Esta presentación surge de los acuerdos arribados entre las instituciones que conforman este GT en torno a la crisis socioambiental en el Foro ?Transiciones justas en tensión. Dilemas y horizontes posibles en contextos de crisis de lo común?, desarrollado en la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Horizontes y transformaciones para la igualdad. Democracias, resistencias, comunidades, derechos y paz?.

En esta etapa, nos proponemos consolidar el trabajo realizado en periodos anteriores y fortalecernos como una red interinstitucional, intercultural, interdisciplinaria y transdisciplinaria a nivel de América Latina y el Caribe. Nuestro fin es seguir avanzando en la producción de conocimiento sobre la crisis socioambiental, y fortalecer la vinculación mediante proyectos y/o actividades con organizaciones de trabajadores/as (sindicatos y movimientos populares), organizaciones ambientales, de la sociedad civil en general, con empresas responsables y con entidades gubernamentales. Nuestra meta es elaborar propuestas de transición justa hacia una ecología integral.

Las instituciones que forman parte de este GT tomamos como referencia crítica y horizonte de construcción las ideas vertidas por el papa Francisco principalmente en sus Encíclicas. Estas ideas han motivado también la inspiración de otros organismos internacionales, regionales y nacionales dando lugar a la problemática sobre cómo reconstruir lo común.

La crisis ecológica de nuestra Casa Común se manifiesta bajo dos aspectos, el ambiental y el social. La crisis social se correlaciona principalmente con las transformaciones que viene sufriendo la producción y el trabajo de calidad desde hace décadas (OIT, 2019). Y, producto de la lógica del saqueo y del descarte, se manifiesta bajo la forma de desempleo e informalidad estructural en América Latina y el Caribe (Cuda, 2020).

La crisis ambiental se manifiesta como cambio climático y crisis energética, poniendo en riesgo de extinción la vida en el planeta a causa de las intervenciones no sostenibles sobre los ecosistemas, y cuya matriz radica en el paradigma tecnocrático dominante y globalizado para sostener tasas de ganancia extraordinarias (Dussel, 2003).

Sobran las evidencias sobre el riesgo de colapso civilizatorio (PNUD, 2020), al igual que las recomendaciones de la Agenda 2030 de la ONU y la OIT sobre la importancia del trabajo decente y de abordar la crisis socio ambiental con énfasis en las desigualdades. Sin embargo, hay una reacción conservadora, articulada en las ultraderechas de la región, dispuesta a negar la crisis socio-ambiental, a culpabilizar a los sectores más vulnerables de las desigualdades sociales, y a diseminar discursos de odio.

En este contexto, las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si (2015), Fratelli Tutti (2020), y Dilexit nos (2024), y los aportes de Enrique Dussel han puesto énfasis en las tres rupturas que configuran la crisis de lo común. La ruptura del vínculo con los otros, la ruptura del vínculo con la naturaleza y la ruptura del vínculo con la interioridad, señalando al paradigma tecnocrático como una racionalidad que tiende a cosificar los vínculos.

Una de las herramientas privilegiadas para reconstituir los vínculos es el diálogo social, como expresión concreta de la política democrática que se necesita, superadora de las polaridades en tensión. Nuestro punto de partida es la recepción crítica de esta agenda internacional y abrirla al diálogo con los actores sociales y sus experiencias.

En tanto herramienta para el diálogo social, la transición justa es un enfoque legitimado en el plano internacional cuya potencialidad reside en comprender que el escenario actual requiere de un equilibrio entre la organización de la producción y el trabajo, las formas de consumo, el impacto ambiental, y el cambio tecnológico.

La noción de transición justa surgió del movimiento obrero de los Estados Unidos en la década de 1970 en respuesta al despido de trabajadores durante el proceso de eliminación gradual de industrias contaminantes para contribuir a la mejora del medio ambiente. La primera mención de una transición justa como política planificada se atribuye al líder sindical estadounidense Tony Mazzocchi, quien reclamó un fondo que ofreciera oportunidades y apoyo financiero para el acceso a la educación superior a los/as trabajadores/as que pierden sus puestos por las políticas de protección ambiental (OIT, 2018).

El término Transición justa se siguió utilizando en diversos documentos de sindicatos de organizaciones regionales hasta que en junio de 2010 la Confederación Sindical Internacional (CSI) lo incluyó como estrategia para el desarrollo sostenible. Un avance significativo fue la inclusión del concepto en el acuerdo final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Cancún en diciembre de 2010 (CMNUCC, 2010). Y finalmente, el concepto fue reconocido en el Acuerdo de París (CMNUCC, 2015) como estrategia de transición hacia el desarrollo sostenible.

El enfoque de la transición justa implica que las prioridades ambientales y laborales se basan en intereses compartidos y el enfoque transitorio se fundamenta en la cooperación entre empresas, Estados y sindicatos en una mesa de negociación (OIT, 2018).

