Esta presentación surge de los acuerdos arribados en torno a la crisis socioambiental en el Foro ?Transición justa: amenazas y respuestas sobre y desde América Latina y el Caribe?, desarrollado en la 9° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la Ciudad de México del 7 al 10 de junio de 2022, como producto del trabajo realizado en el GT ?Futuro del trabajo y cuidado de la casa común? (2020-2022) coordinado por la Dra. Emilce Cuda.

En esta etapa, nos proponemos consolidar la red regional y avanzar tanto, en la producción de conocimiento sobre las nuevas formas que asume la crisis socioambiental en la pospandemia como, en la vinculación de proyectos con organizaciones de trabajadores/as (sindicatos y movimientos populares), de la sociedad civil en general, con empresas responsables y con entidades gubernamentales.

Nuestro fin es constituirnos y fortalecernos como una red interinstitucional, intercultural, interdisciplinaria y transdisciplinaria a nivel de América Latina y el Caribe con el fin de promover transiciones justas y de este modo aportar para la superación de la crisis socioambiental actual.

La crisis ecológica de nuestra Casa Común se manifiesta bajo dos aspectos, el ambiental y el social. La crisis social se correlaciona con las transformaciones que vienen sufriendo la producción y el trabajo de calidad desde hace décadas (OIT, 2019). Y, producto de la lógica del saqueo y del descarte, se manifiesta bajo la forma de desempleo e informalidad estructural en América Latina y el Caribe (Cuda, 2020).

La crisis ambiental se manifiesta como cambio climático y crisis energética, poniendo en riesgo de extinción la vida en el planeta a causa de las intervenciones no sostenibles sobre los ecosistemas, y cuya matriz radica en el paradigma tecnocrático dominante y globalizado para sostener tasas de ganancia extraordinarias (Dussel, 2003).

Estamos en un momento histórico de riesgo, de colapso civilizatorio (PNUD, 2020). Hay una reacción conservadora dispuesta a negar la crisis socio-ambiental, a culpabilizar a los sectores más vulnerables de las desigualdades sociales, y a diseminar discursos de odio. Esta reacción promueve la exclusión a través de la profundización del modelo neoliberal.

Se abre el desafío al campo progresista sobre cómo reinterpretar y apropiarse de una agenda internacional que le es favorable. La OIT y la Agenda 2030 de la ONU son claras en esta materia sobre la importancia del trabajo decente y del riesgo socioambiental. Lo mismo que las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si? (2015), Fratelli Tutti (2020), la Exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) donde resalta el tema del manejo de las economías y cómo éstas producen un mundo injusto, inequitativo y desigual; y los discursos a los Movimientos populares (2014) donde subraya los problemas del techo, la tierra y el trabajo.

En este contexto, una de las herramientas privilegiadas es el diálogo social, como expresión concreta de la política democrática que se necesita, superadora de las polaridades en tensión. Nuestro punto de partida es la recepción de la mencionada agenda internacional para abrirla a los actores sociales y sus experiencias para activar en conjunto procesos de transición justa.

Transición justa es un enfoque legitimado en el plano internacional cuya potencialidad reside en comprender que el escenario actual requiere de un equilibrio entre el cambio tecnológico, el impacto ambiental, la organización de la producción y el trabajo.

La noción de ?transición justa? surgió del movimiento obrero de Estados Unidos en la década de 1970 en respuesta al despido de trabajadores durante el proceso de eliminación gradual de industrias contaminantes para contribuir a la mejora del medio ambiente.

La primera mención de una transición justa como política planificada se atribuye al líder sindical estadounidense Tony Mazzocchi (1993), quien reclamó un fondo que ofreciera oportunidades y apoyo financiero para el acceso a la educación superior a los/as trabajadores/as que pierden sus puestos por las políticas de protección ambiental (OIT, 2018).

El término ?Transición justa? se siguió utilizando en diversos documentos de sindicatos de organizaciones regionales hasta que en junio de 2010 la Confederación Sindical Internacional (CSI) lo incluyó como estrategia para el desarrollo sostenible. Un avance significativo fue la inclusión del concepto en el acuerdo final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Cancún en diciembre de 2010 (CMNUCC 2010). Y finalmente, el concepto fue reconocido en el Acuerdo de París (CMNUCC, 2015) como estrategia de transición hacia el desarrollo sostenible.

El enfoque de la transición justa implica que las prioridades ambientales y laborales se basan en intereses compartidos y el enfoque transitorio se fundamenta en la cooperación entre empresas, Estados y sindicatos en una mesa de negociación (OIT, 2018).

Las políticas de transición justa hacen referencia a las medidas que tienen como objetivo cambiar la estructura económica por una con cero (o bajas) emisiones de carbono, respetuosa con el medio ambiente, y que sea socialmente inclusiva a través del trabajo decente. Para evitar el desastre climático y estimular una reactivación económica sostenible e inclusiva, es necesario contar con instrumentos de política multisectoriales y democráticos.

