América Latina y el Caribe constituyen una zona privilegiada para el análisis crítico de la Lex Mercatoria y el poder corporativo transnacional. La región no es simplemente un caso de estudio más, sino un laboratorio histórico donde se han ensayado, consolidado y también resistido las formas jurídicas del capitalismo globalizado. Desde los ajustes estructurales de los años ochenta hasta la proliferación de tratados de comercio e inversión en los noventa, pasando por la actual reconfiguración geopolítica marcada por la disputa interimperial entre Estados Unidos y China, América Latina ha estado en el centro de los procesos de disciplinamiento del capital sobre los Estados periféricos.

Esta perspectiva situada parte de reconocer que la arquitectura jurídica internacional que regula las inversiones y el comercio no es neutral ni técnica: es una construcción histórica que responde a las necesidades de acumulación del capital en su fase transnacional y que reproduce las asimetrías estructurales de la división internacional del trabajo. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), los capítulos de inversión en los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y los mecanismos de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS) constituyen lo que diversos autores han caracterizado como una "nueva Lex Mercatoria": un orden jurídico supranacional que otorga derechos exorbitantes al capital transnacional mientras limita severamente la capacidad regulatoria de los Estados, especialmente aquellos del Sur global.

América Latina presenta especificidades cruciales en este marco. En primer lugar, es una de las regiones con mayor cantidad de tratados de inversión vigentes a nivel mundial, habiendo sido pionera en la década de 1990 en la firma masiva de TBIs bajo el paradigma del Consenso de Washington. Esta proliferación no fue casual: respondió a una estrategia deliberada de inserción subordinada en la globalización neoliberal, impulsada tanto por organismos multilaterales de crédito como por gobiernos que veían en la "seguridad jurídica" para el capital extranjero la promesa de desarrollo. En segundo lugar, la región ha sido objeto de aproximadamente un tercio del total de demandas ISDS a nivel global, con costos económicos y políticos devastadores para los Estados y sus poblaciones. Casos emblemáticos como las demandas contra Argentina tras la crisis de 2001, los arbitrajes de empresas mineras canadienses contra Colombia y Ecuador por protección del agua, o el reciente caso de Próspera contra Honduras vinculado a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ilustran cómo estos mecanismos operan como instrumentos de disciplinamiento sobre cualquier intento de regulación que priorice derechos sociales, ambientales o la soberanía sobre los bienes comunes.

Sin embargo, la región también ha sido escenario de importantes luchas y resistencias contra este régimen. La derrota del ALCA en 2005, impulsada por una articulación continental de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones campesinas e indígenas, marcó un hito en la contestación al libre comercio desde abajo. Las auditorías integrales de los TBIs realizadas en Ecuador, que derivaron en la denuncia de todos sus tratados de inversión, constituyen una experiencia única a nivel mundial de evaluación soberana de los impactos de esta arquitectura jurídica. Asimismo, fallos judiciales nacionales en defensa del agua y el ambiente frente a megaproyectos extractivos, como en el caso del páramo de Santurbán en Colombia, evidencian la tensión entre legalidad nacional y la prórroga de jurisdicción que implica el arbitraje internacional.

Desde una economía política crítica, la Lex Mercatoria debe comprenderse como parte constitutiva del proceso de internacionalización del Estado capitalista. No se trata de una imposición meramente externa, sino de una reconfiguración de las formas estatales que responde a las necesidades de reproducción del capital en su fase transnacional. Los Estados latinoamericanos no son víctimas pasivas: sectores de sus clases dominantes locales, vinculados al capital transnacional y a fracciones extractivo-exportadoras, han sido activos promotores de estos tratados. Al mismo tiempo, la Lex Mercatoria opera como mecanismo de "candado jurídico" que busca impedir que los ciclos de movilización popular puedan traducirse en transformaciones estructurales de los modelos productivos.

La especificidad latinoamericana se comprende mejor desde categorías propias del pensamiento crítico regional: la teoría de la dependencia, el debate sobre el imperialismo en Nuestra América, los análisis del extractivismo y la crítica a la colonialidad del poder. La Lex Mercatoria refuerza patrones de especialización productiva que mantienen a la región en un lugar subordinado dentro de las cadenas globales de valor, profundizando la primarización de las exportaciones y la reprimarización de las economías. Los tratados no solo protegen inversiones: garantizan un modelo civilizatorio basado en el despojo territorial, la sobreexplotación del trabajo y la naturaleza, y la transferencia de excedentes hacia los centros del capitalismo global.

