TAmérica Latina y el Caribe, como el resto de regiones del mundo, enfrenta las gravísimas consecuencias ambientales del modelo agroindustrial y el régimen agroalimentario corporativo (McMichael 2006). Se trata de un sistema tecnológico, económico y cultural, que al funcionar de manera análoga al régimen metabólico industrial, genera erosión, compactación, salinización, acidificación, pérdida de materia orgánica y disminución de la actividad biológica de los suelos. Está además comprometido en la dramática reducción de insectos por el uso de plaguicidas, y es consumidor del 70% del agua a nivel mundial, la cual se devuelve contaminada al ciclo hídrico (MEA, 2015). El agroextractivismo contribuye con el 12% de las emisiones globales que producen el cambio climático, aunque puede llegar abarcar la mitad de los gases contaminantes, si incluimos el conjunto del sistema alimentario. Es causante también de la eutrificación de ríos, lagos y costas oceánicas, y está asociado a la deforestación y la concomitante pérdida de biodiversidad (la región ha perdido el 30% de su biodiversidad en los últimos 20 años ()). Un monocultivo como la soya, por poner sólo un ejemplo icónico en Latinoamérica, es responsable de la deforestación de 20 millones de hectáreas en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (WWF 2014). Pero además de deforestar, este modelo insustentable ha simplificado la complejidad ecosistémica, favoreciendo la presencia de plagas y enfermedades, lo cual incrementa la dependencia de insumos agroquímicos, además de reducir la diversidad biocultural de la que depende la alimentación de los pueblos, no sólo por la uniformización de los campos, sino por el establecimiento de semillas modificadas genéticamente. Podemos asegurar que el sector agroalimentario genera la mayor huella ecológica en el ámbito mundial, actuando como la mayor fuerza motriz de las transformaciones biofísicas en el planeta (Tilman 2001; Foley 2005; Weis 2013; Rockström et al. 2017).

El desarrollo y consolidación del régimen alimentario corporativo se hace sobre la égida de la globalización neoliberal: una etapa particularmente cruel del capitalismo globalizado que ha convertido a América Latina y El Caribe en la región más desigual del planeta con sus disparidades a nivel nacional. Aquí, 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres (Oxfam, 2015). 15 mil personas, cuyo patrimonio neto es superior a los 30 millones de dólares, concentran una riqueza tal cuyo monto hubiera podido eliminar la pobreza extrema de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú (XXX). Esta desigualad extrema se ve acentuada, cuando advertimos que la región es además la más desigual en el mundo en términos de distribución de la tierra (Oxfam, 2016). El 1% de las fincas de mayor tamaño concentra más de la mitad de la superficie agrícola de la región, es decir, dichas fincas acaparan más tierra que el 99% restante. Pero si además consideramos el reparto de la tierra con perspectiva de género, encontraremos, que las mujeres representan tan solo el 12% de quienes tienen acceso y control de la tierra beneficiada por procesos de reforma agraria.

Este fenómeno, lejos de mejorar, ha empeorado en los últimos años. De acuerdo con los datos consolidados por LandMatrix (2019), desde el año 2000 en América Latina y el Caribe se han efectuado transacciones que afectan a más de 9 millones de hectáreas, y que están siendo utilizadas principalmente para la siembra de monocultivos forestales y monocultivos de soya, palma aceitera, maíz y caña de azúcar, así como para la ampliación del hato ganadero (Giraldo, 2015). Si al acaparamiento de la tierras para el agronegocio le sumamos el despojo para los proyectos extractivistas, como la megaminería, las hidroeléctricas, la extracción de hidrocarburos y los grandes proyectos de infraestructura promocionados por los gobiernos, comprenderemos como este modelo económico y político depredador y excluyente afecta las maneras de habitar los territorios de los habitantes rurales, evitando que los jóvenes permanezcan en el campo, e incrementando así el grave problema de la migración hacia las ciudades y hacia Estados Unidos.

En realidad, el crecimiento del modelo agroalimentario debe verse inscrito en medio de la pobreza que afecta a la región. A mediados de esta década unos 165 millones de personas ?esto es más del 25% del total de la población regional- eran pobres y unos 70 millones vivían en ese entonces en la indigencia (CEPAL, 2015). Actualmente (2018), se mantiene similar a aquella, con cerca de un 30% de la población en pobreza (unos 182 millones de personas) y un 10.2% en extrema pobreza (unos 63 millones de personas) (CEPAL, 2018). La pobreza ha pasado de un 28.5% en el 2014 a un 37% en el 2017, lo que representó un aumento de 19 millones de personas afectadas (FAO/OPS/WFP/ y UNICEF, 2018). Las disparidades de la pobreza aumentan cuando se analiza lo urbano y lo rural. En 2017, casi el 50% de la población rural se encontraba en situación de pobreza y un 20% de ésta vivía en condiciones de pobreza extrema; de igual manera, la pobreza extrema urbana creció en un 2.6% y la pobreza urbana se ha mantenido de manera similar durante los últimos 5 años (CEPAL, 2018). Ahora bien, la pobreza y la pobreza extrema de la población indígena y afro-descendiente se ha mantenido constante durante esta década, pero ha crecido en ambos rubros en la población no indígena (CEPAL, 2018: 98). Sin embargo, las diferencias son abrumadoras. Un 10% más en el caso de la población indígena y afro-descendiente que en aquella no indígena y, respecto a la población en pobreza extrema, un aumento constante en la población no indígena pero que resulta menor en casi un 10% de la población indígena y afro-descendiente. En síntesis, la pobreza extrema, según estas estadísticas, prevalece en el ámbito rural, indígena y afro-descendiente. Esto es, en el ámbito de la producción de alimentos a nivel regional.

