El Grupo de Trabajo (GT) plantea continuar abordando la persistencia de las desigualdades de género que, en América Latina y el Caribe, son determinantes de los proyectos de vida, afectando particularmente el bienestar de las mujeres y de las personas del colectivo LGTTBIQ, y más en general, del conjunto de la sociedad.

A pesar del significativo saber acumulado en materia de género y disidencias, movimientos sociales y movimientos feministas, Estado y políticas públicas, las marchas y contramarchas en materia de derechos y de igualdad demandan una reflexión teórica y política exhaustiva desde una perspectiva interseccional que permita generar conocimientos y prácticas sobre los múltiples sistemas de opresión que se entrecruzan y que producen subordinación y marginación. Estas reflexiones se revelan aún más indispensables frente al avance de gobiernos conservadores cuyas plataformas socavan el ejercicio de derechos con particular énfasis en los sociales y económicos y frente a la multiplicación de grupos anti derechos y antigénero que actúan organizadamente contra la ampliación de derechos de la población. En este sentido, el aumento de la polarización, la concentración de la riqueza y la avanzada conservadora  implican tanto un ataque a las premisas de igualdad como de reconocimiento y respeto a las personas, a sus diferencias y  a la diversidad que nutre los estudios de género en la región y en el mundo.

En esta tercera postulación, sobre la base del trabajo en las ediciones anteriores, el GT busca continuar debatiendo la situación de las políticas y acciones públicas orientadas a reducir las desigualdades de género a efectos de generar avances epistemológicos y políticos frente al aumento de las desigualdades socio-económicas y al embate  conservador en contextos de profundización del capitalismo neoliberal. Con tal propósito, el GT reúne investigadoras e investigadores de diferentes países de la región, con diversos perfiles disciplinarios y trayectorias empíricas con la perspectiva de continuar promoviendo amplios debates en torno a las desigualdades de género a la luz de los giros de la política latinoamericana. En esta nueva postulación se propone, por un lado, una renovación del equipo coordinador del GT con participación de investigadoras de tres centros miembros de dos países de la región (Argentina y Paraguay), y por otro, la incorporación de nuevas integrantes con diferentes perfiles profesionales y generacionales de diferentes países.

En América Latina y el Caribe, la conquista de derechos no ha sido progresiva ni lineal, incluso bajo gobiernos progresistas. A la luz de la producción y reflexión de las ediciones anteriores del GT y de la actual coyuntura económico política y social de la región, se evidencian varias tensiones de las cuales tres serán el objeto de trabajo de la propuesta:

-en primer término, se observa un avance conservador que se expresa tanto en la asunción de gobiernos de derecha como en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas que derogan y desmantelan avances en materia de derechos conquistados anteriormente. Este avance conservador en articulación con un discurso antifeminista implica una amenaza desde la retórica político-institucional que pone en riesgo la praxis política de la igualdad en tanto ejercicio efectivo de los derechos en la vida cotidiana. 

-en segundo término, el acceso a la justicia de mujeres y personas del colectivo LGTTBIQ se encuentra obstaculizado de modo persistente por barreras ligadas a nudos estructurales de las relaciones de género.

- en tercer término, se observan avances desiguales en materia de política pública en cuanto a uno de los nudos constitutivos de la desigualdad de género, como lo son las desigualdades económicas. Allí las articulaciones entre el movimiento feminista y de mujeres con la agenda institucional de género, pasa a ser un eje a profundizar.