En el contexto actual, marcado por la crisis climática, la disputa geopolítica y la reconfiguración de las cadenas de suministro en torno a la transición energética, América Latina enfrenta nuevos desafíos. La creciente presencia china en la región, a través de inversiones en infraestructura, minería y energía, viene acompañada de una nueva generación de TBIs que reproducen ?y en algunos casos profundizan? los mecanismos de protección del capital. Lejos de representar una alternativa al orden neoliberal, los tratados con China se insertan en la misma lógica de la Lex Mercatoria, aunque con particularidades derivadas del carácter híbrido del capitalismo de Estado chino.

Pensar críticamente la Lex Mercatoria desde América Latina implica también conectar este análisis con las luchas territoriales contemporáneas. Los conflictos en torno al extractivismo, las consultas populares contra la megaminería, la defensa de territorios indígenas frente a proyectos de infraestructura, y la resistencia campesina al agronegocio, no pueden entenderse separados del marco jurídico internacional que protege y habilita estas formas de acumulación por desposesión. Los tratados de inversión operan como infraestructura legal del extractivismo, garantizando rentabilidad al capital transnacional mientras criminalizan y judicializan la protesta social.

Desde el Sur global, nuestro desafío es producir conocimiento situado que no solo describa estos procesos sino que contribuya a fortalec er las estrategias de transformación. Esto implica articular el trabajo académico con las organizaciones sociales, sindicatos, movimientos indígenas y campesinos, abogacía estratégica y actores institucionales comprometidos con la defensa de la soberanía y los derechos humanos. Implica también disputar los sentidos hegemónicos sobre "desarrollo", "inversión" y "crecimiento económico" que legitiman este orden jurídico, evidenciando sus costos sociales, ambientales y democráticos. Y requiere construir alternativas concretas: desde propuestas de reforma del sistema de arbitraje que incorporen mecanismos de rendición de cuentas y obligaciones para las corporaciones, hasta estrategias de salida y auditoría integral de los tratados vigentes, pasando por la elaboración de marcos regulatorios alternativos que prioricen los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida por sobre las garantías al capital.

El grupo de trabajo sobre Lex Mercatoria, poder corporativo y derechos humanos se inscribe en esta tradición crítica latinoamericana, asumiendo el desafío de producir análisis rigurosos que alimenten tanto el debate académico como las luchas concretas por justicia económica, ambiental y social en la región

La relevancia del estudio crítico de la Lex Mercatoria, el poder corporativo y los derechos humanos en el contexto latinoamericano contemporáneo se fundamenta en la intersección de tres crisis sistémicas que definen nuestra época: la crisis climático-ambiental, la crisis de legitimidad de la democracia liberal representativa, y la reconfiguración del orden mundial bajo una disputa interimperial renovada. Estos procesos no son autónomos, sino que están íntimamente articulados a través de la forma jurídica que adopta el capitalismo globalizado, de la cual la Lex Mercatoria constituye una expresión privilegiada.

Desde el punto de vista teórico, el análisis crítico de la Lex Mercatoria permite abordar problemas fundamentales de la teoría social contemporánea que permanecen irresueltos o insuficientemente conceptualizados en la literatura académica dominante. En primer lugar, el estudio de los tratados de inversión y los mecanismos ISDS obliga a repensar las categorías clásicas sobre la soberanía estatal y la relación entre lo jurídico y lo económico en el capitalismo contemporáneo. Contra las lecturas que presentan estos tratados como meras restricciones externas a Estados soberanos, una perspectiva crítica inspirada en el trabajo de Panitch y Gindin (2012) permite comprenderlos como parte constitutiva del proceso de internacionalización del Estado capitalista. Los Estados no son víctimas pasivas de la globalización neoliberal, sino activos constructores de las condiciones jurídico-institucionales para la reproducción ampliada del capital transnacional (Poulantzas, 1978). La Lex Mercatoria revela así la naturaleza de clase del Estado y su papel en la "administración de la explotación" a escala global, desmintiendo tanto las visiones instrumentalistas ingenuas como las apologías liberales de la neutralidad estatal. En segundo lugar, el análisis situado desde América Latina exige recuperar y actualizar las categorías de la teoría de la dependencia y el debate sobre el imperialismo en clave contemporánea. Ruy Mauro Marini (2015) y Jaime Osorio (2016) mostraron cómo la inserción subordinada de América Latina en el mercado mundial genera formas específicas de acumulación basadas en la superexplotación del trabajo y la transferencia de valor hacia los centros imperiales. La Lex Mercatoria opera como dispositivo jurídico que cristaliza y profundiza estos patrones de dependencia: garantiza la extracción y apropiación de rentas extraordinarias por parte del capital transnacional, blinda modelos productivos primarizados orientados a la exportación, y disciplina cualquier intento de transformación estructural que cuestione esta inserción subordinada (Ghiotto y Echaide, 2020). Lejos de ser un tema sectorial del derecho internacional, la protección de inversiones constituye un problema central de la economía política internacional y la teoría del desarrollo. En tercer lugar, el GT contribuye a un campo emergente que articula la crítica de la economía política con la teoría jurídica crítica y los estudios sobre movimientos sociales, superando compartimentos disciplinarios que limitan la comprensión de fenómenos complejos. Siguiendo los aportes de Hernández Zubizarreta (2009) sobre la "arquitectura de la impunidad" y de Guamán (2021) sobre la nueva Lex Mercatoria, el GT produce análisis que no se limitan a la exégesis de cláusulas contractuales sino que sitúan estas formas jurídicas en relación con procesos de acumulación, conflictos distributivos y luchas por la hegemonía. Esta perspectiva permite comprender, por ejemplo, cómo el concepto de "expropiación indirecta" en los TBIs opera como tecnología de gobierno que redefine los límites de lo políticamente posible para los Estados periféricos (Suárez Rodríguez, 2024, en Ghiotto et al., 2024).

