Nuestras investigaciones, desarrolladas en el Grupo de Trabajo Vigilantismo, violencia colectiva (2019-2022) y Vigilantismo, violencia colectiva y gobernanza securitaria (2023-2025), parten de la coyuntura latinoamericana actual, que exige repensar la relación entre democracia y violencia a la luz de transformaciones profundas. La región se caracteriza hoy por economías de mercado crecientemente desreguladas, la expansión de desigualdades persistentes, escenarios de empobrecimiento y desprotección social, así como por la emergencia de mercados ilícitos que convierten la violencia en un recurso estructural del orden social.

Desde esta perspectiva ampliada, nuestras intervenciones se orientan a explorar las democracias violentas latinoamericanas y las formas en que se articulan sus dimensiones institucionales, sociales y territoriales. Partimos de la premisa de que las democracias de la región no son lo opuesto a la violencia, sino regímenes que coexisten estructuralmente con ella. La noción de ?democracia violenta? describe órdenes políticos donde el sufragio, la competencia electoral y las libertades civiles coexisten con prácticas represivas estatales, con arreglos informales de gestión del conflicto y con violencias ejercidas por actores no estatales (Luna, Luneke y Guzmán, 2025; Desmond y Goldstein, 2010; Davis y Pereira, 2003). En estos contextos, el Estado puede actuar simultáneamente como garante de derechos, como actor punitivo diferencial y como productor ?tácito o explícito? de daño.

Este marco se complejiza con la persistencia de desigualdades históricas, la segregación urbana, el repliegue de políticas sociales universales y el crecimiento de dispositivos securitarios focalizados. Las democracias latinoamericanas combinan así procedimientos electorales y garantías formales con prácticas cotidianas de exclusión, represión, tercerización y delegación de la fuerza a una pluralidad de autoridades regulatorias (Roitman, 2004), entre las que se incluyen actores criminales, organizaciones comunitarias y redes informales de control.

Dentro de este entramado, el GT amplía la discusión hacia el campo específico del vigilantismo, analizando las formas de participación ciudadana ?en distintos grados de organización, intensidad y legitimidad? en la construcción de órdenes securitarios (Gamallo, 2020). Estas prácticas, en ocasiones dotadas de institucionalidad propia, despliegan mecanismos de contención, regulación y control frente a los impactos de las violencias estructurales (Misse, 2022; Auyero y Berti, 2013), el delito común, la violencia organizada y el progresivo desdibujamiento legal-institucional del Estado (Alba Vega y Kruijt, 2007). La diversidad de actores involucrados ?comunidades rurales, organizaciones urbano-populares, grupos de vecinos de clases medias y altas, autodefensas, guardias comunitarias y redes informales de ?prevención? callejera? revela que el vigilantismo es una respuesta estratégica ante riesgos, incertidumbres y percepciones de abandono o ineficacia institucional. Entre sus repertorios se encuentran formas de violencia colectiva punitiva como los linchamientos (Gamallo, 2020; González, Ladeuix y Ferreyra, 2011).

Estas aproximaciones dialogan con fenómenos similares documentados en países africanos (Nigeria, Mozambique, Sudáfrica), asiáticos (Tailandia, Chechenia) y europeos (Rusia, Irlanda del Norte) (Saunders, 2011; Pratten, 2006; Buur, 2010; Burr, 2004; Schuberth, 2013; Frank, 2017; Monaghan, 2011). Allí como aquí, las prácticas de apropiación comunitaria de la seguridad expresan formas alternativas de producción de legitimidad, autoridad y orden, reforzando la necesidad de estudiar el vigilantismo desde el Sur Global y de atender tanto sus particularidades como sus resonancias transnacionales.

El campo de estudios sobre vigilantismo en América Latina ha sido históricamente abordado desde dos vertientes. La primera lo vincula al giro neoliberal de fines del siglo XX, que produjo sociedades más desiguales, fragmentadas y polarizadas, propiciando discursos de odio hacia un ?otro peligroso? (Ariza, 2018), asociado a juventudes populares, migrantes o grupos racializados. La segunda lo analiza desde las dinámicas institucionales, las culturas políticas locales y las capacidades organizativas de los territorios donde emerge, especialmente en contextos donde el Estado tiene dificultades para monopolizar la violencia (Huggins, 1991; Martins, 1995; Benevides, 1984; Guerrero, 2000; Castillo, 2000; Thurston, 2011). En estos escenarios coexisten órdenes legales comunitarios o tradicionales que disputan la hegemonía del derecho estatal (Vilas, 2006).

El trabajo comparado del GT ?compuesto por investigadoras e investigadores de trece países? ha permitido avanzar en nuevas líneas analíticas, atendiendo variaciones contextuales, trayectorias históricas y la creciente legitimidad del vigilantismo como forma de acción colectiva. Identificamos que estos eventos expresan la necesidad social de restaurar órdenes amenazados y redistribuir legitimidades no centralizadas en el Estado, sino compartidas entre múltiples actores. El vigilantismo expresa así una relocalización de la autoridad garante del orden, redefiniendo los modos en que se reclama, se ejerce y se justifica la justicia (Fuentes, Gamallo, Quiroz, 2022).

