Nuestra América se enfrenta hoy a nuevos y acuciantes retos. Por un lado, Estados Unidos empuña nuevamente su notoria Doctrina Monroe mediante la apertura de un nuevo frente de guerra en América Latina y el Caribe más allá de los ya activados en Ucrania, Palestina y en relación con China. Su objetivo más publicitado ha sido Venezuela, aunque también parece haber puesto sus miras sobre Colombia, y ni hablar de sus continuas amenazas intervencionistas contra México y el recrudecimiento de su criminal bloqueo contra Cuba. Todo ello se hace en desconocimiento del Derecho Internacional y de sus instituciones, queriendo imponer la eficacia de los hechos de fuerza como nueva regla en ese muy otro orden mundial basado en reglas que pretende imponer en estos tiempos. (Arricale y Marceli, 2023; Dugard, 2023; Falk, 2021).

Lo anterior también ha tenido una dimensión doméstica en la medida en que la devaluación del Derecho Internacional ha estado acompañada de la devaluación del Estado liberal de derecho y de los derechos humanos, en función del tránsito hacia un Estado autoritario, la forma política estatal más afín al neoliberalismo. De ahí que no podemos centrar exclusivamente nuestras miras en la dimensión geopolítica de los conflictos actuales, sino que debemos enfocarnos, más allá de las potencias y estados, en la dimensión socioeconómica de estos como luchas de clases, grupos y pueblos (Lazzarato, 2024). Ello requiere que entendamos que la guerra ha sido y es algo consustancial al orden civilizatorio capitalista desde sus orígenes.

El capitalismo no es un sistema armonioso que permita la conciliación entre clases y pueblos. La paz habrá que construirla más allá de las funestas lógicas sistémicas del capital que en este momento parecen requerir de la sobre-represión y la guerra en función de su interés en la sobreexplotación de nuestros pueblos. Se trata en el fondo de las mismas salvajes lógicas sistémicas que caracterizaron el ciclo histórico de la acumulación originaria (Alliez y Lazzarato, 2021).

En nuestro caso, con la apertura de este nuevo frente de guerra, alegando engañosamente que es parte de su lucha contra el narcotráfico, Washington parece querer retomar su hegemonía o dominación en lo que considera su ?patio trasero? luego de que sufriese una derrota y pérdida relativa de influencia en la región a partir del rechazo decisivo de su propuesta para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que tuvo lugar en noviembre de 2005 en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina. Esa gesta histórica a favor de la afirmación de nuestra región como un polo de poder independiente de Estados Unidos fue producto de lo que se calificó como progresismo latinoamericano que surgió con el nuevo siglo. Junto a esta especie de primavera política que iba arropando a la región, surgió también el reclamo incipiente por un Socialismo del siglo XXI, que pudiese repensar críticamente y relanzar en la práctica ese proyecto histórico de clase luego del colapso mundial a finales del siglo XX del movimiento comunista y socialista, de inspiración marxista. Ello coincidió con el fin del modelo de producción fordista y su modo específico de producción y socialidad, el cual posiblemente haya contribuido a esa crisis que impactó, no sólo a los partidos comunistas y socialistas, sino también al movimiento obrero internacional en general (Traverso, 2025).

A ello se unió el impacto de la insurgencia zapatista en Chiapas en 1994 y sus prácticas posteriores de gobernanza usando como marco la forma comunitaria o comunal de los pueblos y comunidades indígenas. Las nuevas constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se distinguirán por el reconocimiento de dichos pueblos y comunidades como nuevos sujetos constituyentes y fuentes materiales de un constitucionalismo nuevo.

Por otro lado, el impacto de los estallidos sociales, semejantes al histórico Caracazo de 1989 en Venezuela, en varios países de la región, como Chile, Ecuador y Colombia, fueron dando testimonio contundente del rechazo popular a las políticas neoliberales y sus desigualdades y precarizaciones crecientes de la vida (Rajland y Benente, 2016; Molina 2023) y llevaron a proyectos de izquierda y centroizquierda al poder en Colombia y Chile. A partir de su creciente agrietamiento, nuestras sociedades volvían a ser campos de lucha de clases y de toda una serie de luchas particulares contra la explotación y opresión de unos seres humanos por otros. La guerra y la guerra civil siempre fueron instrumentos preferidos del neoliberalismo desde el golpe de estado de 1973 en Chile (Dardot, Guéguen, Laval y Sauvêtre, 2024), el cual promovió un giro jurídico-político hacia la constitución de sociedades de control para asegurar los procesos neoliberales de apropiación salvaje, no solo de la plusvalía sino también del deseo (Fisher, 2025). 

