El escenario energético global atraviesa dos frentes con distintas temporalidades y agendas que se superponen: por un lado, el cambio climático, que antepone una agenda de descarbonización en una perspectiva de largo plazo y, por otro lado, la crisis energética post-pandemia potenciada por el conflicto bélico en el este de Europa, que condiciona las agendas de seguridad energética y acceso a la energía en el corto plazo. Con toda probabilidad, la nueva configuración del régimen energético tanto a escala regional como nacional será resultado de la combinación virtuosa o defectuosa de dichas agendas en el mediano plazo.

La crisis climática global pone en tensión los sistemas de producción y consumo reinantes entre ellos el régimen energético fósil desplegado desde el siglo XIX. En su sexto informe, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) despeja cualquier duda respecto al origen de dicha crisis: los aumentos observados en las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) desde alrededor de 1750 son causados inequívocamente por actividades humanas (IPCC, 2021), período que coincide con los inicios de la Revolución Industrial. En esta sentido, las consecuencias del cambio climático van desde los impactos en los ecosistemas naturales como el retroceso de glaciares, al aumento del nivel del mar, el incremento de eventos climáticos extremos (sequías e inundaciones) a los impactos socioeconómicos en la seguridad alimentaria, la calidad del agua, la pesca, la infraestructura, entre otros. Paradójicamente, Latinoamérica tiene un bajo nivel de incidencia histórica en la acumulación de GEI en la atmósfera al igual que todo el Sur Global (Hickel, 2020), al mismo tiempo que es particularmente vulnerable a dichos impactos debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas (Bárcena et al, 2020).

De acuerdo al IPCC (2018), es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales entre 2030 y 2050 si continúa aumentando al ritmo actual y para no sobrepasar ese aumento se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energético, terrestre, urbano y de infraestructuras. Las emisiones antropógenas globales netas de CO2 debería disminuir un 45 % aproximadamente de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2010 y ser iguales a cero en torno a 2050.

En la estructura económica, el peso de las emisiones a nivel global recae en el sector energético, con el 76% del total, según datos de la plataforma Climate Watch. Por lo tanto, la reducción de las emisiones provenientes del sector energético ocupa un lugar protagónico en los compromisos climáticos internacionales. El Acuerdo de París fue celebrado en 2015 con vistas a reducir las emisiones de GEI con el fin de limitar el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 2 grados centígrados y lo más cercano posible a 1,5 grados centígrados, evitando así los más los graves impactos del cambio climático, como el aumento de las sequías, las inundaciones y las tormentas severas. Dada la imposibilidad de llegar a un consenso sobre una única fórmula universal de mitigación de emisiones, se acordó que cada país decidiera sus propios objetivos para el período 2020-2030 y deben presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), incluyendo las medidas de mitigación a implementarse en el área energética. Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), adoptada en el ámbito de las Naciones Unidas también en 2015, promueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales hay uno específico en materia energética (ODS 7), cuyo objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Sus metas son el acceso universal a los servicios energéticos modernos, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y aumentar sustancialmente la participación de las energías renovables en la combinación global de energía para 2030.

Al frente climático, se ha sumado el frente post-pandémico y bélico internacional. Como resultado de la crisis del Covid-19, las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía habían disminuido un 5,2% en 2020, casi 2 Gt, la mayor disminución desde la Segunda Guerra Mundial, debido a un menor uso de petróleo para el transporte terrestre y aéreo. Sin embargo, tras la salida de los peores efectos de la pandemia, el mundo ha experimentado una recuperación económica extremadamente rápida, impulsada por un estímulo fiscal y monetario sin precedentes y un despliegue rápido, aunque desigual, de vacunas. La recuperación de la demanda de energía en 2021 se vio agravada por el clima adverso y las condiciones del mercado de energía, lo que provocó que se quemara más carbón a pesar de que la generación de energía renovable registró su crecimiento anual más alto. Las emisiones aumentaron un 6 % con respecto a 2020, en casi 2,1 Gt, lo que convierte a 2021 en el año con el mayor aumento interanual de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en términos absolutos (IEA, 2021).

Como corolario de la crisis de abastecimiento, se verifica un nuevo escenario de precios energéticos altos desde finales de 2021 que amenaza a otras cadenas de valor como la producción de alimentos e insumos estratégicos, por ejemplo, el acero, el aluminio, fertilizantes. En ese contexto, se avizora un escenario de recesión global en el futuro inmediato. A su vez, mayores costos energéticos impactan de lleno en la economía de los países latinoamericanos importadores de gas natural y combustibles fósiles. La otra cara de la moneda son los países exportadores de crudo y gas natural que se ven beneficiados con mayores ingresos que contribuyen a paliar la magra situación social que dejó la pandemia.

