Esta nueva propuesta del GT se basa en la enriquecedora experiencia de los grupos antecesores, que han tenido como eje central la ?cuestión del Estado? y que estuvieron integrados por una parte importante de quienes componen la actual iniciativa. Durante los años precedentes tuvimos la posibilidad de realizar una indagación colectiva de las particularidades, los núcleos comunes y las metamorfosis de la estatalidad en América Latina y el Caribe, tanto en términos de su configuración y devenir histórico como en la inestable coyuntura continental de los últimos años. Entre 2010 y 2025, nuestro GT avanzó en el despliegue de las dimensiones teóricas y en el análisis detallado de la morfología interna de los Estados latinoamericanos, con especial atención a los cambios y continuidades relativas a las relaciones de fuerzas que se fueron desplegando, así como a los condicionamientos regionales y del sistema capitalista global. Desde diversos enfoques e interpretaciones, pudimos dar cuenta de la compleja realidad de los Estados, tanto en los aspectos más generales como en relación con las problemáticas nacionales y/o plurinacionales específicas. Caracterizamos el período abierto en los albores del nuevo siglo en la región, donde el papel estatal adquirió una renovada centralidad, como ?Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina" (CINAL).

En lo que va del siglo XXI, nuestro continente se constituyó en territorio emblemático de importantes luchas y disputas en torno al Estado y el sentido mismo de la democracia. Este escenario de experimentación política ha incluido apuestas gubernamentales que aspiraron, con diferentes niveles de radicalidad y vocación de ruptura, a tomar distancia del ideario clásico neoliberal. Apuestas que deben ser comprendidas al calor de la irrupción y el fortalecimiento de una constelación de organizaciones populares y movimientos sociales que, con matices, contrastes, vaivenes y distintas temporalidades, impulsaron y asumieron este desafío. No obstante, a partir del 2015 se empezó a percibir el agotamiento y reversión de los procesos iniciales, en un escenario signado por los efectos de la crisis económica global abierta en 2008, la baja en los precios de los commodities, el reflujo de ciertas luchas emblemáticas gestadas desde abajo y un declive del conjunto de gobiernos progresistas, producto de debilidades y limitaciones endógenas combinadas con los cambios y factores globales mencionados. Junto con ello, emergieron las opciones políticas de derecha con un claro corte autoritario y conservador, que comenzaron a disputar el respaldo en los sectores populares de la región, con creciente éxito. Si hasta 2023 podíamos considerar que, más que un cierre definitivo, el CINAL estaba atravesando una nueva fase (Ouviña y Thwaites Rey, 2019), lo que se abrió desde entonces es una contraofensiva ultraderechista de escala global en pleno despliegue (Mudde, 2021; Forti, 2025). Varios de los proyectos denominados progresistas fueron desplazados de la conducción estatal en los últimos años, ya sea por derrotas electorales, la pérdida de legitimidad o producto de prácticas neogolpistas, guerra mediática, saboteo económico y nuevos fenómenos transnacionales, como el lawfare (guerra judicial), en medio de un clima de creciente gravitación de coaliciones y figuras de ultraderecha. La oleada derechista y xenófoba extendida en el plano internacional comenzó con el primer gobierno de Donald Trump, dando paso a un contexto crítico para las fuerzas y proyectos populares. En la región, a la par del surgimiento de figuras de derecha como Bolsonaro, Macri y Lasso, en el período 2019-2021 se reactivaron, por oposición, luchas anti neoliberales, con atisbos de resistencia anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, en países como Perú, Colombia, Haití, Chile y Ecuador, que colocaron a la estatalidad como territorio privilegiado de disputas y tensiones (Ouviña, 2023; Durand, 2023). De esos procesos emergieron los gobiernos de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Alberto Fernández-Cristina Fernández, aunque en condiciones menos favorables para el despliegue de las demandas de los sectores populares en clave de consagración de políticas públicas progresivas.

La pandemia del COVID19 vino a agravar el escenario mundial y regional, ya que los confinamientos y la desarticulación de las cadenas globales de abastecimiento pusieron en evidencia la crudeza de la violencia de género, la desigualdad social, el avasallamiento de derechos elementales, la vulnerabilidad extrema de la población sometida a la precarización laboral, la agudización del extractivismo y los notables deterioros de los sistemas de salud y seguridad social, con el miedo y la muerte dejando una estela de dolor y fragilidad por demás traumática (Bautista, Durand y Ouviña, 2021; Fraser, 2023; Torres y López Lizarazo, 2024). Y, como dato más notorio, se desnudó tanto la insustituible centralidad de los Estados para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, como las muy dispares capacidades y debilidades de los aparatos administrativos para gestionarlas. Es decir, se expuso la contradicción de la presencia estatal como portadora de represión y disciplinamiento, a la vez que como organizadora, limitada e insuficiente, de la infraestructura de lo común. Las restricciones a la circulación afectaron mucho más a las personas sin trabajos estables ni cobertura social que viven al día, lo que fue marcando una divisoria notable con las que sí pudieron gozar de la protección de empleos registrados, principalmente en el sector público. La juventud, privada de espacios de socialización educativa y de esparcimiento, también se vio muy afectada por los confinamientos. En este hiato fue creciendo un gran resentimiento social, que las ultraderechas supieron aprovechar eficazmente a través de redes sociales, y que les sirvió como ariete para cargar las conquistas históricas del campo popular.