Consideramos que el vigilantismo redefine la agenda de seguridad pública y privada en la región, contribuyendo a la noción de gobernanza securitaria al incorporar actores no estatales en esquemas de poder territorial. Este fenómeno se acentúa con el ascenso de la extrema derecha en países como Argentina, Brasil y El Salvador, que instalan reformas pro-mercado y al la inseguridad como eje político central y legitiman repertorios de acción punitiva que apelan a la violencia civil como mecanismo de fragmentación social y disciplinamiento político.

En este escenario, las organizaciones sociales pueden cumplir roles ambivalentes: reproducir discursos punitivos y legitimar respuestas violentas; o bien articular resistencias, prácticas de cuidado y demandas de justicia no punitiva. Estas ambivalencias también se expresan en el modo en que distintos actores ?desde ciudadanos sin compromiso delictual hasta organizaciones criminales formales? ejercen formas de poder punitivo crecientemente relevantes y se relacionan con el Estado en un continuum que va del desafío y la confrontación hasta la cooperación tácita o la connivencia (Candotti y Silva, 2023). Esta disputa convierte a la sociedad civil en un actor indispensable para comprender el vigilantismo e intervenir en debates sobre seguridad y democracia. Por esta razón, nuestro GT concibe como una tarea académica y política fortalecer colaboraciones con movimientos, colectivos y organizaciones territoriales que aborden la cuestión securitaria desde una perspectiva de derechos humanos.

A diferencia de campos más consolidados ?como crimen organizado, violencias estatales o políticas de seguridad?, el análisis del vigilantismo y de las violencias punitivas permanece fragmentado, disperso y con escasa institucionalización académica. Además, la evidencia reciente muestra que el poder punitivo no es ejercido exclusivamente por el Estado, sino también por una heterogeneidad de actores que disputan autoridad, legitimidad y orden en clave territorial. Comprender estas ecologías de autoridad, sus lógicas de legitimación y sus efectos sobre la democracia exige un espacio estable de investigación, intercambio y formación. Por ello, la renovación del GT constituye una infraestructura intelectual imprescindible para sostener un campo aún en consolidación, fortalecer la comparación regional y promover la producción de conocimiento crítico y socialmente relevante. En un momento marcado por la legitimación social de la violencia y la expansión de repertorios de acción vigilantista, la continuidad del GT constituye una condición de posibilidad para avanzar en el estudio de estos fenómenos en América Latina

El Grupo de Trabajo tiene como objetivo caracterizar, analizar y comparar las diversas formas de acciones colectivas de violencia punitiva (González et al., 2011; Gamallo, 2020; Gamallo y González, 2022) que han emergido con fuerza en Latinoamérica bajo el término de vigilantismo. Buscamos profundizar el estudio de estas acciones y situarlas en su conexión con los escenarios de la región: la proliferación de violencias y del sentimiento de inseguridad; la creación de formas comunitarias y barriales de regulación frente al delito; su utilización como repertorio de contienda política; su función como intermediación entre comunidades y Estado; su papel en la gestión de ilegalismos; y su participación en dispositivos híbridos de gobernanza securitaria donde confluyen actores estatales, comunitarios y criminales.

El Grupo aporta una lectura indispensable para comprender, a través de estas violencias colectivas, transformaciones más amplias del Estado, la centralidad de la seguridad y los modos en que se produce ciudadanía en contextos de violencia persistente. Nuestras investigaciones ofrecen categorías y metodologías que permiten pensar, desde el Sur global, debates contemporáneos sobre violencia, cuidado, vigilancia y producción del orden social, consolidando un campo situado, crítico y comparado que busca dialogar con fenómenos regionales y globales.

Partimos de aportes anglosajones (Thurston, 2011; Phillips, 1987) y de investigaciones latinoamericanas desarrolladas desde los años 80 (Huggins, 1991; Martins, 2015), basadas principalmente en fuentes secundarias y bases de datos. Sobre esos cimientos, el GT ha avanzado hacia metodologías interdisciplinarias que combinan análisis cualitativos y cuantitativos ?etnografía, entrevistas, análisis de imagen, sistemas de información, estadística y bases de datos? que permiten caracterizar el vigilantismo en su complejidad contemporánea.

A partir de este trabajo colectivo, hemos desarrollado avances conceptuales respecto de los enfoques clásicos de las décadas de 1980 y 1990:

1 El vigilantismo debe entenderse como fenómeno relacional, no como simple ausencia del Estado. El Estado participa de manera intermitente y graduada, coordinando, habilitando o tolerando acciones vigilantes dentro de un gobierno extendido de la seguridad, bajo un continuum de violencias (Gamallo, 2020; Candotti y Silva, 2024; Fuentes y González, 2022).

