La presente propuesta del GT se basa en la enriquecedora experiencia de los grupos precedentes -que han tenido como eje central la cuestión del Estado-, integrados por gran parte de quienes componen este nuevo proyecto de renovación, y que nos permitió indagar en los marcos teóricos y, sobre todo, en las particularidades, los núcleos comunes y las metamorfosis de la estatalidad en América Latina y el Caribe, tanto en términos de su configuración y devenir histórico como en la inestable coyuntura continental de los últimos años. Entre 2010 y 2022, nuestro grupo avanzó en el análisis detallado de la morfología interna de los Estados latinoamericanos, atendiendo a sus cambios y continuidades en función de las relaciones de fuerzas que se fueron desplegando, así como a los condicionamientos regionales y del sistema capitalista global. Desde diversos enfoques e interpretaciones, pudimos dar cuenta de la compleja realidad de los Estados, tanto en los aspectos más generales como en relación con las problemáticas nacionales y/o plurinacionales específicas. Caracterizamos el período abierto en los albores del nuevo siglo en la región, donde el papel estatal adquirió una renovada centralidad, como ?Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina" (CINAL). Consideramos que este ciclo tiene, a su vez, etapas y que su continuidad está en disputa.

En lo que va del siglo XXI, nuestro continente sigue siendo territorio emblemático de importantes luchas y disputas en torno al Estado. Este escenario de experimentación política ha incluido apuestas gubernamentales que aspiraron, con diferentes niveles de radicalidad y vocación de ruptura, a tomar distancia del ideario clásico neoliberal. Apuestas que deben ser comprendidas al calor de la irrupción y el fortalecimiento de una constelación de organizaciones populares y movimientos sociales que, con matices, contrastes, vaivenes y distintas temporalidades, impulsaron y asumieron este desafío. No obstante, a partir del 2015 se empieza a percibir un agotamiento y reversión de estos procesos iniciales, en un escenario signado por los efectos de la crisis económica global de 2008, la baja en los precios de los commodities, el reflujo de ciertas luchas emblemáticas gestadas desde abajo y un declive del conjunto de gobiernos progresistas, producto de debilidades y limitaciones endógenas combinadas con los cambios y factores globales mencionados. Junto con ello, se incrementaron opciones políticas de derecha de un claro corte autoritario y conservador, que también disputan el respaldo en los sectores populares de la región, con variables grados de éxito. Si todo lo anterior remite al cierre definitivo o más bien a una nueva fase del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL) es todavía un debate abierto (Ouviña y Thwaites Rey, 2018) y es de nuestro interés proseguirlo.

Varios de los proyectos denominados ?progresistas? fueron desplazados de la conducción estatal en los últimos años, ya sea por su derrota en las urnas, por la pérdida de legitimidad o como producto de prácticas neogolpistas, guerra mediática, saboteo económico y nuevos fenómenos trasnacionales, como el lawfare (guerra judicial), en medio de un clima de creciente gravitación de coaliciones y figuras de ultraderecha.. La oleada derechista y xenófoba que se extiende en el plano internacional, con la figura emblemática de Donald Trump, el Brexit impulsado por los ultraconservadores británicos, los neofascistas húngaros, franceses, italianos y del norte europeo, expresa un contexto crecientemente crítico para las fuerzas y proyectos populares. En la región, a la par del surgimiento de figuras como Bolsonaro, Macri y Lasso, que triunfantes en la contienda electoral presidencial parecieron dejar atrás la dirección estatal de los progresismos, se reactivaron, por oposición, las luchas anti neoliberales, con atisbos de resistencia anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Durante los años 2019 y 2020, e incluso en 2021, en países como Perú, Colombia, Haití, Chile y Ecuador, los estallidos, rebeliones callejeras, huelgas de masas y levantamientos populares alcanzaron un punto álgido de confrontación, colocando a la estatalidad como territorio privilegiado de disputas y tensiones, y persiguiendo un ideario emancipatorio y de democratización integral de las sociedades. Los nuevos gobiernos de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia, pero también la derrota del referéndum en torno a la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay, así como la reciente pérdida para las izquierdas chilenas del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, se inscriben en este proceso y subrayan tanto las posibilidades de la acción popular para impulsar los cambios pendientes desde el plano gubernamental, como los límites objetivos que imponen las relaciones de fuerzas internas y regionales para concretarlos..

