En nuestra región asistimos a un creciente protagonismo de las fuerzas de seguridad y otros organismos de control no policial, tanto estatal como no estatal, en la administración de poblaciones, territorios y mercancías. El fenómeno de la inseguridad, en sus configuraciones particulares a cada tiempo y a cada Estado nación, parece haber justificado dicho protagonismo (Rangugni y otros, 2010; Galvani, Mouzo y Rios, 2010, Antillanos, 2017). Si hasta la década de 1980 en buena parte de la región ese protagonismo se debió a los regímenes militares de gobierno de facto, desde los años 1990 se ha debido a la creciente inseguridad y al diagnóstico de un incremento de la criminalidad organizada asociada a los mercados ilícitos de drogas, combustible, granos, especies, personas, prendas de vestir, tierras urbanas y rurales, entre otros. Pero, como señalamos, ese protagonismo no ha sido exclusivo de las policías o militares. Agencias de control estatal integradas por operadores judiciales, migratorios y de aduanas, entre otras, y no estatal, como empresas de seguridad privada, han cobrado también renovado relieve. En las últimas dos décadas se fortalecieron en número y capacidades, y profundizaron los mecanismos de articulación a partir de la incorporación de tecnologías digitales, centros de monitoreo audiovisuales, y redes de negocios vinculados a la seguridad pública y privada (Ríos, 2019).

Fenómenos como la migración, la ocupación de tierras, el contrabando y el tráfico de drogas ilícitas, han potenciado dicha articulación en terreno por la creación de grandes centros de monitoreo de emergencias, en grandes ciudades, en zonas de frontera y otras áreas de alta circulación (estaciones ferroviarias, terminales de ómnibus, etc.). Esa suma de dispositivos de control sobre determinados espacios geográficos, en zonas de fronteras, grandes y medianas ciudades, produjo redes de agentes, conflictos, alianzas y tensiones, conexiones y asociaciones que se sostienen a lo largo del tiempo, como, por ejemplo, las que personal policial y militar retirado mantienen, al emprender negocios de seguridad privada.

Este fenómeno que conocemos como securitización de la vida social y política, ha requerido de un esfuerzo ideológico, político y experto, para alinear la acción de estos organismos con el Estado de derecho y los regímenes democráticos. Pero, al mismo tiempo, se ha visto desbordado por el volumen de personas, mercancías y especies, que quedan ?al margen de la ley? y el modo en que ingresan en nuevos procesos de globalización (Zepeda, Beatriz; Fernando Carrión Mena, Francisco Enríquez Bermeo, 2017). En países como los nuestros donde la riqueza se concentra, las asimetrías se profundizan, dentro y entre Estados, nuevas formas de desigualdad nos plantean el desafío de repensar las lógicas de la violencia (Antillano, 2016). Y al mismo tiempo la securitización enfrenta la paradoja de un crecimiento de los mercados informales e ilegales que frecuentemente desborda a los operadores estatales generando gran impotencia, promoviendo una percepción de baja efectividad que repercute negativamente en la legitimidad de las policías (Mohor, 2019).

Durante la pandemia por Covid 19, cuya fase más aguda se desarrolló entre el 2020 y el 2022, las medidas de restricción a la circulación de personas, o confinamiento, potenciaron la articulación de estas agencias públicas y privadas, pero también obligaron a algunos Estados a morigerar las medidas justamente por el reconocimiento del valor de los mercados informales (no registrados) para los sectores sociales vulnerados. Por este motivo hubo gobiernos que aplicaron medidas compensatorias o redujeron el tiempo de la restricción a pocas semanas, como México. Sin embargo, según un informe de la OIT (2021) la recuperación del trabajo incrementó la informalidad con un 70% del empleo en esa condición. Simultáneamente, la pandemia potenció la circulación de bienes y servicios a través de aplicaciones digitales que, con frecuencia, carecen de registro oficial.

Nos interesa analizar desde la perspectiva de estas agencias de control policiales y no policiales el modo en que, al tiempo que se orientan a prevenir o conjurar hurtos, robos, lesiones, violencia y/o homicidios, son copartícipes de la delimitación y las reglas de mercados lícitos e ilícitos, como ya lo han señalado autores como Brígida Renoldi (2021), al estudiar zonas de frontera o Matías Dewey (2015) especializado en extensos mercados informales. Entendemos que, en la trama de excepciones y superposiciones entre agencias y actores, se dirime la porción de esos tráficos que serán condenados y los que no, es decir los que serán objeto de persecución y los que no, lo que en términos de Foucault en su libro Vigilar y castigar se conceptualizó como ?gestión de ilegalismos?