Ahora bien, esos instrumentos de política y diálogo social no pueden ser una ?bajada? desde los organismos internacionales sino un insumo de perspectiva que permita pensar, de manera situada, los procesos de inclusión y descarbonización desde las experiencias realmente existentes en América Latina y el Caribe.

El concepto ?transición justa? debe ser debidamente contextualizado de acuerdo con las responsabilidades internacionales en materia de la deuda ecológica. Así, Latinoamérica y el Caribe representa el 6% de las emisiones de CO2, Asia el 56%, Estados Unidos el 17%, Europa el 16%, África el 4% y Oceanía el 1,3%. Al analizar los datos por país, la principal amenaza al medioambiente respecto a las emisiones de CO2 provienen de China (9.257, 90 millones de toneladas métricas) y Estados Unidos (4.761,30 millones de toneladas métricas) (Banco Mundial, 2019).

Se abre un contexto de definiciones pospandémicas donde el mapa global se reacomoda frente a la guerra entre Rusia y Ucrania en torno al sector energético. Frente a ese contexto, los niveles de desigualdad en nuestra región siguen siendo persistentemente altos, aun cuando durante el periodo prepandemia mostraron una reducción. Para el año 2002 el coeficiente gini de la región era de 0,538, descendió sustancialmente hacia el año 2014 para luego estancarse en el orden de 0,465 (2021). Lo mismo sucedió con la pobreza. Mostró una reducción hasta el año 2014 para luego estancarse y volver en 2021 a los niveles de 2008 (33%) con aumento de la pobreza extrema (CEPAL, 2022).

El perfil productivo de la región se caracteriza por la preeminencia del sector primario con concentración de la producción en pocas actividades intensivas en recursos naturales, por una baja incidencia de la industria, por una baja intensidad tecnológica y escasa generación de valor agregado, con la excepción de México (CEPAL, 2019). Los altos niveles de informalidad laboral (51% del total de los ocupados en 2019) y de cuentapropismo (30,5% de los ocupados en 2018) (CEPAL, 2019) tienen que ver con la baja incidencia de las actividades con alto valor agregado.

Es en diálogo con estas particularidades de la región que indagaremos en la potencialidad transformadora de la transición justa en el nuevo contexto internacional actual. No aspiramos a una utilización del concepto que apunte a las buenas intenciones, sino a las condiciones de posibilidad que abre la pospandemia para el cambio estructural en clave transformadora.

Podría ubicarse la configuración de la cuestión social actual en el momento en que la clase trabajadora, además de ser explotada, comenzó a ser descartada, excluida del mercado de trabajo (Castel, 1995; Rosanvallon, 1996). La ruptura del capitalismo llamado ?Estado de bienestar? a mediados de la década de 1970, significó una reconfiguración de las relaciones sociales tal y como estaban estructuradas hasta ese momento.

La ruptura del dispositivo de regulación, al que llamamos ?Pacto fordista?(Holloway, 1988) abrió un proceso de modernización empresarial que modificó el orden sociolaboral preexistente (Figari, 2001). Dicho orden fue conformando un fenómeno muy conocido y muy complejo que merece seguir siendo estudiado que es la flexibilización (Sennett, 2000).

La flexibilización se fue constituyendo como una verdad organizacional en el mundo empresarial. La definimos como un dispositivo que organiza las prácticas laborales readecuando instrumentos organizacionales, tecnológicos y legales que promueven la reducción de costos laborales y un mayor consumo productivo de la fuerza de trabajo (Alvarez Newman, 2018).

El neoliberalismo como expresión hegemónica del capitalismo global fue el punto de quiebre respecto a las formas que comenzó a asumir la crisis socio-ambiental. Los procesos de flexibilización laboral descartaron a millones de trabajadores/as asalariados/as que quedaron expulsados/as del mercado formal de trabajo generalizando la condición de precarizados/as e informales. La institucionalización de estos procesos en la región se ubica en la década de 1990 a partir de la suscripción de la mayoría de los gobiernos al consenso de Washington (Murillo, 2009).

El neoliberalismo ha profundizado el problema socio-ambiental, previamente existente, en su afán de arrasar toda limitación o regulación a la reducción de costos y al aumento ilimitado de la tasa de ganancia. En este sentido, el problema radica en una matriz en la que la tasa de ganancia está asociada la reducción de costos y a la maximización del consumo productivo de los cuerpos de los/as trabajadores/as y de los recursos naturales (Alvarez Newman, 2022). La verdad organizacional en el campo empresarial es flexibilizar para dejar hacer.

Bajo esta matriz, a partir de la utilización de las tecnologías digitales 4.0 se comenzó a dar un paso más hacia el colapso civilizatorio. Una de las tesis más aceptadas por el mainstream de las investigaciones sobre la ?industria 4.0? es la creencia de que la tecnología es capaz de incidir unidimensionalmente en el desarrollo socioeconómico y provocar por sí misma las transformaciones estructurales. Esas tesis están presentes en el texto ?La cuarta revolución industrial? (Schwab, 2017) y se ubican como el núcleo a partir del cual se desprenden múltiples justificaciones o reinterpretaciones acerca del futuro del trabajo.

