El panorama social de América Latina, según la CEPAL (2024), está marcado por una crisis de desarrollo. La crisis está traccionada por una baja capacidad de crecimiento, una elevada desigualdad con baja movilidad, una débil cohesión social y una baja capacidad institucional y de gobernanza (Salazar-Xirinachs, 2023). Estos rasgos se han consolidado en la última década y se han profundizado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la región ha experimentado un estancamiento económico durante aproximadamente una década, con un crecimiento promedio de solo 0,9% entre 2015 y 2024, un período comparable al de la década de 1980 (la llamada "década perdida"). Por otro lado, la pandemia ocasionó múltiples e imbricados efectos en las sociedades latinoamericanas, poniendo en evidencia las grandes desigualdades socioeconómicas, las inequidades en el acceso y la calidad de los bienes y servicios (en particular, salud, condiciones de vivienda y cuidados), y los graves problemas estructurales de nuestras sociedades.

América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por la conformación de Estados sociales con limitadas capacidades de universalización de los sistemas de protección producto de las debilidades fiscales y la dualidad o heterogeneidad estructural: altos niveles de informalidad laboral, segmentación de los sistemas de protección y desigualdades persistentes entre clases, territorios, géneros, generaciones y grupos étnico-raciales (Mesa-Lago, 1978; Wood y Gough, 2006). La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 hizo (más) visibles las limitaciones de estos ?acuerdos? de bienestar (Valencia Lomelí, 2023).

La pandemia incrementó la pobreza y la desigualdad, concentró los impactos en los barrios populares y en los sectores informales (Ziccardi, 2020; 2021; 2022; Di Virgílio y Perelman, 2023), tensionó los sistemas de salud (Barba Solano, 2023 y 2023a; Valencia y Jaramillo, 2024) y expuso las fragilidades de los sistemas de protección social ante choques masivos y prolongados (CEPAL, 2025). Si bien en el contexto de la pandemia los países dieron respuestas ?extraordinarias?, como programas de transferencias de ingresos de emergencia, refuerzos en la alimentación escolar y programas de apoyo al empleo y a los cuidados, en la etapa pospandemia, asistimos al desmantelamiento de esas políticas, especialmente en los países gobernados por ?coaliciones de austeridad?. De este modo, se observa una tendencia a la reconfiguración y, en muchos casos, al desmonte de políticas sociales construidas durante las primeras décadas del siglo XXI, así como intentos de recentrar la cuestión social en el paradigma de la responsabilización individual y el ?emprendedorismo? de las personas en situación de pobreza (Gaitán, 2025).

Las dinámicas sociopolíticas nacionales y los giros a la derecha de los gobiernos latinoamericanos, con excepciones como en Brasil, Colombia o México, son concomitantes e influidas por procesos ?transversales? que afectan de forma desigual a los países del Sur global: la crisis climática y los modelos extractivistas, las migraciones forzadas, la digitalización del trabajo y de la vida cotidiana, la automatización y la financiarización de la economía, promoviendo nuevas formas de exclusión y discriminación automatizada. El nuevo escenario parece tener la capacidad de desmontar los derechos instituidos durante el ciclo de gobiernos progresistas. Si bien el ?giro a la izquierda? en la región supuso una expansión de políticas de transferencia de renta, re-regulación laboral y ampliación de coberturas, estos avances no parecen haber logrado socavar los pactos distributivos regresivos ni la estructura productiva heterogénea que sigue reproduciendo brechas sociales profundas (Barba Solano, 2023a; 2023b; 2025a; 2025b; CEPAL, 2025).

Históricamente, la región ha experimentado ciclos de "péndulo" entre la derecha y la izquierda, aunque en el contexto actual, bajo la influencia de los Estados Unidos, los contrastes entre los países y la orientación de sus políticas sociales parecen haberse intensificado. Mientras México experimenta un ciclo expansivo en materia de políticas sociales (principalmente en una diversidad de programas de transferencias no condicionadas y de pensiones no contributivas), Argentina, por el contrario, vive un periodo de retrocesos y limitación de derechos bajo el gobierno de Javier Milei. Esta situación plantea nuevos desafíos en términos de conocimiento y de comprensión de la situación de los diferentes países y de los balances regionales, especialmente en temas críticos como:

? La crisis del trabajo, la informalidad estructural y las nuevas formas de precarización (uberización, gig economy, etc.).

? La continuidad de las problemáticas (segregación residencial, desigualdad territorial, salubridad pos-Covid-19, etc.).

? La estratificación de los sistemas de protección y/o de bienestar.

? Los riesgos naturales generados por el cambio climático, que afectan principalmente a los sectores populares, contribuyen a la persistencia de la pobreza y ponen en crisis los sistemas de bienestar.

? Los cambios en las percepciones sobre la pobreza y las nuevas formas de legitimación social.

? La redefinición del papel de los gobiernos subnacionales en la gestión de las políticas sociales y de las relaciones intergubernamentales, y la consolidación de procesos de fragmentación de las capacidades estatales para universalizar el bienestar.