En este contexto, se observa un desplazamiento del lugar prioritario de la descarbonización en la agenda energética a una de seguridad energética, en la medida que el mercado acusa escasez y precios altos de la energía. Al mismo tiempo, la respuesta que Europa ha dado a la salida de la COP 26, desarrollada en Glasgow en noviembre de 2021, en el marco general de la crisis energética (anterior a la guerra entre Rusia y Ucrania) fue la aprobación a nivel de la Unión Europea de una adenda a la Taxonomía de Financiamiento Verde, en la cual se consideran tanto el gas natural como la energía nuclear como fuentes energética de transición hacia la economía verde, los cuales van a acompañar a las demás fuentes renovables en la configuración de mediano plazo del mix energético global.

Las actuales transformaciones globales también suponen desafíos internos y nuevos mercados de exportación para los países latinoamericanos. En casi toda la región existen empresas petroleras y eléctricas controladas por los Estados nacionales, las cuales casi sin excepción se encuentran diversificando sus carteras hacia las energías renovables, y hay presencia de algunas empresas de base tecnológica y de organismos científicos volcados a la innovación en energías limpias. A medida que los países centrales se descarbonizan, demandan cada vez más minerales críticos y nuevos combustibles no fósiles (IEA), situación que presenta como una gran paradoja. En el marco de la transición energética global a la región se le presenta la disyuntiva de ser una mera proveedora de productos mineros y asumir los impactos ambientales de una explotación más intensiva o involucrarse en las cadenas de valor de los sistemas de acumulación como las baterías de ion-litio y en vectores como el hidrógeno azul (obtenido con gas natural y captura y almacenamiento de CO2) y el hidrógeno verde (obtenido a partir de fuentes de energía renovable como la eólica y la solar).

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más desiguales en el mundo, donde el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza y con una tasa de informalidad de 53% de acuerdo a datos de la CEPAL. A su vez, se suma el impacto de la pandemia del COVID-19, el cual ha agrandado las brechas de ingreso y la situación de precariedad laboral.

Pese a que tiene un bajo aporte de emisiones a nivel histórico y en el presente contribuye solamente con el 8% de las emisiones totales, es particularmente vulnerable al impacto del cambio climático debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas. Un ejemplo es la gran sensibilidad de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad, ante ese cambio. Se estima que, hacia 2050, el costo económico del cambio climático en la región representara entre el 1,5% y el 5% del PIB regional actual, por la suma de las pérdidas agrícolas y de generación hidroeléctrica, los vectores transmisores de enfermedades y los fenómenos extremos, entre otros (Bárcena et al, 2020). Ante la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos y la trayectoria inercial de las emisiones de GEI, es inevitable implementar procesos de adaptación para reducir los daños esperados (Bárcena et al, 2020).

Además, ALC cuenta con una matriz más limpia que el promedio mundial por el aporte de la energía hidroeléctrica y un menor consumo de carbón. Igualmente, la región no está al margen del proceso de transición energética. Pero a diferencia de otras transiciones energéticas que surgieron como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías y/o descubrimientos de recursos, la actual es una transición intencionada (purposive transition) fundada en la necesidad de disminuir las emisiones de GEI (Kern & Markard, 2016). Por lo tanto, la actual es una transición hacia economías bajas en emisiones de carbono (energías renovables no convencionales, hidroeléctrica y nuclear), aunque también debe señalarse que el gas natural adquiere relevancia como una opción menos contaminante entre los combustibles fósiles, ya que produce aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 respecto al carbón, siendo complemento para las energías renovables ante la variabilidad e inestabilidad en la generación de la generación eólica y solar. Como corolario de este proceso de descarbonización, se ha configurado un escenario global de nuevas disputas geopolíticas (IRENA, 2019a) y la transición hacia un nuevo paradigma tecnológico que puede abrir estrategias de desarrollo nacional mediante el impulso de nuevas industrias, cadenas de suministro y empleos ?verdes? (IRENA, 2019b).

Respecto al acceso a la energía, ALC enfrenta desafíos por más que su situación es positiva en comparación con otras regiones. La tasa de acceso a la electricidad es del 97,8% (entre las más altas del mundo), pero 18,5 millones de personas aún no tienen acceso. El 87% tiene acceso a tecnologías limpias y eficientes para cocinar, no obstante, 84 millones de personas siguen sin acceso, con las consecuencias que ello genera en términos de la salud, especialmente para las mujeres (Rivera Albarracín, 2021).