Las políticas de transición justa hacen referencia a las medidas que tienen como objetivo cambiar la estructura económica por una con cero (o bajas) emisiones de carbono, respetuosa con el medio ambiente, y que sea socialmente inclusiva a través del trabajo decente. Para evitar el desastre climático y estimular una reactivación económica sostenible e inclusiva, es necesario contar con instrumentos de política multisectoriales y democráticos.

Esos instrumentos de política y diálogo social son un insumo de perspectiva que permite pensar, de manera situada, los procesos de inclusión y descarbonización desde las experiencias realmente existentes en América Latina y el Caribe. Así, el concepto "transición justa? debe ser debidamente contextualizado de acuerdo a las responsabilidades comunes pero diferenciadas (Declaración de Río, 1992) considerando la deuda ecológica. Los países industrializados del Norte Global y sus corporaciones han generado la mayor parte de las emisiones acumuladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde la Revolución Industrial, beneficiándose del uso intensivo de combustibles fósiles y de la explotación de materias primas y biodiversidad del Sur Global.

La transición justa debe necesariamente incluir la categoría de ?justicia socioambiental?. Esto es, que los países del norte global se comprometan con asumir los mayores esfuerzos de mitigación y financiar las adaptaciones necesarias en los países del Sur Global, sin que esto les genere más deuda (Conferencias y Consejos Episcopales Católicos de África, América Latina y el Caribe y Asia, 2025). En materia de transición justa, la deuda ecológica no es solo un reclamo moral sino un enfoque para orientar las políticas climáticas bajo criterios de reparación y compensación por pérdidas y daños.

Para América Latina y el Caribe se abre un enorme desafío respecto a su perfil productivo. Se abre el interrogante de si es posible dejar atrás un modelo puramente extractivo o dependiente de materias primas de bajo valor y moverse hacia cadenas con mayor valor agregado en este marco de transición justa (CEPAL, 2023). Muchos países latinoamericanos tienen reservas de minerales ?clave? y otros bienes naturales para la transición, pero, a su vez, esto trae aparejado tensiones sobre no recaer en un extractivismo ?verde?. Por ejemplo, riesgos asociados a las presiones sobre el recurso hídrico, la generación de electricidad para centros de datos, la minería en relación a la producción de vehículos eléctricos y baterías, y los conflictos con las comunidades locales.

La importancia del concepto transición justa radica en que en torno a él se está llevando adelante un debate de época que implica poner en discusión las relaciones sociales de producción y de consumo en la fase actual del capitalismo (Alvarez Newman y Gil Espinosa, 2023).

Frente a tal magnitud, parece haber un inusitado escenario de consenso. Diversos actores tales como organismos internacionales y nacionales, el mundo académico, los movimientos socioambientales e incluso las corporaciones empresariales utilizan el concepto de transición justa. Frente a esto, Edgardo Lander (2023) advierte sobre las estafas conceptuales que provienen de los centros de poder que configuran la crisis y que a la vez buscan una respuesta en soluciones para que nada cambie o para que no se vean alteradas las relaciones de poder. Esta matriz conceptual, a la que denomina corporativa-colonial, se presenta como una solución a la crisis bajo un marco dominante.

Siendo esquemáticos identificamos dos grandes posiciones en torno al concepto de transiciones justas. La perspectiva tecnocrática engloba a un conjunto de propuestas provenientes principalmente de las corporaciones empresariales y de algunos de los países que tienen una alta responsabilidad en las emisiones.

Estas corporaciones, junto con algunos organismos internacionales han conformado una narrativa hegemónica sobre el cambio climático donde las soluciones permanecen bajo las esferas del mercado bajo el nombre de economía verde. En los reportes de sustentabilidad de esas empresas aparecen categorías como economía verde, descarbonización, y transición energética que no dimensionan adecuadamente la dinámica del capital. Más bien, estas narrativas tienden a reducir la discusión a indicadores cuantitativos, que mayormente no se cumplen, por ejemplo, la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los insumos reutilizables, el tratamiento del agua y de los residuos, etc.

Por otro lado, este concepto es utilizado de manera crítica desde lo que denominamos como perspectiva socioambiental. Es decir, perspectivas que ponen el foco más allá del mercado y plantean un cambio estructural profundo del modo de producción y de consumo donde la justicia ambiental y la justicia social se abordan como parte de un mismo fenómeno (Svampa, 2023). Esa posición es sostenida desde una variedad de narrativas provenientes del activismo sindical y ambiental, movimientos sociales y otras organizaciones no gubernamentales, actores del mundo académico, y sectores de la iglesia.