El llamado progresismo latinoamericano fue tal vez una de las expresiones iniciales de la búsqueda por llenar el vacío político e ideológico dejado por el repliegue estratégico de la izquierda socialista y marxista a partir de mediados de la década de los setenta. Se caracterizó por sustituir la perspectiva estratégica de la lucha de clases y la toma del poder revolucionario para la construcción de una nueva sociedad, con la perspectiva estratégica de la competencia política electoral dentro del Estado de sello liberal. El repliegue estratégico también se explica por la violenta campaña de contrainsurgencia librada contra la izquierda socialista y comunista por las dictaduras militares de la época, con el apoyo de Estados Unidos, particularmente en el Cono Sur y Brasil. Con ello se buscaba matar, literalmente, el proyecto histórico de toda una generación marcada por las irradiaciones de las revoluciones de China y Cuba, como también de las luchas de liberación nacional africanas y asiáticas.

Sin embargo, el movimiento real de la historia no es lineal. La historia se mueve en oleadas, nos advierte Álvaro García Linera (2016) al valorar lo que fue el fin de esa primera oleada del progresismo y el aparente estancamiento de su influencia. En el caso del progresismo latinoamericano, con la excepción de Venezuela y su propuesta del Estado comunal, éste dejó de representar un reto antisistémico para reducirse estrictamente a ser un proyecto estadocéntrico dedicado meramente a reformar y no a transformar lo existente.

Acá es imperativo señalar como parte de la escena hoy en Nuestra América, la configuración social y política en diversos países de una ultraderecha que es hostil a la democracia ampliada, constituyendo una derecha violenta, en términos de la exposición presentada por Daniel Trilling (2025), que se ha apropiado de escenarios políticos nacionales y regionales que estaban reservados a partidos políticos tradicionales de corte conservador. Estas derechas violentas con rasgos fascistas han logrado llegar a gobiernos en diferentes países, controlar las ramas legislativas y presentar candidatos al ejecutivo bajo la forma de outsiders.

Walter Benjamin advierte que los avances de la derecha y la ultraderecha autoritarias o fascistas, se deben a errores u oportunidades perdidas por parte de la izquierda (Benjamin, 1995). Ahora bien, es importante señalar que en Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay, hay actualmente gobiernos de alianzas de izquierda y centroizquierda.

Todos estos procesos socioeconómicos y políticos tienen un impacto en el campo jurídico que propician el desarrollo de perspectivas críticas teóricas y prácticas que no sólo nos sirven para entender mejor los fenómenos del derecho y el Estado en sus expresiones de dominación y transformación de la opresión (usos alternativos, subalternos, militantes, insurgentes, de liberación), sino sobre todo, identificar cómo potenciar en el presente luchas concretas de carácter antisistémicas.

Las transformaciones sociales en nuestra región y los retos a los que nos enfrentamos ante las amenazas intervencionistas del imperialismo estadounidense y aún el europeo requieren de un pensamiento jurídico crítico, históricamente situado, antisistémico, con una hermenéutica crítica comprometida con unas prácticas y luchas transformativas en nuestra región y en nuestros respectivos países. Y esto es así ya que el papel del derecho es central en la configuración de la sociedad actual pues, como ya había sido argumentado por Marx (1980, 2008) y desarrollado después por Pashukanis (1976), la sociedad capitalista necesita del derecho en el sentido de que se trata de una formación social cuya estructura interna es también jurídica pues la forma jurídica ?contracara de la forma mercancía? contribuye a la existencia y funcionamiento de este modo de producción.

El pensamiento jurídico crítico es una tradición consolidada gracias, muy especialmente, a los esfuerzos académicos, teóricos y prácticos emprendidos desde América Latina (Fernández Bulté, 1997; Novoa Monreal, 1995; Wolkmer, 2003 y 2017; de la Torre Rangel, 2004; Rivera Lugo, 2014, 2023 y 2024; Santos, 2009; Rosillo, 2011, 2013 y 2016; Conde Gaxiola, 2015, 2016; Mascaro, 2013; Aragón Andrade, 2019; Espinosa, 2018, 2024). La pluralidad de posturas dentro de esta corriente ?que en todo caso está abierta y es ampliamente diversa (Burgos, 2022)? reconocen la necesidad de confrontar el formalismo y la abstracción en el uso del Derecho moderno pues defiende que el Derecho no debe comprenderse como un sistema axiomático autosubsistente lógicamente, sino como un conjunto de prácticas y discursos concretos enmarcados históricamente, que se desenvuelven como un campo en disputa, entre contradicciones y antagonismos.

El pensamiento jurídico crítico, podríamos decir, surgió con los esfuerzos de Marx y Engels por teorizar sobre y en contra de los aspectos económicos y políticos del capitalismo. En su origen, la crítica jurídica fue, entonces, marxista, estuvo enmarcada en el proyecto de confrontar y transformar la totalidad capitalista por entender que el derecho no nace de sí mismo y que su razón explicativa está, en última instancia, en la economía política. Es una forma social del capital, entendiendo por capital una relación social adversativa. Como crítica de la ideología, como forma concreta del ser social, el marxismo hizo explícita la profunda relación entre el Derecho, el Estado y las prácticas económicas concretas de una sociedad que se reproduce a partir de la acumulación de capital. Este modo de proceder en el que se explica la asociación necesaria de las prácticas jurídicas con las prácticas económicas fue un aliciente que vino a nutrir o inspirar toda una serie de posturas posteriores. Asimismo, se abrió camino a la profundización de la subjetividad jurídica como parte del proceso constitutivo de los sujetos concretos necesarios para el proceso social de producción, intercambio, valoración y acumulación. Posteriormente, ello ha llevado a la comprensión de que el capitalista, sobre todo en los tiempos actuales, no sólo se dedica a apropiarse de la plusvalía que se genera a través de los circuitos del capital y sus códigos reproductivos (Pistor, 2022), sino también de los deseos (Rivera-Lugo, 2023).