La primera tensión que identificamos se expresa en la región a través del avance conservador y fundamentalista de movimientos, prácticas y desplazamientos conceptuales encarnados por un  amplio espectro de grupos anti – derechos. De acuerdo con el Informe realizado por el Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos sobre tendencias en derechos humanos (AWID, 2017) esta movilización anti-derechos se encuentra a nivel internacional y se trata de una respuesta organizada y articulada al avance de las movilizaciones feministas y progresistas y las conquistas logradas en las décadas anteriores. Estos actores conservadores asimismo articulan sus proyectos políticos en dialogo con el avance del neoliberalismo en contextos de políticas de ajuste e incidencia de los organismos multilaterales de crédito en la región. En este contexto, se ha incrementado la presencia de contra-movimientos enraizados en grupos religiosos, tanto en las calles como dentro del ámbito de las instituciones del gobierno representativo (ejecutivos, legislativos y poderes judiciales). Entre los grupos religiosos se han activado tanto agrupaciones ligadas a la iglesia católica como, novedosamente, cada vez con más intensidad también grupos evangélicos pertenecientes a diversas pastorales (Snow et al, 2006, Hirsch-Hoefler y Mudde, 2013; Dillard, 2013). Es preciso entonces construir un mapa de actores y de estrategias de movilización, así como indagar en los argumentos de estos grupos frente a las demandas de los feminismos y de los colectivos LGTTBIQ con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto.  El avance de la derecha conservadora-religiosa en Brasil encarnada en el gobierno de Bolsonaro (2019) registra múltiples manifestaciones homofóbicas, a favor de la “moralidad” y la defensa de los valores familiares con una fuerte embestida a la educación sexual integral como derecho. En el caso argentino, también se observa un aumento de las prácticas políticas de grupos antiderechos de diversas orientaciones religiosas con incidencia política -institucional y movilización en favor de la “familia”, la “vida” y contra de los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral. En el caso de Perú, también se registra un avance una derecha conservadora religiosa que busca disputar los sentidos de la ampliación de derechos. En el caso de Paraguay, se ha producido un crecimiento de los actores anti derechos y anti género en la última década, y su activismo y conexión con el poder político ha logrado frenar la aprobación de leyes sobre discriminación, derechos de las mujeres y LGBTIQ, y consolidar  el posicionamiento anti derechos y antigénero de  instancias de gobierno nacional y local. Si bien en cada caso las tensiones tienen expresiones propias guardan conexiones conceptuales y políticas significativas. En México, comienza a resaltar la creciente irrupción de neo-pentecostales en un quehacer político que se preciaba de ser laico (Delgado-Molina 2019). Estos han conformado una coalición conservadora junto a importantes sectores de la iglesia católica. Ello puede observarse en el activismo desplegado a favor de legislación contraria al aborto (liderada por grupos pro vida) en 19 de los 32 estados de la República (Zaremberg y Guzmán 2019). Finalmente, en el Caribe insular, específicamente en la República Dominicana, se expresa en estos últimos meses un reforzamiento de la derecha conservadora en el país, los sectores más conservadores del empresariado dominicano, junto con la Iglesia Católica y Evangélica han realizado manifestaciones y campañas públicas antigénero.

Dentro de esta tensión proponemos abordar el uso estratégico de la polivalencia simbólica de los derechos, cuya variación depende de los actores y sus coyunturas histórico-políticas de actuación, que permitieron mejorar las posibilidades de actuación política legítima de las mujeres, pero también se movilizaron para limitar libertades y autonomía sobre el propio cuerpo, así como las articulaciones y tensiones entre  los derechos e intereses de las mujeres y de la niñez.  Finalmente, la revisión propuesta permite considerar que los logros de los derechos de las mujeres dependen de la articulación contradictoria y frágil entre principios liberales y aspiraciones de igualdad. 

El segundo punto de tensiones está vinculado con la persistencia de barreras y obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres y de las personas LGTTBIQ  en la región. A pesar de los avances normativos que se registran en algunos países persisten obstáculos asociados a múltiples factores entre los que se encuentran: la ausencia de miradas feministas sobre los derechos y sobre los procesos judiciales; el androcentrismo y la homolesbotransfobia constitutiva de los sistemas judiciales; la ausencia de una perspectiva interseccional que dé cuenta de los múltiples sistemas de opresión que obturan el acceso a la justicia.  Si bien los marcos normativos son centrales en tanto base jurídica, legal y de política, es preciso continuar reflexionando en torno de la necesidad de transitar procesos de construcción colectiva de nuevos marcos de sentido y de transformación institucional con particular énfasis en las dimensiones  políticas y relacionales de las capacidades través de las cuales el Estado, en diálogo con los movimientos de mujeres , feministas y de la diversidad sexual, contribuya al desarrollo de relaciones de género democráticas, inclusivas y plurales.

