En los últimos años, la región latinoamericana y el Caribe, estuvo envuelta en sucesos trascendentes. Por un lado, la pandemia mundial por Sars-Cov-2 profundizó la desigualdad estructural en la que se encontraba, colocando a la población más precarizada en condiciones de mayor vulnerabilidad de salud, económica, laboral y social, en general (CEPAL, 2020). Por otra parte, el impacto de los estallidos sociales en varios países de la región como Chile, Ecuador y Colombia expresaron de forma contundente los síntomas de un estado febril derivado de la puesta en marcha de políticas neoliberales y de procesos sociales de larga data que han contribuido a la degradación del tejido comunitario (Rajlan & Benente, 2016).

En el marco de la pandemia, varios de los estados latinoamericanos y del Caribe, unos cooptados por corporaciones trasnacionales y otros por organizaciones criminales, eligieron presentarse deficitarios (Jessop, 2016) y minimalistas (Álvarez, 2005) en sus decisiones frente a momentos cruciales en los que se necesitaba de una fuerte protección social a su población. Incluso, algunos de ellos ejercieron represión a manifestantes, defensores de derechos humanos y grupos de las barricadas barriales en los estallidos sociales pre y pos pandémico. Muchas de estas protestas desatadas justamente como resultado de la radicalización de la desigualdad que trajo la emergencia sanitaria.

En ocurrencia simultánea, las emergencias (sanitarias por un lado y de convulsión social por otro), ambientaron el nacimiento y fortalecimiento de acciones combativas de resistencia, redes políticas y comunitarias de cuidado, tomas artísticas masivas y populares, organizaciones de atención sanitaria y jurídica independientes, escenificación de comunicaciones alternativas de denuncia pública, ollas comunitarias y toma absoluta de las redes sociales, entre otros. Lo anterior propició que América Latina fuera el escenario de protestas sociales disruptivas y emblemáticas para otros países del orbe, como fueron las marchas y concentraciones a favor de la despenalización del aborto.

Esta confluencia de acontecimientos se inscribe en una región todavía débil en su reconstrucción de proyectos políticos progresistas o nacionales populares, lo cual no implica desestimar la interesante tensión que se viene generando con las disputas por el predominio de unas u otras tendencias del gobierno de lo público, en las arenas electorales y en las políticas sociales y de redistribución (Benente & Navas, 2019). Al respecto, vale observar el retorno del peronismo al gobierno en Argentina encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, el triunfo de Gabriel Boric en Chile, de Luis Arce Catacora en Bolivia, de Andrés Manuel López Obrador en México y el histórico ascenso al poder de Gustavo Petro en Colombia, además de las proyecciones positivas para Lula da Silva en Brasil. Por su lado, Cuba y Venezuela siguen resistiendo las constantes embestidas económicas y políticas que Estados Unidos y sus aliados realizan a través, ya sea de bloqueos económicos o en forma de las denominadas Medidas Coercitivas Unilaterales (Boueiri, 2020).

Por otra parte, más allá de las coyunturas políticas y sociales en las que se encuentra inscrita nuestra región, es importante resaltar las implicaciones socio-jurídicas de los procesos contemporáneos de acumulación por desposesión (Harvey, 2005). La etapa actual del capitalismo en su fase de acumulación por desposesión junto a la implementación, desde muchos de nuestros estados de las políticas neoliberales, ha desatado fuertes luchas sociales contra el despojo de territorios y recursos naturales por corporaciones transnacionales, muchas de ellas, articuladas con los estados y hasta con el crimen organizado. Lo anterior, ha mostrado una disputa también en el terreno de las constituciones y las leyes, tensiones entre el corpus jurídico del despojo y el perfil emancipatorio del derecho.

Todos estos cambios sociopolíticos tienen un impacto en el campo jurídico que pueden propiciar narrativas jurídicas alternativas que, por un lado, documenten injusticias estructurales innominadas e incompasivas (Médici, 2015; Molina, 2022) para empoderar sujetos subalternizados o excluidos del poder político y económico y por otro, disputen configuraciones de la realidad normativa oficial universalista de los Derechos Humanos que tienden a deslegitimar y falsear políticas y decisiones con vocación de justicia (Rosillo & Machado, 2020; Sánchez, 2018).

