La transición política que comenzó en 1990 en Nicaragua, marcó el primer acuerdo de paz en la región, antes de El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996. Operó como "laboratorio" en un momento de gran agitación política -caída del Muro de Berlín- que puso en tela de juicio la división bipolar del mundo. Un elemento a considerar -a la luz de los acontecimientos mundiales, pero sin descuidar sus impactos regionales y locales- sería el análisis de los momentos políticos, y sus repercusiones económicas y sociales, que precedieron y acompañaron las negociaciones de los acuerdos de paz en Centroamérica entre los años 1990 y 1996. El estudio de las peculiaridades y similitudes entre estos episodios históricos específicos de conflictos armados tiene como objetivo comprender cómo los diferentes intentos de ponerles fin se insertaron y/o interfirieron con las transformaciones vinculadas a la globalización neoliberal en los países en cuestión.

En el caso de Colombia, el acuerdo de paz de 2016 tiene antecedentes de más de tres décadas de apuestas transicionales que se remontan a 1980, cuando fracasó el proceso con las FARC y el ELN pero el del M-19 -y otras agrupaciones insurgentes como el EPL o PRT- desembocó en la Asamblea Constituyente de 1991, la cual implicó tanto una esperanza de paz como una apertura al neoliberalismo.

Este periodo coincide con un momento en que gran parte de la agenda regional de Centroamérica y Suramérica confluye en la intención de promover conjuntamente la paz, pero que entre bastidores contenía la voluntad de activar en la región un desarrollo económico que le permitiese un mejor acceso al mercado internacional. Fue con ese espíritu que ya se había proyectado aquella instancia multilateral conocida como ?Grupo Contadora? que en 1983 reunió a México, Colombia, Panamá y Venezuela con el fin de promover conjuntamente la paz en Centroamérica (Morales, 1995). Instancia que abonó el terreno para que entre 1986 y 1987 se impulsara el Acuerdo de Esquipulas -firmado por El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica- para intentar conseguir una paz estable y duradera en Centroamérica, pero también impulsó la creación del ?Grupo de Río? que, a su vez, condujo posteriormente, en 2010, a la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Ahora bien, aunque para la presente propuesta la pertinencia de Centroamérica y Colombia radica en la confluencia en una agenda regional -con similitudes- a través de la que, se buscaba posicionar a América Latina y el Caribe en la agenda global neoliberal, también es importante atender las diferencias contextuales y cronológicas en los procesos transicionales, que llevan a configurar agendas nacionales más o menos distintas en lo referente a la solución del ?problema agrario?.

En el acuerdo de paz de El Salvador se postuló de manera amplia un ?desarrollo económico y social sostenido del país? (Acuerdos de Chapultepec, 1992) en el que el ?problema agrario? de tenencia y distribución de la tierra era subsidiario o incluido en una ?plataforma mínima de compromisos?. En los acuerdos de paz nicaragüenses, aunque el tema de la propiedad agraria estuvo en el centro de las discusiones previas e inmediatamente posteriores a los acuerdos de paz , los mecanismos institucionales para aportar una solución duradera al problema fueron tardíos y, cuando existieron en el papel, resultaron insuficientes, precipitando el país a un nuevo ciclo de violencia que nuevamente afectaría a las zonas rurales (Rueda, 2017). De igual manera, en Guatemala, se firma el Acuerdo Socio Económico y Situación Agraria (Gobierno de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 1996), uno de los últimos acuerdos firmados por la oposición de la oligarquía que mantuvo un fuerte poder en la postguerra. El Acuerdo se implementa con los primeros dispositivos del mercado de tierra (Fondo de tierras, catastro y regularización), pero con bajos resultados en la redistribución y regularización de la tierra, lo que hace que, años más tarde, los conflictos agrarios se mantengan y se sumen otros por los bienes naturales.

Con lo anterior, es preciso recalcar que los procesos de paz centroamericanos coincidieron con las ?reformas agrarias asistidas por el mercado? preconizadas por el Banco mundial. Por su parte, en el caso de Colombia el acuerdo de paz de 2016 ha puesto como punto inicial y central la implementación de una Reforma Rural Integral (RRI) tendiente a ?la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza? (Mesa de Conversaciones de la Habana, 2016, p.3).

Para el Grupo de Trabajo, resulta crucial indagar acerca de los mecanismos y actores, exógenos/endógenos, impulsores de la existencia o la finalización de los conflictos armados internos, y la manera en la que han buscando incidir en las decisiones que en materia de políticas rurales implican el rumbo de los procesos de transición y por tanto de la eliminación o permanencia de condiciones reproductoras de la guerra. Esto implica comprender las distintas proveniencias de los actores y de las escalas territoriales en las que se posicionan. En este sentido, interesa observar cómo los conflictos armados resultan potenciados a raíz de luchas sociales, de crisis derivadas de los mismos procesos transicionales, o de transiciones democráticas inconclusas. En este caso, asuntos como el (re)surgimiento de prácticas extractivistas, implica una inflexión sobre la comprensión de los territorios rurales, que pasan por la inclusión o exclusión de poblaciones rurales, lo que generan respuestas con las que ellas mismas se insertan en agendas de desarrollo o se disponen a movilizar sus propias agendas.

