A partir de 2007, este grupo de trabajo ha venido abordando, desde una óptica feminista, diversas hipótesis explicativas de la realidad social de la región y los impactos que la globalización tiene en el devenir de nuestros países y su población, especialmente de las mujeres, la niñez, las disidencias sexuales, los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otras. Las narrativas de nuestra producción de los últimos 15 años, se concentran fundamentalmente en relevar las complejidades de las sociedades inscritas en la región de Latinoamérica y el Caribe, en vínculo con los procesos de resistencia y emancipación que se generan en una dialéctica de pensamiento y movimiento feministas

Nuestras producciones han advertido sobre la crisis del modelo de desarrollo económico, político y social. El agotamiento creciente de este modelo, con sus expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural, de tiempo en tiempo, se hace presente en forma dramática. Elecciones manipuladas, golpes ?blandos?, asedios a la democracia con recursos como las post verdades, las fake news y el lawfare, dejan ver sus impactos progresivos.

La globalización muestra una cara que favorece la ?aproximación? de la humanidad por el intercambio rápido de ideas, personas, mercancías, capital, información y tecnologías, proceso que se aprecia como favorable aunque, otra cara de ella, muestra impactos negativos en la vida de la mayoría de los y las habitantes del planeta (Valdivieso 2009). Frente a los procesos de identificación/diferenciación para los reclamos de derechos, en la diversidad que coexisten en nuestro continente, Valdivieso advierte que ?este proceso de globalización tiene como objetivo y estrategia homogeneizar, unificar y ubicar al mercado, como centro ordenador de la vida? ( 2009: 30). A raíz del carácter multidimensional de la globalización, no se la puede leer sólo en clave económica; también es preciso analizarla en su esencia cultural y política (Carosio 2019).

Pensar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales no normativas, exige incorporar la mirada compleja de la interseccionalidad, lo cual lleva implícito el reconocimiento de la diversidad humana y la forma como las múltiples expresiones de esta diversidad, han sido situadas en una matriz de jerarquización de privilegios y exclusiones, que deviene en la interconexión de los diferentes sistemas de poder con las estructuras patriarcales que operan y discriminan de diversas maneras, a través de los diferentes ejes de diferenciación y estratificación social. Esto implica que los sujetos inmersos en un régimen de poder, son integrados a una matriz de inteligibilidad y sometidos a un orden normativo, desde donde actuarán en el mundo (García, C,2014)

El fin de la hegemonía progresista que la región vivió en las últimas dos décadas, tiene distintas consecuencias. Una es la constatación de que los viejos paradigmas ya no son útiles para encontrar salidas que beneficien a amplios sectores desventajados, porque lo que está en cuestión y requerimos cambiar, es la forma en que vivimos, en la que habitamos el planeta, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros/as y con las otras formas de vida.

En este sentido, vale mencionar el surgimiento de propuestas de análisis sobre lo que se denomina (discutiblemente) medioambiente, las cuales han ganado protagonismo a partir de los estudios postestructuralistas. Estos buscan ofrecer detalles acerca de las consecuencias producidas por el habitar descuidado y explotado de una forma económicamente insostenible al planeta. Algunas corrientes teóricas analizan esta coyuntura como una expresión del Antropoceno (Haraway 2016; Biset 2022; Vivieiro de Castro, 2010; Issberner y Léna, 2018) o el capitaloceno (Serratos 2020).

Es importante mencionar las contradicciones entre los modos de producción y consumos capitalistas; como ya fue planteado a través de la perspectiva del Buen Vivir como paradigma alternativo al ?desarrollo?, que cobró fuerza desde la primera década del siglo y se plasmó en constituciones en los casos de Ecuador y Bolivia. Este nuevo paradigma se vertebra en torno a las nociones ancestrales de´Sumak Kawsay´ y ?Suma Qamaña?, que convergen con todas aquellas corrientes contemporáneas que ubican la vida y su reproducción como eje y como objetivo. Así, tanto el feminismo como el ecologismo son parte de este nuevo paradigma que ha irradiado como una alternativa global. Magdalena León T. plantea la necesidad de una nueva economía para la vida, basada en los principios de interdependencia, solidaridad, complementariedad, reciprocidad con la naturaleza y con los seres humanos, y reconceptualiza la idea de trabajo para incluir en una dimensión ampliada de cuidados, inherente no sólo a la existencia humana sino a todas las formas de vida en sentido sistémico (León 2016). Recientemente, tomó notoriedad la impronta de la invitación a Vivir Sabroso utilizada por Francia Márquez, la vicepresidenta colombiana, para referirse a las aspiraciones a mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la violencia, con dignidad, en garantías de derechos y libres de violencias. Así, cobran entidad y fuerza este tipo de propuestas que buscan revertir las condiciones de vida marginalizadas de millones de personas.

