América Latina y el Caribe se encuentran nuevamente en la tensión entre dos propuestas de administración del Estado nacional contrapuestas y que han sido la clave para entender la mayor polarización al interior de nuestras sociedades.

De modo desigual y sin un equilibrio aparente, algunos Estados han recuperado su acción y su capacidad de intervenir en las comunidades a través de políticas públicas que intentan socavar los efectos de un neoliberalismo epidérmico que ha calado desde los años ?70 profundamente en nuestros territorios. En efecto, México, Chile, Honduras, Brasil, Colombia, son ejemplos de este dinamismo novedoso que promueve políticas sociales compensatorias y tímidos reflejos de los viejos estados de bienestar que pulularon en los años ?40, ?50 y en los tempranos 2000 en ciertas regiones y países de la región.

El péndulo político hacia el neoliberalismo también ha mostrado su inclinación y vigencia. Argentina, Bolivia y en otro puñado de países en los que no administran, pero sí son fuerzas importantes la perspectiva neoliberal y sus variantes ha demostrado capacidad de legitimidad popular y de actualización de su programa a la luz de los cambios operados en la pospandemia.

En efecto, durante y luego de la crisis social y humanitaria generada por la pandemia del coronavirus, que generó una rápida propagación del virus motivando medidas de los estados en distintos planos: sanitario, infraestructura, higiene, la prevención, el aislamiento social, la circulación de las personas, la suspensión de actividades productivas y servicios no esenciales, entre los principales; hemos sido testigos de la necesidad de la presencia de los Estados nacionales como planificadores de la salud y el bienestar poblacional. Como se ha dicho, la cruel pedagogía del virus (De Sousa Santos, 2020) está menos asociada a sus consecuencias sanitarias ?que fueron y en algunos lugares continúan siendo trágicas- sino más bien a lo que esta fase del capitalismo ha producido en relación con la función de los Estados nacionales y su vinculación con la sociedad civil. Allí, es insoslayable destacar que, pese a los años de gobiernos populares en la región durante la primera década de los 2000, hemos sido testigos desde los años ?90 de la demonización de los servicios públicos; la degradación de las políticas sociales dictadas por las políticas de austeridad con el pretexto de la crisis financiera del Estado; la privatización de los servicios públicos y la subfinanciación de los restantes por no ser de interés para el capital (De Souza Santos, 2020: 68). Este dominio del capital sobre el Estado, de lo público sobre lo privado, en el marco de un mundo profundamente desigual, desnudó las dificultades de los Estados de la región para hacer frente a la crisis humanitaria y la centralidad del capital en la organización de la vida de los habitantes del mundo y de nuestra región en particular.

Las dificultades de la pandemia y un discurso difundido a través de nuevas plataformas con nuevas herramientas durante la pospandemia generaron situaciones conflictivas nuevamente asociadas a la inestabilidad administrativa y la crisis endémica de nuestros estados producto de su lugar marginal en el concierto de naciones del mundo. Estos discursos han calado hondo en algunos países, dando lugar a una revitalización de los discursos de derecha y a la puesta en agenda de políticas de discriminación, de marginación y de exclusión social con un tinte de crueldad que nuestro continente no había conocido y que nos recuerda ?en lo discursivo- a momentos de la historia occidental fuertemente traumáticos.

¿Qué lugar tenemos como cientistas sociales frente a esta nueva tensión, entre neoliberalismo fascista y tímidos Estados de bienestar?

En los últimos años, América Latina y el Caribe han experimentado transformaciones aceleradas vinculadas a la profundización de las desigualdades estructurales, el avance de corporaciones transnacionales sobre los bienes comunes, la creciente presión de organismos multilaterales que imponen nuevas condicionalidades financieras y el debilitamiento de las funciones de los Estados nacionales para equilibrar esas presiones. Estas dinámicas han reconfigurado las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil, poniendo en tensión las ya frágiles institucionalidades democráticas de la región. La expansión de modelos neodesarrollistas basados en el extractivismo ?ya sea minero, agroindustrial o digital? incrementa la dependencia tecnológica y financiera, mientras refuerza un patrón colonial de inserción subordinada en la economía-mundo (Wallerstein, 1979). En este escenario, las ciencias sociales del Sur global enfrentan el desafío de producir conocimiento que no solo describa estos procesos, sino que permita construir categorías analíticas propias, arraigadas en nuestras historias de dominación, resistencias y alternativas.