¿Por qué partir de la ruralidad?

Los conflictos armados de larga duración que se han producido en los países Latinoamericanos en los que se centraría el Grupo de Trabajo están relacionados con conflictos vinculados a estructuras agrarias desiguales. Esta constante, aunque con matices, ha definido a lo largo de la historia la construcción de las relaciones sociopolíticas y de poder de estas sociedades. Tales desigualdades han sido elemento configurador de las relaciones originarias de los conflictos armados internos. Importa subrayar que las desigualdades en el acceso a la tierra han sido y siguen siendo un factor recurrente en revueltas sociales de todo el subcontinente. Sin embargo, no en todas partes estos conflictos han tomado las dinámicas de un conflicto armado interno, y la posterior búsqueda de acuerdos de paz. En este sentido, importa identificar denominadores comunes del prolongado estado de conflicto armado en los países centroamericanos y en Colombia, y el carácter que asumieron las transiciones políticas luego de los acuerdos de paz respecto al reposicionamiento de agendas rurales desiguales existentes en la base misma del conflicto.

Con lo anterior, hay que considerar las formas en que se han construido los territorios rurales, antes y después de períodos transicionales, desde el punto de vista de quienes lo habitan, pero también desde la mayor o menor relevancia que se les da a nivel nacional o regional, la avidez por sus recursos y su posible posición como geoestrategia para los planes de desarrollo. Así se analiza: 1) cómo encajan (o no) en estrategias de desarrollo nacionales y rurales, 2) si la población participa en estas reconfiguraciones territoriales y de qué manera lo hace, 3) si se afecta la redefinición de categorías sociales, a quiénes se dirige, a quiénes excluye incluyendo o no a excombatientes -entendiendo que un aspecto importante que se observa en la mayoría de conflictos armados pasa por la movilidad forzada (desplazamiento forzado) que requiere soluciones en el momento de las negociaciones de paz.

En el marco de los análisis de política comparada, han surgido diferentes esfuerzos por entender y conceptualizar los cambios políticos, sus implicaciones y la profundidad que alcanzan. La existencia de un cuerpo teórico amplio centrado en las transiciones políticas como categoría de análisis, empezó a tener fundamentación a finales de la década de 1980 desde la ciencia política, de la mano de autores como Guillermo O?Donell (2015), Philippe Schmitter, o Juan Linz (1990), especialmente desde una lectura de las crisis o quiebres de gobiernos no democráticos (Munck, 2002a y 2002b). Para estos autores, una transición consistiría en el paso de un régimen político a otro, lo que supone una redefinición de acuerdos e instituciones sociales (Munck, 2006). Los estudios de régimen político, aunque han variado en sus acepciones, recurrentemente han considerado el régimen político como una serie de normas, instituciones y acuerdos que regulan el transcurrir de una sociedad, definiendo aspectos básicos sobre quiénes tienen qué derechos y bajo qué condiciones.

Las transiciones políticas pueden presentarse a través de rupturas más o menos radicales en el acontecer social, o, mediante reformas institucionales graduales. En ambos casos los actores partícipes son decisivos en la orientación que estas tomen, puesto que la aceptación de las normas e instituciones que derivan de la transición va a indicar los grados de consolidación de un régimen, así como qué tantas variaciones ocurren (Munck, 2006). Esta mirada, aunque con limitaciones, cobra sentido en momentos en los que hablamos de Acuerdos de Paz, firmados entre uno o más actores, que buscan re-pactar las reglas de funcionamiento de un régimen. En este caso, la aceptación, participación y vinculamiento que tienen los actores firmantes de los acuerdos de paz, permite hacer diferenciaciones entre: modos de transición, tipos o subtipos de régimen, y grados de consolidación más o menos democráticos que alcanzan los regímenes emergentes.

Es de resaltar que además de los actores partícipes -y de qué tanto estos logran posicionar sus agendas en un momento de redefinición de reglas-, las transiciones políticas asumen matices que dependen de la fuerza de las instituciones previamente existentes. Por esta razón, los resultados políticos de una transición no están definidos en principio y así como ocurren transiciones democráticas, también se pueden presentar desconsolidaciones democráticas o nuevas/viejas formas de autoritarismo político. O, como es posible plantear desde análisis de regímenes híbridos (Morlino, 2009): formas preponderantes de un régimen con predominio democrático, o autoritario, pero con contornos internos que impiden una clasificación territorialmente homogénea.

