21 de junio, 2019

«Honduras enfrenta una de las crisis más profundas de su historia»

CLACSO adhiere al comunicado público del Departamento de Sociología de la UNAH y la Asociación Hondureña de Sociología: Honduras vive una de las crisis más profundas de su historia.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
ANTE LA CRISIS DE LA SOCIEDAD Y LA LUCHA DEL PUEBLO HODUREÑO, LA ASAMBLEA DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNAH Y LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE SOCIOLOGÍA (AHS) SE PRONUNCIA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

Honduras enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. Los viejos problemas estructurales como la exclusión, desempleo y desigualdad se han articulado con nuevos problemas estructurales como la corrupción, la impunidad, la migración, la violencia, y el crimen organizado. Más del 65% de los hondureños y hondureñas viven en la pobreza y extrema pobreza, redes de corrupción devoran cuantiosos recursos públicos, altos funcionarios públicos tienen vínculos con estructuras del crimen organizado, más del 90% de los diferentes crímenes quedan en la impunidad y miles de ciudadanos sólo encuentran como única salida la migración.

Todo lo anterior, agravado en la última década por la destrucción de la débil y frágil democracia e institucionalidad estatal, que se profundizó con el golpe de Estado de 2009, la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2012 y el fraude electoral y la reelección ilegal e ilegítima de Juan Orlando Hernández en el 2017. Esto ha socavado las bases endebles de la institucionalidad y se ha profundizado la desconfianza en la misma, por parte de la ciudadanía.
Los tres últimos gobiernos nacionalistas han puesto en práctica regímenes caracterizados por la implementación políticas neoliberales radicales, actuaciones políticas dictatoriales y represivas.

En esta lógica se inscriben las concesiones de los territorios y recursos naturales para la instalación de empresas transnacionales y nacionales para la minería, hidroeléctricas, y empresas para la producción de energía solar y eólica. Se suma a esto, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y la criminalización de las protestas de los opositores políticos y sociales, para imponer el miedo y el terror en la población hondureña en general.

En este contexto, lo social ha pasado a una segunda y tercer categoría en las prioridades estatales y presupuestarias. Instituciones estatales relacionadas con los derechos de las mujeres, indígenas y negros, personas con discapacidad y niñez y juventud, han sido eliminadas, reducidas y precarizadas en sus asignaciones presupuestarias. Mientras el presupuesto de Seguridad y Defensa durante el periodo de 2002 al 2019 creció en un 823.9%, pasando de más de mil seiscientos millones a más quince mil millones de lempiras, el presupuesto de salud y educación se ha reducido en relación al crecimiento del Presupuesto General de la República. En el 2002 el presupuesto de educación representó el 24.2% del presupuesto nacional y en el 2019 apenas llegó al 11.4%, en el caso de salud en el mismo periodo pasó del 14.9% al 5.6%. Producto de la reducción presupuestaria y el abandono del Estado, la educación y la salud se ha entregado a la lógica del mercado, generando precarización laboral y mayor exclusión de los sectores sociales ya excluidos.

El pueblo hondureño en los últimos años ha desarrollado ciclos de movilización popular por la democracia, la justicia y contra las privatizaciones de los servicios públicos. Intensas y amplias movilizaciones se desarrollaron contra el golpe de Estado del 2009, contra la corrupción en el 2015, contra el fraude electoral y post electoral en el 2017 y 2018, y ahora contra las privatizaciones de la salud y la educación. También en la sociedad hondureña se libran otras luchas, como la defensa de los territorios. Ante esta búsqueda de cambio de la sociedad hondureña, los diferentes grupos de poder que conforman la oligarquía y sus aliados, han desarrollado diferentes mecanismos, que van desde las campañas de miedo hasta la represión y los crímenes selectivos.

Ante esta situación, como Asamblea de Profesores de Sociología de la UNAH, asimismo el posicionamiento siguiente:

NOS COMPROMETEMOS

• Como sociólogos y sociólogas a seguir la tradición de nuestra disciplina de interpretar los fenómenos sociales desde un cuerpo de principios científicos. Asumimos el legado clásico de la sociología, de que no sólo se trata de interpretar la realidad, sino que hay que intervenir para transformarla. Lo anterior implica la producción de ideas que conduzcan a tener sociedades más justas y equitativas.

• A trabajar con otros sectores de la UNAH, docentes, estudiantes y trabajadores, en la construcción de una Plataforma Universitaria para que organice y movilice a toda la comunidad universitaria para la participación activa en todas las acciones e iniciativas de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública.

• A incorporarnos a todas las luchas populares contra las privatizaciones, por la justicia, contra la corrupción, contra la impunidad y por el retorno democrático al país.

PROPONEMOS

• A las autoridades y la comunidad universitaria en general, que asumamos la responsabilidad del momento histórico que vive el país, y el mandato constitucional de hacer análisis, propuestas y participar activamente en la solución de los problemas nacionales.

• A la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública, que avance a la ampliación de una Plataforma Popular Contra las Privatizaciones y la Corrupción en la que se mantenga la defensa de la salud, la educación y se amplíe a la defensa de los territorios y los recursos naturales.

• A las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones populares, y ciudadanía en general, asumir el compromiso de manera responsable de conformar un Frente Amplio contra todo tipo de privatizaciones, contra la corrupción, contra la impunidad, y por el retorno a la democracia.

DEMANDAMOS

• La derogación de la Ley Marco de Protección Social, de la Ley Fundamental de Educación, de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y todo tipo de concesiones de los territorios y los recursos naturales otorgadas al capital extractivista.

• Cesen la represión y las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Así como el cese a todo tipo de criminalización de los defensores de los derechos humanos, de los luchadores populares, de los estudiantes y de los opositores políticos y sociales.

• Se investigue de manera real y efectiva a los altos funcionarios y exfuncionarios públicos, incluyendo al Presidente Juan Orlando Hernández, por las supuestas implicaciones y vínculos con el crimen organizado, narcotráfico y redes de corrupción e impunidad.

• A la empresa privada, instituciones religiosas (Católica y Evangélica), y medios de comunicación, que pasen de los comunicados al retiro efectivo del apoyo a JuanOrlando Hernández, por no tener legalidad ni legitimidad democrática, para
enfrentar los grandes problemas nacionales.

• Al Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, que mantenga su papel limitado a los asuntos estrictamente diplomáticos, y cese su apoyo abierto al gobierno ilegal e ilegítimo de Juan Orlando Hernández.

Dado en Ciudad Universitaria a los diez y ocho días del mes de junio del dos mil diez y nueve.

¡La Sociología dice presente ante la coyuntura crítica de nuestro país! El Departamento de Sociología de la UNAH y la…

Publicado por Leticia Salomón en Jueves, 20 de junio de 2019