América Latina y el Caribe (ALC), al igual que otras regiones, enfrenta las gravísimas consecuencias ambientales del modelo agroindustrial y el régimen agroalimentario corporativo (McMichael 2006). Este sistema, articulado en lo tecnológico, económico, cultural y ambiental, opera de forma análoga al régimen metabólico industrial, provocando daños severos en los suelos, como erosión, compactación, salinización, acidificación, pérdida de materia orgánica y disminución de la actividad biológica. Los impactos ambientales incluyen una dramática reducción de insectos debido al uso de plaguicidas, así como la utilización del 70% del agua a nivel mundial, que es devuelta contaminada al ciclo hídrico (MEA, 2015). El agroextractivismo contribuye con el 12% de las emisiones globales que causan el cambio climático, cifra que puede alcanzar hasta la mitad si se considera el conjunto del sistema alimentario. Además, es causante de la eutrofización de cuerpos de agua y está asociado a la deforestación y a la consiguiente pérdida de biodiversidad. La región ha perdido el 30% de su biodiversidad en los últimos 20 años. Monocultivos como la soya son un ejemplo icónico en Latinoamérica, responsables de la deforestación de 20 millones de hectáreas en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (WWF 2014). Este modelo insustentable simplifica la complejidad ecosistémica, favoreciendo plagas y enfermedades, lo que incrementa la dependencia de insumos agroquímicos. A su vez, se reduce la diversidad biocultural esencial para la alimentación de los pueblos, tanto por la uniformización de los campos como por el establecimiento de semillas modificadas genéticamente. Se puede asegurar que el sector agroalimentario genera la mayor huella ecológica en el ámbito mundial, actuando como la mayor fuerza motriz de las transformaciones biofísicas en el planeta (Tilman 2001; Foley 2005; Weis 2013; Rockström et al. 2017).

El desarrollo del régimen alimentario corporativo se enmarca en la globalización neoliberal, donde el número de personas en pobreza apenas ha variado desde 1990. Para 2024, casi 3600 millones de personas (el 44 % de la población mundial) viven por debajo del umbral de pobreza del Banco Mundial ($6.85 al día en Paridad de Poder Adquisitivo ? PPA). En una "perversa simetría", el 1 % más rico de la población mundial posee un 45 % de la riqueza total. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, donde el 1% más rico concentra casi el 43.5% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 0.8%. Esta brecha, exacerbada por sistemas tributarios injustos, el modelo basado en materias primas y la concentración de poder, afecta desproporcionadamente a mujeres (una de cada diez vive en pobreza extrema, con menos de $2.15 al día en PPA, y hay 24.3 millones más de mujeres que de hombres en esta situación), y a comunidades indígenas y afrodescendientes (Oxfam, 2025).

La región es también la más desigual del mundo en términos de distribución de la tierra (Oxfam, 2016). El 1% de las fincas de mayor tamaño concentra más de la mitad de la superficie agrícola regional. La desigualdad de género en el reparto de la tierra es notoria, pues las mujeres representan solo el 12% de quienes tienen acceso y control de la tierra beneficiada por procesos de reforma agraria. Este fenómeno se ha agravado, con transacciones que, desde el año 2000, afectan a más de 9 millones de hectáreas en ALC, destinadas a monocultivos (forestales, soya, palma aceitera, maíz y caña de azúcar) y la ampliación del hato ganadero (LandMatrix, 2019; Giraldo, 2015). Este acaparamiento, junto con el despojo provocado por proyectos extractivistas (megaminería, hidroeléctricas, extracción de hidrocarburos) y de infraestructura, impacta las formas de habitar rurales, impidiendo la permanencia de los jóvenes e incrementando la migración hacia las ciudades y Estados Unidos.

La persistencia de la pobreza en la región es un factor clave. La tasa de pobreza en ALC en 2023 fue del 27.3% (172 millones de personas), y la pobreza extrema afectó al 10.6% (66 millones). La pobreza total aumentó de un 28.5% en 2014 a un 37% en 2017 (FAO/OPS/WFP/ y UNICEF, 2018). Las disparidades entre lo urbano y lo rural son notables: en 2017, casi el 50% de la población rural se encontraba en situación de pobreza. Aunque la pobreza en la población no indígena ha crecido, las diferencias son abrumadoras: existe un 10% más de pobreza en la población indígena y afrodescendiente. La pobreza extrema prevalece en el ámbito rural, indígena y afrodescendiente, que es precisamente el ámbito de la producción de alimentos.