El modelo agroalimentario agroindustrial y corporativo ha fracasado con su promesa de eliminar el hambre, mientras ha traído consigo una epidemia de enfermedades crónico-degenerativas asociadas a una dieta industrializada. En efecto, en la región el número de personas que padecen hambre o que se encuentran subalimentadas ha aumentado a lo largo de esta última década, llegando a una cifra cercana a los 40 millones de habitantes, es decir, el 6% de la población latinoamericana y caribeña. Desnutrición y sobrepeso son dos consecuencias resultantes. El sobrepeso infantil afecta al 7.5% de niñas y niños menores de 5 años, esto es, cerca de 4 millones de personas menores de 5 años. Cerca de una cuarta parte de la población adulta regional sufre de obesidad y la tendencia indica que para 2030 ésta aumentará hasta cerca de la tercera parte de la población adulta regional. Por el contrario, cerca de 700 mil niñas y niños padecen de desnutrición aguda. El acelerado aumento del hambre en la región es tal que, de 2015 a 2017, unas 600 mil personas engrosaron las filas de la población hambrienta. Haití y Venezuela son los países en donde ha aumentado el hambre de manera acusada, en tanto que Brasil, Cuba y Uruguay se mantiene por debajo del promedio global en este rubro. En la región, los patrones o hábitos alimentarios se han transformado durante las últimas tres décadas como consecuencia del sistema agroalimentario mundial, al comercio internacional de alimentos altamente procesados y a la creciente urbanización (FAO/OPS/WFP/ y UNICEF, 2018), lo que además ha causado que las enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes) hayan desplazado a las enfermedades infecciosas como la principal causa de muerte.

Entre otros efectos, el modelo agroalimentario ha sido clave para la perpetuación del conflicto armado en Colombia, ha sido expulsor de la población campesina, ha endeudado a los agricultores, erosionado los s

La Agroecología es un campo de conocimiento transdisciplinar para el diseño y producción de acciones e instituciones para alcanzar la sostenibilidad del sistema alimentario. Sin embargo, aún no está equipada con suficientes instrumentos analíticos y criterios para definir estrategias de acción colectiva que hagan posible ir más allá de las experiencias locales, alentando su generalización, y configurar sistemas alimentarios alternativos a escalas territoriales más amplias. Este GT ha tenido como principal objetivo desarrollar esta dimensión política de la Agroecología, sus fundamentos teóricos y metodológicos como un campo de trabajo teórico y práctico emergente: la Agroecología Política (AP).

El propósito ha sido establecer un marco común de análisis para la acción colectiva agroecológica. Pretende sentar las bases de una estrategia agroecológica a diferentes niveles en los que se considera la acción colectiva y los instrumentos con los que se puede desarrollar, entre ellos las políticas públicas. El análisis de la experiencia ya acumulada en este ámbito en nuestra región es una de nuestras tareas principales, pues responde a la creciente demanda del movimiento agroecológico latinoamericano, cada vez más involucrado en ámbitos de actuación más allá de la finca o la comunidad, entre ellos la administración del Estado.

El vínculo entre política y agroecología no es nuevo. Sin embargo, la necesidad de la política y todo lo que ello conlleva no ha sido completamente interiorizada por distintos actores del movimiento agroecológico latinoamericano. Las visiones "técnicas" de la Agroecología son cada vez más influyentes. Ignorar la política o relegarla a un lugar secundario, impide que las experiencias alcancen la amplitud y tamaño para convertirse en alternativa al Régimen Alimentario Corporativo (RAC). La Agroecología es una "ciencia transformadora", un enfoque analítico que incorpora una crítica de los mecanismos de gobernabilidad adoptados en RAC, para diseñar y construir dinámicas sociales de cambio hacia la sostenibilidad socioecológica. De esto último se ocupa la AP, pues esta dimensión práctica de la Agroecología requiere de lo político, es decir, del diseño e implementación de instituciones que hagan posible la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Sin embargo la Agroecología no ha desarrollado suficientemente estos aspectos ni establecido una estrategia clara para guiar el cambio.Se pretende elaborar, discutir y consensuar, en lo posible, las bases teóricas y metodológicas de una estrategia agroecológica común, que abarque los diferentes niveles de acción colectiva y e instrumentos con los que se pueda desenvolver. Para ello se proponen tres ejes temáticos de averiguación:

1) Desarrollo teórico-metodológico de la AP: Queda por elaborarse una definición de AP que sea comúnmente aceptada y que delimite su campo de estudio pluridisciplinar. Podría decirse que la AP es la aplicación de la Ecología Política al campo de los sistemas alimentarios, De manera favorable, en América Latina tiene difusión una corriente de la EP que analiza la ?política del cambio ambiental? y el estudio del cambio socioecológico en términos políticos. Desde esta última perspectiva, entendemos la AP como la aplicación de la EP al análisis del cambio socioecológico en el sistema alimentario.

