Nos encontramos en un contexto social y político en el cual crecen los discursos y las actitudes públicas tendientes a la banalización, la relativización, y el negacionismo, o bien a la reivindicación abierta de las dictaduras y los pasados autoritarios (Lvovich y Grinchpun, 2022).

En diciembre de 2024, la asociación civil formada en Argentina Abuelas de Plaza de Mayo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe titulado ?Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina? (Abuelas de Plaza de Mayo, 2024). En un contexto político especialmente sensible, Abuelas expuso un panorama actualizado sobre el estado de las políticas públicas, los avances y retrocesos en materia de derechos humanos y los desafíos que enfrenta hoy el país para sostener los consensos democráticos construidos desde 1983.

El informe presenta un diagnóstico detallado sobre el impacto de las políticas regresivas del gobierno nacional actual en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, alertando sobre un conjunto de medidas que ponen en riesgo obligaciones internacionales y conquistas históricas construidas durante cuatro décadas.

Desde diciembre de 2023, vienen aplicándose recortes de personal y recursos en áreas estatales que resultan claves para la investigación de las violaciones a los derechos humanos realizadas en la última dictadura cívico-militar. Estas decisiones afectan de manera directa la obligación que asumió el Estado nacional de investigar, sancionar y garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Entre las medidas más graves señaladas por el Informe, figura la derogación del decreto que creó la Unidad Especial de Investigación (UEI) dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), que tenía la función de investigar y agilizar la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura (CONADI, 2007).

Al cierre de la UEI, que investigó casi 7.000 casos de apropiaciones y permitía filtrar y orientar las sospechas antes de judicializarlas, se le suma la decisión de los ministerios de Seguridad y Defensa de dejar de entregar legajos de Fuerzas Armadas y de Seguridad, fundamentales para reconstruir circuitos represivos y apropiaciones. Por otro lado, la reducción del personal de planta de CoNaDi, y los recortes presupuestarios al Banco Nacional de Datos Genéticos (una caída del 50,4% de su financiamiento entre 2023 y 2025), afectan también herramientas cruciales para el esclarecimiento de las apropiaciones.

El documento también expresa preocupación por la falta de resguardo del Archivo Nacional de la Memoria, donde se conservan fondos documentales esenciales (entre ellos el archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), y por la paralización de obras y tareas en Sitios de Memoria, afectadas por recortes presupuestarios.

A ello se agrega la disolución del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA) de archivos militares, decisivo para los juicios por delitos de lesa humanidad, y la discontinuación de la mesa interinstitucional para el acceso a documentación de inteligencia.

Por otro lado, el informe registra un incremento de discursos de odio, en particular hacia los Organismos de Derechos Humanos. Incluye ejemplos de agravios públicos de funcionarios hacia Abuelas y referencias a intentos de desacreditación (por ejemplo, con acusaciones infundadas de ?curros?, o de militancia partidaria). Estos discursos, cabe decir, van en el sentido de una revictimización: banalizan los crímenes de la dictadura y buscan erosionar consensos democráticos construidos desde 1983.

Resulta importante destacar también hechos como la visita de diputados oficialistas a condenados por delitos de lesa humanidad y la defensa de tesis como la de la llamada ?memoria completa?, que reinstalan la teoría de los dos demonios y relativizan el genocidio.

El documento cierra con un fuerte llamado a referentes, organismos y Estados democráticos para alertar sobre los retrocesos en Argentina y evitar el incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos. Abuelas recuerda su propia historia: en dictadura, la solidaridad internacional fue clave para visibilizar denuncias; hoy vuelven a requerir apoyo ante medidas que amenazan con desmantelar las políticas que permitieron cientos de restituciones de identidad y un proceso ejemplar de justicia transicional.

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no pertenecen al pasado sino al presente: buscan garantizar la no repetición y reparar a víctimas y a la sociedad en su conjunto. La falta de diálogo del actual gobierno nacional con organizaciones como Abuelas implica una ruptura con 42 años de tradición democrática, donde distintos gobiernos recibieron y atendieron a la sociedad civil para el diseño de políticas públicas de Derechos Humanos.

