Grupos de Trabajo

Se ha vuelto cada vez más evidente que vivimos una crisis global, de carácter estructural, que expone los límites de la civilización moderna (1, 2). La contradicción entre el crecimiento económico, como modelo de organización de la economía, y las limitaciones impuestas por el agotamiento de los recursos y el deterioro de los servicios ambientales, es cada vez más evidente. La comunidad científica alerta de que se han cruzado algunas líneas rojas ligadas a la capacidad de restablecimiento de dinámicas ecológicas a escala planetaria (3).

En el ámbito agroalimentario la naturaleza estructural de la crisis se pone de manifiesto de manera aún más dramática. La producción, distribución y consumo de alimentos son una de las principales causas de la insostenibilidad global. El sistema alimentario globalizado, hegemonizado por el régimen agroalimentario corporativo (4), funciona de manera análoga al régimen metabólico industrial, siendo uno de sus componentes esenciales. Ese sistema alimentario es responsable de que 821 millones de seres humanos pasen hambre y casi otros dos mil millones estén desnutridos; es responsable de que las enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes) hayan superado a las enfermedades infecciosas como la principal causa de muerte; ha provocado graves impactos ambientales en los ecosistemas y tiene la mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero (5). En ese sentido, el sector agroalimentario genera la mayor huella ecológica en el mundo, actuando como la mayor fuerza motriz de las transformaciones biofísicas en el planeta (6, 7, 8, 9).

El desarrollo del régimen alimentario corporativo (RAC) se hace orientado por la búsqueda por la generación de beneficios y no por garantizar el derecho a la alimentación (10). Las contradicciones estructurales del RAC se manifiestan en las crecientes dificultades existentes para seguir incrementando el volumen de la producción de alimentos en unos agroecosistemas cada vez más degradados y el uso de recursos cada vez más escasos (petróleo, fósforo, estabilidad climática, etc.) (11). Pese a ello, las presiones para incrementar la producción siguen alentadas y favorecidas por una estructura institucional y una distribución de la riqueza que amenaza con llevar al fracaso al régimen alimentario en su conjunto.

El desarrollo y consolidación del RAC se hace sobre la égida de la globalización neoliberal. En Latinoamérica y Caribe ha representado la consolidación del patrón histórico de especialización productiva exportadora de productos primarios. Si bien las economías y las culturas de los países latinoamericanos son muy heterogéneas, el efecto destructivo de ese proceso de reprimarización económica es común (12). Además de comprometer la capacidad de los pueblos de la región para alimentarse (13), genera efectos en cadena sobre la sociedad y la naturaleza, profundizando las desigualdades sociales (14), generando graves impactos negativos sobre la salud colectiva (13), las culturas locales (15) y la integridad de los ecosistemas (16). 

El avance del RAC también se sustenta, como otro pilar de la modernidad, perpetuando estructuras de dominación patriarcales, extendiendo la racionalidad de control, supremacía y despojo a la naturaleza, atravesando relaciones sociales y naturalizando una concepción del mundo que soslaya las múltiples opresiones entre géneros. Lo que complejiza las formas de dominio en los territorios y devela múltiples inequidades generadas por el modelo agroalimentario hegemónico.

Con el crecimiento vertiginoso del poder político y económico de corporaciones transnacionales en la conformación de los sistemas nacionales de producción, distribución y consumo de alimentos, el histórico dualismo entre la agricultura familiar campesina e indígena y el modelo de producción especializada orientada a los mercados de exportación, tan característica del agro latino-americano, ha sufrido un fuerte desequilibrio en favor de este último modelo (17). Pero, al mismo tiempo es en Latinoamérica y en el Caribe en donde han emergido con fuerza contra-movimientos que articulan organizaciones campesinas e indígenas con profesionales de la extensión e investigación e enseñanza en defensa de patrones alternativos de organización social, técnica y económica de los sistemas agroalimentarios (18, 19). Aunque muy heterogéneos entre ellos, esos contra-movimientos son hoy Identificados con los fundamentos teóricos y prácticos de la Agroecología (20). La Agroecología en América Latina se nutre de una enorme riqueza biocultural, y se asume como política, porque disputa los medios de producción, como la tierra, el agua, las semillas y los saberes, desafiando el actual sistema hegemónico (21). Lo que busca es replantear el actual sistema agroalimentario tomando como base la diversidad biocultural, al tiempo que pretende disputar la propiedad monopolística de los medios de producción, reconstituir los mercados y los vínculos con la ciudad, además de transformar cultural y espiritualmente esa otra forma de habitar junto con los ciclos ecológicos y las condiciones termodinámicas que hacen posible la vida (22).