En un plano más general, estas experiencias de lucha pueden ser consideradas como parte de un reanudamiento de la disputa hegemónica frente a la contraofensiva de un neoliberalismo ?tardío? y de coaliciones de corte conservador en América Latina y el Caribe. El contexto es muy cambiante y fluido de país en país, con irrupciones de nuevas figuras de derecha y extrema derecha, incluso violentas, como lo muestra el reciente y frustrado atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, no puede descartarse que se abran nuevos momentos transicionales en la estatalidad latinoamericana, a raíz de la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales y la profundización de la crisis orgánica, que no logra ser suturada. En este marco, la creación de plataformas sociopolíticas amplias y el surgimiento de sujetos que trascienden la dimensión estrictamente sectorial o corporativa, resultan auspiciosas para la construcción de alternativas políticas de carácter posneoliberal.

La pandemia del COVID19 vino a agravar el escenario mundial y regional. Ya antes de la pandemia, América Latina y el Caribe se debatían entre el estancamiento económico, las crisis políticas de varios gobiernos, la irrupción de las derechas con apoyo social y las revueltas populares contra la profundización del neoliberalismo y la corrupción y, muy especialmente, los reclamos por la ampliación de derechos, expresados en las luchas feministas, indígenas, estudiantiles, populares y socioambientales. Con la llegada del COVID19, el panorama se volvió mucho más complejo, pues la pandemia global ha visibilizado, entre otras cuestiones candentes de la región, la crudeza de la violencia de género, la desigualdad social, el avasallamiento de derechos elementales, la vulnerabilidad extrema de la población sometida a la precarización y flexibilización laborales, la agudización del extractivismo y los notables deterioros de los sistemas de salud y seguridad social (Bautista, Durand y Ouviña, 2021). Y, por sobre todo, se desnudó tanto la insustituible centralidad de los estados para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia, como las diferentes capacidades de los aparatos administrativos para gestionarlas. Quedó en evidencia que en los países donde la estructura de gestión estatal era muy débil, las consecuencias de la pandemia sobre la población fueron mucho más desastrosas. Es decir, se expuso la contradicción de la presencia estatal como portadora de represión y disciplinamiento, a la vez que como organizadora insoslayable de la infraestructura de lo común. Esto nos lleva a la necesidad de comprender en profundidad la naturaleza contradictoria y múltiple de los aparatos estatales de administración, el papel que cumplen, las características que presentan y, de ahí, a interrogarnos sobre las vías posibles de su transformación (Thwaites Rey, 2004).

Durante las últimas décadas hemos vivido momentos de gran convulsión e inestabilidad política, que manifiestan las limitaciones y problemas estructurales del Estado y del régimen democrático. Con variados repertorios y dinámicas de protesta, movimientos populares, gremios y organizaciones sociales desplegaron la acción colectiva con agendas propias, pero también asumieron protagonismo en escenarios de disputa política, ya sea desde ?afuera?, logrando conquistas materializadas en políticas públicas, leyes y ampliación de derechos, como respaldando el accionar gubernamental pero sin integrarse en sus estructuras o, incluso, formando parte de los gobiernos.

Desde la trayectoría de los grupos de trabajo precedentes que respaldan esta propuesta, hemos optado por denominar a este complejo proceso como Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina, CINAL, (Ouviña y Thwaites Rey, 2019; Bautista, Durand y Ouviña, 2021), para dar cuenta del despliegue abierto, dinámico y con continuidad en el tiempo, de un crisol de resistencias populares y disputas políticas que supieron cuestionar los proyectos de ajuste estructural, desregulación, despojo de bienes comunes y privatización de activos públicos, que pusieron la dimensión estatal en primer plano. El CINAL expresa diversos niveles de relaciones de fuerza en cada realidad nacional, pero, en conjunto y más allá de sus matices, implicó un momento de impugnación, complejo y en tensión, del neoliberalismo como proyecto hegemónico y a su forma de construcción estatal. En la dimensión estatal de tal impugnación es donde quedaron más expuestos los límites de los proyectos de cambio, y es por eso que nos proponemos seguir analizándola en esta nueva etapa.

En el plano analítico, asumimos que el Estado -en tanto arena de conflicto y condensación material de una correlación de fuerzas de clase, por definición asimétrica e inestable- no es una instancia neutral, pero tampoco puede considerarse un bloque monolítico al servicio instrumental de las clases dominantes, sino que debe comprenderse como un ámbito constitutivamente contradictorio, signado por luchas y disputas y atravesado por factores de poder real que determinan las características y el funcionamiento de la institucionalidad más allá de los gobiernos concretos (Thwaites Rey, 2012; Oliver, 2016; Ouviña y Thwaites Rey, 2019). Así, las aspiraciones democratizadoras, en línea con las demandas populares, no pueden soslayar la necesaria problematización de los límites y posibilidades derivadas de la matriz de dominación capitalista-patriarcal-racista, determinante del lugar en el mundo de América Latina y el Caribe y de sus configuraciones estatales específicas. Por eso es fundamental comprender las características y mutaciones de los aparatos estatales por donde circula la dominación, se la disputa y, también, se la invisibiliza.