La transición energética basada en energías renovables sostenibles y en la eficiencia energética, debería ser un medio para incrementar el acceso de estas poblaciones. El concepto de transición justa puede mediar entre las aspiraciones de desarrollo en la región y la necesidad de mitigación del cambio climático. Pero, para ello, es necesaria una discusión basada en principios de equidad sobre cómo se lleva adelante en tiempo y en ritmo, sin dejar atrás a las poblaciones y a los países en desarrollo más dependientes de los ingresos de la producción y exportación de combustibles fósiles (Rivera Albarracín, 2021).

Durante el período anterior, el GT se propuso estudiar las políticas energéticas adoptadas en la región, sus efectos en los patrones de desarrollo vigente y sus principales obstáculos. A lo largo de 6 boletines temáticos publicados, y de múltiples acciones desarrolladas, se abordaron problemáticas históricas como la seguridad del abastecimiento y el acceso a la energía; la captación de rentas por parte de los países productores y el peso en la balanza comercial para los países importadores; los impactos socio-ambientales de la producción y consumo de energía; el rol de las empresas estatales y de la inversión extranjera directa; el despliegue de capacidades industriales endógenas y la dependencia tecnológica. Asimismo, la energía como motor de numerosos proyectos de integración a nivel regional.

Para el siguiente período se abordarán los desafíos, oportunidades y barreras para la transición energética en ALC. Eso supone indagar no solamente las políticas de seguridad energética, sino también en una agenda de investigación vinculada a la descarbonización y la transición justa (velocidad y ritmo de incorporación de energías limpias en la matriz) y al desarrollo tecnológico y productivo (expansión de capacidades industriales, innovación, finanzas sostenibles). Se va a desarrollar la investigación ?Miradas críticas sobre las transiciones energéticas en ALC?, y el Número Especial en El Trimestre Económico de México titulado ?Crisis climática y transiciones energéticas en ALC. Tensiones y disputas entre clima, economía y sociedad?. Asimismo, se van a mantener de forma bimestral jornadas de discusión de los avances de la investigación y el número especial, los que se volcarán en boletines temáticos que el GT publicará dos veces al año, igual que en el periodo anterior.

Por otro lado, en los últimos años las Ciencias Sociales de ACL comenzaron a interesarse por desarrollar el concepto y las mediciones de la pobreza energética, debido al creciente reconocimiento de que el acceso a la energía es fundamental para el desarrollo humano. Aunque este reconocimiento no es reciente, ha ganado más atención dentro de la contribución de los estudios críticos de desarrollo en los ODS, dado que la falta de acceso a la energía se ha vinculado a varios problemas sociales, ambientales y de salud. Así, la medición de la pobreza energética se transforma en una temática central para el GT, complementario al estudio de los políticas de transición energética, ya que permite articular con otros temas de fundamental relevancia actual, como es el de la democratización en acceso a la energía y los servicios públicos. En este sentido, se va a desarrollar el Segundo seminario internacional de pobreza energética en ALC, junto a la Red de Pobreza Energética (RedPE) y la Red de Inclusión Energética Latinoamericana (RedIEL), el seminario internacional sobre la renegociación de las Represas Itaipú de 2023 (aspecto central de los bienes públicos y el acceso a la energía), al tiempo de promover a) espacios de encuentro para el intercambio académico, b) la articulación con otros Gt´s de CLACSO (como el de Cambio Ambiental Global y el de Ecologías Políticas del Sur), y c) acompañar a los jóvenes investigadores en el desarrollo de sus tesis de posgrados.

Por último, se van a promover diálogos con organismos energéticos regionales como OLADE, CEPAL, organismos académicos, como CONACYT de México, CONICET de Argentina, el CYTED de España y el CASS de China, y organizaciones sociales, como Latindadd, la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), Oxfam, la Red de Justicia Fiscal de ALC, la Fundación Ebert, y también explorar los vínculos con la generación de energías alternativas a partir de experiencias cooperativas locales, como el que desarrolla Onergia Cooperativas en México. Si bien algunas de estas líneas fueron inicialmente abordadas en el periodo anterior, serán ampliadas y profundizadas mediante la articulación de estudios de casos nacionales, de estudios comparados, de estudios de relaciones bilaterales y de esquemas de integración multilateral.