El triunfo del ultraderechista Javier Milei en la Argentina a fines de 2023 es el ejemplo más notable de esta tendencia que se despliega a escala global y que cuenta desde enero de 2025 con el apoyo explícito del nuevo gobierno de Donald Trump en EEUU. Este experimento ha tenido como antecedentes emblemáticos a los gobiernos autoritarios de Nayib Bukele en El Salvador y de Jair Bolsonaro en Brasil, que en 2019 lograron acceder al poder ejecutivo mediante su triunfo en las urnas (Nunes, 2024; Gibler, Barbosa y Tovar, 2025). A nivel general, el ataque frontal a las instituciones estatales protectoras del bienestar social conquistadas por las luchas populares y a las que aseguran la vigencia de la democracia misma es una característica decisiva de la oleada ultraderechista mundial (Barreda Rosales, 2025). La conjunción del ascenso de los monopolios tecnológicos asociados al capital financiero occidental (Morozov; 2022; Varufakis, 2024; Da Empoli, 2025), que controlan la producción y circulación de bienes, datos y sentidos, con la emergencia de China como potencia desafiante por su crecimiento exponencial, sumado al agotamiento de las energías fósiles, han abierto un tiempo de confrontación y belicosidad contra los pueblos y clases subalternas de todo el planeta, bajo el comando de la ultraderecha de Trump. América Latina y el Caribe, en tanto parte del ?hemisferio occidental? que EE.UU. reivindica para sí, corren hoy graves peligros bajo el comando de la administración Trump. La militarización del Caribe, la amenaza a Venezuela y Colombia, la intromisión en Brasil y la intervención descarada en Argentina son solo ejemplos de los tiempos peligrosos que enfrenta la región. Estas circunstancias refuerzan la necesidad de comprender en profundidad la naturaleza contradictoria y múltiple de los aparatos estatales, el papel que cumplen, las características que presentan y, de ahí, a interrogarnos sobre las vías posibles de su transformación (Thwaites Rey, 2004).

Asumimos que el Estado no es una instancia neutral, pero tampoco resulta un bloque monolítico al servicio de las clases dominantes, sino que debe comprenderse como un ámbito contradictorio, signado por luchas y disputas y atravesado por factores de poder real que determinan las características y el funcionamiento de la institucionalidad más allá de los gobiernos concretos (Thwaites Rey, 2012; Oliver, 2016; Ouviña y Thwaites Rey, 2019). Así, las aspiraciones democratizadoras, en línea con las demandas populares, no pueden soslayar la necesaria problematización de los límites y posibilidades derivadas de la matriz de dominación capitalista-patriarcal-racista, determinante del lugar en el mundo de ALC, de sus configuraciones estatales específicas y sus cambios históricos. Por eso es fundamental comprender las características y mutaciones de los aparatos estatales por donde circula la dominación, se la disputa y, también, se la invisibiliza, y que dan forma o restringen a las democracias realmente existentes.

En lo que va del siglo XXI se ha puesto de manifiesto la fortaleza de los aparatos represivos del Estado y su persistente capacidad de acción autonomizada del poder político gubernamental. La mayoría de los gobiernos progresistas no logró subordinar a los cuerpos represivos, que conservaron márgenes de maniobra consistentes con su papel de ?garante último? de la dominación del capital. Si bien el recurso al golpe de estado clásico se volvió inviable -por el descrédito ganado en la etapa dictatorial precedente-, las policías bravas y las fuerzas armadas cerriles mostraron su poder inconmovible en situaciones clave (tal los casos resonantes de Honduras, Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala). En paralelo, cobraron centralidad estructuras narco-criminales y paramilitares con vasos comunicantes con el capital transnacional, y con vínculos orgánicos con ciertos aparatos estatales, provocando masacres, vulnerando derechos e incluso ejercitando una ?soberanía de hecho? en vastos territorios. Este escenario ha puesto en cuestión el monopolio de la violencia -y su legitimidad- por parte del Estado, lo que nos obliga a repensar e indagar en su papel ambivalente, a partir del análisis de dos rasgos que coexisten y son en apariencia contradictorios: el actuar como responsable del cumplimiento de la ley y, a la vez, ser cómplice o coparticipe de actos delictivos (Franco Restrepo, 2009; Segato, 2016; Auyero y Sobering, 2021).

