Esta propuesta busca profundizar la discusión sobre los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas y su relación con los fenómenos de la violencia que marcan nuestra región. Buscamos contribuir con el desarrollo del eje ?Democracias en disputa: horizontes, resistencias y construcción de alternativas desde lo público y lo común? de esta nueva convocatoria, teniendo como marco principal los modos en los cuales las Democracias están imbricadas y son afectadas/debilitadas por los fenómenos de violencia y autoritarismos que hoy se presentan de manera más compleja. El propósito es dar continuidad a las investigaciones que se vienen desarrollando hace 25 años, cuando en el marco de CLACSO se creó el GT llamado ?Violencia y Sociedad? (Briceño León, 2001). Allí participaron muchos de las/os investigadores/as que, todavía hoy, siguen vinculados al grupo, dedicados a investigar las violencias y las conflictividades, indicando mutaciones importantes que aportan a la comprensión del contexto latinoamericano.

Briceño-León, uno de los fundadores del grupo, señala que la violencia forma parte de los procesos cotidianos en América Latina, desde la violencia de la conquista, del esclavismo, de la independencia y de los procesos de apropiación de las tierras, de expropiación de los excedentes y la violencia del Estado, con la represión militar de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur y Centroamérica (Briceño León, 2001). El conocimiento producido por las(os) investigadora(os) de este grupo marcan cambios importantes en las dinámicas de la violencia que se constituyen hoy, en un proceso distinto y a vez solapado al anterior, que se refiere a la violencia delincuencial y urbana.

Esta tiene como marco los años 1970 y 1980 cuando las tasas de homicidio aumentan exponencialmente en la región, sobre todo, de jóvenes. Ninguna otra región del mundo presenta tasas de homicidios tan altas, ni una variedad tan amplia de tipos y formas de violencia en la que proliferan, pandillas juveniles violentas, la prevalencia de la violencia de género, la violencia relacionada con el narcotráfico o el lavado de dinero como temas candentes de la actualidad. A estas se suman formas de violencia más históricas como guerras civiles persistentes, movimientos guerrilleros y escuadrones de la muerte, terrorismo de Estado, dictaduras, levantamientos sociales y revoluciones violentas (Imbrush, Misse, Carrión, 2011).

Hablar hoy de América Latina y el Caribe nos lleva a colocar en el centro de las preocupaciones a las múltiples formas que adquieren las violencias y las diversas formas de conflictos que han tomado nuevas dinámicas y trayectorias. El tema de las organizaciones criminales y el modo en el que operan en los mercados ilegales (Tenenbaum, 2022) es, actualmente, uno de los principales desafíos a las democracias latinoamericanas y a las políticas públicas de seguridad. Estos grupos han expandido sus operaciones y se encuentran presentes en capitales y en áreas rurales, prisiones, en barrios marginales, en las regiones de fronteras (Rodrigues, Feltran y Zambon, 2023) estableciéndose como actores clave en esquemas criminales transnacionales que funcionan en redes (Dias, Paiva, 2022).

La expansión del alcance de las actividades de estos grupos ha impactado en varias dimensiones de la vida social, desde el funcionamiento de los mercados ilegales, con la faccionalización de las dinámicas criminales -lo que anteriormente se consideraba como delincuencia común o desviación- (Rodrigues, Feltran y Zambon, 2023), hasta el impacto en la vida cotidiana constituyendo un obstáculo a la efectivización de la democracia.

El gobierno de la cuestión criminal relacionado a las violencias es central en el campo académico y en las agendas públicas de los gobiernos estatales. Por ende, una de las razones más urgentes para el abordaje de este tema es problematizar el rol que asumen los gobiernos estatales en cuanto a las intervenciones que despliegan con el fin de construir dispositivos de prevención de estos tipos de violencias. Y también, reconstruir el entramado de acciones y mediaciones que llevan adelante diversas organizaciones sociales, comunitarias y barriales para evitar, prevenir y reducir las violencias homicidas ligadas a la narcocriminalidad. En los últimos años el despliegue de la violencia (Dammert, Croci y Frei, 2024; Giavedoni y Ginga, 2017; Binder, 2009) es una problemática que se encuentra profundamente vinculada con el surgimiento y consolidación de mercados ilegales y con la aparición de diferentes grupos criminales que los gestionan valiéndose de medios violentos para resolver sus disputas.

Lo anterior, sumado a la expansión de la industria del ?sicariato? y el aumento del número de personas con consumos problemáticos ?fenómeno agravado por los efectos de la pandemia- va dejando secuelas en diversos sectores de la sociedad. La violencia por razones de género se manifiesta en el aumento sostenido de las tasas de femicidios (Fachinetto, 2025) y transfemicidios que trajo aparejado el surgimiento de instrumentos de medición estadísticos, instrumentos jurídicos y de políticas públicas específicas para su prevención, sanción y erradicación.

