Los Pueblos Indígenas representan alrededor del 10% de la población de América Latina y sus territorios abarcan una quinta parte de la región, manteniendo altos niveles de biodiversidad pese a la histórica desposesión colonial. Su relación con los territorios se basa en epistemologías propias, de carácter holístico y espiritual, que sustentan valores de respeto, reciprocidad y protección del entorno, y desde las cuales se posicionan como sujetos políticos en distintos niveles. Estas epistemologías tensionan las categorías con las que las ciencias sociales y la institucionalidad estatal abordan el territorio y cuestionan nociones como ?recursos naturales?, reemplazándolas por conceptos como ?territorios de vida?.

El extractivismo no se limita para los Pueblos Indígenas a la explotación de la naturaleza, sino también incluye el extractivismo epistémico, ejercido por prácticas académicas que despojan conocimientos. El texto destaca la importancia de metodologías colaborativas, la co-producción de saberes y la soberanía epistémica, expresada especialmente en experiencias de educación intercultural y en universidades indígenas e interculturales que promueven conocimientos propios.

Otra temática central es la autonomía territorial y la gobernanza indígena, tanto en estructuras constitucionalmente reconocidas (comarcas, resguardos, TIOC) como en experiencias autónomas no reconocidas formalmente (Cherán, comunidades zapatistas). Estas autonomías desarrollan formas de autogobierno, protección territorial y soberanía alimentaria, enfrentando tensiones con proyectos extractivos. Aunque existen avances normativos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, persisten conflictos por la aplicación formalista, fragmentada y limitada del derecho a la consulta y al consentimiento previo. Sin embargo, junto a estos desafíos jurídicos, emerge otro eje igualmente crítico, la soberanía alimentaria indígena se fundamenta en sistemas agroecológicos tradicionales ?como la milpa, el nainu o las chacras? caracterizados por resiliencia, diversidad y sostenibilidad, pero amenazados por la globalización alimentaria y la entrada de productos industrializados, lo que deteriora la salud y la cultura alimentaria. Estas problemáticas se agravan por desigualdades estructurales que impactan de forma particular a poblaciones indígenas y campesinas.

No obstante, más allá de estos marcos jurídicos, también es necesario considerar la educación propia, que subraya a los sistemas educativos de la región reproducción de matriz colonial y de conocimiento hegemónico. Se propone una interculturalidad crítica que reconozca la diversidad epistémica, los conflictos y la diáspora indígena urbana, cuyas experiencias suelen ser invisibilizadas. Los modelos actuales no consideran adecuadamente las diferencias territoriales, lingüísticas y políticas de los pueblos indígenas ni las estrategias culturales desarrolladas en contextos urbanos.

El Grupo de Trabajo centra su acción en la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios de vida, adoptando un enfoque intercultural de sistemas de conocimientos plurales mediante diálogos interepistémicos y descolonización metodológica. Busca documentar sistemas alimentarios, analizar experiencias de autonomía y dar seguimiento a normativas sobre participación indígena, articulando saberes indígenas con teorías críticas contemporáneas como las ontologías relacionales, el perspectivismo, las ontologías de la naturaleza y el marco de los comunes.

La aplicación de las normativas

Este eje temático aborda la aplicación de normativas locales, nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, considerando tanto los marcos jurídicos vigentes como los mecanismos prácticos que determinan su implementación en los territorios de vida.

Se parte del reconocimiento de la autodeterminación como principio rector y de la obligación de garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en cualquier proceso que implique toma de decisiones, afectación territorial, proyectos extractivos, iniciativas de desarrollo, investigación o intervención externa.

Asimismo, se subraya la importancia de respetar los protocolos comunitarios, las formas propias de gobierno y los saberes indígenas y afrodescendientes como fuentes legítimas de autoridad y regulación. Este enfoque incluye el análisis y promoción de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, legislaciones nacionales de autonomías y los protocolos propios creados por las comunidades para regular el ingreso, la relación y la interacción con sus territorios.

En coherencia con ello, se asume como premisa central que toda investigación o intervención debe problematizar las relaciones históricas de poder, las formas de representación y las lógicas extractivas del conocimiento (Caniuqueo, Tricot y Espinoza, 2019). Por tanto, toda acción en territorios indígenas debe orientarse por principios de justicia epistémica, diálogo horizontal y cumplimiento pleno de las normativas que resguardan los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

Soberanía alimentaria

Modelos como la milpa, el nainu en Mesoamérica y las chacras/chagras en los territorios del sur constituyen sistemas agroecológicos que han demostrado resiliencia, diversidad y sostenibilidad durante siglos. Aunque aún no son plenamente reconocidos por las políticas dominantes, estos sistemas contribuyen significativamente a la reducción de la pobreza y la hambruna, presentan bajas emisiones de gases de efecto invernadero, no dependen de agroquímicos y se basan en semillas nativas, evitando el uso de variedades modificadas genéticamente.