El modelo agroalimentario corporativo ha fracasado en su promesa de eliminar el hambre. El número de personas subalimentadas ha aumentado, alcanzando cerca de 40 millones de habitantes (el 6% de la población de ALC). La región enfrenta la coexistencia de la desnutrición aguda (cerca de 700 mil niños) y una epidemia de sobrepeso y obesidad, asociada a una dieta industrializada. El sobrepeso infantil afecta al 7.5% de los menores de 5 años, y cerca de una cuarta parte de la población adulta padece obesidad, con proyecciones de aumentar a cerca de la tercera parte para 2030. Los patrones alimentarios se han transformado por el sistema agroalimentario mundial y el comercio de alimentos procesados (FAO/OPS/WFP/ y UNICEF, 2018), causando que las enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, cardiovasculares, diabetes) desplacen a las infecciosas como la principal causa de muerte.

El informe de El estado mundial de la agricultura y la alimentación (FAO, 2023) señala los costos ocultos del sistema alimentario. Más del 70 % de estos costos se deben a dietas poco saludables (alimentos ultraprocesados, grasas, azúcares), que son la causa de obesidad y enfermedades no transmisibles. Una quinta parte se relaciona con el impacto ambiental, derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, los cambios del uso de la tierra y la utilización del agua. Estos costos exacerban las desigualdades, afectando desproporcionadamente a los países de ingresos bajos, donde representan más de una cuarta parte de su PIB, frente a menos del 8 % en países de ingresos altos.

En definitiva, el modelo alimentario corporativo hegemónico, extractivista, concentrador, acaparador, excluyente, violento y depredador a través de sistemas articulados, tecnológico, económico, cultural y ambiental, genera desigualdad, pobreza, exclusión, hambre, malnutrición y mala alimentación, vulnera derechos y compromete la capacidad de sostener la reproducción de la vida.

En este contexto dos aspectos se vuelven centrales para enfrentar la crisis emergente, la reconfiguración de los sistemas alimentarios, para garantizar la alimentación accesible, suficiente, sana, sabrosa, soberanay apropiada culturalmente, junto con el acceso, la redistribución y gestión de los bienes, infraestructuras ecológicas, políticas e instituciones desde la perspectiva de proyecto agroecológico.

En este nuevo periodo que se solicita para la continuidad del GT de Agroecología Política nos proponemos como eje central debatir cómo debería formularse hoy la cuestión agraria desde una perspectiva agroecológica. Quienes presentamos esta solicitud estamos convencidos no solo de la relevancia y urgencia del tema, sino también de su potencial para articular dos campos que, salvo excepciones como las propuestas de La Vía Campesina, han avanzado de manera paralela: la agroecología y los estudios agrarios críticos. Consideramos que este tema interpela por igual a ambos espacios y que puede fortalecer los vínculos del GT de Agroecología Política con otros grupos consolidados que trabajan problemáticas afines. La cuestión agraria, que parecía haber perdido centralidad en décadas recientes, ha recobrado protagonismo frente a los nuevos planes de acumulación impulsados por el régimen alimentario corporativo y ante la gravedad de la crisis ambiental. Este resurgimiento, sin embargo, corre el riesgo de ser cooptado por discursos de derecha populista, convirtiéndose en un obstáculo para la transición hacia la sostenibilidad que hoy se requiere (Mamonova, 2024; Mamonova & Franquesa, 2020).

Actualizar la cuestión agraria exige revisar críticamente sus contenidos tradicionales. Las preguntas son ineludibles: ¿puede resolverse únicamente mediante el acceso a la tierra sin cuestionar el modelo dominante de agricultura industrializada? ¿Es compatible la idea clásica de reforma agraria con enfoques basados en soberanía alimentaria y agroecología? Para diversos autores, resulta incuestionable que la cuestión agraria del siglo XXI no puede desligarse del modelo agrícola vigente. Mantener un sistema ambientalmente depredador, económicamente inviable y socialmente injusto profundizaría la destrucción del tejido productivo, el despoblamiento rural, el deterioro ecológico y la dependencia de mercados concentrados, además de sostener un patrón alimentario insalubre (Martins, 2000; Fernandes Mançano, 2025). Frente a ello, el GT se propone aportar al debate sobre la actualización conceptual y política de la cuestión agraria desde una perspectiva de Agroecología Política (González de Molina et al., 2020).

