La seguridad social y los sistemas de pensiones forman parte de los regímenes de protección social que construyeron los estados latinoamericanos y caribeños para proteger los principales riegos del ciclo vital (enfermedad, discapacidad, riegos de trabajo, desempleo, vejez y muerte). A cien años que aparecieron los primeros sistemas de seguridad social, de salud, de pensiones y de previsión social (Mesa, 1978) registramos saldos negativos en cuanto a baja cobertura, grupos con extendida vulnerabilidad social y una persistente desigualdad económica y social que es contraparte de la extrema concentración del ingreso y la riqueza (Chancel & et.al, 2022). Las respuestas que han organizado los gobiernos en turno ante crisis económicas que impactan lo social o modelos de desarrollo que debilitan las capacidades estatales o las crisis sanitarias que exponen las carencias de salud y de atención hospitalaria, muestra que no han resuelto cabalmente una cobertura de acceso efectivo universal y de calidad a servicios de salud y a pensiones suficientes y sostenibles. Además, la falta de atención primaria en salud, de buena nutrición etc. expone la falta en la mayoría de nuestros países de ambientes seguros y saludables frente a una creciente mercantilización de los servicios que el estado debería situar como servicios y bienes públicos puestos al servicio de la ciudadanía y de las comunidades.

Desde los estados nacionales lo que más se ha impulsado son las transferencias monetarias que han aliviado la falta de ingreso para grupos específicos e intenta por esta vía transitar a la construcción de derechos sociales. Sin embargo, continúan sosteniendo la perspectiva laborista de la seguridad social que sitúa el acceso por la vía de tener un trabajo asalariado subordinado y registrado. Así, la falta de cobertura se agudiza con las recientes formas de organizar y de contratarse en un trabajo en ámbitos laborales de alta movilidad, mediante proyectos y tareas específicas que compiten con el uso de la robótica y la inteligencia artificial. Empleo y ocupaciones que se desarrollan en condiciones de informalidad sea por la falta de registro fiscal de los empleadores o porque son trabajadores independientes, por cuenta propia o contratados por honorarios

Si a dicha situación le sumamos las consecuencias de un ciclo de bajo crecimiento económico que se registra en la región desde 2010, agudizada por los efectos de la Covid19 que ha dado por resultado una tasa de crecimiento promedio del PIB de 0.8% para el periodo 2014-2023 (CEPAL, 2025), más los efectos sociales de la crisis ecológica, las tensiones por las disputas hegemónicas, las restricciones fiscales, la diversidad de nuevas actividades laborales en condiciones de informalidad más el reconocimiento del trabajo de cuidados de la vida, nos conmina urgentemente a considerar una diferente construcción de la seguridad y de la protección social, así como a sistematizar lo que observamos e investigamos y a reflexionar y proponer nuevas vías de acceso, de organización y de sostenibilidad social a partir de proponer políticas inclusivas que resulten de una amplia participación y diálogo entre los involucrados que destaquen la perspectiva de género y el reconocimiento del trabajo de cuidados.

La concepción de la protección social frente a los riesgos y la incertidumbre que dio lugar a los seguros sociales contributivos, ha experimentado cambios significativos desde su institucionalización a finales del siglo XIX. Las profundas transformaciones económicas y demográficas, junto con la maduración y evolución de los seguros sociales, han redefinido tanto el alcance de la protección social como las diversas formas de instrumentarla. Paralelamente, el diseño e implementación de reformas en materia de seguridad social se han visto condicionadas por el modelo de desarrollo vigente y por las teorías que lo sustentan.

Los distintos abordajes teóricos influyen en los instrumentos de políticas públicas empleados por los estados nacionales y, en consecuencia, pueden conferir rasgos singulares a los regímenes de protección. Estos se configuran a partir de diversas combinaciones de niveles y formas de intervención de estado, mercado, familia y redes sociales, con el propósito de enfrentar los riesgos sociales de la forma más eficiente posible. En esta interacción de perspectivas teóricas se plantean visiones divergentes para la instrumentación de la seguridad social, algunas incluso antagónicas: desde quienes conciben el financiamiento de los riesgos como una responsabilidad estrictamente individual y orientada al mercado, hasta quienes definen una protección siempre colectiva e intergeneracional bajo la responsabilidad estatal. Entre ambas posiciones, también surgen otras que reconocen la necesidad de integrar ambas perspectivas, atendiendo a la magnitud de los desafíos demográficos, el contexto económico vigente y las necesidades de protección social insatisfechas.