En lo que va del Siglo XXI se ha puesto de manifiesto la fortaleza de los aparatos represivos del Estado y su persistente capacidad de acción autonomizada del poder político gubernamental. Para la mayoría de los proyectos progresistas triunfantes en elecciones democráticas resultó muy difícil -sino imposible- subordinar a los cuerpos represivos, que conservaron márgenes de maniobra consistentes con su papel de ?garante último? de la dominación del capital. Si bien el recurso al golpe de estado clásico y la asunción directa de la jefatura política del Estado por mandos militares se volvieron inviables -por el descrédito que arrastran de la etapa dictatorial de los años setenta y ochenta-, las policías bravas y las fuerzas armadas cerriles -también ligadas al crimen organizado- mostraron su poder inconmovible en situaciones clave en la región (tal los casos resonantes de Honduras, Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala)

Al mismo tiempo, el sistema judicial, uno de los aparatos permanentes del Estado, se constituyó en un actor central como garante protagónico de la supervivencia del orden social clasista. La criminalización de la protesta, el encarcelamiento de luchadores sociales y la persecución a dirigentes políticos a través de los tribunales, con armado de causas y pruebas -en complicidad con servicios de inteligencia y medios de comunicación- para destruir a adversarios y sacarlos del juego democrático -el llamado lawfare o guerra judicial- se hicieron moneda corriente. El creciente protagonismo político del Poder Judicial desnudó así la trama constitutiva del más anti-democrático y contra-mayoritario aparato del Estado, que se expresa no solo en la persecución política descarada, sino en todo el andamiaje de fueros civiles y administrativos que reproducen las jerarquías clasistas. Este es un aspecto central a la hora de analizar el funcionamiento estatal y sus posibilidades de transformación.

De ahí que consideramos pertinente abordar las múltiples dimensiones del Estado latinoamericano y caribeño en medio de una de las crisis capitalistas más profundas, signada por la peligrosa ofensiva global de las derechas y ultraderechas y el guerrerismo. En ese marco, hemos identificado, en diálogo colectivo, renovadas dimensiones prioritarias que proponemos profundizar en la fase por venir:

1) Los ámbitos estatales permanentes que juegan un rol determinante en nuestra región como factores de poder real, más allá de gobiernos concretos. Nos referimos a los sistemas judiciales y represivos (ejércitos, policías, servicios de inteligencia), que operan en el ámbito estatal en sentido restringido, enlazados estrechamente con aquellos que se despliegan en la construcción de sentido en el plano de la sociedad, como los medios de comunicación. De ahí que no apuntamos a estudiar los medios de comunicación en sí, sino en su relación con los aparatos judicial y represivo.

2) Los ámbitos de gestión y administración pública (en los planos nacionales y locales) que procesan las múltiples demandas y necesidades sociales. Tomaremos en cuenta tanto las estructuras y procesos que obturan la democratización, como los espacios y prácticas que muestran las posibilidades de despliegue de una Nueva Gestión de lo Común, aún en el marco de los aparatos institucionales actualmente existentes. Aquí abordaremos el complejo ámbito de las políticas públicas, para pensar y proponer acciones para democratizar y despatriarcalizar el Estado y dar un lugar efectivo a la plurinacionalidad, en diálogo directo con las prácticas socio-políticas que caracterizan la (re)emergencia de las luchas populares.

3) Las formas contemporáneas de lo público-estatal que se experimentan en la región, para identificar en ellas los rasgos de preservación de lo dado o la intención de cambio. Apuntamos a realizar un mapa de experiencias que nos permita distinguir (teórica y empíricamente) los procesos en clave de restauración política de derecha, conservadora o neo-liberal, de aquellos que intentan empujar una refundación de una estatalidad que procure giros democráticos de poder, sobre todo en el plano local.

4) Las acciones de los movimientos sociales con referencia al Estado, en la medida que demuestran que las relaciones entre política institucional y política de protesta son cada vez más dinámicas e interdependientes y dejan expuestas las contradicciones que supone luchar contra, en y más allá del Estado. Nos proponemos indagar el carácter ?socio-político? presente en las prácticas de los movimientos sociales que confrontan los límites de la estatalidad para defender o ampliar derechos conquistados durante el período de auge del CINAL, mientras ensayan nuevas formas de organización y autogobierno. Nos interesa poner el foco en el plano ?socio-político?, como un aspecto específico del campo de estudios de movimientos sociales, para enfatizar su relación con el Estado (Távera, 2007; Bautista, 2014; Durand, 2016; Modonesi, 2015). Indagaremos sobre la dimensión de lo público que se pone en juego en las acciones sociales y plantea desafíos concretos a lo estatal y sus formas materiales.