La región centroamericana es escenario de múltiples violencias. Por eso, de sociólogas como Montserrat Sagot, Leticia Salomón, Elvira Cuadra y de otros científicos sociales como Ricado Falla, Ignacio Martín Baró, Edelberto Torres, Carlos Figueroa Ibarra, entre otros, dedican extensas reflexiones sobre la violencia, desde múltiples ángulos. En los trabajos de algunas de las personas que integran este GT se puede ver el desarrollo de varias de estas preocupaciones, como en la obra de la socióloga feminista guatemalteca Ana Silvia Monzón Monterroso (2013; 2015); el sociólogo guatemalteco- mexicano Carlos Figueroa Ibarra (1999; 2023, además de docenas de compilaciones, capítulos y artículos publicados); la socióloga argentina Julieta Rostica (2023) (Argentina) con su libro de reciente publicación y la compilación junto a Leonardo Herrera del volumen ?Violencias en Centroamérica: perspectivas en debate?, (2025); así como los trabajos de Laura Sala (2024) y Kristina Pirker (2017). Este pensamiento diverso, crítico y colectivo se puede ver también en el dossier ?Las violencias en Centroamérica durante los últimos 50 años? publicado por el Anuario de Estudios Centroamericanos y coordinado por este GT con 13 artículos dedicados al estudio de la problemática en la región.

En el GT que proponemos queremos abordar el problema de la violencia en dos sentidos, primero desde el hecho de que las democracias procedimentales que operaban en la región desde los Acuerdos de Paz de inicios de la década de los años 1990, han comenzado a resquebrajarse dando paso a modelos autoritarios de gobierno y aumento de la represión de los estados con la consolidación de dos dictaduras en la región: Nicaragua y El Salvador. En segundo lugar, en este contexto se profundizan los enormes abismos de desigualdad que existen entre quienes tienen más y quienes tienen menos recursos, lo que imposibilita una justicia redistributiva en bien de las mayorías.

Durante la fase final de la Guerra Fría, la conflictividad de la región creció a tal nivel que en la mayoría de países tomó una dimensión armada que derivó en guerras civiles, masacres, genocidios y estados altamente represivos que mantenían una fachada discurso de democracia procedimental pero funcionaban de facto como dictaduras. En este contexto, la violencia política, especialmente la violencia ilegítima e ilegal, fue la más visible. En Guatemala, el saldo de muertos y desaparecidos supera las 200 mil personas, a lo que se suma 1,5 millón de desplazados internos y 500 mil refugiados como producto de la violencia política. Los gobiernos militares y las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una política de genocidio, violencia racial, violencia sexual, violencia contra las infancias, miles de torturas y campañas de tierra arrasada. La violencia revolucionaria ocupó dos décadas. La Nicaragua sandinista, en 1987, destinó más del 50 por ciento de su presupuesto a gastos de defensa. Hubo 32 mil muertos sandinistas y más de 29 mil de la Contra, además de 250 mil desplazados y una fenomenal crisis económica. Durante el período específico de la guerra civil, la Comisión de la Verdad de El Salvador calculó en al menos 75 mil el saldo de víctimas fatales. En Honduras, aunque la violencia política fue mucho menor, no fue por ello menos preocupante. El país vivió la instalación de bases militares de Estados Unidos que sirvieron para los ataques a países vecinos. Hacia finales de la década de 1980, cuando los gobiernos y las élites de la región, especialmente en El Salvador y Guatemala, empezaron a recurrir a medidas políticas para poner fin a los conflictos armados hubo un período de relativa calma. Sin embargo, la violencia en la región nunca cesó. Durante el período transicional, se instalaron y proliferaron otras formas, como las lógicas extractivistas, la violencia social, el crimen organizado y el narcotráfico.

Centroamérica posee un papel geopolítico clave por sus recursos minerales, energéticos e hídricos, además de su ubicación estratégica como puente entre América del Sur, América del Norte, el Caribe y el Pacífico. Tras el fin de los conflictos armados, Estados Unidos y el capital transnacional impulsaron grandes proyectos de infraestructura y exportaciones no tradicionales, lo que derivó en despojo territorial y en la redefinición de espacios económicamente atractivos. Este proceso de ?acumulación por desposesión? generó tensiones crecientes entre comunidades defensoras de sus territorios y los intereses estatales y empresariales, que derivó en un aumento de la violencia estatal y un resurgimiento de dinámicas racistas contra sectores disidentes.

La precarización laboral, el desempleo y la informalidad, producto de la economía neoliberal han creado condiciones propicias para el crecimiento del crimen organizado. Las disputas por el control del narcotráfico y del territorio han dejado un elevado saldo de ejecuciones y desapariciones forzadas. Paralelamente, la violencia patriarcal se ha intensificado: la trata de mujeres con fines de explotación sexual aumenta día a día, vinculada a la desaparición de mujeres y niñas, un fenómeno cuya magnitud real se desconoce por falta de estadísticas confiables.