Vale aclarar que los movimientos sociales latinoamericanos no buscan una coexistencia donde convivan grandes y medianas propiedades agroindustriales, haciendas ganaderas y monocultivos forestales, con comunidades campesinas agroecológicas ubicadas en las peores tierras. Es una lucha por una transformación radical de la tenencia de la tierra y del sistema alimentario en su conjunto, en el que el agroextractivismo estaría proscrito (23. Y ello es así porque el “proyecto de vida” propuesto por la Agroecología busca producir cuidando la naturaleza, al mantener la biodiversidad, permitir la conectividad ecológica entre áreas boscosas y áreas agrícolas, favorecer polinizadores y fauna dispersora de semillas, y en general, preservar las relaciones ecosistémicas que ayudan a regular plagas y enfermedades, conservar agua y recargar mantos acuíferos, resguardar la ecología del suelo, mitigar los efectos del cambio climático, y resistir ante las perturbaciones en tiempos cambiantes, al tiempo que protege y conserva la diversidad cultural (24). De esta manera, la Agroecología emerge como un proyecto emancipatorio, identitario, socio-político, justo y soberano, enarbolado por sectores de la sociedad, tanto rural como urbana, organizados o no en movimientos sociales que construyen nuevas narrativas y prácticas contra-hegemónicas y en franca disputa con el sistema agroalimentario mundial o agronegocio, en lucha por sus soberanías alimentarias y territoriales (24). A estos sectores de la sociedad en movimiento se les une un creciente, pero aun minoritario grupo de académicos, activistas, centros de investigación y universidades y, en algunos casos, agencias gubernamentales nacionales, departamentales, municipales y locales mediante el impulso e implementación de políticas públicas, además de agencias internacionales como la FAO (s.f.) (39, 40), CEPAL (25), UNESCO (26), entre otras. Un movimiento que involucra muy diversos actores, siendo las mujeres y sus discursos feministas y prácticas de cuidado, pueblos indígenas y comunidades campesinas frente a la injusticia ambiental, y sectores urbanos y rurales que padecen las injusticas del hambre, la exclusión y la pobreza, los más significativos en la región (27, 28, 29).

Para Altieri y Toledo (2011) (50) , Latinoamérica y el Caribe son espacios de una verdadera revolución agroecológica. Para ellos, “las nuevas propuestas científicas y tecnológicas relacionadas con la ciencia de la agroecología y con los saberes indígenas están siendo cada vez más aplicados por un número importante de campesinos, ONGs, gobiernos e instituciones académicas. Esto está permitiendo logros trascendentes en la soberanía alimentaria basada en la conservación de los recursos naturales y el empoderamiento local, regional y nacional de organizaciones y movimientos campesinos”. En este sentido y de acuerdo con Gliessman (30), la Agroecología es un instrumento poderoso para lograr un cambio en el régimen alimentario, al orientar un rediseño masivo de las estructuras productivas e institucionales que lo gobiernan.  

Esta dimensión práctica de la Agroecología requiere de la política, es decir, de la Agroecología Política que es la disciplina responsable del diseño e implementación de arreglos institucionales que hagan posible el diseño y construcción de sistemas alimentarios sostenibles. La búsqueda de sostenibilidad implica la transformación de la dinámica de los agroecosistemas que solo pueden lograr los agentes sociales promoviendo cambios institucionales, hoy favorables al régimen alimentario corporativo. Este es uno de los objetivos principales de este GT, desarrollar estrategias de cambio del sistema alimentario en nuestra región a partir del desarrollo, a su vez, de la Agroecología Política, tanto en el ámbito de los movimientos sociales como de las políticas públicas. A esto, agregamos nuestra disposición para establecer sólidos vínculos con el GT-CLACSO Mujeres, Agroecología y Economía Solidaria, y con el Programa de Investigación y Formación en Sistemas Agroecológicos Andinos, así como con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.   