El GT se ubica críticamente ante esta coyuntura, proponiendo un abordaje comparado, interdisciplinar, interseccional y descolonizador de las transformaciones contemporáneas de la cuestión social en América Latina y el Caribe. La misma se apoya y retoma los hallazgos producidos en los más de 25 años de existencia y, en particular, de los últimos dos períodos (2019?2022 y 2023?2025):

? La región opera históricamente bajo Estados sociales limitados en sus capacidades técnicas, burocráticas, políticas y financieras para reconocer derechos de forma universal a todas las poblaciones. Fenómenos como la desprotección estructural, la heterogeneidad productiva y territorial, la fragmentación de los sistemas de bienestar y sus formas heterogéneas de despliegue según el nivel o la escala de gobierno, etc.

? Los ciclos progresistas ampliaron la protección, pero sin modificar las bases estructurales de la desigualdad.

? Importancia de la cuestión ideacional. Desde mediados de 2010 y especialmente en los años 2020, emergen retrocesos democráticos, disputas por el rol del Estado y ofensivas neoliberales centradas en la reducción del gasto social, mercantilización y austeridad regresiva.

? La heterogeneidad en la región revigoriza el viejo clivaje universalismo-focalización, mercantilización-desmercantilización, lógica de derechos-lógica de beneficios.

? La pandemia visibilizó vulnerabilidades masivas y, simultáneamente, fortaleció nuevas agendas (cuidados, renta básica, salud pública, coordinación multinivel, sistemas de información social).

De este modo, es posible observar que América Latina y el Caribe atraviesan una profunda reconfiguración de la cuestión social y de los sistemas de bienestar. No solo persisten desigualdades históricas de clase, territorio, género, raza/color de piel y generación/etarias, sino que, en algunos contextos nacionales, estas se están intensificando. Asimismo, si bien la literatura relaciona el vínculo entre la democracia y la redistribución (Huber y Stephens, 2012; Korpi, 2006; Satyro et al., 2021), este imperativo parece estar cuestionado por el avance de fuerzas autoritarias que articulan el neoliberalismo económico con la regresión de derechos.

Así, con base en la producción histórica del GT y asumiendo los nuevos desafíos intelectuales que plantea el contexto actual, el grupo se propone como un ámbito de: 1. producción de conocimiento crítico, 2. formación de nuevas generaciones de investigadoras/es y, 3. incidencia pública y articulación con actores sociales.

El estudio de la pobreza, las desigualdades y la protección social en América Latina y el Caribe ha generado un corpus robusto que dialoga con los enfoques de regímenes de bienestar (Barba Solano, 2023a; 2023b; Martínez-Franzoni, 2007), las teorías de la heterogeneidad estructural y la dependencia (Pinto, 1976), las perspectivas feministas y de economía del cuidado (Batthyány, 2020), y las lecturas críticas sobre la exclusión, la marginalidad y las nuevas formas de vulnerabilidad (Martínez Franzoni, 2007; Midaglia, Villarespe y Ziccardi, 2013; Barba Solano, 2025a; 2025b).

En las últimas décadas, el estudio de la pobreza y las desigualdades en América Latina ha estado fuertemente condicionado por los efectos persistentes de las políticas económicas neoliberales, que reconfiguraron los sistemas de protección social y consolidaron procesos de desprotección estructural y de segmentación institucional (Mesa-Lago; Barba Solano, 2025a; 2025b ). La investigación social se centró en comprender la multidimensionalidad de la pobreza y en desarrollar herramientas metodológicas para su medición y seguimiento, así como en analizar el alcance y las limitaciones de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que se expandieron a nivel regional, con resultados diferenciales entre contextos rurales y urbanos (Midaglia, Villarespe y Ziccardi, 2013). Diversos estudios urbanos demostraron que, al trasladarse a las ciudades, estos programas mostraron escasa efectividad frente a formas de pobreza patrimonial, endeudamiento y acceso desigual al suelo y a la vivienda, en un contexto de políticas habitacionales cada vez más orientadas por criterios financieros (Ziccardi, 2020; 2022).

Al mismo tiempo, la región experimentó una progresiva financiarización de la vida cotidiana, en la que hogares y comunidades dependen cada vez más del crédito, del endeudamiento y de mecanismos privados para acceder a bienes y servicios esenciales como vivienda, salud y educación (Lavinas, Araújo e Rubin, 2024), lo que profundiza las desigualdades existentes y desplaza riesgos hacia las familias (Huber y Stephens, 2012; Paura, 2023). Estas dinámicas se entrelazan con nuevas formas de precarización laboral, informalidad estructural, migraciones forzadas, crisis climática y violencia urbana, configurando escenarios complejos en los que persisten y se agravan brechas territoriales, de género, étnico-raciales y generacionales (Valencia Lomelí, 2024).