Desde nuestro Grupo de Trabajo buscamos profundizar en cómo estas prácticas dialogan con los desafíos actuales del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la presión extractiva sobre los territorios de vida. El análisis se realizará desde los sistemas de conocimiento propios dialogicos, articulando la experiencia comunitaria y los saberes locales con metodologías colaborativas y descolonizadas. Nos interesa comprender las condiciones actuales de acceso a la tierra, los impactos del modelo agroindustrial y las estrategias comunitarias para enfrentar el calentamiento global.

Asimismo, incorporamos las Recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), que subrayan que las desigualdades estructurales ?de género, económicas, territoriales, étnicas, generacionales y de acceso a oportunidades? afectan la seguridad alimentaria, perpetúan la pobreza y profundizan la violencia, especialmente contra mujeres y grupos históricamente marginados como pequeños productores, campesinos sin tierra, trabajadores agrícolas, migrantes, refugiados y Pueblos Indígenas.

La desigualdad, la inseguridad alimentaria y la malnutrición obstaculizan el derecho a la salud, la educación y una vida digna. A ello se suman fenómenos como catástrofes naturales, pandemias, conflictos armados y crisis económicas, que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales. La globalización alimentaria también ha modificado los patrones de consumo mediante el ingreso de productos industrializados, afectando la salud, la cultura alimentaria y la continuidad de los conocimientos culinarios tradicionales (OPS, 2020).

Educación Intercultural

La propuesta sostiene que la educación intercultural no puede limitarse a la incorporación puntual de contenidos culturales o lingüísticos dentro del currículo oficial. Por el contrario, exige transformaciones estructurales y epistemológicas que cuestionen los fundamentos mismos del sistema educativo moderno-occidental. En este sentido, se plantea un modelo construido de manera colaborativa con los pueblos indígenas, tomando en consideración sus contextos territoriales, lingüísticos, políticos, así como las experiencias históri

Para la comprensión de las dinámicas que operan sobre los territorios de los pueblos indígenas, en nuestro Grupo de Trabajo coexisten y dialogan perspectivas propias de los sistemas de conocimiento indígenas y corrientes teóricas críticas de las ciencias occidentales que, en sentido general, forman parte del llamado giro ontológico que incluye perspectivas conceptuales de las ontologías relacionales de Arturo Escobar, el perspectivismo de Viveros, las ontologías de Philippe Descola, la teoría del actor-red de Bruno Latour; así como el marco conceptual de los comunes de la ecología política latinoamericana.

Una de las expresiones de los pueblos indígenas como sujetos políticos agentes de sus territorios que es de interés en nuestro Grupo de Trabajo corresponde a las experiencias de autonomía territorial y autogobiernos indígenas, tanto de aquellos reconocidas en las constituciones como de aquellas ?sin pedir permiso?. En sus diversas formas de autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes avanzan en el ejercicio de su derecho, a su libre determinación sobre sus territorios de vida y pueblos.

Desde estas experiencias, desarrollan herramientas para el gobierno del territorio y las comunidades que habitan, hacen avanzar legislaciones que resquebrajan el Estado colonial monocultural e introducen sus fuentes del derecho (leyes de origen, sistemas jurídicos propios) en el derecho internacional. Y de éstos una tercera parte carece de reconocimiento de derechos colectivos (FAO y FILAC, 2021).

Los proyectos extractivos y de inversión de obras de ?desarrollo? han sido, en las últimas décadas, una de las fuentes de conflicto socioambiental, que amenazan o asesinan a defensores del territorio, expropiación de tierras en las comunidades indígenas, incluso en sus territorios autonómicos. Las nuevas estrategias en estas mecanismos son la consolidación de los mercados de carbono para enfrentar el cambio climático con otras narrativas de lo ?verde? o ?sustentable? y de la ?transición energética? en los sectores minero, energético, hidrocarburos, forestal, borde costero. A nivel de la minería, esto incide en la emergencia de nuevos territorios mineros: el Triángulo del litio que afecta a comunidades indígenas en Argentina, Bolivia y Chile, los minerales críticos y minerales raros y que, paradójicamente, no han incidido en el cierre de minería de carbón como el situado en territorio del pueblo Wayuu en Colombia. En esta narrativa, además, se promueve una ?nueva? minería, esta vez respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas bajo sus políticas de responsabilidad social corporativa. En el sector energético, se promueven nuevos proyectos, esta vez de energías renovables no convencionales (ERNC) como proyectos eólicos, hidroeléctricos de pasada o fluyente, fotovoltaicos? En el sector de hidrocarburos, lejos de reducir los proyectos petroleros o gasíferos, ahora además se incorpora el fracking (como el proyecto Vaca Muerta en Argentina). En el sector forestal, se introducen proyectos bajo el programa REDD+.