Tanto la crítica jurídica (Correas, 2002), el derecho que nace del pueblo (de la Torre Rangel, 2004); el uso alternativo del derecho y su positivismo de combate (Wolkmer, 2017); el derecho insurgente (Soares, 1993; Prestes, 2024); la teoría del derecho pashukaniana de la forma mercancía (Rivera, 2024), la hermenéutica combativa (Wolkmer, 2017); la hermenéutica analógica (Conde Gaxiola, 2024); el pensamiento decolonial y las epistemologías del sur (Santos, 2022); la filosofía de la liberación (Dussel, 2011); el derivacionismo alemán (Bonnet y Piva, 2024); el iusmaterialismo (Salamanca, 2010); el feminismo popular y revolucionario (Olivera, 2019); el autonomismo normativo de los pueblos y comunidades indígenas así como de los movimientos sociales (Hernández y Burgos, 2019); una antropología jurídica militante (Aragón, 2019), entre otras, surgieron como formas específicas de estudiar el derecho desde su concreción práctica y discursiva, situándose como estrategias contrahegemónicas en la definición del derecho y transformando el campo de la teoría del derecho.

Como herramientas de lucha contra formas de opresión específicas, estas posturas se han enmarcado en esfuerzos progresistas por la emancipación y han desarrollado una correlación entre las Ciencias Sociales y el Derecho, diversa y con mucha riqueza. Sin embargo, consideramos que persiste la necesidad de llevar la teoría crítica del derecho hasta sus dimensiones económico-políticas y a la fijación en las posibilidades revolucionarias de la emancipación que no renuncien a las exigencias normativas de superar el capitalismo, como un requisito para la emancipación humana, lo que implica poner fin a la reificación del presente y no perder de vista lo que existe ya en potencia o está en trance-de-ser (Bloch, 2004).

Dentro de esta caleidoscópica tradición, que ha sido también ámbito de discusiones y diferencias, hay un eje central y es que la teoría crítica del derecho representa un proyecto dentro del proyecto general de la crítica de la economía política del capital (Rivera, 2024), que, al tomar al derecho y su praxis por objeto, está dispuesta a criticarlo, es decir, presentarlo en su real funcionamiento. Se comprometen estas perspectivas críticas del derecho con la emancipación humana de toda opresión o explotación de un ser humano por otro, entendida ésta como la que no solo está dispuesta a trabajar para la expansión de libertades políticas y sociales dentro del orden social vigente, sino con miras a abrirle paso a la superación histórica de éste.

El contexto del pensamiento jurídico crítico de América Latina y el Caribe muestra, dentro de su unidad de propósitos transformativos, un espectro amplio de perspectivas, incluido un marxismo vivo que no se reduce a lo ortodoxo, sino que, como unidad contradictoria, asume el reto de ser abierto al movimiento real de la vida y la historia. La relevancia teórica de esta propuesta radica, precisamente, en la contribución al fortalecimiento, desarrollo y despliegue de la teoría crítica sobre el derecho y el Estado en nuestra región, desde marcos teóricos diversos. En esta nueva propuesta de Grupo de Trabajo le apostamos a la continuidad del proyecto de fortalecer el pensamiento jurídico crítico como una forma específica del proyecto más amplio de la crítica a la economía política y a las relaciones sociales y de poder que determina, en última instancia, tanto la forma de la teoría, sino que también y sobre todo la práctica del derecho.

Frente a la situación actual se requiere el desarrollo de estos nuevos paradigmas, estas nuevas categorías y perspectivas de un actualizado pensamiento jurídico-político crítico desde el cual se potencien nuevos horizontes liberadores para la acción política y social. En ello va la relevancia social de esta propuesta. Este es un proyecto teórico-práctico, es decir, un proyecto para la constitución de un colectivo de trabajo dedicado al desarrollo de un proyecto jurídico-político de transformación y construcción de futuro.

Todo lo enunciado como grupo y proyecto consolida y profundiza aún más los trabajos de articulación, investigación y discusión que tienen como antecedentes un sólido y productivo trabajo que se ha presentado con éxito y resultados en diversas ocasiones a CLACSO, a saber: GT ?Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios? (2013-2016); ?Pensamiento Jurídico Crítico? (2016-2019) y ?Crítica jurídica y conflictos sociopolíticos? (2019-2022) y ?Pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos? (2022-2025).