Presentar de manera sucinta los contextos de nuestras líneas de trabajo implica en primera medida, mencionar estos panoramas, los cuales pueden ser leídos bajo la historia del tiempo reciente, pero también implica contemplar los que son más genealógicos y de trayectorias académicas generacionales nuestroamericanas, siendo muy importante mantener viva la tradición de una hermenéutica combativa (Wolkmer, 2017) así como la crítica jurídica (Correas, 2002) que permea el tratamiento disciplinar y metódico que damos a variadas tensiones entre el derecho y la sociedad en nuestras investigaciones. Los contextos de crisis en las ciencias humanas (Echeverría, 1995), el espíritu por documentar el malestar de la cultura a través de patrones estructurales de dominación (Matamoros & Hernández, 2019) y también en los entramados de las subjetividades políticas, son algunas de esas influencias que se reinterpretan en el desarrollo de nuestras líneas de trabajo.

Finalmente, coincidimos en priorizar algunos fenómenos sociales y normativos que impactarán el curso de nuestras reflexiones individuales y colegiadas, entre ellos: las tensiones de los usos del derecho por parte del Estado y/o actores sociales y políticos diversos, la presencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en la vida cotidiana donde predomina la tecnopolítica y la cibercultura (Sierra Caballero, 2017; Marino, 2016); los movimientos gravitacionales que traen los feminismos y disidencias en la militancia política de bases; las políticas neoliberales convertidas en legislaciones y normatividades que afectan derechos; la denomina batalla jurídica (o law fare), entendida como la utilización ilegítima del Derecho en sede judicial para perjudicar a un adversario y obtener un resultado político (Rivera, 2021); la preocupación social por el cambio climático y el reclamo por el cuidado del ambiente, así como la concentración de medios de comunicación y los mensajes que permanentemente emiten los medios hegemónicos en contra de procesos sociales emancipatorios (Estepa y Maisonnave, 2019).

Las transformaciones sociales en nuestra región y los retos a los que nos enfrentamos, requieren de un pensamiento jurídico crítico, contextual, situado, desde una hermenéutica crítica, que tome en cuenta la base material de los fenómenos analizados, pero sobre todo, requiere pensar en nuevas categorías de pensamiento jurídicos que propicien marcos liberadores para la acción social.

Los trabajos de articulación, investigación y discusión del Grupo y Proyecto que se proponen en la actual convocatoria, tienen como antecedente un consolidado y productivo grupo de trabajo que se ha presentado con éxito y resultados en diversas ocasiones a CLACSO, a saber: GT ?Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios? (2013-2016);?Pensamiento Jurídico Crítico? (2016-2019) y ?Crítica jurídica y conflictos sociopolíticos? (2019-2022). En cada uno de los GTs presentados se ha estudiado al Derecho como fenómeno social en el que se expresan relaciones de poder, a los distintos usos que del mismo hacen los movimientos sociales, a las asambleas constituyentes y las Constituciones que han emanado de ellas en Nuestra América (Venezuela, Bolivia y Ecuador). A su vez, se han estudiado profundamente las tensiones que existen al interior del campo jurídico entre el Derecho como reproductor de opresiones y status quo, y el Derecho como posible instrumento para impulsar procesos de emancipación social, todo lo anterior analizado y debatido desde enfoques de pluralismo jurídico y la decolonialidad, así como desde el marxismo.

La investigación y articulación de distintas perspectivas críticas del Derecho en América Latina y el Caribe, cada vez son más sólidas y necesarias en las ciencias sociales contemporáneas, pues permiten explicar y analizar los fenómenos sociojurídicos en sus especificidades, así como las implicaciones políticas, económicas y sociales que conllevan.