La cara social del colapso la encontramos en la configuración de la nueva cuestión social, momento en que la clase trabajadora, además de ser explotada, comenzó a ser descartada y excluida del mercado de trabajo (Castel, 1995; Rosanvallon, 1996). La ruptura del dispositivo de regulación fordista abrió un proceso de modernización empresarial (Figari, 2001) que modificó el orden sociolaboral preexistente conformando el fenómeno de la flexibilización (Sennett, 2000).

La flexibilización se fue constituyendo como una verdad corporativa en el mundo empresarial. La definimos como un dispositivo que organiza las prácticas laborales readecuando instrumentos organizacionales, tecnológicos y legales que promueven la reducción de costos laborales y un mayor consumo productivo de la fuerza de trabajo (Alvarez Newman, 2018). El neoliberalismo en su afán de arrasar toda limitación o regulación a la valorización de capital, ha profundizado el problema socio-ambiental.

Como Grupo de Trabajo consideramos de vital importancia la disputa de sentido y la elaboración de una narrativa que logre condensar todas las posiciones críticas en torno a la transición justa. Nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente: ?Desde el punto de vista de las transiciones justas, las contradicciones múltiples que se expresan en la policrisis actual del capitalismo estarían sobredeterminadas por las prácticas de explotación, saqueo y descarte de los cuerpos y de la naturaleza. Estas prácticas tienen su núcleo en procesos de valorización de capital que se sostienen en una racionalidad tecnocrática?.

El uso del término policrisis ha proliferado recientemente también con muchos significados diferentes. Adam Tooze (2022), quien lo popularizó sobre todo después de sus escritos para el Foro Económico Mundial, postula que es un conjunto de crisis distintas que interactúan de manera que ellas y/o sus efectos tienden a reforzarse mutuamente. Pandemias, disrupciones energéticas, fragilidad financiera, cambio climático y tensiones geopolíticas, interactúan formando un entramado de crisis que en vez de ocurrir de manera aislada están interconectadas, volviendo al sistema global frágil e impredecible.

Uno de los aspectos más interesantes de este término es que resalta la diversidad de tensiones sin que haya una contradicción dominante única, intentando escapar de lo que el autor llama ?capitalocentrismo? (Tooze, 2022). Es decir, además del problema de la dinámica de la acumulación de capital, habría muchas otras dimensiones y dinámicas en juego.

Nuevamente, conviene tomar este concepto con precauciones. Si bien es útil para evitar explicaciones monocausales y promover análisis interconectados, desde el GT promovemos un análisis situado desde y para América Latina y el Caribe. De nuestra hipótesis se desprenden 4 dimensiones para repensar la policrisis: la contradicción clásica capital-trabajo; la colonialidad en las relaciones sociales de producción y consumo; la crisis ambiental; y las desigualdades de género.

En el marco de la policrisis, aparece el paradigma tecnocrático como marco epistémico que presenta falsas soluciones (Papa Francisco, 2015). Este paradigma es una ideología dominante y unidimensional que considera que el progreso de la tecnociencia, impulsado por el rédito económico, es la clave para resolver los principales problemas de la humanidad y del ambiente (Alvarez Newman y Gil Espinosa, 2024). Es decir, siempre que haya rentabilidad, habrá soluciones tecnológicas posibles.

Frente al paradigma tecnocrático, se abren interrogantes respecto a la posibilidad de llevar a cabo las reformas necesarias en clave socioambiental hacia una ecología integral. Sabemos lo que no funciona y está mal, pero no hay claridad sobre cómo remontar el tiempo que viene (García Linera, 2022). Se vuelve necesario construir narrativas acerca de nuestro porvenir en clave popular.

Para tal fin desde nuestro GT ponemos de relieve el diálogo social como herramienta de construcción política para una transición justa. En esta edición del GT, trabajaremos de manera conjunta con la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) en el Programa Construyendo Puentes. Esta iniciativa busca promover el diálogo social para construir puentes de inclusión, reconciliación y fraternidad en los espacios académicos y con sindicatos, movimientos sociales, empresas responsables y entidades gubernamentales.

Esta iniciativa, recoge el compromiso de los más de 200 rectores/as de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe que participaron del encuentro que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2023 con el papa Francisco para reconstituir la casa común. Recuperar y organizar la esperanza fue uno de los lemas que dejó dicho encuentro en relación a los desafíos que enfrenta el sistema universitario frente a la crisis socioambiental.

Nuestro plan de trabajo guardará relación directa con los siguientes lineamientos:

Continuar con la producción de conocimiento respecto a la transición justa, con especial énfasis en las nociones de policrisis, paradigma tecnocrático y ecología integral.

Vincularnos con experiencias de transición justa hacia una ecología integral provenientes de organizaciones del tercer sector, empresas responsables y entidades gubernamentales.

Proponer alternativas de políticas públicas, junto a los actores, capaces de contribuir a la superación de la crisis socio-ambiental.