Pero poco es lo que se ha progresado en este ámbito de la Agroecología. Como ya ocurriera hace cuatro décadas, la Agroecología Latinoamericana está llamada de nuevo a desempeñar un papel clave en su definición, dotándola de un fuerte contenido social y un ineludible compromiso con el cambio socioecológico. Se pretende avanzar en esta dirección para convertirla en referencia de una concepción integral y comprometida de referencia mundial.

La AP debe partir de una caracterización biofísica de las sociedades y del papel determinante de sus arreglos institucionales. Este enfoque se aplica a los agroecosistemas como la materialización de las relaciones socioecológicas en la agricultura y la alimentación, y al papel clave de las instituciones en la regulación de su dinámica. Esos arreglos institucionales son objeto de disputa entre distintos grupos sociales, favorables al mantenimiento RAC o a su transformación. Conviene fundamentar el papel clave de la AP para reconocer el papel de generar unorden social sustentable. Las experiencias agroecológicas son ejemplo en la innovación social y en la preconfiguración de un régimen alimentario alternativo. El RAC, denominado ?corporativo? por el peso de las grandes compañías transnacionales en la toma de decisiones por encima de los Estados, se fundamenta en un marco institucional caracterizado por la globalización neoliberal, libre comercio, mercados desregulados, acuerdos internacionales para derribar obstáculos (legislaciones nacionales) y la creación de organismos internacionales que lo garanticen. Conviene profundizar en sus modos de funcionamiento y en los obstáculos que pone al desarrollo de prácticas alimentarias soberanas. Dado que la transición agroecológica no es posible sin un cambio en el marco institucional vigente, el principal objetivo de la AP debe de ser la implementación de un nuevo marco cognitivo para un diseño institucional basado en principios agroecológicos, entendiendo la acción colectiva agroecológica como una acción multinivel que supere la dicotomía liberal entre Estado y sociedad civil, entre la lucha de los movimientos sociales y las políticas públicas.

2) Diseño de estrategias para el escalamiento de las experiencias agroecológicas: Implica la elaboración de un diagnóstico común del carácter, naturaleza y funcionamiento del RAC a distintas escalas y la elaboración de un relato general de las transformaciones experimentadas en las maneras de producir, distribuir y consumir alimentos de las culturas alimentarias. Descubrir cuáles han sido las fuerzas impulsoras del cambio y los arreglos institucionales que los han hecho posible. Esto resulta imprescindible para diseñar una estrategia eficaz de escalamiento de las experiencias agroecológicas. Poner en claro qué tipo de normas y regulaciones sostienen al actual modelo alimentario en la Latinoamérica. Merece la pena caracterizar la naturaleza de la crisis alimentaria actual y las posibilidades reales de que la persistencia conduzca al colapso del RAC. La recuperación de la soberanía popular y alimentaria en la toma de decisiones, se convierte en un punto central de la estrategia agroecológica de escalamiento. Es imprescindible discutir cómo impulsar la metamorfosis del RAC y su progresiva sustitución por un régimen alternativo. Las experiencias agroecológicas son la base de las metamorfosis.

3) Diseño y evaluación de políticas públicas en favor de la agroecología: Parece fuera de duda la necesidad de intervenir en el entorno político del Estado, dada su capacidad para imponer un orden favorable al RAC. De lo contrario, la capacidad transformadora de las experiencias agroecológicas será neutralizada, rechazada o encapsulada. El Estado es el responsable último de la dinámica de los agroecosistemas y de su grado de sostenibilidad. Ningún actor político de manera aislada (los movimientos sociales o el Estado), puede lograr los cambios institucionales necesarios para el escalamiento de las experiencias agroecológicas. Las políticas públicas son, por lo tanto, un instrumento esencial para establecer un nuevo régimen alternativo de los sistemas alimentarios. Muchos gobiernos se han visto obligados a implementar políticas públicas a favor, al menos nominalmente, de la Agroecología, presionados por los movimientos agroecológicos y la opinión pública, cada vez más implicada en la defensa de la soberanía alimentaria. Sin embargo, la literatura académica sobre políticas públicas en favor de la Agroecología es muy escasa y los informes de las organizaciones internacionales sobre este tema son aún más limitados. Este sería el ámbito de averiguación del eje 3.