-La Agroecología es política porque aspira a otro modelo de sociedad, compuesta por múltiples territorialidades campesinas diversificadas que se entretejen con árboles, montañas y ríos vivos, en las que se produzcan alimentos sanos y otros bienes no alimentarios en compatibilidad con la naturaleza, usando conocimientos populares que se enriquecen con el diálogo científico, y en el que jóvenes y familias permanecen en el campo (1, 2, 3). Esta bella utopía se enfrenta a este otro modelo de destrucción, que antepone la ganancia a la vida, envenena los territorios con agrotóxicos y transgénicos, desplaza  poblaciones campesinas a las ciudades, proletariza a los habitantes rurales, destruye la fertilidad del suelo, deforesta, contamina el agua, crea desiertos verdes, genera hambre, enfermedades y desnutrición (4, 5, 6, ). Sin lugar a dudas, América Latina es la región del mundo donde más vívidamente están resonando luchas populares que disputan la hegemonía de la agricultura con el capitalismo global y el latifundio, a través de un gran movimiento social que aglutina muchísimos y diversos agentes sociales capaces no solo de cambiar el sesgo de las instituciones estatales, sino también las condiciones ontológicas, epistémicas y éticas de la producción alimentaria (7, 8, 9).

La Agroecología Política se basa en que la sostenibilidad agraria no puede lograrse en grandes escalas utilizando solo medidas tecnológicas (agronómicas o ambientales) para rediseñar agroecosistemas sostenibles (10, 11, 12). Sin cambiar profundamente el marco institucional vigente, no será posible difundir y generalizar experiencias agroecológicas exitosas ni afrontar estructuralmente la crisis socio-ecológica (13, 14, 15, 16, 17). En consecuencia, la Agroecología Política examina el curso de acción más adecuado en la actualidad y cómo utilizar mejor instrumentos que hacen posible el cambio institucional (18, 19). Tal cambio, en un mundo organizado alrededor de los estados-nación, solo es posible a través de la mediación política (20). En los sistemas democráticos, por ejemplo, implica acción colectiva a través de movimientos sociales, participación política electoral, alianzas entre diferentes fuerzas sociales para construir mayorías de cambio, etc. (21, 22). Requiere crear estrategias que sean esencialmente políticas (23, 24). Los dos objetivos principales de la Agroecología Política incluyen precisamente el diseño de instituciones que favorecen el logro de sostenibilidad agraria y la organización de movimientos agroecológicos, cuyas narrativas y prácticas de resistencia creativa permitan que dichas políticas públicas puedan implementarse en su favor, como respuestas contra-hegemónicas al sistema agroalimentario prevaleciente (25, 26, 27).

Como "pensamiento para la acción", la Agroecología Política es una teoría política de la crisis ecosocial de los sistemas alimentarios y una teoría socioecológica para diseñar instituciones políticas que regulen los metabolismos agrícolas sostenibles (28, 29). A través de interacciones fructíferas con perspectivas críticas de ciencias sociales y ambientales, como la geografía crítica, por ejemplo, esta perspectiva teórica de la Agroecología abre un vasto campo para el desarrollo de "lenguajes de valoración" superadores de las limitaciones del productivismo económico, un marco cognitivo hegemónico en el ámbito público en que se definen y evalúan políticas para la agricultura y la alimentación (30, 31). La Agroecología Política es un enfoque interdisciplinario de crítica radical hacia la ideología liberal y la fundación institucional de la economía neoclásica (el mercado capitalista) (32, 33). Visibiliza además el saber-hacer y el sentipensar de amplios sectores de la sociedad latinoamericana y caribeña, sus formas de representación y organización de la vida, sus profundos e históricos saberes y prácticas enraizados en sus territorios, sus maneras de sacralizar sus mundos, todo ajeno a la mirada e idiosincrasia de la racionalidad moderna-occidental y sus singulares maneras de fragmentar y separar la realidad (34, 35).

Se hace necesario considerar un recentramiento de la mirada del mundo a partir de otras sensibilidades y prácticas que erosionen los múltiples mecanismos de dominación colonial-capitalista-patriarcal (36) que se encuentran en la esencia de la crisis (37, 38). 

