La evaluación metabólica-social orientada por el principio ecopolítico de justica ambiental obliga a trascender el reduccionismo de los criterios y lógicas de mercado y las nefastas consecuencias ambientales planetarias que han desembocado en la crisis ecológica de la civilización fósil en el Antropoceno. Ésta golpea doblemente a la región, a los países que la constituyen y a las poblaciones que los habitan, tanto por no lograr articular un proceso metabólico cabal que permita agregar valor humano transformador a la naturaleza local, como por el sometimiento a las consecuencias de los cambios ambientales globales causados especialmente por las economías capitalistas que se ha industrializado ?parasitando? a la región latinoamericana y caribeña.

El extractivismo latinoamericano, que se realiza en contra de las capacidades propias del Genius Loci de cada localidad,está asociado a las siguientes disrupciones regionales:

La extracción de minerales por lo general ha producido impactos ambientales directos e indirectos en la biodiversidad: eliminación de la vegetación; drenajes ácidos; altas concentraciones de metales en los ríos, suelos y cadenas tróficas; fragmentación de hábitats. En ALC se concentra el 45% de la producción mundial de cobre y el 50 % de la de plata, que corresponde al 25 % de las inversiones globales en minería (UNEP 2016a). Entre 2001 y 2013, se perdieron debido a la minería cerca de 1.680 km2 de hábitat de bosques húmedos tropicales de América del Sur. Los sectores con biodiversidad crítica más afectados son los biomas de bosque montano del Valle del Magdalena y de bosque húmedo Magdalena-Urabá (9 %); bosque húmedo Tapajós-Xingú (11%); bosque húmedo del sudoeste de la Amazonia (28%); bosque húmedo de Guayana (41%). (UNEP-WCMC 2016). Particular alarma produce que el Gobierno Venezolano, haya emprendido en el 2016 el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) sobre un territorio de unos 111 844 km2, cubierto de bosques vegetales. En la sección correspondiente a Venezuela, profundizaremos sobre el asunto.

Los impactos de la extracción petrolera sobre la biodiversidad tienden a ser particularmente alarmantes en los sectores andino-amazónicos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde se han afectado Áreas Naturales Protegidas, como el Parque Nacional de Yasuní en Ecuador y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En ambos casos se trata de hot spot ecológicos del planeta en los que habitan pueblos originarios amenazados por los impactos ecológicos y culturales del extractivismo petrolero y gasífero. Entre los problemas más preocupantes están la deforestación y la fragmentación de hábitats ocasionadas por las líneas sísmicas de 12 Km de ancho, que se utilizan para la prospección petrolera previa a la explotación, es decir la actividad petrolera impacta inclusive durante la fase de planificación. Solo en la amazonía peruana entre 1970 y 2010 se desmontaron más de 104.000 km de estas líneas (Harfoot et al. 2016).

La pérdida de vegetación natural, primaria y secundaria está directamente relacionada a la pérdida de diversidad lingüística, de las lenguas originarias, tiene incidencia en la pérdida del conocimiento tradicional que se transmite por vía materna. De acuerdo con IPBES (2018) el 60% de las lenguas originarias pre-europeas se han perdido a lo largo de las Américas. Se debe alertar que dada la importancia que tiene la subregión andina en este asunto, los pueblos originarios quechua y aimara, entre otros, están sometidos a la transculturización de sus conocimientos tradicionales por la intervención, cuando no despojo, y deterioro de los ecosistemas locales de sustento milenario.

La intervención de las tierras indígenas y campesinas en la región tiene implicaciones relevantes para la economía local, ya que causan la afectación del derecho al trabajo y de producciones vitales para las comunidades. Así por ejemplo se debe destacar que se han contabilizado 16,5 millones de unidades de agricultura familiar, 56% localizadas en Sudamérica y 34% en México y países de Centroamérica (CEPAL, FAO, IICA. 2014). Los alimentos de la dieta tradicional se producen preferentemente en estas unidades de producción. El 51% del maíz, el 77% del frijol y el 61% de la papa que se consume en la región, proviene de las mismas. Hay países como México, que están por encima del promedio en rubros como el maíz y el frijol, en el que la agricultura familiar representa 70% y 60% respectivamente de la superficie total dedicada a los cultivos. En el perfil de Colombia como país cafetero, el café constituye cerca de 22% del PIB agrícola, el aporte las plantaciones de cinco hectáreas o menos representan a 96% de los productores de café y 62,2% de la superficie total cultivada de este producto En el caso de la agricultura animal, los pequeños productores rurales generan más de 60% del total de la producción de carne vacuna, aves y cerdos y más de 99% de la carne de otras especies más vinculada a la alimentación del medio rural: conejos, cabras, ovejas, camélidos sudamericanos, cuy, como también de los lácteos (Escobar 2016).