Al mismo tiempo, las disputas territoriales se expresan hoy con una intensidad renovada. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, movimientos ambientales y organizaciones feministas han puesto en el centro del debate la defensa de la vida, del territorio y de las formas comunitarias de reproducción social. Estas luchas evidencian que las tensiones actuales no pueden ser comprendidas únicamente desde la lógica estatal o partidaria, sino desde configuraciones plurales de poder donde intervienen actores globales, locales y transnacionales. Para las ciencias sociales latinoamericanas, este escenario abre la necesidad de revisar sus marcos epistémicos, abandonar los enfoques eurocéntricos de investigación y avanzar hacia metodologías colaborativas, dialogadas y comprometidas con los sujetos que históricamente han sido silenciados en la producción del conocimiento.

Es imposible pensar la actualidad latinoamericana sin considerar los procesos de integración ?o desintegración? regional, tanto en el plano institucional como en el plano de las solidaridades entre movimientos sociales. En este marco, las ciencias sociales están llamadas a construir redes de investigación Sur-Sur, fortalecer agendas críticas que dialoguen con las demandas populares y producir conocimiento que contribuya a imaginar horizontes emancipatorios, más allá de los límites del Estado-nación y de las lógicas impuestas por los centros hegemónicos.

En este marco, la internacionalización también se convierte en un terreno de disputa fundamental. Mientras los organismos hegemónicos promueven una internacionalización instrumental, centrada en rankings, movilidad individualizada y cooperación condicionada al financiamiento externo, desde el Sur global emergen otras formas posibles de articulación transnacional. Se trata de procesos que buscan desmercantilizar la producción de conocimiento, democratizar el acceso a la ciencia y construir agendas comunes que respondan a las urgencias de nuestros territorios (Perrotta, 2023). Estas iniciativas apuestan a una internacionalización solidaria, horizontal y situada, que prioriza el intercambio entre universidades públicas, movimientos sociales y centros de investigación comprometidos con la justicia social y epistémica. Para las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas, avanzar en este tipo de internacionalización significa fortalecer diálogos Sur-Sur, disputar los sentidos de la cooperación académica y consolidar un campo científico capaz de intervenir críticamente en los procesos globales sin renunciar a sus anclajes locales y a su vocación transformadora.

Finalmente, en este escenario, la universidad pública emerge como un actor estratégico y, al mismo tiempo, tensionado en la disputa por la producción de conocimiento en América Latina y el Caribe. Es por eso que en esta convocatoria consideraremos a la universidad como productora de conocimiento y como actor central, buscando indagar su rol social y su relación con otros actores en la región.

La problemática analizada adquiere una relevancia teórica central en un momento en el que ALyC atraviesa transformaciones estructurales que reconfiguran las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. La oscilación entre proyectos neoliberales y experiencias estatales que ensayan formas incipientes de protección social revela un campo político en disputa que no puede comprenderse desde marcos conceptuales tradicionales o eurocéntricos. En este contexto, el estudio de estas tensiones requiere recuperar categorías analíticas arraigadas en la experiencia histórica latinoamericana, que permitan identificar continuidades y rupturas en los modos de intervención estatal, en las formas de legitimación del poder y en los patrones de acumulación dominantes. Desde una perspectiva del Sur global, la investigación se vuelve relevante para avanzar hacia una producción de conocimiento situada, capaz de explicar críticamente las modalidades actuales del capitalismo dependiente, la persistencia de desigualdades estructurales y las nuevas configuraciones del conflicto social.

La pertinencia social del tema se vuelve indiscutible frente al impacto que estas transformaciones tienen sobre las condiciones de vida de amplios sectores de la población. El avance del extractivismo, junto con la expansión de corporaciones transnacionales sobre los bienes comunes impacta en la vulneración de derechos, desplazamientos territoriales y degradación ambiental que afectan especialmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, sectores campesinos, mujeres y juventudes. A su vez, el debilitamiento de los servicios públicos, la precarización del trabajo y las crisis recurrentes de los sistemas de protección social evidencian la fragilidad de los Estados para garantizar bienestar y justicia social. En este marco, investigar estas dinámicas permite no solo visibilizar los mecanismos contemporáneos de desigualdad y exclusión, sino también recuperar las resistencias, estrategias organizativas y alternativas comunitarias que emergen desde abajo. La investigación contribuye así a comprender y fortalecer los procesos sociales que defienden la vida, el territorio y la reproducción comunitaria.