La agudeza de los problemas que enfrentamos hoy día se manifiestan en una multiplicación de expresiones organizadas de las mujeres, muchas de las cuales se reconocen como feministas.. Lejos de universalismos, las propuestas están situadas y al mismo tiempo, gozan del beneficio de poder nutrirse de la transnacionalización de experiencias de otros grupos (Drovetta 2021). Los feminismos, han levantado acciones movilizadoras que hoy se traducen en iniciativas con convocatoria e impacto mundial, como el paro del 8M o las marchas por ?Ni una menos? a lo largo de todo el continente, como una manera de aumentar el reclamo por poner fin a la violencia de género y los feminicidios/femicidios (Sagot 2020).

Parecen acontecer de forma contemporánea, eventos que pueden leerse o interpretarse como avances hacia una certera ampliación de derechos. Por ejemplo el avance legistativo permtido por la Ley 27.610 del 30 de diciembre de 2020, que despenaliza el aborto en Argentina, posterior al reconocimiento de tres causales que permiten una interrupción legal del embarazo en Chile a traves de la Ley N° 21.030 en septiembre de 2017 o la despenalizaciòn total hasta la semana 24, aprobada mediante Sentencia C-055 en Colombia. Sin embargo, las posturas antiderechos se posicionan también a través del endurecimiento de las penalizaciones del aborto en El Salvador y Nicaragua, condena a mujeres y niñas a partos forzados, maternidades no planificadas, maternidades de niñas (Arguedas 2020). En el caso de México, aún existen códigos penales retrógrados en los que se criminalizan las conductas sexuales de las mujeres. En Guatemala, en marzo 2022, se declaro Capital provida y en Perú, la penalización del aborto prosigue con más de 5,400 personas denunciadas de 2016 a 2021, 55 de ellas por aborto terapéutico el cual es legal desde 1924 (Asociación Justicia Verde, 2022).

Como parte de este contexto, hubo un aumento de movimientos sociales y organizaciones religiosas fundadas en preceptos conservadores en toda América Latina, con gran participación y protagonismo de mujeres. Es importante por ejemplo para entender la relación que se engendra entre conservadurismo y neopentecostalismo en algunos países latinoamericanos, más específicamente en las regiones periféricas, con sus economías marcadamente dependientes (Duarte, 2019). Una ola conservadora impacta directamente en los derechos y luchas feministas. Estos ataques, sostenidos en el discurso médico-religioso-conservador, tienen como punto central de ataque los derechos reproductivos de las mujeres y el adoctrinamiento familiar.

En este orden de ideas desarrollado anteriormente, es un imperativo gubernamental en la región, formular e implementar políticas públicas para el avance en la equidad de género, que recojan no sólo las metas del ODS 5 ?Equidad de Género? para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, sino también para avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra ellas y mejorar las oportunidades para su desarrollo humano pleno. Ahora bien, será necesario hacer un balance crítico sobre lo que han significado todas estas políticas públicas como dispositivos gubernamentales, en términos de avance real en los derechos de las mujeres y cuál sería el costo de la omisión de no implementarlas.

Los estudios de CEPAL destacan como aporte de la economía feminista el concepto de economía del cuidado, y una definición de cuidado que abarca ??todo lo que se hace para mantener, continuar y reparar el entorno inmediato, de manera que se pueda vivir en él tan bien como sea posible? (2019b: 144). En este sentido, la Estrategia de Montevideo señalaba la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado como uno de los nudos estructurales de la desigualdad y principal obstáculo para el logro de la autonomía económica de las mujeres.

Para inicios de marzo de 2020, el Observatorio para la Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020b) advertía sobre la necesidad de incorporar el concepto de cuidado en las agendas de desarrollo sostenibles para lo económico, social y ambiental si se aspiraba a un cambio estructural que pudiera reflejar avances en dirección a la reproducción de la vida. Este cambio implicaría superar la cultura del privilegio y pasar a la cultura de la igualdad, que en concreto nos confrontaría con una nueva forma de distribuir el tiempo y otros recursos así como también abordar el cuidado como aspecto medular. Bien sabemos que a mediados de ese mes se declaró la pandemia y esta advertencia quedó en suspenso.

Desde entonces los espacios relacionales de pareja, familia, trabajo y comunitario, se han reconfigurado en la tensión cercanía/distanciamiento; tan palmaria como la de los Estados cuando deben priorizar o combinar la atención a la salud y la economía. Este desbalance de lo cotidiano ha afectado negativamente las agendas y nos confronta con desequilibrios que amenazan con llevar el incremento de la pobreza a cifras exponenciales cuyas consecuencias serían mucho más severas que las que adjetivan los contagios por COVID-19. En Latinoamérica y el Caribe estas oscilaciones tendrán una repercusión desproporcionada por la desigualdad preexistente, en especial para determinados grupos de población que históricamente han sido más vulnerables entre los que, desde luego, se encuentran las mujeres.