Este enfoque nos invita a cuestionar la noción de ?ruptura?, en primer lugar porque la historia, por ejemplo de Centroamérica, muestra que las rupturas políticas (cambios de régimen) no se corresponden necesariamente con rupturas estructurales. La observación de las políticas de desarrollo aplicadas en la época contemporánea en Guatemala, bajo los regímenes militares anticomunistas o civiles después de 1985, y Nicaragua, bajo la revolución sandinista, revela que han compartido la misma visión basada en la gran propiedad con población asalariada (ya sea privada -en Guatemala- o controlada por el Estado -en Nicaragua). Del mismo modo, si observamos desde una dimensión temporal, los sandinistas nicaragüenses de inspiración marxista mantuvieron -bajo una forma de propiedad estatal- las estructuras de la gran propiedad heredadas del período liberal de finales del siglo XIX y principios del XX (Roux, 2019, 2022).

En segundo lugar, aunque puede resultar tentador considerar desde la perspectiva de la transitología las convulsiones internas y geopolíticas de los países que han vivido procesos de paz tras largos conflictos armados internos, este enfoque se debe abordar con una mirada crítica. En efecto, la simple observación de los procesos de transición en los países centroamericanos nos lleva a reflexiones parecidas a las que hacen Dufy y Thiriot (2013, 19) sobre África y los países postsoviéticos: ?el cambio político [ha] ido la mayoría de las veces de la mano del cambio económico (transición a la economía de mercado para el antiguo bloque soviético, ajuste estructural y condicionalidades liberales para África)?. Tomando el ejemplo de Nicaragua, puede incluso decirse que sirvió de laboratorio para ?una escuela [de pensamiento] que gradualmente se convirtió en una ideología para los actores de la cooperación internacional y un marco para las políticas de reforma estructural implementadas por los donantes?. (Dufy y Thiriot, 2013, 20). Mientras que para Guatemala la aplicación de las medidas de Ajuste Estructural al pie de la letra significó el debilitamiento del Estado y el acaparamiento de los bienes públicos, ahondando las condiciones de pobreza de la población y fortaleciendo la estructura de concentración de la riqueza.

En el caso de Colombia, el proceso transicional tiene diversos contrastes entre diálogos de paz fallidos, modos de ?pacificación territorial? que han implicado una salida vía militar -con mecanismos transicionales particulares en torno a la atención y reparación a víctimas (Ramírez 2022)- y consecución formal de un acuerdo final -el de 2016- del cual sus niveles de implementación siguen siendo muy bajos hasta hoy, incluso en los territorios focalizados para la implementación de elementos como la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito, dejando latente un alto índice de desigualdad social y económica, así como una segregación y un desequilibrio espacial entre campo y ciudad.

De hecho, al ahondar en problemáticas persistentes en la ruralidad en contextos de transición política, una de las primeras problemáticas que emerge es la controversia dicotómica entre las categorías de periferia y centro donde la ruralidad es designada como la expresión espacial de la primera. En yuxtaposición a dicha controversia, la ruralidad aparece también como espacio de constantes reconfiguraciones que requiere ser sacado de la lógica periférica para posicionarse como condición de posibilidad de intereses económicos en la producción de riqueza (Serje, 2010). Aquí subyace uno de los mayores problemas de la ruralidad: se mantiene confinada como espacio de ?riqueza biológica? mientras se acentúan problemas relacionados con la ?pobreza económica? de quienes lo trabajan. Esta es una problemática crucial del desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2021) que ha fomentado un evidente desequilibrio territorial en el que lo rural aparece como espacio rezagado o mantenido a modo de retaguardia para la extracción de recursos. Ese desarrollo desigual fomenta órdenes sociales y económicos injustos en el que la heterogénea población rural pervive en un proceso cíclico de exclusión.

Las afectaciones del desarrollo desigual que padece la ruralidad indudablemente han sido acentuadas por los conflictos armados, donde se han mantenido disputas económicas en torno a la concentración de la tierra y la explotación de recursos naturales. Y estas condiciones han trascendido los acuerdos de paz, sin soluciones estructurales que ahora favorecen nuevas formas de extractivismo. Mientras las poblaciones rurales buscan como válvula de escape las migraciones intranacionales e internacionales. Este proceso cíclico continúa agudizando las desfavorables condiciones de vida de las comunidades campesinas y étnicas. Por esta razón, para el Grupo de Trabajo resulta primordial revisar críticamente los procesos de transición en los espacios rurales teniendo en cuenta las posibles dificultades para superar las dinámicas de la guerra en dichos espacios, así como las respuestas o propuestas que pueden tener las mismas poblaciones rurales en la transformación de aspectos estructurales de carácter social, económico y político que dan origen y acompañan al conflicto armado.