Si bien ilegalidad e informalidad son categorías que se distinguen en la normativa de manera que la sanción difiere si se trata de un acto ilegal o de una contravención o infracción, es posible encontrar solapamientos y procesos que mueven las actividades de la informalidad hacia la ilegalidad, por el modo en que son abordados u omitidos por las fuerzas de seguridad y otras agencias de control no policial, es decir, por los modos de gestión.

Es justamente nuestro interés comparar cómo las agencias, desde la perspectiva de sus integrantes, delimitan el universo de fenómenos sobre el que pueden actuar y que configuran delitos o contravenciones. Particularmente nos interesa reconocer las jerarquías, los dispositivos, las conexiones no formales y formales que mantienen ciertos actos en la esfera de la ilegalidad, y otros en la legalidad.

Entendemos que, en el curso de las últimas décadas bajo un nuevo orden neoliberal global, nuestros Estados, aun los que parecían más sólidos, han recortado sus márgenes de acción. Esto se ha dado tanto por la búsqueda de reducción de los déficits fiscales, por la implementación de dispositivos no siempre eficaces para reducir la corrupción, procesos de descentralización y/o privatización de los servicios públicos, entre otros.

De manera que las acciones de los y las funcionarios de Estado intervienen en la existencia, regulación y dimensiones de estos mercados. La cualidad de ilegales es producto de una trama donde los operadores estatales y no estatales juegan roles cambiantes. Cabe señalar, de acuerdo a las evidencias que acercan las ciencias sociales al trabajar estos temas, que la legalización o ilegalización de ciertos mercados no es un estado de cosas fijo sino parte de un proceso que mueve actos, personas humanas y no humanas, y mercancías de una condición a otra (Heyman 2013). La expansión de determinado mercado hacia su ilegalidad, o la inversa, no puede ser comprendido sin operadores de control estatales y no estatales. Por consiguiente, el carácter de esos negocios está profundamente atravesado por la posibilidad de la sanción, tanto como por regulaciones estatales.

Además, esa presión formal hacia la ilegalización de ciertos mercados es la que propicia condiciones para el crecimiento de la violencia. En este sentido Antillano y Zubillaga visibilizan los efectos del prohibicionismo sobre la ilegalización del mercado de drogas (Antillano y Zubillaga, 2014).

En este contexto encontramos diversas expresiones en conflicto. Una de ellas es la legalización del cannabis que, a la par que se regula por diversos mecanismos estatales de registro y control de calidad, genera nuevos mercados y mercancías que comprometen los emprendimientos artesanales y de pequeña escala, así como también activa intervenciones estatales y judiciales en aquellos márgenes que escapan a las regulaciones previstas.

Nuestro Grupo de Trabajo busca comprender la configuración actual de los Estados de la región desde la vinculación y articulación entre organismos policiales y no policiales, estatales y no estatales de control, en sus abordajes de los mercados ilícitos. La persistencia y crecimiento de estos mercados, la diversidad de rubros que se comercian desafiando regulaciones, infracciones y leyes, y los flujos de dinero no registrado que contienen, requieren reponer este entramado para poder comprender la política, los gobiernos y las instituciones estatales.

El abordaje de este fenómeno registra antecedentes de análisis desde las ciencias sociales. Encontramos buena parte de la literatura dedicada a mostrar cómo las fuerzas de seguridad gestionan la ley de maneras no legales y participan por acción y omisión de distintos tipos de mercados ilícitos (Dutil y Ragendorfer 1997, Klipphan, 2004, Barbano, 2015, Ugolini 2017), y otras orientadas a mostrar cómo esas formas, encuadradas en lo que Michel Misse denominó ?mercancías políticas? (2017) no solo alimentan y garantizan la cobertura de actos que dejan de ser criminales, también ejercen por medios ilegales una función que han denominado regulación del crimen (Sain 2017, Auyero y Sobering, 2021). Por otra parte, existen estudios orientados a mostrar desde el análisis de esos mercados y sus protagonistas, las dinámicas de articulación con distintos agentes del estado, no solo con las fuerzas de seguridad, sino también con referentes políticos, judiciales, entre otros (Dewey, 2018). Algunos referentes de esta visión han mostrado la importancia de revisar las teorías del Estado, de la ley y de la soberanía, de tipo centralistas, para entender el modo en que el Estado se hace presente en sus fronteras (Renoldi 2021).