Estas dinámicas recientes además se interceptan a escala internacional bajo una compleja articulación entre el sistema internacional de gobernanza ambiental general y de la gobernanza climática en específico (articulado bajo Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Convenio Marco para el Cambio Climático, Convenio por la Diversidad Biológica, programa REDD+, Partnership for Action on Green Economy), organizaciones intergubernamentales internacionales (como la OCDE, IPBES) y regionales (como UNASUR y su programa IIRSA, Red de Sistema de Interconexión Eléctrica de Países de América Central - SIEPAC), organismos internacionales multiactorales (como la Extractives Industries Transparency Initiative ? EITI, la Voluntary Principles on Security and Human Rights, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), instituciones de financiamiento internacional (como el Banco Mundial y el Banco interamericano del Desarrollo) e incluso organizaciones de industrias extractivas internacionales (como ICMM, IPIECA) y nacionales (como CCCMC). Esta diversidad de actores internacionales confluye en promover iniciativas y proyectos que tienen alto impacto e incluso vulneraciones a derechos humanos sobre los Pueblos Indígenas, fundamentados en narrativas de la ?transición energética?, economía verde?, ?minería sustentable?, ?descarbonización?, ?adaptación al cambio climático? e incluso del ?respeto al derecho al consentimiento previo, libre e informado? de los Pueblos Indígenas.

La Fundamentación y análisis de la relevancia teórica, social e intelectual del tema se articula en tres dimensiones interconectadas: la urgencia de la crisis civilizatoria en relación con el territorio, la disputa por la hegemonía del saber, y el papel político de las autonomías indígenas frente al Estado y el extractivismo global.

La relevancia social e intelectual del tema se ancla en la urgencia de la crisis civilizatoria global, marcada por la degradación ambiental, la sobreexplotación y la pérdida de biodiversidad, de la cual el extractivismo es uno de sus vectores centrales. Los pueblos indígenas, que representan aproximadamente el 10% de la población y cuyos territorios cubren cerca de la quinta parte de la superficie total de la región, se posicionan como sujetos políticos fundamentales. Pese a la historia de desposesión colonial, los territorios de los pueblos indígenas aún concentran la mayor biodiversidad en el planeta. La relevancia reside en que su concepción del territorio como territorios de vida, basados en sistemas de conocimientos con una perspectiva holística de respeto y reciprocidad, y no como "recursos naturales", convierte la defensa del territorio en la defensa de la vida ante el avance de los conflictos socioambientales generados por la presión extractiva.

La relevancia intelectual y teórica reside en el desafío epistémico que impone la colonialidad del saber, la cual eleva la perspectiva eurocéntrica como conocimiento auténtico y relega los legados intelectuales indígenas a ignorancias o supersticiones. El Grupo de Trabajo (GT) confronta el extractivismo epistémico o académico, asumiendo que el despojo de la naturaleza/territorio forma parte de un mismo proceso que el despojo de sus epistemes (epistemicidio). Teóricamente, el GT se compromete con la justicia epistémica y la descolonización de las metodologías, promoviendo los diálogos de los sistema de conocimientos plurales entre las corrientes críticas occidentales (como el giro ontológico, las ontologías relacionales, y la ecología política latinoamericana) y las epistemologías indígenas. Esto implica reconocer a los sistemas de conocimientos indígenas el estatus de ciencias (en el sentido de conocimiento verdadero para los pueblos indígenas).

Finalmente, en el plano político, el tema de las autonomías territoriales y gobernanza, incluyendo aquellas reconocidas constitucionalmente (como las comarcas en Panamá o resguardos en Colombia).

Estas experiencias son cruciales porque desarrollan herramientas para el gobierno del territorio y hacen avanzar legislaciones que resquebrajan el Estado monocultural e introducen sus fuentes del derecho (leyes de origen, sistemas jurídicos propios) en el ámbito internacional. Este análisis es fundamental en el contexto de las dinámicas recientes, donde narrativas hegemónicas como la ?transición energética? (minería de litio, tierras raras) y la ?minería sustentable? impulsan nuevas formas de extractivismo y vulneraciones a derechos humanos sobre los pueblos indígenas. El GT, al asumir una perspectiva situada, busca desarrollar perspectivas de análisis de la gobernanza que incorporen coordenadas en clave colonial y tomen a los pueblos indígenas como punto de partida epistemológico. Lo anterior requerirá por unlado potenciar los sistemas de conocimiento de los pueblos y por el otro, incidir en las estructiras casi petreas del sistemma de conocimiento occidental y crear el di