Creemos entonces en la política pensada desde una dimensión estructurante. Una política que no se reduce a la modificación de prácticas institucionales, sino a otra forma de ser de “lo político”, donde la autoorganización, autogestión, y la revitalización de las riquezas de relaciones y regeneración de ámbitos comunitarios son la base popular de la transformación del sistema agroalimentario, mientras que las herramientas de política pública, como las mencionadas, contribuyen como medios para fortalecer procesos existentes y para abrir otros nuevos (39). Consideramos la confluencia entre practicas institucionales e instituyentes, que conjugan saberes, haceres campesinos, conocimiento científico, con  formas de organización popular de las bases y sus formas pedagógicas y discursivas; el dinamismo de los movimientos sociales con instituciones y políticas públicas que se articulan, confrontan y disputan (40).

La Agroecología Política no es sólo un tema de investigación. Tiene también una dimensión práctica estrechamente relacionada con su objetivo central: lograr la sostenibilidad agraria, el post-desarrollo y el buen vivir (41). Por eso, debe ser entendida en dos direcciones: una ideología, en competencia con otras, dedicada a difundir y convertir la organización de agroecosistemas de base ecológica y sostenible en el sistema dominante; pero también un campo disciplinario responsable del diseño y producción de acciones, instituciones y regulaciones para lograr la sostenibilidad agraria (42, 43). Esta dimensión práctica de la Agroecología requiere de la Política, es decir, de las disciplinas responsables del diseño e implementación de instituciones que hagan posible el logro de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Esta búsqueda implica un cambio en la dinámica de los agroecosistemas que solo puede provenir de agentes sociales a través de mediaciones institucionales (44).

Sin embargo, la Agroecología Política aún no está equipada de instrumentos analíticos y criterios necesarios para definir estrategias que puedan guiar ese cambio (45). La política debe desarrollarse dentro del corazón de la Agroecología para proporcionar a agroecólogos/as instrumentos para el análisis y la intervención sociopolítica que permita ir más allá de las experiencias locales, alentando su generalización y cambios esenciales en el sistema alimentario a una escala territorial amplia (46). Este GT está dedicado a desarrollar esta dimensión política necesaria de la Agroecología y a proporcionar fundamentos teóricos y metodológicos de lo que debería ser un nuevo campo de trabajo teórico y práctico para agroecólogos/as, la Agroecología Política.

El propósito del GT es establecer un marco común y plural de análisis para la acción colectiva agroecológica para operativizar las luchas por la sostenibilidad alimentaria. También elaborar una narrativa de la crisis alimentaria que pueda servir de marco común para orientar la acción agroecológica colectiva (47). En suma, pretende sentar las bases de una estrategia agroecológica común, que abarque los diferentes niveles en los que se considera la acción colectiva y los diferentes instrumentos con los que se puede desarrollar. Además, tiene como uno de sus objetivos centrales generar una reflexión plural interna sobre sus marcos teórico-conceptuales y su propia praxis.

Es necesario intervenir en el entorno político estatal, habida cuenta de su capacidad de imponer un orden macro institucional favorable al régimen agroalimentario corporativo (RAC) o la capacidad transformadora de las experiencias agroecológicas se verá neutralizada. El Estado, al servicio del RAC obstaculiza la masificación, generando un “efecto sistémico de rechazo”. La acción colectiva agroecológica tiene en el terreno del Estado y de las políticas públicas su nivel de acción más decisivo: las instituciones públicas democráticas tienen que proteger las experiencias agroecológicas y favorecer la masificación de la producción y el consumo agroecológicos. El objetivo último de la acción de gobierno y las políticas públicas agroecológicas es cambiar el sentido del rechazo de forma que los comportamientos, prácticas e instituciones típicas del RAC sean las rechazadas. Esta reversión de la sensibilidad adversa en los sistemas de señales y filtros sólo es factible mediante la cooperación entre la acción colectiva multinivel (movimientos y agentes sociales) y el Estado democrático. Ninguno de estos actores, los movimientos sociales o el Estado, pueden producir por separado los cambios institucionales necesarios para que el nuevo régimen agroalimentario filtre y rechace las conductas propias del RAC y del propio Estado. Es tarea imprescindible de este GT responder a la creciente demanda del movimiento agroecológico latinoamericano, cada vez más involucrado en ámbitos de actuación que rebasan la finca o la comunidad, entre ellos la gestión del Estado.