En ese sentido, las teorías críticas del derecho parten de premisas comunes, entre ellas, que el derecho no es neutro, objetivo y universal; que el Derecho es un fenómeno social y de poder; y que el Estado, no es el único productor del Derecho, es decir, que existe un pluralismo jurídico necesario de analizar en sus particularidades, aunque sea el Estado el que tenga el monopolio del uso de la fuerza, es decir de la coacción.

Las teorías críticas del derecho tienden a desmontar la mitología y el fetichismo (Rivera Lugo, 202) anidados en la concepción positivista del mismo y a dar cuenta de nuevas narrativas jurídicas alternativas a las dominantes, que desvelan desigualdades estructurales, asimetrías, opresiones, subalternidades e injusticias. La crítica, como saber cognitivo y ejercicio de la emancipación, tiene que mostrar el grado de alienación y de automatización vivenciado por los seres humanos y evidenciar procesos que inculcan representaciones míticas con las que se encubren (Wolkmer, 2019).

No obstante lo anterior, las perspectivas críticas del derecho con las que se abordan los temas planteados por este Grupo, no se quedan sólo en el nivel descriptivo y de análisis crítico de las distintas realidades sociojurídicas que viven nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas -que ya constituye en sí mismo un aporte al campo- sino que proponen desarrollos de categorías de análisis y planteamientos concretos que se pueden expresar tanto a niveles epistemológicos y pedagógicos como a niveles normativos y políticos (constituciones políticas, legislaciones, análisis de sentencias, producción normativa de pueblos y comunidades originarias, entre otras). Todo ello en una dirección que contribuye a generar sentido común jurídico para materializar procesos de emancipación social (Santos, 2010).

En ese marco, cada una de las líneas de trabajo que profundizan las y los integrantes del Grupo permiten configurar un corpus teórico útil para la comprensión de fenómenos sociopolíticos desde claves de epistemologías del Sur, marxistas, feministas, decoloniales, de la filosofía de la liberación, del enfoque hermenéutico-crítico de derechos humanos, de los pueblos y desde el pluralismo jurídico, así como desde comprensiones que no escapan a la geopolítica contemporánea (Rajland, Burgos y Machado, en prensa).

Resulta de relevancia social e intelectual continuar profundizando en el análisis del papel que el derecho y las expresiones de lo jurídico han jugado en la etapa actual del sistema capitalista que es de acumulación por desposesión (Harvey, 2005; Federici, 2021), lo cual nos permitirá dar cuenta de las formas jurídicas que adopta el despojo, el neoextractivismo y las políticas neoliberales y los impactos que ello trae consigo para la vida de las personas y comunidades. En ese marco, diversas investigaciones de nuestro Grupo realiza se gestan en el campo de las luchas sociales y en acompañamiento a los sujetos que construyen nuevas apuestas políticas por lo común.

Por otro lado, explicar desde los enfoques señalados, la gama amplia de conservadurismos y acciones contra gobiernos progresistas que se han estado presentado en los países de la región, tales como: la judicialización de la política en un sentido amplio, el fenómeno del lawfare, los golpes de Estado, golpes blandos, las guerras híbridas y sus respectivas medidas coercitivas unilaterales que comprenden guerras jurídicas, psicológicas y económicas.

Además, nos proponemos seguir profundizando en el análisis de las problemáticas que presentan nuestros gobiernos progresistas dentro de sus marcos geopolíticos y condicionados por políticas neoliberales dentro del capitalismo global mostrando límites, fracasos, o propuestas poco comprometidas con el cambio de las estructuras sociopolíticas y jurídicas de dominación y hegemonía que tenemos en los mismos.

Finalmente, nos proponemos exponer las aristas de las distintas disputas jurídicas que se dan al seno de grupos sociales, comunidades y pueblos, relacionados a los derechos humanos, con especificidad en las feministas, de las diversidades sexo-genérica y de pueblos indígenas donde predominan perspectivas críticas, anticapitalistas, construcción de otredades y patrones de liberación de ellos y sus entornos sociales.