La tercera tensión que nos proponemos abordar hace a la desigualdad socioeconómica de la región, la persistencia de la pobreza y el aumento de la polarización y la concentración de la riqueza, en el marco de un crecimiento cada vez más excluyente. En ese contexto, situar uno de los nudos constitutivos de las desigualdades de género, la dificultad de acceso a la autonomía económica por parte de las mujeres, nos lleva inmediatamente a proponer profundizar sobre la división sexual del trabajo según género y la injusta organización social del cuidado, así como la concentración de poder y de relaciones jerárquicas en el ámbito público.  Para las mujeres hay un círculo vicioso entre pobreza monetaria y pobreza de tiempo. Para los varones, independientemente del nivel de ingresos, casi no hay diferencias puesto que comparten un modelo de masculinidad que traspasa las clases sociales

Desde un enfoque de derechos e igualdad de género, la actual división sexual del trabajo pasa a ser   un desafío de la política pública para tratar de superar las barreras que hacen a la autonomía económica de las mujeres. Allí, la distribución del uso del tiempo es clave para entender y analizar el impacto de los roles y las relaciones de género sobre la desigualdad, y así hacer visible la intensidad  del efecto de la actual división sexual del trabajo sobre la desigualdad. Asimismo es necesario  cuantificar el tiempo asignado a distintos tipos de trabajo y otras actividades, así como las demandas diferenciales y las territorializaciones según género del mercado de trabajo. La división sexual del trabajo y los roles de género pasan a situarse desde edades tempranas como obstáculos para que las niñas puedan ejercer los derechos de la infancia y la adolescencia.  El incremento de trabajos basados en plataformas y aplicaciones digitales, la robotización de empleos, entre otros trabajos basados en el desarrollo de las TICs, que en algunos discursos aparece como “la promesa del trabajo del futuro, deberá ser cuestionado tanto como precarización del trabajo como vía para profundizar las asimetrías de género.

Por ello nos proponemos avanzar en el mapeo de las acciones que en política pública se están llevando adelante desde las distintas instancias de gobierno en la región. En el contexto conservador descrito párrafos arriba (primera y segunda tensión) mapear acciones de política pública implicará también observar cómo los retrocesos en la institucionalidad de género que guía estas políticas profundiza los sesgos de género en las desigualdades socioeconómicas patentes en modelos de crecimiento profundamente excluyentes.

El punto de partida del GT es que la igualdad de género refiere al pleno ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Esto implica un enfoque amplio de las políticas públicas y de los procesos socio­políticos vinculados con las múltiples agendas que inciden sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ?.  Una igualdad plena implica lograr una redistribución social y económica así como también un reconocimiento político y simbólico de las identidades y los derechos negados e invisibilizados por barreras estructurales y culturales. Además, la nueva generación de políticas públicas denominadas reparatorias reconfigura el propio campo de acción pública reconociendo discriminaciones y exclusiones históricas de pueblos originarios, procurando compensar los daños ocasionados.

Por otra parte, el énfasis en la igualdad de género incluye, en el contexto actual, una preocupación por la diferencia y los derechos a la diversidad que se corresponden con ello. Igualdad y diferencia, dos pilares del enfoque de género dialogan activamente entre si en un contexto conservador que claramente ataca ambas premisas al unísono. La restricción del derecho a la diferencia implica una disminución de las aspiraciones de igualdad y viceversa.

Este GT propone profundizar la línea de trabajo iniciada en los períodos anteriores, examinando la ausencia de políticas específicas e integrales e interseccionales, la direccionalidad de las intervenciones estatales y sus contradicciones en materia de mensajes y acciones de género, y, también, la resistencia de actores con voluntad política de hacer retroceder los derechos conquistados. La actual coyuntura, económica, política y cultural,  de avance de los gobiernos conservadores se erige como un escenario de disputa política y económica que requiere ser observada y analizada de modo tal de poder formular propuestas de acción y política pública.

En las últimas décadas, la sociedad civil de la región logró el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR), como derechos humanos para todas las personas a partir de estrategias de  incidencia en  los espacios gubernamentales, en el sistema de Naciones Unidas, y de Derechos Humanos globales y regionales. Por su parte, la oposición plantea erosionar el plexo normativo de los derechos humanos con una avanzada centrada en las mujeres, población LGTTBIQ+ y en organizaciones de sociedad civil que trabajan a favor de los DSDR.  Atentan contra la laicidad del estado, los DSDR, las reformas para el reconocimiento del aborto y en ese sentido, plantean una fuerte incidencia y acción en las políticas públicas y las políticas sociales.