Las actividades extractivistas, que demandan gran cantidad de agua, se realizan en países con problemas de sequía y desertificación. El problema resulta especialmente preocupante en Argentina donde la sequía de leve a alta afecta el 75% del territorio nacional, pero donde, a pesar de la presión de las comunidades locales, no se ha podido prohibir la explotación aurífera en las áreas de glacial, que constituyen los más importantes reservorios de agua dulce del país. En Chile, el principal productor de cobre del mundo, la crónica escasez de agua afecta al 62% del territorio nacional. En otros países con marcado perfil extractivista minero- hidrocarburífero como Colombia las tierras con problemas de sequía suman 48% del territorio. En Ecuador, Perú y Bolivia, la afectación por sequía cubre entre un 27% y un 43% del espacio terrestre. En Ecuador, Perú y Bolivia, la afectación por sequía cubre entre un 27% y un 43% del espacio terrestre. Uruguay, gran productor mundial de materia prima agrícola, se estima que más del 80% de la superficie productiva del país sufre diversos grados de sequía.

Por otro lado, pese a la emergencia climática, hay un fortalecimiento del extractivismo asociado a los combustibles fósiles. Las inversiones en la extracción de hidrocarburos no han disminuido, por el contrario, están a la alza. Asimismo, hay un empuje del extractivismo vinculado a las energías renovables. La política hegemónica plantea, al menos discursivamente, la necesidad de descarbonizar a las economías a partir de una transición energética. Lo que requiere de metales y minerales críticos como son el litio, el cobre, el cobalto, el níquel y el vanadio, en un contexto de declive de estos recursos y de condiciones socialmente conflictivas.

En estos países, al igual que en el resto de América Latina, hay graves problemas de suministro de agua sobre todo en las áreas rurales (De Lisio, 2013).

En este contexto, las actividades extractivas aparecen como una de las causas principales de la permanente conflictividad social y de la violencia y la repatriarcalización de los territorios intervenidos. En 2020, de los diez países con mayor número de ataques letales identificados, siete fueron latinoamericanos: Colombia (65 asesinatos), México (30 asesinatos), Brasil (20 asesinatos), Honduras (17 asesinatos), Guatemala (13 asesinatos), Nicaragua (12 asesinatos) y Perú (6 asesinatos). En lo que se refiere a la repatriarcalización de los territorios se ha documentado cómo en los espacios intervenidos por actividades extractivas, la toma de decisiones se masculiniza, se refuerzan las estructucturas laborales que profundizan los estereotipos sexistas que relegan a las mujeres al ámbito del trabajo no remunerado, al mismo tiempo que aumenta la violencia machista tanto en los espacios público y doméstico.

Históricamente la región latinoamericana y caribeña (ALyC) ha estado atravesada por un modelo primario exportador socialmente excluyente, ecológicamente depredador y políticamente violento, organizado a partir de enclaves de extracción que valoran a la naturaleza (minerales, energéticos, bienes agrícolas) en función de sus posibilidades de transacción en el mercado internacional; mientras anulan y destruyen las particularidades bioculturales de los distintos sitios de extracción.

En términos comerciales los commodities latinoamericanos son destinados a satisfacer el consumo de las economías centrales como son Unión Europea, Estados Unidos y China. Cabe decir que este último país ha adquirido una mayor centralidad en las exportaciones de la región con un incremento de 22 veces en las últimas dos décadas. Este intercambio está generando enormes pasivos ecológicos y sociales. Situación que deriva en un balance negativo de tal magnitud que se puede hablar hoy de la existencia de un ?Prebisch ecológico?. En el marco de la economía convencional no se considera la pérdida del patrimonio socio-natural intergeneracional que padece cada localidad por la destructiva miopía extractivista. Para ejemplificar, la región perdió casi 50 millones de hectáreas de bosques en los últimos 40 años, lo que representa los niveles de deforestación más altos del mundo.

Desde la perspectiva ambiental y social, la continuidad de las actividades extractivas está en entredicho. El agotamiento de los recursos; la (in)capacidad de los ecosistemas de absorber los desechos y una mayor oposición social a sus proyectos son parte de los límites que ponen en duda la sostenibilidad de las empresas extractivistas.En la búsqueda de alternativas, en GT Clacso 2019-2022 se rescató y revaloró el concepto de metabolismo social, en el sentido adoptado por Karl Marx, el cual alude a la relación o interacción entre el ser humano y la naturaleza mediada a través del trabajo. Karl Marx fue el primero en introducir el concepto de metabolismo social en el ámbito de la economía y la historia. A partir de la noción de intercambio metabólico desarrollado en su tiempo por la biología, Marx caracterizó el trabajo humano como la modulación intencional de aquel metabolismo, y en una de las contadas ocasiones en que concretó programáticamente qué entendía por socialismo lo definió como la organización consciente de un intercambio entre el ser humano y la naturaleza ?en una forma adecuada al pleno desarrollo humano?.

