignidad que requieren las y los niñes y jóvenes que más lo necesitan, algo inaceptable, en el entendido que la educación pública es la responsable de que construyamos una sociedad más humana, igualitaria y respetuosa de los derechos de todas y todos.

El sistema educativo público debe ser el mejor y estar garantizado por el Estado. Debe ser diverso y con una gestión democrática, con consejos escolares resolutivos y vinculantes, con mecanismos que promuevan la participación de la comunidad organizada, quien velará por la pertinencia del currículum y el uso transparente de los recursos. El currículum de la educación pública debe como mínimo promover una sociedad democrática, inclusiva y no sexista.[3]

En lo inmediato es urgente detener el cierre de las escuelas públicas. Es imperioso terminar con los sostenedores educativos tanto a través de municipios, como de servicios locales de educación. Es necesario corregir las serias deficiencias y tendencias privatizadoras de los servicios locales de educación. Asimismo, es urgente establecer un fondo de reparación de la educación pública para reconstruir los daños ya hechos por el terremoto neoliberal.

2. Construir un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. Este debe ser preferencial, de carácter basal[21], y su monto debe ser establecido por las necesidades de las comunidades [4]. Asimismo, se debe financiar en forma preferencial las Universidades del Estado, las cuales deben garantizar el acceso masivo de sectores populares, ser gratuitas y estar al servicio de las necesidades nacionales y locales contribuyendo al desarrollo cultural, económico y social de los territorios[5]

En lo inmediato es urgente terminar con los negocios de los privados en educación. Es necesario terminar con las múltiples formas de lucro encubierto que permite la llamada “ley de inclusión”. Es necesario congelar y comenzar a disminuir la entrega de recursos a instituciones privadas de educación. Es necesario detener el sistema de concesiones en los distintos servicios públicos educativos (JUNAEB, MINEDUC, ATEs, etc.). Por último, es fundamental condonar todas las deudas educativas incluido el CAE, estudiar no puede ser una condena.

3.Terminar con el SIMCE y todo tipo de estandarización. El SIMCE no es un instrumento educativo, sino un instrumento de promoción del mercado y la competencia entre escuelas. Los resultados que obtienen las/os estudiantes en el SIMCE dependen mayoritariamente de sus condiciones de origen (condiciones básicas de vida, cuidados médicos y alimentación en la primera infancia, etc.) y muy poco de lo que hace la escuela. Por esa razón, en el mundo, este tipo de pruebas no se utilizan para medir calidad de escuelas en ningún caso. Muchos países reconocidos por tener buena educación no aplican este tipo de pruebas, y aquellos que las aplican lo hacen solo a una muestra representativa, no a todas/os las/os estudiantes.

En lo inmediato, es urgente eliminar la aplicación universal (censal) de las 6 pruebas SIMCE (lo que es un gran negocio para las instituciones privadas que la gestionan). Es necesario que cualquier prueba estandarizada que se aplique sea muestral, de tal forma que den información general, pero que eliminen la competencia entre escuelas. Asimismo, es necesario eliminar la evaluación docente individualizante. Hoy se sabe que no existe ninguna relación clara entre ser buena profesora y obtener buenos puntajes en la evaluación docente. Los trabajos como la docencia no pueden medirse a través de una prueba estandarizada. El único objetivo real de esta evaluación es destruir las comunidades educativas, fomentar la competencia y el individualismo entre profesoras/es.

4. Generar condiciones de trabajo adecuadas para las/os trabajadoras/es de la educación. Las/os docentes y asistentes de la educación saben que sus condiciones de trabajo se han deteriorado progresivamente durante los últimos años. Se trata de un deterioro en las condiciones salariales y materiales (son muchísimos los casos de educadoras/es que pagan de su bolsillo los materiales mínimos para trabajar en aula, como hojas, plumones, papeles, fotocopias, etc.). Pero también se trata de un deterioro de las condiciones psicosociales del trabajo: sobrecarga, falta de apoyo, presión y control, tareas sin sentido, falta de autonomía, etc.

