Las democracias de América Latina y el Caribe han sido objeto de ataques y cuestionamientos en la última década. Los desafíos impuestos por la vulnerabilidad democrática (como la polarización política, la erosión institucional y las amenazas al Estado de Derecho) incluyen la construcción de capacidades estatales y de políticas públicas que combatan la desigualdad, especialmente las interseccionales.

Esto se debe a que existe una recurrente brecha entre lo formal y lo real; a pesar del marco jurídico, hay una necesidad de redefinición de la ciudadanía, una democratización social. (Garretón, 2002). El "déficit democrático" está vinculado a la vulnerabilidad social, pues el ciudadano se siente invisible en la medida en que amplios sectores de la sociedad son excluidos de la toma de decisiones y del acceso efectivo a derechos, produciendo sentimientos de invisibilidad en la ciudadanía.

Retomando a Oszlak, quien advierte que "el proceso de emancipación constituye un punto común de arranque en la experiencia nacional de América Latina, pero el acto de ruptura con el poder imperial no significó la automática suplantación del estado colonial por un estado nacional" (1997, p. 5), es posible sostener que las burocracias estatales en América Latina se configuraron sobre matrices herederas del orden colonial.

Así entonces, las desigualdades no son solo la expresión de políticas fallidas o disfuncionales, sino que están ancladas a la estructura misma del Estado, limitando el carácter democrático del mismo y reforzando desigualdades y exclusiones en el acceso a derechos, que castigan de forma más profunda a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Por lo tanto, el Observatorio parte de una perspectiva crítica del Sur Global, entendiendo la democracia y la administración pública como campos de disputa simbólica, política y material frente a las herencias coloniales, patriarcales y racistas que estructuran las desigualdades en América Latina y el Caribe. La ciudadanía es comprendida no solo como estatus legal, sino como el reconocimiento efectivo de derechos y la capacidad de influir en la agenda pública, superando exclusiones históricas e institucionales.

El objetivo general del Observatorio es investigar, monitorear e incidir sobre las capacidades estatales y la calidad de la democracia en América Latina, produciendo evidencias científicas, acciones formativas y contenidos audiovisuales que instrumentalicen a la sociedad civil y a los gestores públicos en la defensa de políticas interseccionales para el enfrentamiento de las desigualdades estructurales, considerando el escenario de vulnerabilidad democrática en la región.

Este Grupo de Trabajo (GT) tiene como objetivo analizar la compleja y persistente desigualdad en América Latina y el Caribe a través de análisis comparativos y estudios de caso sobre las capacidades estatales (o su ausencia) desarrolladas para la reducción de desigualdades desde una perspectiva interseccional en el contexto de democracias vulnerabilizadas.

El foco central es la investigación de las capacidades estatales necesarias para la implementación de políticas públicas interseccionales con énfasis en la participación social y en el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia. Esto se debe a que la región vive un escenario de 'vulnerabilidad democrática', donde la legitimidad de las instituciones es erosionada no solo por crisis políticas, sino por la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas a las poblaciones en situación de vulnerabilidad multidimensional.

El problema público de la desigualdad es concreto y cada vez más complejo, con crecientes demandas de participación, de transversalidad y de interseccionalidad en la definición de políticas públicas más inclusivas. (Ospina, 2024)

La dimensión de la interseccionalidad se desarrolla, sobre todo, a nivel del ciudadano individualmente considerado, en sus identidades y contextos sociales diferenciados, incluyendo múltiples aspectos de la identidad individual (Collins, 2021; Crenshaw, 1989). La fuente de las desigualdades no es apenas económica, comprendiendo otras dimensiones, pero siempre vinculada a la matriz de dominación, de prácticas sociales relacionadas con el ejercicio del poder (Pires, 2019).

Sin embargo, así como el feminismo hegemónico falló históricamente al intentar ser 'universal' sin ser interseccional, invisibilizando a quien huye de la norma (el sujeto blanco, cisheteropatriarcal y propietario), el Observatorio no buscará suponer un ser universal, pues eso defiende la universalidad de las prácticas de opresión y exclusión.