Así, es posible identificar cómo los fenómenos de la violencia en sus más variadas manifestaciones se han complejizado a lo largo del tiempo, pero persiste un dilema - tanto en términos académicos como en términos de prácticas sociales y de políticas públicas- que es la relación entre el tema de la violencia y las democracias en el contexto latinoamericano. La expectativa acerca de que los contextos democráticos traerían consigo una disminución de la violencia no se efectivizó, y en la práctica hubo un aumento y diversificación de la violencia (Peralva, 1997; Neto, 2011). La relación entre violencia y democracia se manifiesta también en la propia utilización del proceso democrático para avanzar con las políticas autoritarias a través de la difusión del miedo y la expansión de tácticas como el uso del término ?narcoterrorismo? que legitiman intervenciones violentas y represivas, incluso como justificación para la injerencia de agendas externas en políticas nacionales de países latinoamericanos.

Esto direcciona el debate en términos de las disputas ya no solo de modelos de Democracias, sino más bien, de los modelos para el enfrentamiento a las distintas formas de violencia y del crimen. Los gobiernos de centroizquierda, implementaron políticas sociales inclusivas y estrategias de política internacional orientadas al multilateralismo, pero en el ámbito del control social, acentuaron -aún pretendiendo combatirlas- las políticas punitivas, basadas en una policía represiva, un sistema judicial opaco y penalizador y un aumento del encarcelamiento (Tavares dos Santos, Barreira, 2016).

Sumado a lo expuesto, se da el recrudecimiento de estas políticas a través del Modelo Bukele en El Salvador y las operaciones policiales en Brasil, guiados por una estrategia de exterminio del enemigo, que tienen poco impacto en la reducción de la violencia y en el desmantelamiento del crimen organizado, sin embargo, gozan de cierta legitimidad social y política. Ante este escenario de formas y dinámicas de violencias cada vez más complejas (Venegas Álvarez, 2025), así como las disputas en torno a los modelos para afrontar estos fenómenos, en el que las medidas estrictamente represivas, marcadas por el populismo penal, adquieren legitimidad social, consideramos fundamental en esta nueva propuesta de trabajo retomar el debate sobre el papel del Estado en las políticas de seguridad pública, guiado por la garantía del debido proceso, el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Resulta clave que academia, movimientos sociales y funcionarios/as estatales asuman un papel protagónico en la propuesta de respuestas más cualificadas y eficaces a la delincuencia y a la violencia, donde las políticas de seguridad pública deben guiarse por los valores y principios democráticos.

La mayor parte de la literatura científica especializada en temas criminológicos coincide en marcar que América Latina es la región más violenta del mundo. Esta situación desgasta enormemente los procesos democráticos y las capacidades estatales al tiempo que se desarrollan sólidos poderes ilegales (Dammert, 2025). La violencia se vincula con el proceso de consolidación y diversificación de los mercados ilegales que se extienden en la región. Lo que hace 40 o 50 años atrás se concentraba en el tráfico de drogas ilegales ?en particular de cocaína?, en la actualidad se ha expandido dando lugar a una amplia gama de economías ilícitas que incluyen la producción y tráfico de distintas drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, los delitos ambientales, diversos mercados de contrabando, así como servicios criminales como la extorsión y el secuestro y delitos financieros y de corrupción ?en especial el lavado de activos y la captura de instituciones públicas? mediante los cuales se canalizan y protegen las rentas provenientes de estas actividades.

Las organizaciones criminales presentan conexiones cada vez más prósperas y fluidas entre ellas(Trejo y Ley, 2021; Auyero y Sobering, 2021) adquiriendo escala regional y transnacional. La interconexión entre estas organizaciones y ciertas élites políticas y económicas (Florez Peres, 2009; Snyder y Durán Martínez, 2009; Sain, 2023) permiten que estos mercados ilegales se tornen fluidos y consistentes. La membrana que interconecta estos complejos fenómenos sociales y económicos es el incremento de los niveles que pone en cuestión a la democracia misma como sistema de gobierno en nuestros países.

En ese contexto, en las últimas décadas ha emergido un nuevo repertorio de control social marcado por redefiniciones políticas y dispositivos de seguridad sofisticados. Se habla de gobernanza de la seguridad para describir cómo actores públicos y privados configuran conjuntamente la gestión del orden (Bergman, 2023). Proliferan mecanismos como urbanizaciones cerradas, vigilancia masiva (cámaras, reconocimiento facial), sistemas de monitoreo y big data policial. Estos dispositivos tienden a privatizar la seguridad y restringir el espacio público, instalando una ?gramática de control social? centrada en el ?sujeto de riesgo? reemplazando al ?ciudadano de derechos?, identificando a ciertos grupos (migrantes, jóvenes pobres, minorías) como ?otros peligrosos? y potenciales amenazas (Wacquant, 2007 Y 2023). Este lenguaje tecnocrático disfraza medidas represivas de soluciones rápidas: se promueven ?guerras contra?? el crimen o las drogas y eslóganes de mano dura para persuadir a una ciudadanía atemorizada de que se ?pondrá orden? inmediatamente (Durán Martínez, 2022). Bajo esta lógica, el Estado social (de bienestar) se retrae mientras avanza un proceso autoritario de Estado penal que promete orden a través del castigo, la vigilancia y la normalización de excepciones.