Es en el contexto presentado en el cual los equipos académicos redoblan las fuerzas para profundizar los vínculos entre las Universidades y el Movimiento de Derechos Humanos. El repositorio ?Identidad en Redes? (IESCODE-UNPAZ, Argentina) celebró convenios con una decena de Universidades Nacionales, proyectando el trabajo colaborativo basado en la cooperación para la exploración y carga de diversas producciones académicas sobre el derecho a la Identidad (Bettanin, Laino Sanchis, Santamarina y Zubillaga, 2023). Particularmente en el año 2025 se desarrollaron dos concursos -?Lugares que cuentan? y ?El arte crea memoria?-, que fueron abiertos a toda la comunidad universitaria de Argentina. Dado la amplia participación, se contempla la posibilidad de proyectar estos concursos a nivel regional. Se trata de acciones pedagógicas potentes en tanto invitan a la escritura creativa sobre experiencias de visita a sitios vinculados con procesos violentos estatales. Lugares de memoria que por la lucha del movimiento de derechos humanos se han podido preservar, resignificar y hoy reciben estudiantes y docentes del nivel superior de enseñanza. La experiencia de visita suele quedar en las trayectorias personales o en reflexiones en el espacio áulico, la invitación a presentar crónicas de esas visitas se tornó un espacio valorado por las comunidades y también por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La disposición pública de esas producciones en el repositorio genera la oportunidad de poner en valor los esfuerzos de equipos docentes y sobrevivientes de los sitios y continuar fortaleciendo redes entre Universidades. Situamos estas estrategias entre tantas otras que vienen realizando las Universidades de toda la región respecto de la reflexión sobre pasados violentos y experiencias traumáticas. En algunos países, como ya señalamos, la amenaza del avance del negacionismo y con ello la intención de desmantelamiento de las políticas de memoria sitúa a las Universidades como un actor fundamental para el sostenimiento de la lucha. En otros países, sin embargo, gobiernos afines a la exploración del pasado y la reparación de delitos de Lesa Humanidad están proporcionando un avance cualitativo en el reconocimiento de los crímenes. Allí, en Chile, Brasil, México y Colombia, el rol de las Universidades se vincula con sensibilizar a las comunidades académicas para asumir un papel formativo y de generación de valor de las posibilidades que políticamente se están abriendo.

Las organizaciones de derechos humanos surgieron en América Latina en los años sesenta. Con el correr de los años, las integradas mayoritariamente por familiares de afectados por la represión -exiliados, presos políticos, desaparecidos, asesinados-, fueron aumentando y ganando protagonismo en lugares tan disímiles como México, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, El Salvador y Guatemala (Maier, 2001).

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), constituída en 1981, en un contexto de golpes de estados y dictaduras en la región, fue el resultado del trabajo coordinado de redes transnacionales religiosas, de exiliados, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de familiares de víctimas locales y en el exilio, que se trazaron como meta la construcción de una organización regional de derechos humanos centrada en la denuncia de las desapariciones forzadas (Ayala, 2020). Así, se conformó como una organización no gubernamental, integrada por asociaciones de países de América Latina y el Caribe como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La FEDEFAM se creó en el primer Congreso Latinoamericano de Familiares de Desaparecidos de 1981, convocado por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN) y el Comité Ecuménico Pro-Derechos Humanos de Costa Rica. Por entonces, FEDEFAM calculaba 90.000 personas detenidas-desaparecidas en América Latina. Desde sus inicios, constituyó una herramienta para las distintas asociaciones miembro que se valieron del espacio para desarrollar estrategias conjuntas de difusión -como el establecimiento de la Semana y el Día del Detenido Desaparecido- e impulsar las denuncias de desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos en sus países.

Una organización importante en América latina ha sido el Servicio de Paz y Justicia formado en 1974. Originalmente se planteó como una red de cooperación y solidaridad entre diversos países, como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia, entre otros, en el marco de un contexto represivo de alcance continental (Catoggio, 2016a). Desde sus orígenes, SERPAJ buscó contribuir a la construcción de una sociedad liberadora, igualitaria y participativa basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos/as sus integrantes, grupos y organizaciones. Creó filiales nacionales y regionales (Cono sur; Andina; Centroamérica y el Caribe), a la vez que acompañó otras experiencias, como el ?Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo? en Chile y Madres de Plaza de Mayo en Argentina.

Entre quienes han estudiado el surgimiento, evolución y efectividad de las redes latinoamericanas, Sikkink (1996) ha señalado tres momentos de la red internacional de derechos humanos en América Latina: su surgimiento entre 1973-1981; su consolidación entre 1981-1990; y su reorientación a partir de los años noventa.