En lo inmediato, es necesario terminar con los despidos arbitrarios a trabajadoras/es de la educación cada fin de año. Es fundamental eliminar la evaluación docente individualizada y construir una carrera docente que fomente el trabajo colaborativo y no la competencia entre docentes y que asegure suficientes tiempos no lectivos de trabajo. Asimismo, es fundamental mejorar las condiciones salariales de las/os asistentes de la educación.

5. Frenar la criminalización del movimiento estudiantil. Es obvio que la participación de las y los jóvenes debe promoverse en las escuelas, no debe perseguirse, debe facilitarse siendo esta el motor de transformación de nuestra sociedad (como ha quedado claro estas últimas semanas).

En lo inmediato, se debe Derogar la Ley Aula Segura, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y revisar la ley de Violencia Escolar, en tanto, instrumentos de penalización de la vida escolar y de la participación de los y las jóvenes. Se debe repensar el uso que se hace de los reglamentos internos o manuales de convivencia los cuales deben ser construidos desde un enfoque ciudadano, pedagógico, y nunca más uno punitivo.

6.Frenar los proyectos de ley privatizadores de la educación inicial que están actualmente en el parlamento y que el gobierno de Piñera pretende aprobar. Actualmente, el gobierno promueve dos iniciativas legales en el parlamento, en un claro intento de extender la mercantilización de la Educación hacia la Educación Parvularia. El primero de ellos es la subvención escolar a los niveles medios, el cual significa el ingreso de nuevos actores privados a la Educación Parvularia, mediante un pago por asistencia, esquema análogo al que masificó la privatización en educación escolar y que tanto daño ha hecho, promoviendo la mercantilización y la competencia. El segundo, al que el Ejecutivo le ha dado urgencia en su aprobación, es el proyecto de sala cuna universal, que busca hacer que las/os trabajadoras/es financien, a través del Fondo de Cesantía, la asistencia de sus hijos/as al jardín infantil. Este proyecto deja fuera a los hijas e hijas de trabajadoras/es independientes y de trabajadoras/es del sector público. Además, precariza el cuidado y estimulación de las/os bebés, pues las salas podrán tener 42 lactantes, con tres adultos a cargo. Los únicos que ganan con estos proyectos son la empresas, que ya no tendrán que financiar los jardines de las/os hijas/os de sus trabajadoras y los empresarios de la educación que nuevamente lucraran con recursos públicos.

Una nueva Constitución para una nueva educación pública

Para que estos cambios al modelo educativo de mercado sean viables y se proyecten en el tiempo es necesario cambiar la Constitución política que actualmente establece que el derecho educativo más importante en Chile es el derecho a la mal llamada “libertad de enseñanza” (Artículo 19, numeral 11).

Es urgente construir una nueva Constitución que establezca un estado garante de los derechos educativos y sociales en general, que defina la educación a lo largo de la vida como un derecho garantizado, sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la educación habilita para el ejercicio de otros derechos, en consecuencia no debe ser limitado por ningún tipo de libertad individual, corporativa o empresarial.

Como han señalado las organizaciones sociales y, en general, el pueblo movilizado, esta constitución debe ser construida a través de un proceso nacional de Asamblea Popular Constituyente Plurinacional, con amplia participación a nivel vecinal, local, provincial, regional y nacional. El pueblo ya está debatiendo a través de cabildos y asambleas territoriales, hay que darle peso y validez a su voz.


[1] Ver publicación Foro por el Derecho a la Educación Pública “Una década de luchas y propuesta por el derecho a la educación”. Un resumen de las propuestas de actores educativos desde el año 2005 al 2015

[2] Ver más sobre esto en Juan González y Diego Parra (2016): Mercantilización de la Educación. Comentarios sobre la Reforma Educativa en Chile 2015. Revista Enfoques Educacionales 13(1), 71-89.