Lo expuesto se puede ver como una deriva autoritaria, que refiere a la tendencia de utilizar la seguridad como eje de discursos y políticas que minan las garantías democráticas. En muchos países, la agenda político-electoral ha girado hacia promesas de mano dura y securitización extrema. Sectores duros argumentan que el ?exceso de garantías? alimenta la impunidad, justificando medidas extraordinarias fuera de la legalidad normal. Esto se traduce en estados de excepción prolongados, militarización de la seguridad pública y reformas legales punitivas. Paralelamente, en el plano conceptual-criminológico se observa un giro hacia lo que Garland (2005, 2007) denominó ?criminologías del otro?. Las instituciones penales ganan terreno mientras las políticas sociales retroceden. Feeley y Simon (1992) plantean una orientación basada en una racionalidad actuarial, la cual administra riesgos en lugar de garantizar derechos. En la práctica, esto se evidencia en el endurecimiento de penas, el aumento de poblaciones carcelarias y la indiferencia ante la reintegración.

En el análisis de los procesos de transición de regímenes autoritarios a democracias, a finales de la década de 1980, Pinheiro (1991) identificó resistencias estructurales en la sociedad civil, que operan independientes del régimen político y constituyen una continuidad autoritaria de acuerdo con sistemas de jerarquía social que se reproduce regularmente con el apoyo de instrumentos de opresión y criminalización. El autor denomina a esto «autoritarismo socialmente implantado», que precede y supera a los regímenes políticos autoritarios. Este concepto es fundamental para comprender no sólo la persistencia de prácticas arbitrarias y torturas por parte del Estado, sino también las formas en que la propia sociedad civil apoya y legitima estas acciones hoy, a más de 40 años del fin de los regímenes dictatoriales. Entendemos que esta noción contribuye a nuestra comprensión de algunos de los desafíos que se plantean en la consolidación efectiva de una cultura democrática (Alvarado Mendoza et. al, 2024) en el actual contexto latinoamericano, y que merece ser ampliada, revisada y profundizada (Alvarez et.al, 2021) frente a las nuevas formas de autoritarismo que se expresan en las más variadas formas de violencia social y estatal y constituyen un obstáculo para las democracias en América Latina.

Frente a estas tendencias, surge el imperativo de construir políticas de seguridad ciudadana democráticas. Lograr seguridad con democracia exige desplazar el foco desde el castigo hacia la protección social, reduciendo el protagonismo del sistema penal y fortaleciendo el Estado social ?a través de la educación, la salud y las oportunidades económicas? como primera línea de prevención del delito. Sin abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión, las políticas de mano dura solo logran contener el problema de forma temporal.

Centroamérica será un eje central del GT, tanto por la difusión de modelos autoritarios como por el interés ya existente de sus integrantes. Se propone articular un trabajo con el GT ?Violencias en Centroamérica? mediante las Jornadas ?Descifrando Centroamérica: Violencias, autoritarismos y resistencias?, con encuentros virtuales anuales, aprovechando investigaciones en curso sobre violencia, políticas de seguridad y autoritarismo (incluido el caso Bukele?MS13). Paralelamente, se impulsará una articulación con el GT ?El Estado como contradicción? a través de encuentros virtuales anuales sobre ?Violencia, Seguridad y Estado?, para debatir políticas públicas, vínculos entre Estado y crimen organizado, estrategias represivas y políticas para prevenir violencias feminicidas, juvenicidas y travesticidas. En un contexto regional adverso para una seguridad ciudadana democrática, el GT se propone fortalecer las dimensiones inclusivas del Estado y cuestionar prácticas de seguridad socialmente legitimadas, pero de corte autoritario.

Por lo dicho, nuestro objetivo general es contribuir al fortalecimiento de líneas de conocimientos sobre las violencias, los autoritarismos y las políticas de seguridad democráticas a partir de un diálogo de saberes entre la academia, la institucionalidad estatal y los colectivos sociales que incidan en el diseño multiagencial de políticas públicas e intervenciones en el campo de la seguridad ciudadana y en el fortalecimiento real de los regímenes democráticos en Latinoamérica y el Caribe. La estrategia de consolidación del GT prevé la incorporación planificada de jóvenes investigadores/as de países prioritarios, con inserción académica, vínculos con el Estado y movimientos sociales, y la creación de tres roles de facilitación (académico, de financiamiento y comunicación/difusión) para dinamizar la vida del grupo. Los/as facilitadores/as serán tres jóvenes investigadores/as que se desenvolverán en las tres áreas clave mencionadas para el funcionamiento dinámico del GT.