Se han generado zonas grises donde la gobernanza criminal y la gobernabilidad híbrida entrelazan instituciones estatales con el crimen organizado y la economía ilícita, como ocurre en Guatemala y ocurrió en Honduras bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández. En este contexto, los procesos de justicia transicional y sus impulsores enfrentan fuertes ataques; en Guatemala, el Ministerio Público desarrolla una intensa política de persecución de activistas sociales y actores políticos progresistas.

Las transiciones a la democracia, los procesos de paz y el neoliberalismo mermaron las expresiones tradicionales de violencia política, pero generaron otras. Este nuevo escenario tiene un correlato en la violencia estatal que se expresa actualmente en concentración de poder dictatorial, aumento de las soluciones represivas a los problemas sociales y la extensión de la idea de que el encarcelamiento y la prisionización son la solución de todos los problemas.

A pesar de la gravedad de estos procesos, la región sigue siendo poco atendida por las ciencias sociales latinoamericanas. Este desinterés no es nuevo: Centroamérica cobró relevancia intelectual mundial en los años setenta con el auge revolucionario, pero tras la revolución sandinista y los procesos de paz en Guatemala y El Salvador, volvió a ocupar un lugar subordinado.

Por ello, investigadoras e investigadores de los grupos de trabajo ?Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el Sur global? (2019-2022) y ?Poscontrainsurgencia y seguridad? (2016-2019) propusieron a CLACSO la creación de un espacio que otorgue a Centroamérica la relevancia que merece. En 2023 se formó ?Violencias en Centroamérica? con resultados bastante provechosos en términos de investigación, discusión y difusión de los trabajos realizados. En esa perspectiva, consideramos pertinente dar continuidad a este esfuerzo en la actual convocatoria 2025-2028.

Trabajaremos alrededor de cinco preguntas que recogen estas problemáticas y se expresan en nuestros objetivos: 1) ¿ Cuáles son las nuevas dinámicas de la violencia en el contexto de erosión democrática y avance del autoritarismo que experimenta actualmente la región?; 2) ¿Qué condiciones de posibilidad favorecen la configuración de subjetividades políticas autoritarias?; 3) ¿Qué caracteriza a las subjetividades políticas en resistencia y nuevos sujetos colectivos emergentes?; 4) ¿Cuáles son los impactos de la geopolítica estadounidense en la irrupción de nuevas formas de violencia y en la transformación de las preexistentes, y por último, 5) ¿Cómo podemos entender la continuidad histórica entre las violencias pasadas y presentes y las lecciones aprendidas en torno a los procesos de resistencia?

Existe consenso en que Centroamérica enfrenta en la actualidad su peor crisis política desde el fin de los conflictos armados, ahora agravada por la decisión de Estados Unidos de recuperar su esfera de influencia política en la región. El golpe de Estado en Honduras en junio de 2009 alertó sobre la fragilidad de los procesos de democratización y activó el debate académico sobre las democracias imperfectas instauradas en la región y sus déficits en torno a la ampliación de ciudadanía y el Estado de derecho (Torres-Rivas, 2010). El resurgimiento de formas de violencia política, que muestran paralelismos con las que predominaron en el pasado reciente, junto a la intensificación de modalidades de violencia extrema y gobernanza criminal está contribuyendo a la desmovilización de espacios organizativos y a una mayor desafección democrática.

Salvo contadas excepciones, la producción académica sobre la continuidad histórica entre las violencias pasadas y las presentes, el papel de la violencia en la erosión democrática, el resurgimiento de la violencia política, el continuum de la violencia patriarcal y racista o los análisis sobre las subjetividades políticas que surgieron bajo el proyecto neoliberal, ha sido, en general, marginal. El énfasis en las manifestaciones de la violencia delictiva y sus enfoques securitarios relegó a un segundo plano los análisis sobre el carácter sociohistórico de la violencia, las violencias estructurales y sus efectos en las nuevas subjetividades políticas. Estas subjetividades políticas emergieron de las disconformidades sociales que fueron anidando en amplios segmentos poblacionales, junto con los nuevos formatos de violencia política. ?Al remitir la violencia a cada contexto social histórico se descarta la posibilidad de aceptar un enfoque epidérmico, formalista, que no pondere el significado concreto de cada acto de violencia con respecto a la totalidad social? (Martín Baró, 1983, p.371).

El grupo de trabajo tendrá como propósito central analizar las nuevas formas de violencias y las subjetividades políticas tanto autoritarias, como de resistencia y emancipación que están emergiendo en el actual contexto de regresión autoritaria en la región, desde un diálogo interdisciplinar y encuadres teóricos y metodológicos diversos.