El problema radica en que este determinismo tecnológico reduce el debate en torno a cómo las ?tecnologías 4.0? transformarán el mundo laboral. Llamativamente, esta perspectiva no contempla hipótesis consolidadas en los estudios del trabajo que otorgan la centralidad a la organización del trabajo, siendo las tecnologías herramientas que responden a los modos de organización. Como plantea Louis Hyman (2018), el cambio social es impulsado por las decisiones que tomamos sobre cómo organizar nuestro mundo, solo después llega la tecnología para acelerar y consolidar esos cambios.

Consideramos que estamos ante un problema epistémico, que es político. Asistimos nuevamente a un fetichismo tecnológico, que en otras hermenéuticas se caracteriza como idolátrico, que provoca una inversión entre medios y fines. Las transformaciones no son motorizadas por la tecnología sino por las decisiones que tomamos los seres humanos sobre cómo organizar y disponer de las tecnologías.

Si orientamos la tecnología hacia la minimización de costos y la maximización del consumo productivo de los cuerpos de los/as trabajadores/as y de la naturaleza en pos de la acumulación ilimitada de capital, la inteligencia artificial responderá a ese paradigma.

Planteamos que no existe cosa tal como ?desempleo tecnológico? sino procesos organizativos de la producción y el trabajo que orientan la tecnología a niveles tales de racionalización y de exclusión que comprometen la sostenibilidad del trabajo como integrador social. No hay fin del trabajo, hay desintegración por generalización de la precarización.

El núcleo del problema de la insustentabilidad laboral se manifiesta en la informalidad estructural porque en la economía informal son más pronunciados la denegación de los derechos en el trabajo, la falta de oportunidades, la exclusión de la seguridad social, y la ausencia de diálogo social.

Mientras que, el problema de la insustentabilidad ambiental se focaliza en la explotación de los recursos naturales. América Latina y el Caribe cuenta con un tercio de las reservas de agua dulce de todo el mundo, una quinta parte de los bosques naturales, 12 % de los suelos cultivables de todo el mundo y abundante biodiversidad y ecosistemas de importancia climática global, como el Amazonas, además de cuantiosos recursos ligados a los sectores de la minería y los hidrocarburos (CEPAL, 2013).

Ahora bien, el hecho de que nuestro continente no tenga un peso sustancial en el campo global respecto a las emisiones de CO2, denota aspectos de las desigualdades entre las diferentes regiones. En el nivel de consumo energético, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y la Unión Europea agrupan el 15 % de la población y consumen el 43 % del total de la energía disponible (Banco Mundial, 2019).

Los efectos ambientales son universales, pero es el 10% de la población más rica del mundo la responsable del 52% de las emisiones de CO2 acumuladas desde 1990. Asimismo, con la crisis del COVID-19, la riqueza de una pequeña élite mundial formada por 2 755 milmillonarios ha crecido más durante la pandemia que en el conjunto de los últimos 14 años. Se trata del mayor incremento anual jamás registrado que se ha producido en todos los continentes (OXFAM, 2022). El núcleo del problema es la concentración de la riqueza y el estilo de vida insostenible desde el punto de vista ambiental.

Se abren interrogantes frente a la posibilidad de una segunda ola progresista. Las reformas socioambientales pendientes, la crisis de la pandemia, el avance de la reacción conservadora, y la guerra entre Rusia y Ucrania han constituido un tiempo liminal (García Linera, 2022). El tiempo social parece detenido porque no hay concatenación de sucesos orientados hacia un destino imaginado. Sabemos lo que no funciona y está mal, pero no sabemos cómo remontar el tiempo que viene. Necesitamos construir una creencia acerca de nuestro porvenir. De ahí la necesidad de la mejor política, en clave popular.

Consideramos que volver a construir una esperanza desde el campo progresista (García Linera, 2022) puede lograrse recuperando y poniendo en diálogo social la agenda internacional disponible; repensando las herramientas de política pública que han sido exitosas en la primera generación de reformas progresistas; y las experiencias de sindicatos y movimientos sociales de vocación transformadora en diálogo con el mundo académico.

Nuestro plan de trabajo guardará relación directa con los siguientes objetivos:

Continuar con la producción crítica de conocimiento respecto a la hegemonía del capitalismo global de corte neoliberal en su fase digital pospandemia y sus aspectos que vuelven insostenibles la vida en el planeta.

Recopilar datos y casos, y vincularnos con experiencias de transición justa susceptibles de mostrar alternativas de inclusión social y sostenibilidad medioambiental.

Proponer alternativas de políticas públicas capaces de contribuir a la superación de la crisis socioambiental.