Un especto central del análisis de la relevancia teórica lo constituye el proceso de envejecimiento de la población en la región de América Latina y el Caribe (ALyC). Con ritmos e intensidades diferenciadas, los países de la región avanzan hacia fases más avanzadas del proceso de transición demográfica, aunque en un proceso de convergencia en las estructuras poblacionales. Si bien, el envejecimiento es un fenómeno global, en ALyC adquiere una particularidad, se desarrolla de manera acelerada sin que los sistemas de protección social hayan alcanzado una cobertura amplia y prestaciones suficientes para enfrentar el desafío. El rápido cambio en los componentes de la dinámica demográfica, mortalidad y fecundidad, ha provocado que, en la región el envejecimiento ocurra a mayor velocidad que lo observado en Europa. La principal consecuencia es que ALyC ha contado con menos tiempo para prepararse frente a los desafíos que plantea este proceso (Ham, 2003; y Chackiel, 2004).

En los países de ALyC intervienen distintos modelos conceptuales que definen las características de la seguridad social y los sistemas de pensiones. Después de haber atravesado una etapa en la que se instrumentaron sistemas de contribución definida, la región mantiene una fuerte influencia de los modelos contributivos de administración estatal, pese a los problemas de insostenibilidad agudizados por la transición demográfica y el declive de los modelos de desarrollo industrial a finales del siglo XX. Con la adopción de nuevos modelos de desarrollo orientados hacia la economía global, algunos países de ALyC decidieron instrumentar protección basada en el modelo de capitalización individual, pese a que una proporción significativa de la población tenía empleos precarios y sin protección social (Uribe, 2002). Además, de que la región presentaba una alta incidencia de pobreza, subempleo y empleo informal que limitaban el alcance del financiamiento individual de la vejez (Uthoff, 2016).

Después de casi cincuenta años desde que se instrumentó el primer modelo de capitalización en la región, sus resultados no han podido garantizar el financiamiento satisfactorio de la vejez. No obstante, el regreso a los sistemas públicos de contribución definida se enfrenta al reto de estructuras demográficas más envejecidas y economías menos dinámicas que en el pasado. Adicionalmente existen problemáticas particulares de las economías de la región como el bajo nivel de desarrollo alcanzado en los mercados laborales, la generación estructural de empleo informal no protegido y la fragmentación de los sistemas de seguridad social que se constituyen en barreras para ampliar la cobertura y sostener las prestaciones a largo plazo.

La dificultad de encontrar soluciones estructurales ha llevado a que, en toda la región, se implementen programas de pensiones no contributivas como medida emergente para mitigar la pobreza en la vejez. Estos programas se implementan bajo nuevas perspectivas teóricas basadas en el bienestar y los derechos humanos y buscan superar los modelos de protección laboral basados en las contribuciones. La protección no contributiva ha demostrado eficacia en proporcionar ingresos a personas que dependían casi por completo de las redes familiares y sociales o de la prolongación del trabajo en la vejez, y se reconoce que han alcanzado una amplia cobertura en un periodo relativamente corto. Sin embargo, tienen la desventaja de carecer del mecanismo de financiación propia de los sistemas de seguridad social, lo que genera restricciones presupuestarias que comprometen tanto la suficiencia de las prestaciones como su sostenibilidad en el largo plazo.

En el debate contemporáneo sobre la seguridad social cada vez cobra más relevancia el enfoque teórico feminista, a partir del cual muchos especialistas de la seguridad social han incorporado la perspectiva de género en la base de sus propuestas para reconfigurar la seguridad social. Los enfoques de género en la seguridad social se basan en señalar la persistencia de desigualdades en la asignación de recursos previsionales como resultado de las estructuras que producen y reproducen género. Destacan que las mujeres suelen concentrarse en las tareas domésticas y de cuidado, lo que restringe su participación económica y limitan su acceso a la seguridad social contributiva, con el consecuente impacto en la capacidad de capitalizar su ahorro para el retiro. También denuncian que el sistema de seguridad social fue diseñado bajo un modelo que supone que el prototipo de trabajador es hombre, se emplea en el sector formal y mantiene ingresos estables a lo largo de su trayectoria laboral, mientras que las mujeres quedan relegadas al ámbito doméstico. Este modelo ?afirman? reproduce cargas laborales desiguales y genera limitaciones para que las mujeres financien su vejez, al no reconocer de manera suficiente las trayectorias laborales fragmentadas y las responsabilidades de cuidado que caracterizan la experiencia femenina.

Queda claro que existen diferentes teorías para abordar los problemas de la seguridad social y los sistemas de pensiones. Sin embargo, cualquiera que sea la teoría adoptada, es necesario volver a lo esencial: rescatar, discutir y replantear la vigencia de los principios rectores de la seguridad social ?universalidad, solidaridad, redistribución, igualdad, equidad, uniformidad, sostenibilidad financiera, y responsabilidad pública? para construir un sistema que responda a las necesidades de la población, sin olvidar la ingeniería y la técnica que le da sustento (Tortuero, 2012). Asimismo, resulta indispensable articular esta discusión con la implementación de políticas fiscales progresivas orientadas a garantizar una sociedad más justa, sustentada en una mejor redistribución de los ingresos y de los frutos de la producción.