En contextos de la región, y solo como ejemplo, el de Cuba, donde existe un proyecto político explícitamente orientado hacia la justicia social y la equidad; pero donde coexisten fundamentos socialistas contemporáneos con otros más ortodoxos, la interseccionalidad plantea un desafío teórico y práctico: [el riesgo de que] la lucha contra la desigualdad de clase pueda subsumir o considerar secundarias otras formas de opresión. El diálogo entre el pensamiento crítico tradicional y la interseccionalidad es vital para evitar este reduccionismo.

En este tipo de sistemas políticos, las políticas económicas, sociales y culturales deben ser evaluadas por su impacto diferenciado, donde se tome en consideración no solo la ausencia de explotación capitalista, sino la capacidad para identificar y desmantelar opresiones cruzadas en la vida cotidiana. (Fundora, 2020)

Esta es la característica predominante en la región, que demuestra la persistente invisibilidad de sujetos vulnerables y excluidos, y la interseccionalidad será utilizada como una herramienta de descolonización en las investigaciones conducidas por el GT [Grupo de Trabajo], desmantelando estructuras de poder coloniales. Se trata de una crítica radical a las epistemes coloniales que sustentan al sujeto universal y a las democracias excluyentes. Así, la reconfiguración de los modelos de democracia anhelada por el Observatorio depende directamente de la ruptura con la matriz colonial moderna.

A su vez, la dimensión de la transversalidad moviliza otros campos de la política, atravesando al individuo interseccional para buscar varias áreas de actuación estatal, incluyendo la coordinación de diversos sectores. Por lo tanto, el análisis transversal es horizontal, comprendiendo que el ciudadano es un individuo múltiple e interseccional, pudiendo ser alcanzado en las diversas frentes de actuación del Estado.

Así, hay una diversidad en la desigualdad, y la transversalidad adquiere diferentes sentidos: sujetos de agendas específicas (mujeres, persona mayor, población LGBT, población indígena, niños y adolescentes, etc.), temas a ser abordados (género, raza, generación, etc.) y prácticas de gestión (coordinación horizontal de acciones, intersectorialidad, cooperación sur-sur, etc.).

Comprender la interseccionalidad y la transversalidad en la desigualdad estructural de América Latina y el Caribe permitirá activar la formación de capacidades sistémicas y organizacionales en las políticas públicas de la región. La cooperación sur-sur también será objeto de discusión, en la medida en que la formación de capacidades en el campo de las políticas públicas en la reducción de la desigualdad es una demanda común en la región latinoamericana y caribeña.

En este contexto, la democracia es otra cuestión relevante. Las instituciones estatales pueden reproducir las desigualdades en la región, pero también pueden ser espacios estratégicos de resistencia y transformación social. La perspectiva teórica del Observatorio combina abordajes interseccionales, el concepto de políticas públicas y de capacidades estatales, en el contexto de estudios críticos latinoamericanos y las peculiaridades de la democracia en la región.

A pesar de que el constitucionalismo latinoamericano ha ampliado los derechos, provocando la actuación del Estado para disminuir las desigualdades por intermedio de políticas públicas, las previsiones normativas no alteran la realidad por sí solas, demandando otros factores: multiplicidad de actores (organizacionales e individuales), procedimientos y acciones.

En este sentido, las recientes transformaciones en el ambiente político-institucional de América Latina y el Caribe han movilizado a la literatura de las capacidades estatales para buscar comprender las habilidades, competencias y recursos burocrático-institucionales de un Estado para implementar políticas públicas en contextos complejos y plurales, y de vulnerabilidad democrática.

El grupo propone fortalecer redes regionales que monitoreen la vulnerabilización de las democracias, investigando cómo el desmantelamiento de políticas públicas afecta a grupos marginados. Se busca cualificar el debate público e instrumentalizar a la sociedad para la defensa de derechos y la implementación de políticas públicas interseccionales. Por lo tanto, monitorear la democracia (objetivo del Observatorio) exige monitorear cómo esas categorías son utilizadas por el Estado para mantener jerarquías coloniales.

Investigar la capacidad estatal de responder a las desigualdades interseccionales no es solo un ejercicio académico, sino una exigencia para la consolidación de democracias que superen sus actuales déficits de representatividad y legitimidad.

Esta es la propuesta del Observatorio Interseccionalidades, políticas y democracias, y su relevancia teórica, social e intelectual para los estudios en América Latina y el Caribe en el contexto de la vulnerabilidad democrática.