Finalmente, la relevancia del tema se potencia al considerar que estas discusiones se inscriben en un escenario global donde la internacionalización se ha convertido en un espacio de disputa estratégica. Frente a modelos hegemónicos basados en la competencia, la lógica de mercado y el control de los flujos de conocimiento, en ALyC emergen propuestas alternativas de internacionalización situada, solidaria y orientada a la justicia epistémica. Analizar este proceso permite comprender cómo se configuran nuevas redes de cooperación Sur-Sur, qué sentidos se disputan en la producción académica transnacional y qué potencialidades existen para fortalecer vínculos entre universidades públicas, movimientos sociales y centros de investigación comprometidos con las luchas territoriales. Desde esta perspectiva, el estudio del tema no solo ilumina los dilemas actuales de la región, sino que contribuye a proyectar formas de integración e intercambio que trasciendan los marcos tradicionales y respondan a las urgencias de nuestros pueblos.

En el contexto de profundas transformaciones políticas, económicas y culturales que atraviesan ALyC, la noción de ciencia social móvil adquiere una relevancia estratégica para comprender y explicar los fenómenos sociales desde una perspectiva situada. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que la realidad latinoamericana no puede ser aprehendida mediante marcos analíticos rígidos, ni mediante categorías que reproducen la lógica universalista propia del Norte global. Por el contrario, la ciencia social móvil propone una práctica investigativa flexible, dinámica y capaz de desplazarse ?teórica, metodológica y territorialmente? para acompañar la complejidad de procesos que son, por definición, cambiantes y multisituados. Incorporar movimientos, desplazamientos y transiciones como dimensiones constitutivas de la investigación, permite captar las articulaciones entre actores locales, fuerzas globales y disputas políticas que configuran nuestros territorios.

La movilidad en las ciencias sociales latinoamericanas se expresa, por un lado, en la capacidad de seguir las tramas del poder más allá de las fronteras nacionales, dada la creciente injerencia de corporaciones transnacionales, organismos multilaterales de crédito y plataformas digitales que organizan nuevas formas de gobernanza y control social. Pero también implica desplazarse hacia los territorios donde emergen resistencias, saberes comunitarios y experiencias de autonomía que reconfiguran las nociones tradicionales de Estado, ciudadanía y participación política. En este sentido, la ciencia social móvil promueve prácticas de investigación que no se limitan a la observación institucional o documental, sino que buscan anclarse en espacios concretos donde se producen los conflictos: comunidades indígenas en defensa del territorio, movimientos feministas que resignifican el espacio público, juventudes que disputan sentidos sobre la democracia, colectivos que resisten la avanzada extractivista o neoliberal.

En este entramado, las universidades públicas adquieren un papel decisivo como espacios donde la movilidad del conocimiento se produce, se disputa y se redefine. Lejos de ser instituciones neutras, las universidades latinoamericanas funcionan como territorios en los que se tensan proyectos políticos, modelos de internacionalización y sentidos sobre la función social de la investigación. En el marco de la ciencia social móvil, la universidad no es solo un lugar de producción científica, sino un nodo que articula desplazamientos epistémicos, metodológicos y geográficos: habilita vínculos con comunidades, movimientos sociales y redes trasnacionales; promueve investigaciones que traspasan fronteras disciplinares y territoriales; y sostiene agendas críticas que dialogan con las urgencias de los pueblos de la región. Sin embargo, este rol se encuentra tensionado por procesos de mercantilización, estandarización y subordinación a lógicas evaluativas globales que muchas veces limitan la autonomía intelectual. Frente a ello, fortalecer la universidad pública significa afirmar su capacidad de producir conocimiento situado, de disputar sentidos en la circulación internacional del saber y de sostener una movilidad crítica que no reproduzca desigualdades globales, sino que amplifique las voces, experiencias y debates propios de ALyC.

La participación del GT en el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica ha sido y es fundamental, en esta dirección una estrategia insoslayable para transformar la ciencia es la revisión profunda de los sistemas de evaluación científica, que hoy sigue anclada en criterios, métricas y jerarquías asociadas a hegemonías eurocentradas y anglosajonas. Avanzar hacia modelos de evaluación situados implica reconocer la pluralidad de modos de producir conocimiento, valorar aportes que respondan a problemáticas locales y diseñar instrumentos que acompañen proyectos comprometidos con las realidades de la región. Solo mediante evaluaciones sensibles al contexto, dialogantes con las necesidades sociales y abiertas a epistemologías diversas será posible impulsar una ciencia verdaderamente transformadora, capaz de fortalecer la soberanía cognitiva y la justicia epistémica en ALyC.

Finalmente, el carácter móvil de las ciencias sociales en ALyC se vincula con los debates contemporáneos sobre internacionalización. Frente a un modelo dominante que privilegia la circulación selectiva, competitiva y jerarquizada del conocimiento, emergen propuestas de movilidad crítica y solidaria que entienden el desplazamiento académico como una práctica política orientada a fortalecer redes Sur-Sur, a democratizar el acceso a la producción científica y a promover diálogos que reconozcan la pluralidad epistémica del continente.