En Argentina, la configuración de un movimiento de derechos humanos fue internamente diverso y heterogéneo en el que han confluido diferentes estrategias, estilos de liderazgos, demandas y formas de vincularse con el Estado. Algunos trabajos han delimitado el espectro de agrupaciones que integran el movimiento (Leis, 1989; Veiga, 1985; Jelin, 1985, 1987), centrando el análisis en lo sucedido en la capital federal, contribuyendo a formar lo que algunos autores denominan visión ?canónica? -en tanto típica o característica- (Alonso, 2022). En los últimos años, se observa cierta renovación sobre el tema, a partir de las escalas de análisis utilizadas, la diversidad de fuentes y la formulación de nuevas preguntas (Zubillaga, 2016). Se evidenciaron diferencias en cuanto a los desafíos, logros, impactos, experiencias y periodizaciones (Zubillaga, 2026, 2019).

Una de las organizaciones más emblemáticas ha sido Abuelas de Plaza de Mayo, que en su activismo por la restitución de los niños y las niñas apropiados/as durante el terrorismo de Estado elaboró una abigarrada concepción del derecho a la identidad, que promovió a nivel local y global (Laino Sanchis, 2020).

En otros países del cono sur afectados por las mismas políticas, se dieron procesos similares. SERPAJ, organización no gubernamental de educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos, en el caso de Uruguay, comenzó a trabajar en 1981, durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se consolidó en 1983, a partir de la unión de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (fundada en Europa por exiliados), Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (que trabajaba desde 1977), y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay (que trabajaba desde 1982) (Bucheli y otros, 2005). El movimiento aquí atravesó momentos de desmovilización, tras la derrota del referendum (1989). Pero se reactivó la movilización y se recuperó la visibilidad de los reclamos a partir de 1996, con la primera Marcha del Silencio y la creación de HIJOS Uruguay (Alonso, Larrobla y Risso, 2016).

Por su parte, en Chile, durante la dictadura (1973-1990), se conformó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (1975), poco tiempo después la Agrupación de Familiares de Ejecutados políticos (1976) y a partir de 1977 se conformó una filial del SERPAJ (Peñaloza, 2015).

En Brasil, el Comit? de Defensa dos Direitos Humanos para o Cono Sul (CLAMOR), vinculado à Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados de São Paulo, creada en 1978, es una de las organizaciones brasileñas más importantes y conocidas (Catoggio, 2016b). Al año siguiente se fundó el Movimento de Justiça e Direitos Humanos, que cumplió un rol clave en las denuncias de las violaciones a los derechos humanos. Tras el fin de la dictadura (1964-1985), las organizaciones de derechos humanos fueron las que elaboraron informes sobre lo sucedido, ante la ausencia de iniciativas estatales.

En los países de América Central, los procesos traumáticos incluyeron los desplazamientos forzados por conflictos armados y de violencia paraestatal. Las organizaciones de familiares conformadas para promocionar los procesos de paz adquirieron características propias.

Si bien aún hoy elaborar conocimiento sobre el pasado reciente, particularmente sobre los crímenes de lesa humanidad, reviste una enorme complejidad (Crenzel, 2025), el campo de la historia reciente y los estudios de memorias ha atravesado un proceso de legitimación y de acelerada expansión (Lvovich, 2023). Con similitudes y diferencias, los ámbitos universitarios se constituyeron como espacios para la promoción del conocimiento acerca de los movimientos sociales a la vez que fueron formando actores que mantenían fronteras porosas en cuanto a su pertenencias (Laino Sanchis, 2020). Las iniciativas académicas de diferente tipo como enseñanza, investigación, extensión o voluntariado, abordaron temáticas vinculadas con los derechos humanos, la memoria colectiva y particularmente el derecho a la identidad (Ramírez y Pisarello, 2019; Badano y Cruz, 2021; Kandel, Manchini y Penhos, 2017). En gran parte de esas iniciativas, la vinculación con organismos de derechos humanos fue central configurando potencialidades en los resultados.

El proyecto ?Identidad en Redes? (IESCODE/UNPAZ, Argentina), se constituye como un antecedente significativo en el objetivo de exploración, identificación y puesta en valor público de este tipo de producciones. Si bien está traducido en cinco idiomas, hasta el momento se nutre principalmente de producciones realizadas en el marco del sistema universitario y científico-tecnológico de Argentina. Se presenta así la vacancia en continuar elaborando instancias relevantes de articulación con otros países que recuperen y construyan la mirada regional sobre estas articulacio