2 No todo vigilantismo es disruptivo. Algunas prácticas fomentan participación ciudadana en la prevención del delito y el fortalecimiento de la legalidad (Fuentes, Gamallo y Quiroz, 2022; Fuentes, Quiroz y González, 2023; Caravaca y Dikenstein, 2022).

3 Las prácticas vigilantes conforman repertorios de acción colectiva que producen seguridad como forma de participación política securitaria, complementando o sustituyendo al Estado según sus niveles de coordinación y autonomía relativa (Ramírez, 2023; Castillo, 2022; González, 2021).

4 En ciertas regiones, el vigilantismo opera en zonas grises (Auyero, 2007), donde se diluyen fronteras entre lo legal e ilegal, lo público y lo privado, el Estado y el crimen. Allí actores no estatales disputan la legitimidad de la coacción y la regulación del orden. Para estas emergencias proponemos la categoría de vigilantismo difuso (Candotti y Pinheiro, 2022).

5 Algunos grupos vigilantes funcionan como intermediarios ?brokers? entre agencias estatales y comunidades locales, ofreciendo seguridad, mediación y regulación cotidiana. Estas dinámicas consolidan formas híbridas de autoridad y nuevas agencias políticas territoriales (Fuentes Díaz y Souza, 2022; Dikenstein y Luneke, 2023).

6 El vigilantismo se inscribe en trayectorias particulares de formación estatal. Sus repertorios se articulan con sedimentaciones históricas de violencia, fiabilidad institucional diferenciada, ciudadanías desiguales e interseccionalidades (Fuentes, Quiroz y González, 2023).

7 Los grupos vigilantes se estructuran según su nivel de interlocución con el Estado y su grado de coordinación interna, expresándose como vigilantismo duro o blando, y adoptando formas organizativas variables, desde colectivos vecinales hasta autodefensas (Fuentes Díaz, Quiroz y González, 2023).

8 El vigilantismo expresa una tensión estructural entre control y cuidado. Programas estatales de seguridad pueden derivar en aprendizajes cívicos y redes de apoyo, pero también reproducen sospechas hacia jóvenes pobres de sectores populares, configurando relaciones ambivalentes (Dikenstein y Luneke, 2023).

9 En zonas con gobernanza criminal, los grupos vigilantes despliegan acciones defensivas para contrarrestar controles territoriales predatorios, alternando formas según los niveles de violencia del entorno (Vázquez, 2023).

10 En un contexto de crisis de legitimidad institucional, las prácticas vigilantes producen órdenes híbridos que desbordan, complementan o tensionan al Estado. Estas prácticas permiten observar la transformación de la autoridad y la emergencia de nuevas legitimidades que conviven con marcos democráticos formales (Gamallo, 2020).

En las discusiones del GT hemos delineado una agenda futura. Un primer eje es profundizar la relación seguridad?cuidado, observando cómo la impronta securitaria reduce la polifonía comunitaria a lógicas de control estatal. Nos preguntamos qué formas de coordinación colectiva emergen desde el cuidado común más allá del control.

Un segundo eje aborda el uso creciente de tecnologías de vigilancia ?algoritmos, redes sociales, drones, reconocimiento facial? en el despliegue de prácticas vigilantes (Gómez, 2022; Moreira, 2025). La circulación de registros audiovisuales redefine la experiencia de la violencia y plantea nuevos desafíos éticos e investigativos.

Un tercer eje explora narrativas, sensibilidades y violencia. Los relatos mediáticos sobre linchamientos y eventos afines construyen otredades negativas, amplifican emociones punitivas y co-producen violencia (Cirulli y Fernández, 2023; Cirulli, 2022). La relación estructural entre medios y agencias policiales produce además opacidad estadística (Candotti y Silva, 2023).

Un cuarto eje busca analizar la coproducción del control social, la tercerización de la violencia y las nuevas formas de vigilancia, afinando variables comparativas sobre vínculos con el Estado y grados de formalidad.

Asimismo, seguiremos explorando dinámicas de control territorial donde el Estado comparte o pierde el monopolio de la fuerza, y donde actores criminales, privados y comunitarios reconfiguran la vida cotidiana. El vigilantismo aparece allí como repertorio de protesta, regulación en mercados ilegales y articulación política local.

Finalmente, analizaremos la expansión de las extremas derechas y su articulación con la gobernanza securitaria. Observamos cómo moralidades punitivistas difusas habilitan la aceptación de repertorios vigilantes que, en algunos casos, se vuelven bases de legitimidad y capilarización política. En este escenario, el enfoque de la democracia violenta adquiere mayor importancia para entender la relación entre vigilantismo, violencias punitivas y producción de seguridad.

De este modo, el GT ha contribuido de manera decisiva a comprender el vigilantismo desde América Latina, articulando teoría e investigación empírica comparada, con una mirada contextual, crítica e interseccional. Estos avances abren una agenda que requiere un soporte institucional regional para consolidar sus frutos.