29 de agosto, 2019

Las consecuencias sociales de la mano dura en la Argentina

Por Sandra Raggio y Roberto Cipriano García

La exacerbación punitivista y su correlato represivo, como eje de la política de seguridad, no es nuevo en nuestro país. En 1999, el que sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, hacía campaña con la llamada “mano dura”, bajo el lema “meta bala, mate un delincuente”. Un adelantado de la “doctrina Chocobar” que pregona la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuyo lema podría resumirse en “dispare y después pregunte”. Ruckauf abandonó el gobierno bonaerense en plena crisis de 2001, un año record en muertes a mano de la policía desde el fin de la dictadura hasta la actualidad.

La gestión del Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, alias el “sheriff”, volvió a apostar a la mano dura como política de esa cartera en los últimos años de la gestión de Daniel Scioli. Sergio Berni a nivel nacional sostuvo la misma dirección.

Ninguna de estas experiencias fueron exitosas en materia de seguridad pública pero sí lo han sido como narrativa autoritaria asumida por una parte importante de la sociedad.

La gestión macrista, con Bullrich a la cabeza, ha sostenido y profundizado esta dirección como parte neural de las políticas de gobierno e incluso ha sido tema central de la campaña electoral, hasta llegar al paroxismo en la propuesta de creación del “Servicio Cívico Voluntario de Formación en Valores” para jóvenes en estado de vulnerabilidad, gestionado por la Gendarmería Nacional.




La ministra Patricia Bullrich, durante toda su gestión, legitimó el uso desmedido de la fuerza policial; la defensa corporativa del policía Luis Chocobar y de la actuación de Gendarmería en los operativos que terminaron en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron cimentando las bases de una doctrina estatal que promovía la violencia e, incluso, la letalidad de las fuerzas de seguridad. Este mensaje político bajó rápidamente al territorio, las policías se sintieron con la potestad y el respaldo para actuar por fuera de la ley.

El último gesto en esta dirección ocurrió el 19 de agosto de 2019: un policía mató de una patada a Jorge Gómez, la ministra salió una vez más en defensa del agente de seguridad minimizando el accionar policial. Peor aún, en los instantes de su muerte, la actitud pasiva del resto de los agentes que estaban en la escena muestra cómo las fuerzas de seguridad han naturalizado el uso desmedido de la violencia.

La política del Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires. En el informe anual presentado el 21 de agosto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró, sólo durante el 2018, 120 muertes por uso letal de la fuerza en la Provincia. La mayoría de estos casos se producen por intervenciones de agentes de seguridad fuera del horario de servicio, un indicador más de la falta de control que existe sobre las policías en el territorio.

Cuando se desgrana esa cifra de 120, aparecen otros datos que son alarmantes: la gran mayoría son jóvenes de 30 años o menos. Veinte de ellos tenían menos de 18 años. Y lo más grave: en la franja etaria entre los 15 y 24 años, más de la mitad de los homicidios fueron por uso letal de la fuerza. Es decir, niños, niñas y adolescentes de entre 15 y 24 años tiene más probabilidad de morir por gatillo fácil que por cualquier otra razón.

Las cuatro víctimas de la Masacre de Monte el 21 de mayo de este año, un joven de 21 años, dos niños y una niña, es un ejemplo doloroso de las consecuencias del accionar policial bajo la doctrina Chocobar que ha permeado en las fuerzas bonaerenses consolidando prácticas ilegales muy arraigadas. En esta persecución, la policía disparó desde dos móviles policiales contra cinco personas indefensas y presas del pánico. El auto colisionó contra un acoplado estacionado y el resultado fue fatal. Posteriormente al hecho, la Comisión por la Memoria realizó en San Miguel del Monte un relevamiento de prácticas policiales ilegales y violentas previas y posteriores a la masacre, lo que dio cuenta de su sistematicidad. Es decir, las cuatro muertes no fueron producto de un hecho accidental sino de una secuencia de actos intencionales e ilegales por parte de la policía.

Esta política, que busca atraer electores, ha llegado al extremo en la decisión de Cambiemos —la coalición política que gobierna Nación y Provincia— de entronizar como candidato a concejal por Zarate a Daniel Orzayún, el carnicero que persiguió con su auto por cuadras a un joven que había robado antes en su local, lo atropelló y cuando la víctima estaba aplastada entre el vehículo y un poste de luz siguió golpeándolo. El joven murió pocos minutos después. Orzayún fue absuelto en un juicio por jurado.

Si desde el gobierno se alientan y premian estas prácticas, las respuestas de la sociedad pueden alcanzar niveles de barbarie, violencia e indolencia insospechados que atraviesan y lesionan la trama social de la comunidad, desarticulando lazos y sistemas de solidaridad.

Son las condiciones que hacen posible que dos custodios de un supermercado golpeen hasta matar a un abuelo, el 16 de agosto, por haberse robado algunos comestibles. Es decir, las consecuencias de la demagogia punitiva, que apuesta a la represión y al castigo como forma de disciplinamiento y gobierno de las poblaciones precarizadas, son demasiado peligrosas y lesivas como para seguir insistiendo en ellas de manera irresponsable.

Estamos frente a un posible cambio en la gestión de gobierno. Estamos ante una oportunidad histórica de salir del manodurismo y encarar una política de seguridad integral que deje de estar centrada en las fuerzas policiales y que no oponga la garantía de derechos con persecución del delito.

Sandra Raggio es Coordinadora del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos y Territorialidades” y Directora General de la Comision Provincial por la Memoria.

Roberto Cipriano García, Miembro del Grupo de Trabajo “Derechos Humanos y Territorialidades”, es el Coordinador de la Mesa Ejecutiva de la Comision Provincial por la Memoria.


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VER: ¿Qué se esconde detrás del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” implementado en la Argentina?

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