Entre quienes han rescatado la noción de metabolismo en América Latina está Víctor Toledo (2013), quién establece que los procesos metabólico-sociales pueden ser comprendidos en el marco del encadenamiento de las distintas fases del uso de la naturaleza que realizan las sociedades humanas: apropiación (A), transformación (T), distribución (D), consumo (C) y excreción (E).

Desde nuestra perspectiva, si estas cinco fases se realizan teniendo como principio ecológico-político a la justicia tendríamos un marco para implementar procesos de producción- consumo que superen el instrumentalismo económico-técnico que fundamentaron a los estudios de metabolismo basado en el Flow Material Accounting (FMA) que irrumpió especialmente a finales de años 70s pasados (Fisher -Kolwasky 1998, Fisher -Kolwasky y Hútter, 1999).

Se trata entonces de politizar los análisis de metabolismo social, entendiendo que la naturaleza su apropiación y uso no se hace de manera neutra. Tal y como señala David Harvey (2007), en países como los de América Latina, el capitalismo se alimenta de la desposesión por lo general la desterritorialización de los que son expulsados de sus localidades para favorecer el negocio trasnacional propiciado por los gobiernos nacionales para mantener la dependencia del sector externo de la economía de los países latinoamericanos, en las que se privilegia los enclaves extractivistas tanto mineros y energéticos, como agrícolas, turísticos e inclusive urbanos.

El GT Metabolismo Social, Justicia Ambiental pretende ser un catalizador de desarrollo contrahegemónico de ?abajo hacia arriba?, epistemológicamente articulador de la diversidad natural y cultural. Tratamos de aportar una propuesta contrahegemónica al modelo primario exportador patriarcal, centralista y global. Dejando claro que la extracción de naturaleza (minerales, energéticos, productos agrícolas), valorada sólo en función de sus posibilidades de transacción en el mercado internacional anula la diversidad de los distintos sitios de extracción. No importa, por ejemplo, si se trata de petróleo en el interior amazónico o costa afuera en el Atlántico o en el Caribe, ni las condiciones sociales de las comunidades locales asociadas a esos sitios de extracción, lo importante es el barril de petróleo valorado como recurso (?commodities?). Lo mismo pasa con los commodities minerales y agrícolas, tal es el caso de la soya, rubro que indistintamente se puede cultivar en el altiplano boliviano, la pampa argentina y uruguaya, en el cerrado brasileño o en los llanos colombo- venezolanos. De tal manera, las actividades extractivistas transforman territorios biodiversos en enclaves proyectados al exterior en desmedro de los circuitos de producción-consumo locales, propiciando así la desarticulación sociedades-economía-territorios-cultura. En las decisiones que toman los gobiernos nacionales las comunidades por lo general quedan enajenadas de las decisiones sobre el uso de sus bases de soporte ecológico.

Pensar un metabolismo orientado a superar las injusticias ambientales, sociales, políticas, económicas y culturales es vital. La vinculación del metabolismo social y la justicia ambiental está en la base de gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, y permite rescatar el carácter político que estaba en la intención de Marx y Engels cuando enunciaron la noción. Con el abordaje más político y sociológico, sustentado en nociones como: capital cognitivo, enajenación y desposesión territorial, queremos identificar en principio quiénes ganan y quiénes pierden en las fases que se concatenan desde la Apropiación (A) hasta el Consumo (C) y se retroalimentan, positiva o negativamente con la Excreción (E).

El metabolismo social para la justicia ambiental se inserta en una propuesta singular que combinando el materialismo económico y la exigencia del cambio político desde lo local, fortalece las exigencias de un desarrollo alternativo ?de abajo hacia arriba?, en las que partiendo de las realidades locales se tratan de articular acciones que intentan incidir en el ámbito nacional y subregional. Estamos convencidos que esta visión articulada economía-ecología-sociedad-política, ayuda a potenciar la praxis transformadora que exigen la comunidades de base, sus dirigentes locales reconocidos, los trabajadores y emprendedores de las economías locales, cansados de quedar afuera de los planes de ?desarrollo? formulados desde los gobiernos centrales.

En el pasado reciente se fue indulgente con el Consenso de los Commodities (Svampa, 2013), incluso entre los sectores que se autocalifican de progresistas. Asimismo, el modelo primario exportador, se profundizó durante el último boom de la materias primas (2004-2014) y se agudizó con gobiernos ultraconservadores como los de Sebastián Piñera y Álvaro Uribe y los de izquierda como Bachelet y Correa.

Estas coincidencias en la inercia, cuando no al obstáculo, al cambio que las comunidades están exigiendo en la defensa de sus territorios y evitar seguir cayendo en el empobrecimiento, nos obliga a ir a la búsqueda de un liderazgo político alternativo más allá de los anquilosados partidos tradicionales tanto de la derecha y la izquierda regional, que asuma la transformación hacia una economía regional basada en el acoplamiento de las funciones ecosistémicas de la biodiversidad y la potenciación del genius loci creativo de América Latina, los sustentos fundamentales para el desarrollo propio regional.