De acuerdo con el reporte la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), era una consecuencia previsible porque las mujeres representan el 58,6% del total de quienes trabajan en el sector servicios y atienden mayoritariamente labores de asistencia, como es el caso de las enfermeras y médicas pero también el de las educadoras. No obstante, las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan ??una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención? (OIT, 2018: 7).

Es necesario resaltar también, que la sociedad de la post pandemia requiere abordajes nuevos y originales para reflejar los cambios acontecidos tanto a nivel macro como micro social. En el primero de los casos, las variables de ajuste económico presentes en las crisis internacionales como la actual, muestran el impacto diferencial sobre la población.

En este sentido la economía feminista ha demostrado que constituye una perspectiva imprescindible para poder dar cuenta en detalle de estos impactos diferenciales. Como indica Alicia Girón (2009), en todos los procesos de ajuste estructural las mujeres han funcionado como un factor oculto de equilibrio para absorber los shocks de los programas de ajuste de la economía, tanto intensificando el trabajo doméstico para compensar la disminución de los servicios sociales por la caída del gasto público, como por el hecho de que la privatización de los sistemas de seguridad social ha incidido en mayor medida en las mujeres por su papel en la reproducción (costos sociales de la maternidad asumidos individualmente, por ejemplo). A ello se suma, cómo un aumento en las tasas de interés para disminuir la inflación impacta en las mujeres con menor acceso al empleo y el alto costo de los productos de primera necesidad. Su posición en la familia y en el mercado de trabajo las ubica como parte de la estrategia desreguladora del mercado.

En todos los casos, al no tomar en cuenta el valor del trabajo reproductivo, las mujeres tienden a doblar su carga de trabajo en la sociedad, mucho más en tiempos neoliberales, en los que las responsabilidades de los Estados frente al bienestar de la ciudadanía son desplazadas a lo privado.

Cuidar implica realizar acciones específicas que requieren un conocimiento también particular, dedicación de tiempo y vinculación emocional con quienes lo reciben, por lo cual es claro que la persona cuidadora debe realizar esfuerzos de tipo físico, mental y emocional. El confinamiento por la pandemia agudizó la sobrecarga de trabajo, su develación puede abonar a la comprensión de un fenómeno que la economía tradicional ha invisibilizado y que es precisamente el objeto de la economía del cuidado: las incuantificables horas de trabajo subvalorado o poco reconocido que hacen las mujeres alrededor del mundo para el sostenimiento de la vida. (CEPAL, 2020). Al respecto, Mitzy Flores (2020) refiere que la consigna ?quédate en casa? funcionó tanto en el sentido de mantener distanciamiento social con ?otros?, como en el de concentrarnos en el espacio y la trama de relaciones que conforman el hogar, como también de ser quien ofrece la pauta sanitaria que exige especial dedicación a las actividades de aseo e higiene al interior de una familia. El cierre de escuelas implicó para las mujeres atención de tiempo completo a la población infantil, sumada a la que debían prestar si existen en el núcleo adultos mayores; lo que resultó en una sobrecarga en el trabajo doméstico que ya realizaban y que de acuerdo a la CEPAL (2020b), triplicó el que sus pares masculinos dedicaban a esas mismas tareas.

En este sentido, la propia CEPAL (2019a) ha advertido que el trabajo doméstico de las mujeres se incrementa de un 20% a un 200% si en el hogar hay presencia de infantes menores de 5 años, dado que atenderles implica necesariamente una sistematicidad en los horarios que se hacen prácticamente obligatorios al estar relacionados con la atención a la salud, preparación de los alimentos y la higienización.

Otros fenómenos, como refiere Sasken (2003), explican el aceitado sistema de trabajo doméstico realizado por mujeres migrantes del sur global en países industrializados, complejizado por el trabajo subvalorado e informal, el envío de remesas, la condición de ?ilegalidad? que los países receptores le otorgan, entre otras características.

Los aspectos señalados -y otros más- son el telón de fondo para la presentación de nuestro proyecto de trabajo, el cual tiene como propósito central analizar los feminismos situados, como pensamiento crítico y como movimiento, en sus teorías y análisis, en sus demandas y propuestas, en sus logros, en sus fallas y en sus estrategias políticas, en los momentos actuales en América Latina y el Caribe, destacando sus aportes a la emancipación social colectiva, en los contextos de disputas de poder que se entrecruzan en nuestra región.