Desde una perspectiva socio-histórica los mercados ilegales fueron abordados desde el análisis de las fronteras en las que tienen lugar, más precisamente del rol de los distintos países de América Latina en la producción de sustancias ilegales y/o su lugar en la circulación de estas, de armas, etc. (Carrión Mena y Enríquez Bermeo, 2017). Fernando Carrión Mena (2017) ha dado cuenta de una nueva arquitectura delictiva: la expansión de las economías ilegales y los territorios donde se anclan. A su vez ha señalado cómo, desde los años ochenta, estas economías y territorios se reconfiguran debido a la privatización de la seguridad y a la apertura económica, pasando de las organizaciones aisladas hacia redes de carácter global. Entiende que la vinculación entre mercados ilegales y mercado informal y legal en las zonas de expansión como fronteras, ciudades y paraísos fiscales suele ser la siguiente:

?los mercados ilegales prosperan en sus vínculos con otros segmentos del mercado (informal y legal), para lo cual se engranan con los servicios de protección, los mecanismos de corrupción, extorsión e intimidación, con la provisión de logística mínima para sus acciones, con el desarrollo de actividades que les dan legitimidad frente a la población (trabajo, vivienda, carnaval, fútbol) y con el desbroce del camino (limpieza social), entre otros? (Carrión Mena 2017:402).

Al respecto de cómo se fusionan el orden legal e ilegal para crear órdenes sociales híbridos Moriconi Bezerra y Peris Castiglioni (2019) realizan un interesante análisis de caso en Juan Pedro Caballero, una ciudad de frontera entre Brasil y Paraguay. Los autores analizan el día a día de la ciudad, uno de los mejores lugares del mundo para el cultivo de marihuana, que transcurre entre las tasas de homicidios más altas y algunos de los índices de delincuencia común más bajos de Paraguay. Para Moriconi Bezerra y Peris Castiglioni lejos de ser una cuestión de debilidad estatal, la expansión y tolerancia de las actividades ilegales se enmarca dentro de un cúmulo de orden que combina prácticas jurídicas racionales y normas neopatrimoniales. El estudio explica cómo se resignifican la presencia y los roles de las instituciones estatales, generando jerarquías, prácticas y valores alternativos para proveer resultados sociales, políticos y económicos.

El análisis de estos espacios de circulación desafía las conceptualizaciones normativas instrumentadas con mayor frecuencia. En este grupo de trabajo pretendemos contribuir con perspectivas flexibles para entender las ambigüedades y los conflictos en los procesos de ilegalización y/o de legalización (Heyman 2013). La investigación pionera de Luis Astorga (2016) es el claro ejemplo de un tipo de análisis que nos permite historizar la conversión de prácticas lícitas o indiferentes al Estado, en mercados ilícitos crecientes devenidos en objeto del prohibicionismo, espacios de violencia extrema, de persecución y desplazamiento de poblaciones campesinas. Astorga muestra los dispositivos que produjeron en México ,a lo largo del siglo XX, la ilegalización de sustancias otrora lícitas, el rol de la farmacéuticas, las agencias de control de medicamentos, y la influencia de Estados Unidos hasta la llegada de ?la guerra contra las drogas? como dogma.

En la década de los noventa se instaló el interés en reformar la educación policial, junto a la comprensión de que parte de la violencia institucional ejercida por la propia policía se refrendaba en los paradigmas que históricamente subyacían al modelo de formación policial. Los imperativos del discurso se asocian a propuestas sobre seguridad que promueven ?u obligan- cambios organizacionales que focalizan el trabajo de control y represión en territorio. Recurren para ello a la policía de proximidad, aunque mantenga vínculos conflictivos con las comunidades, y ponen el foco en los delitos de rapiña -los delitos de los pobres-, los mercados de drogas ilegalizadas, así como en la adquisición de armas y tecnologías para fortalecer el propio accionar de control y represión. Esta opción prima ante la posibilidad de transformar las prácticas violentas del estado, de la justicia y de la policía.

Finalmente, entendemos que, en nuestra región, la expansión de ciertas narrativas xenófobas y neofascistas, combinadas con las libertarias, se sostienen en una descripción de la realidad social signada por el ?fracaso del Estado?, la ?corrupción de la clase política? y toda una serie de certezas que tienden también a esa clandestinidad e informalidad como recurso.

Agregase una narrativa neoliberal en torno de la categoría de ?emprendedorismo'',altamente conservadora. Esta narrativa,- basada en los temas de la libertad, la propiedad, la familia y la religión, ordena un mundo del lícito, mascarando los ilícitos que lo acompañan - tales como grupos paramilitares y milicias (el caso de Rio de Janeiro, en Brasil), o la concesión de fondos públicos a círculos políticos. Además, se multiplican las expresiones de racismo, como observamos tanto en el encarcelamiento de jóvenes negros y mestizos, como en la concentración de homicidios en esta población. Toda una razón racista que estimula la necropolítica (Mbembe, 2018). Esta narrativa conservadora y racista se puede percibir en las redes sociales, en la literatura y en la música popular, algo como un espejo que oculta y expresa un orden social excluyente.