En las últimas décadas, la cuestión agraria ha experimentado un proceso de ?ambientalización? (Akram-Lodhi, 2010; Pinto, 2013; Tasdemir, 2022; Petras & Veltmeyer, 2015), aunque todavía incompleto. La «nueva» cuestión agraria no puede reducirse al reparto de tierras sin atender los impactos ecosistémicos de su manejo (Altieri, 1989; Shattuck et al., 2023). La incorporación plena de la dimensión ambiental implica replantear postulados históricos, y en ese proceso la agroecología aporta criterios para construir un discurso contemporáneo adaptado a los desafíos actuales (Holt-Giménez et al., 2021). Un aspecto determinante es la crisis estructural del capitalismo, que ha generado la emergencia climática y amenaza la base ecológica que sostiene los agroecosistemas. A esto se suma el debate persistente sobre el papel del campesinado en la solución del problema agrario y sobre quiénes deben ser los sujetos centrales de las políticas públicas. La agroecología puede iluminar este debate, subrayando la relevancia del campesinado y del ?nuevo campesinado? como actores estratégicos.

En cuanto a la redefinición de la cuestión agraria, esta no puede limitarse al acceso a la tierra. La solución sigue siendo la reforma estructural, pero bajo criterios que articulen salud ambiental, viabilidad económica y equidad social, superando la mirada centrada en la finca y adoptando una perspectiva territorial y de cadena alimentaria. Este será un objetivo central del GT, que busca convocar a investigadores de diversos Gts de CLACSO para avanzar en consensos sobre este tema crucial para América Latina.

Históricamente, la cuestión agraria emergió en contextos de transición hacia la agricultura industrial, donde tierra y trabajo eran los factores decisivos. Las desigualdades en el acceso a la tierra dieron lugar a luchas por una distribución más equitativa, sustentadas en tres imperativos: ético, económico y político. El GT se plantea actualizar estos imperativos. El componente ético implica no solo acceso equitativo a la tierra, sino al agua, a otros recursos naturales y a relaciones justas dentro de la cadena alimentaria (Hornborg, 2017). Todo ello se enmarca hoy en las lógicas de acumulación capitalista del régimen alimentario corporativo (Wolford et al., 2024).

El imperativo económico también debe revisarse. La crítica clásica señala que las estructuras latifundistas frenan el desarrollo agrario y que la redistribución permitiría un uso más intensivo y eficiente de la tierra, aumentando producción, empleo y renta. No obstante, estas premisas deben ponerse en diálogo con los límites ecológicos y la necesidad de un manejo sustentable (McKay et al., 2024). Finalmente, el imperativo político ?la reforma agraria como democratización frente al poder terrateniente? debe actualizarse frente al nuevo entramado de intereses corporativos nacionales y transnacionales que hoy controlan el sistema alimentario. La configuración del poder en la agricultura ha cambiado sustancialmente, lo que exige nuevas herramientas analíticas y políticas.

Los imperativos revisados sitúan en el centro no solo el acceso sino el manejo sustentable de la tierra, visto preferentemente desde la escala territorial (Gliessman, 1998). Esto obliga a repensar quiénes deben ser los sujetos beneficiarios de la reforma. Aunque la tradición marxista enfatizó a los asalariados rurales (Araghi, 2009; Bernstein, 2014; Martínez Valle & Martínez-Godoy, 2019), en las últimas décadas el campesinado y sus movimientos han ganado protagonismo como sujetos políticos. La agroecología invita a detener la destrucción de las explotaciones campesinas y a valorar su papel en la transición socioecológica.

Otro debate central del GT será definir los criterios de una reforma agraria agroecológica. Esta debe garantizar acceso equitativo a la tierra y a los recursos productivos, pero también asegurar el manejo sustentable de los agroecosistemas (Akram-Lodhi, 2021), mantener y mejorar sus bienes fondo y optimizar los servicios ecosistémicos (Guzmán Casado et al., 2022). Debe planificarse a escala territorial (Poiani, 2000; Adriaensen, 2003; Patrizi et al., 2018; Altieri et al., 2024), priorizar la intensificación basada en conocimiento tradicional y científico, reforzar la autonomía productiva y gestionar colectivamente los recursos naturales.

Finalmente, la cuestión agraria debe vincularse con los principales movimientos sociales latinoamericanos (Edelman, 2024) y convertirse en herramienta para impulsar la transición agroecológica. Esto implica articular luchas por tierra y territorio con la construcción de cadenas alimentarias campesinas y con alianzas amplias que permitan conformar mayorías sociales capaces de promover cambios institucionales y reformas agrarias profundas (Petersen & González de Molina, 2025).