Esto nos lleva a retomar como eje de nuestros análisis la violencia estructural, profundizada por el modelo de acumulación por desposesión (Harvey, 2006) impuesto por el neoliberalismo, cuyos impactos fueron devastadores en una región que paralelamente enfrentaba un proceso de reconstrucción y transición a la democracia. Esa situación de violencia estructural en la que la estructura social o institucional impide que los individuos alcancen su nivel de realización personal (Galtung, 2016) supone además ?un ordenamiento de esa desigualdad opresiva, mediante normas que amparan la distribución social desigual de la riqueza y una fuerza coactiva para hacerlos respetar? (Martín Baro, 1983, p. 406). Esto nos remite inexorablemente a la necesidad de abordar la violencia cultural y la violencia simbólica como bases fundantes de la violencia estructural al instaurar mecanismos que justifican y legitiman diversos órdenes de dominación. Así, desde el orden social dominante se establece qué violencia es legítima y cuál no (Esponda Contreras, 2023) y cuáles son incorporadas en el ordenamiento social. Lo anterior se vincula con la reflexión sobre el poder de la violencia simbólica planteado por Bourdieu (Bourdieu y Passeron, 1977), que logra naturalizar y justificar las diversas matrices de dominación.

Estas violencias estructurales, se expresan en una mayor precarización de grandes segmentos de población por excedentes de trabajo (desempleo); el desplazamiento interno por despojo de tierras, recursos y territorio impuestos bajo el amparo de ?proyectos de desarrollo?; los asesinatos y desapariciones de defensores y defensoras del territorio; y el desplazamiento forzado tanto por violencia criminal como, más recientemente, por violencia política. Todo ello coloca a estos nuevos migrantes en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. El retorno forzado y la migración inversa producto de las expulsiones masivas de migrantes de Estados Unidos a la región, producirá una ampliación de la pobreza y la vulnerabilidad en las comunidades. Criminalizados y despojados de sus derechos, sin opciones de reintegración, los retornados están expuestos a ser reclutados y revictimizados por redes del crimen organizado que parecen estarse reconfigurando en el istmo, a partir de la geopolítica del narcotráfico? ahora denominada narcoterrorismo. Estas poblaciones excedentes y descartadas por los Estados neoliberales corren un alto riesgo de convertirse en mano de obra barata de redes criminales transnacionales que controlan los corredores migratorios. Es la paradoja de las políticas securitarias que terminan creando condiciones para el desplazamiento y la mayor proliferación y concentración de la violencia en otras regiones (Calveiro, 2025). Ello plantea el reto de retomar entre nuestras categorías de análisis el papel de los regímenes de miedo como dispositivos de control social, de desmovilización política y de autocensura y autorregulación, en la configuración de subjetividades políticas de dominación. ?Son sociedades marcadas por las huellas subjetivas del terror: El terror militar había logrado debilitar los lazos sociales, había potenciado el narcisismo y la reclusión al interior? (Rozitchner, 2015, p.191).

El retorno de las violencias políticas y sus nuevos formatos moldeados por el papel de las redes sociales en un escenario de declive democrático, requiere de nuevos encuadres analíticos de los procesos subjetivos e intersubjetivos que se configuran en contextos de polarización corrosiva e intolerancia política. Para Arendt (2006, p. 16) ??nadie consagrada a pensar sobre la política, puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos?.

Nuevos exilios o autoexilios, represión transnacional, la proliferación de discursos de odio, el uso político de las fuerzas de la seguridad y de lawfare para neutralizar adversarios políticos, así como el inquietante retorno de ominosas figuras como la de los presos políticos y o del detenido-desaparecido, plantean la necesidad de revisitar la vasta producción de conocimiento existente en América Latina sobre la violencia política. Del mismo modo, se evidencia la importancia de dar continuidad a líneas de investigación adoptadas por miembros del GT (Torres Rivas, 2011; Figueroa Ibarra, 2011; Pirker, 2017; Rostica, 2023 y Sala, 2024, entre otros).

En continuidad con lo planteado por el GT en el plan anterior, se destaca la importancia de analizar esas diversas violencias desde enfoques históricamente situados y multidisciplinarios, así como desde marcos analíticos que recuperen la perspectiva histórica y psicosocial de las violencias. Este abordaje permite trazar una línea de continuidad entre el pasado y el presente, no sólo en términos de las formas de violencia, sino también de las subjetividades de resistencia que impulsaron las transformaciones sociales desde abajo. Al mismo tiempo, se propone continuar profundizando en la perspectiva interseccional que integre clase, género, etnia y edad, a fin de dar cuenta del impacto diferenciado de las violencias, los órdenes de dominación y los procesos de resistencia.