Asimismo, el aparato judicial, como garante de la supervivencia del orden social clasista, tuvo un papel protagónico en la criminalización de la protesta, el encarcelamiento o persecución a dirigentes sociales y políticos a través de los tribunales, con armado de causas -en complicidad con servicios de inteligencia y medios de comunicación- para destruir a adversarios y sacarlos del juego democrático, el llamado lawfare o guerra judicial (Mendes, 2022). Quedó así expuesta la trama constitutiva del más anti-democrático y contra-mayoritario aparato del Estado, que se expresa no solo en la persecución política descarada, sino en todo el andamiaje de fueros civiles y administrativos que reproducen las jerarquías clasistas. Este es un aspecto central a la hora de analizar el funcionamiento estatal, sus posibilidades de transformación y su impacto sobre la democracia misma.

De ahí que consideramos pertinente abordar las múltiples dimensiones del Estado en medio de una de las crisis capitalistas más profundas, signada por la peligrosa ofensiva global de las derechas y ultraderechas, un abierto guerrerismo y una creciente militarización de territorios y comunidades (Barrios, 2023). En ese marco, hemos identificado dimensiones prioritarias que nos proponemos seguir estudiando y profundizar en la fase por venir:

1) Las esferas estatales permanentes, cuyas configuraciones juegan un rol determinante como factores de poder real, más allá de gobiernos concretos. Aludimos a los sistemas judiciales (formas de selección y funcionamiento del cuerpo de magistrados y auxiliares de justicia) y represivos (ejércitos, policías, servicios de inteligencia), que operan en el ámbito estatal en sentido restringido, enlazados estrechamente con aquellos que se despliegan en la construcción de sentido en el plano de la sociedad, como medios de comunicación y redes sociales. A su vez, ahondaremos en el estudio de los regímenes de excepción y la forma híbrida del estatismo autoritario, como tendencia que involucra a varios países del continente. Lejos de ser opuestas, política y criminalidad se entrelazan como partes del mismo funcionamiento estructural del Estado, a través de una ?legalidad perforada de ilegalidad? (Poulantzas, 1979 y 2024; Jessop, 2016).

2) Las capacidades estatales necesarias para profundizar el control democrático de la utilización de los bienes comunes, en beneficio de los pueblos. Nos interesa comprender de qué modo la intervención pública puede gestionar temas como la soberanía alimentaria, la transición energética, la reducción de la dependencia de actividades extractivas y el uso racional y responsable intergeneracionalmente de las fuentes de energía existentes o a crearse. Haremos énfasis en indagar los límites y las posibilidades de las estructuras estatales nacionales para dar cuenta de estos desafíos.

3) Los ámbitos de gestión y administración pública (a escala nacional y local) que procesan las múltiples demandas y necesidades sociales en los territorios. Esto se relaciona con las formas contemporáneas de lo público-estatal que se experimentan en la región, para identificar en ellas los rasgos de preservación de lo dado o la intención de cambio. Tomaremos en cuenta tanto las estructuras y procesos que obturan la democratización, como los espacios y prácticas que muestran las posibilidades de despliegue de una Nueva Gestión de lo Común o bien de un nuevo municipalismo, ya sea en el marco de los aparatos institucionales tradicionales o en ámbitos creados con el propósito de ampliar derechos y garantizar la democratización de lo público. Apuntamos a actualizar un mapa de experiencias que nos permita distinguir (teórica y empíricamente) los procesos en clave de restauración política de derecha, conservadora, neofascista y/o neoliberal, de aquellos que intentan empujar una refundación de una estatalidad que procure giros democráticos de poder. En este último escenario, nos interesa identificar y analizar los proyectos políticos que aspiran a enfrentar o superar las alianzas público-privadas de corte neoliberal, mediante dinámicas público-comunitarias, o de convergencias asociativas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, en la formulación e implementación de políticas públicas o de normativas tendientes a la reinvención y democratización de la estatalidad, impulsando propuestas de transformación radical o ?utopías concretas? (Wright, 2015; Fernández Ortiz de Zarate, 2016).

4) Las acciones de los movimientos sociales con referencia al Estado, en la medida que demuestran que las relaciones entre política institucional y política de protesta son cada vez más dinámicas e interdependientes y dejan expuestas las contradicciones que supone luchar contra, en y más allá del Estado. Nos proponemos indagar el carácter ?socio-político? presente en las prácticas de los movimientos sociales que confrontan los límites de la estatalidad para defender o ampliar derechos conquistados durante el período de auge del CINAL y conculcados o amenazados por las derechas, mientras ensayan nuevas formas de organización y autogobierno. Nos interesa poner el foco en el plano ?socio-político?, como un aspecto específico del campo de estudios de movimientos sociales, para enfatizar su relación con el Estado (Távera, 2007; Bautista, 2014; Tatagiba y Chave Teixeira, 2021). Indagaremos sobre la dimensión de lo público que se pone en juego en las acciones sociales y plantea desafíos concretos a lo estatal y sus formas materiales.