La pandemia de COVID-19 constituyó un punto de inflexión, al revelar la fragilidad de los sistemas de protección y bienestar, y exponer la magnitud de las desigualdades en el acceso a servicios públicos, condiciones de vida y capacidades institucionales de respuesta (Barba Solano, Ordóñez y Silva, 2020; Ziccardi, 2020). Se trató de un fenómeno de alcance global y eminentemente urbano (Bringel y Pleyers, 2020): el 90% de los contagios se concentró en las ciudades, afectando de manera desproporcionada a poblaciones residentes en barrios populares con alta densidad, hacinamiento y acceso limitado a infraestructura básica (Ziccardi, 2022). La crisis sanitaria visibilizó derechos incumplidos y evidenció la necesidad de fortalecer coaliciones distributivas, incrementar la inversión social y avanzar hacia sistemas integrales de cuidados (Batthyány, 2020), así como reconstruir el ?edificio de protección y bienestar? regional (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2022).

Estudiar la pobreza tiene una relevancia teórica central porque permite comprender las estructuras económicas, sociales y políticas que producen y reproducen la desigualdad. La situación de pobreza va más allá de la carencia material, expresando un fenómeno relacional y estructural que refleja la distribución del poder y los activos y recursos en la sociedad. Analizarla implica interrogar los límites del desarrollo capitalista, las formas de reconocimiento de ciudadanía y los sentidos del bienestar. Considerando la relevancia teórica del estudio de las condiciones de vida de las personas y familias en América Latina, los trabajos desarrollados por el GT durante sus 25 años de existencia han consolidado un aporte sustantivo al pensamiento académico latinoamericano sobre pobreza, desigualdades y protección social, evidenciado en la amplia producción colectiva e individual de sus integrantes, el creciente número de citaciones académicas, y la referencia recurrente a sus enfoques en debates regionales sobre regímenes de bienestar, heterogeneidad estructural y políticas urbanas. Investigadoras e investigadores integrantes del GT han fortalecido la discusión teórica y comparada sobre transferencias monetarias, sistemas de salud, cuidados, vivienda y desigualdades urbanas, contribuyendo al desarrollo conceptual de nociones como la desprotección estructural, la modernización conservadora, la financiarización de la vida cotidiana y los modelos híbridos de protección social en la región. Esta producción ha derivado en libros colectivos, dossiers, artículos arbitrados y materiales de docencia utilizados en programas de posgrado de universidades latinoamericanas y europeas, ampliando el impacto académico del GT.

Asimismo, el GT ha generado aportes directos a la academia a través de la formación de nuevas generaciones de investigadoras/es mediante seminarios internacionales híbridos, escuelas temáticas, proyectos comparados y espacios de tutoría que han articulado a jóvenes de la UNAM, UBA, UdeG, Udelar, COLEF, FLACSO, UNQ y otras instituciones. La participación activa de sus integrantes ha fortalecido la transmisión de herramientas metodológicas y analíticas, contribuyendo a la renovación de agendas de investigación y a la consolidación de redes académicas regionales.

Finalmente, el GT ha tenido una incidencia significativa en gobiernos y organizaciones sociales durante y después de la pandemia de COVID-19, colaborando con espacios como CEPAL, CONEVAL, gobiernos locales (particularmente en México, Uruguay y Argentina) y organizaciones sociales como UPREZ (Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata), MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat - América Latina), MUP (Movimiento Urbano Popular) y Oxfam México, a través de asesorías, elaboración de diagnósticos, participación en procesos legislativos, difusión pública y articulación en estrategias de respuesta social. Integrantes del grupo han contribuido al diseño y evaluación de políticas de emergencia, sistemas de cuidados, programas de ingresos y políticas urbanas, reforzando el papel del GT como actor de referencia en el debate público y en la formulación de políticas sociales inclusivas en el período pospandemia.

Asimismo, el impacto académico del GT se evidencia en la amplia circulación y citación de la producción de sus integrantes. De acuerdo con datos de citaciones académicas, las y los integrantes del GT cuentan con una producción académica ampliamente citada y reconocida en el campo, destacándose autorías como Rolando Cordera Campos, Alicia Ziccardi, Alicia Puyana, María del Carmen Midaglia, Carlos Barba Solano, María Mercedes Di Virgilio y Enrique Valencia Lomelí. En conjunto, el acervo colectivo de las y los integrantes supera las 40,000 citas y muestra un impacto académico comprobable y sostenido, que posiciona al GT como un referente regional en el estudio de la pobreza, las desigualdades y las políticas sociales en América Latina.

El GT se propone, así, dar continuidad a las investigaciones realizadas, orientando las investigaciones a tres ejes analíticos: 1. Cambios en la estructura económica y el empleo en América Latina y el Caribe, 2. Impactos de las transformaciones organizacionales y tecnológicas sobre las condiciones de vida de las personas y familias, 3: cambios y continuidades en las formas de intervención pública que impactan sobre las condiciones de vida: políticas sociales y laborales.