La relevancia social del estudio de la Lex Mercatoria en América Latina está directamente vinculada a sus impactos materiales sobre las condiciones de vida de las mayorías populares y la sostenibilidad de los territorios. Los tratados de inversión y los mecanismos ISDS no son abstracciones legales: tienen consecuencias concretas y mensurables. América Latina ha enfrentado más de 250 demandas arbitrales desde 1990, con montos reclamados que superan los USD 200.000 millones (TNI, 2024). Estas demandas drenan recursos públicos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura, generando lo que puede caracterizarse como una forma de "acumulación por litigio" donde el capital transnacional se apropia de excedentes estatales a través de sentencias arbitrales. El caso paradigmático de Argentina tras la crisis de 2001, con más de 60 demandas y condenas por miles de millones de dólares, ilustra cómo estos mecanismos operan como dispositivos de disciplinamiento ante crisis económicas que requieren respuestas soberanas (Ghiotto y Laterra, 2020).Más allá de los costos fiscales directos, la Lex Mercatoria tiene efectos de "enfriamiento regulatorio" (regulatory chill) que impiden o desalientan políticas públicas orientadas a la protección ambiental, los derechos laborales o la justicia social. Cuando un Estado sabe que cualquier regulación puede desencadenar una demanda arbitral millonaria, la autocensura se convierte en forma de gobierno. Los casos de demandas mineras contra Colombia por protección del páramo de Santurbán, o contra Costa Rica por políticas ambientales, muestran cómo la amenaza del arbitraje opera como veto preventivo sobre decisiones democráticas adoptadas incluso tras procesos de consulta popular (Sarmiento Lobo, 2024, en Ghiotto et al., 2024). En el contexto de la crisis climática, esta relevancia social se agudiza dramáticamente. América Latina enfrenta la paradoja de ser simultáneamente una de las regiones más vulnerables al cambio climático y un proveedor fundamental de los minerales críticos (litio, cobalto, cobre, tierras raras) requeridos para la transición energética global. Los tratados de inversión garantizan que esta nueva fase extractiva ?el "extractivismo verde"? reproduzca los patrones de despojo territorial, contaminación y conflictividad social del extractivismo tradicional, pero bajo narrativas de "desarrollo sostenible" (Svampa, 2019). El análisis crítico de la Lex Mercatoria es indispensable para desnaturalizar la idea de que no hay alternativa a este modelo y para visibilizar los costos socioambientales que el capital intenta externalizar sobre territorios y cuerpos. Las luchas territoriales contra megaproyectos extractivos, las resistencias de pueblos indígenas y comunidades campesinas, las campañas contra tratados de libre comercio, no pueden comprenderse ni acompañarse adecuadamente sin un análisis riguroso de la arquitectura jurídica que habilita y protege estos procesos de acumulación. El conocimiento producido por el GT tiene valor de uso para estos sujetos colectivos: les permite identificar los mecanismos concretos del poder corporativo, anticipar estrategias de defensa jurídica, construir narrativas contrahegemónicas y fortalecer su capacidad de incidencia política (Santos, 2009).

La relevancia intelectual del tema se comprende considerando tres dimensiones: la innovación epistemológica, la construcción de diálogos Sur-Sur, y la producción de conocimiento comprometido con la transformación social. En términos epistemológicos, el GT está contribuyendo a consolidar una perspectiva de investigación que rechaza la falsa neutralidad del conocimiento jurídico-económico dominante. Contra el positivismo que reduce el análisis de tratados a cuestiones técnicas de interpretación contractual, y contra el funcionalismo que naturaliza las instituciones del capitalismo global, el GT asume explícitamente una "epistemología del Sur" (Santos, 2009) que reconoce la parcialidad constitutiva de todo conocimiento y la necesidad de producir saberes desde y para los sectores subalternizados.