[3] ACES (2011): “Propuesta para la Educación que Queremos”.

[4] Ver Foro por Derecho a la Educación Pública (2014): ¿Cuánto cuesta la escuela que queremos?; ANDIME (2015): Propuesta de retorno de escuelas y liceos a la administración del Ministerio de Educación; Fundación Sol (2019): Endeudar para gobernar y mercantilizar. El caso del CAE (actualización 2019). Fundación Sol y Movimiento Deuda Educativa (2017): Carta por la abolición de la deuda educativa. Estas propuestas tienen en común la presencia de un sistema de financiamiento preferente para la educación pública, con un monto variable según las necesidades de las comunidades.

[5] Ver propuesta de CONFECH (2017):
Principios fundamentales para una Nueva Educación Pública.


[1]Texto publicado originalmente en el boletín del departamento de Psicología de la Universidad de Chile, Octubre 2019

[2]Publicado originalmente La Nación Trabajadora, 12 de noviembre de 2019.
http://lanaciontrabajadora.com.ar/ 

[3]https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/02/05/suicidio-adultos-mayores-chile-pensiones.html

[4]https://ciperchile.cl/2019/11/01/luz-agua-ges-metro-tag-arriendos-y-contribuciones-el-tren-de-alzas-que-asfixio-a-los-chilenos/

[5]http://www.poderjudicialtv.cl/programas/expediente-judicial/noticiero-judicial-expediente-judicial-colusion-de-las-farmacias/

[6]https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=15090

[7]https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/20/papelera-de-eliodoro-matte-se-coludio-tambien-en-el-mercado-de-los-panales/

[8]https://ciperchile.cl/2016/01/06/nueva-colusion-por-el-precio-del-pollo-acusan-a-las-tres-principales-cadenas-de-supermercados/

[9]https://ciperchile.cl/2019/03/06/chile-lindo-pais-coludido-con-vista-al-mar/

[10]https://ciperchile.cl/2015/06/26/el-dia-en-que-el-estado-le-entrego-el-control-del-salar-de-atacama-a-ponce-lerou/

[11]https://ciperchile.cl/2015/04/22/financiamiento-ilegal-de-la-politica-los-pagos-de-las-pesqueras/

[12]https://ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/

[13]http://www.chilesustentable.net/la-crisis-social-es-tambien-una-crisis-ambiental/

[14]https://www.elmostrador.cl/mercados/2018/11/08/sii-condono-deudas-por-32-mil-millones-de-pesos-a-grandes-empresas-en-el-primer-trimestre/

[15]https://ciperchile.cl/2017/03/17/las-empresas-zombis-que-compro-pinera-para-ahorrar-millones-en-impuestos/

[16]https://ciperchile.cl/especiales/financiamiento-irregular-politica/

[17]https://ciperchile.cl/2018/04/16/el-entierro-del-caso-sqm-asi-se-fraguo-la-impunidad-para-el-financiamiento-politico-ilegal/

[18]Palabras del exfiscal Carlos Gajardo, que como fiscal le correspondió perseguir estos delitos, pero que renunció a la fiscalía luego del acuerdo que aquí menciona: https://www.youtube.com/watch?v=hgdPILxfsH4

[19]https://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/ingreso-de-hogares-y-personas/resultados/2018/esi-sintesis-2018-nacional.pdf

[20]https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/11/gobierno-anuncia-congreso-constituyente-para-avanzar-hacia-una-nueva-constitucion/

[21] Es bueno recordar que cuando se discutió el proyecto de Nueva Educación Pública (2016), la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo en que la educación pública no se financiara por el mecanismo de la competencia por las subvenciones, sino que contara con un financiamiento basal. Lamentablemente, como tantas veces en el senado, la derecha y los sectores mercantilistas de la nueva mayoría “cocinaron” otra cosa.


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