Este GT propone una perspectiva crítica basada en investigaciones empíricas que ponga en tensión los conceptos vigentes en torno al Estado, las políticas públicas y los procesos políticos y de diálogo entre el Estado y los movimientos feministas y organizaciones de mujeres y del colectivo LGTBIQ. Esta perspectiva crítica implica recuperar las asimetrías de poder en las dinámicas de los actores y las instituciones, reconocer que el Estado es una entidad multifacética y contradictoria (y no monolítica) y que las agendas de igualdad de género están fragmentadas en diferentes arenas sociales.

El GT guiará sus actividades a partir de una serie de preguntas:

·         ¿A qué nuevas herramientas heurísticas es preciso recurrir a fin de comprender las tensiones en las diferentes agendas de igualdad de género y diversidad y de derechos instalados en la región? 

·         ¿Cómo se configuran las prácticas de resistencia ante la demanda de políticas de género orientadas a la autonomía económica de las mujeres?

·         ¿Cuáles son los contenidos teóricos y prácticos de las resistencias feministas al modelo de desarrollo extractivista en la región?

·         ¿Cómo indagar en la interlocución entre el Estado y los movimientos feministas y de la diversidad, para el debate sobre los problemas públicos con relación a las desigualdades de género?

·         ¿Qué estrategias resultan efectivas frente al embate de grupos conservadores que desde posiciones de creciente influencia política atacan derechos fundamentales de la agenda de género y LGBTQ+?

·         ¿Qué herramientas heurísticas son necesarias para explorar los encuentros y desencuentros entre los saberes y prácticas feministas y las acciones de políticas públicas?

·         ¿Cómo indagar los saberes que hacen a la competencia de lo jurídico desde las prácticas y saberes “extrajurídicos” provenientes de las reflexiones y prácticas del colectivo feminista y de mujeres?

·         ¿Cuáles son las capacidades institucionales que deberían fortalecerse para construir políticas públicas de igualdad con perspectiva interseccional?

·         ¿Cuáles serían las nuevas formas de acción colectiva que propiciarían acciones inclusivas o bien alianzas entre los diferentes actores en favor de la igualdad de derechos?

·         ¿Cómo se tensiona la agenda de igualdad de género cuando se integra con otras desigualdades sociales? ¿Qué papeles cumplen en tales tensiones los distintos actores que configuran la protección social? ¿Cómo modulan tales tensiones distintos escenarios específicos, como los de protección de la niñez?

Para abordar estos interrogantes el GT asume que el aparato público es heterogéneo, como también lo son sus mensajes de género. El GT propone examinar las diferentes institucionalidades de género que conviven en el Estado y explorar las contradicciones que ello supone para las agendas de derechos y las políticas públicas de género y diversidad, que aseguren la igualdad sustantiva o real como resultado.

A su vez, el esfuerzo de desmontar la opresión de las mujeres que se manifiesta en lo político, lo social, lo económico y lo cultural es un desafío para las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas y los grupos sociales a favor de la igualdad de derechos. El proceso de subordinación de las mujeres en sus diferentes intersecciones sociales muestra una enorme capacidad de perpetuación que requiere, para su transformación, de múltiples medidas institucionales, normativas, dispositivos discursivos y acciones colectivas. En esta dirección, el GT se propone reflexionar, por un lado,  de forma crítica en torno a los movimientos sociales pro igualdades, las capacidades disponibles de los mismos, sus posibilidades de agregación de intereses y representación y las posibilidades de edificar discursos inclusivos que atiendan múltiples manifestaciones de la desigualdad. Por el otro, en la identificación de las formas y los contenidos a través de los cuales los feminismos confrontan los modelos de políticas socio-económicas hegemónicos y buscan transformar los desbalances de poder a nivel estatal y de políticas públicas. 

El GT viene trabajando desde dos períodos anteriores y busca consolidar su perfil; las investigadoras poseen una profunda red de conexiones y articulaciones académicas y de política pública y trayectorias de activismo social que hicieron del GT una red de sinergia de esfuerzos y capitalización de experiencias.