El objetivo de nuestro grupo de trabajo es contribuir a la construcción de un sistema de conocimiento e investigación en América Latina y el Caribe que de manera compleja estudie las dimensiones que vinculan los dispositivos de las diferentes formas de gobierno, la pluralidad de las violencias que inciden y afectan de manera determinante en la reconfiguración del panorama de la democracia en la región. La sofisticación de las tecnologías de gobierno es especialmente atractiva para nuestros estudios, consideramos vital concentrarnos en ellas a partir del análisis que permita recomponer un mapa posible ?no único ni unívoco- de combinaciones e hilvanado de la matriz del arte neoliberal de gobernar desde la experiencia latinoamericana (Murillo, 2013, 2018).

En las primeras décadas del siglo XXI, los gobiernos latinoamericanos de centro izquierda implementaron políticas sociales inclusivas y estrategias de política internacional orientadas por el multilateralismo. Sin embargo, al mismo tiempo, en el campo -y la cultura- del control social los mismos gobiernos vieron acentuarse diversas acciones que fortalecieron ?y reconfiguraron- políticas represivas tales como una mayor presencia policial en las ciudades y la ampliación del campo judicial penal, lo cual condujo al recrudecimiento del castigo, al sistemático aumento de la población encarcelada sin reducir los niveles de violencia social y delincuencia.

La enorme heterogeneidad de violencias vinculadas y distribuidas regionalmente dañan irreversiblemente a los más vulnerables (Misse, 2014; Auyero/Berti, 2013; Tenenbaum/Viscardi, 2018; Otamendi, 2015). La problemática va desde, el asesinato de periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos mediante la violencia organizada; la letalidad de las policías militarizadas hasta el encierro de jóvenes pobres cuyo dilema es la migración, el encierro, el cuartel o la muerte violenta. La vida de las víctimas y de sus comunidades se reproduce violentamente sin que los sistemas gubernamentales de atención a víctimas instituidos logren impactar positivamente en las trayectorias sociales de éstas (Ginga, 2019).

Esta diversidad de violencias tiene formas contingentes, pero estructuralmente simultáneas; son episódicas, pero se rutinizan como recursos utilizados por perpetradores contra víctimas; se reproducen como mecanismos de solución efímera de conflictos, construcción y fortalecimiento de la autoridad, gobernando los territorios y borrando en parte los límites entre las violencias en la familia, la calle, el barrio y los espacios públicos (Auyero/Berti, 2013). Asimismo, la diferencia entre procesos de violencias en ciudades (Briceño León, 2018) centrales y periféricas de la región, nos obliga a la cartografía diversificada de regiones que especifiquen tipos de dinámicas rurales, urbanas e interfronterizas en las cuales se desarrollan las violencias.

La reproducción ampliada de la violencia a través de redes ilegales ha sido el mecanismo mediante el cual se han controlado diversos territorios y en algunos casos diversas redes institucionales de nuestros Estados nacionales o subnacionales; por ejemplo: el reclutamiento de jóvenes por redes ilegales; las desapariciones forzadas (Chinas Salazar, 2019). Por tanto, es determinante establecer el impacto del crimen organizado en la democracia en sus diferentes dimensiones como los procesos electorales, la gobernabilidad local, en la vulneración a los derechos humanos, las afectaciones en las comunidades y sociedad en general. Asimismo, sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político, y su incidencia en la democracia.

A su vez, el aumento de la crueldad aplicado a los cuerpos de las personas asesinadas, ha sido una característica cada vez más notoria en los últimos años, el espectáculo de la violencia se exhibe en las ciudades de Chile, Colombia, Brasil y México, donde al decir de Reguillo Cruz (2021), morir ya no parece ser suficiente. Esto pone en evidencia no solo una crisis profunda de la modernidad, sino que vulnera todo límite impuesto por las estructuras emocionales y sensibles conformadas en ella, de lo tolerable civilizatoriamente (Elias, 2009). El padecimiento de estas situaciones, requiere que se investiguen puntualmente, las condiciones de emergencia de estas situaciones de sufrimientos ejercidas por el Estado; pero también, y fundamentalmente, resaltar las condiciones que hagan posible que esta problemática adquiera relevancia en las agendas públicas y se constituya en un tema impostergable entre las prioridades de los gobiernos democráticos (Tavares Dos Santos at al., 2022) a nivel mundial.

Es dable destacar que existe una mundialización de los conflictos sociales que cambia normas, valores y produce movimientos sociales transnacionales, como los feminismos, el ecologismo, las movilizaciones o migraciones a las grandes ciudades. Del mismo modo, se desencadena el proceso de exclusión social: exclusión computarizada y digital, una enorme cantidad de personas sin hogar, sin comida, sin tierra, sin trabajo; y la crisis del destino de los jóvenes. Además, se configura una generación marcada por el desánimo. Muchas fuerzas sociales de resistencia han surgido en este siglo XXI, desde protestas hasta movimientos de diversos sectores sociales buscan alternativas en el contexto del desarrollo del mundo.

De modo que, la historicidad de las relaciones Estado-sociedad y el papel que la violencia ha tenido en la región es fundamental para la comprensión acerca de los tipos de control, prevención, mediación o pacificación democrática de aquellas regiones cuyas localidades rurales y ciudades experimentan diferentes grados de conflicto o violencia (Rodríguez Cuadros, 2015). Centrarnos en los contextos de nuestros países para prevenir las escalas de violencias en todas sus formas: feminicidios, violencia institucional, difusas, estructurales, étnico/raciales, las generadas por una geopolítica de las drogas instalada en el microtráfico, en la criminalidad de subsistencia (Duque, 2015), en la disputa por los mercados ilegales, entre otras) deviene fundamental para detectar las formas autoritarias y fascistas en clave de violencias políticas que amenazan las democracias.

Como hemos mencionado, en las últimas décadas el delito ha aumentado en la región, así como las dinámicas violentas, los dispositivos de control de la criminalidad organizada en diferentes escalas territoriales y de la administración del Estado donde la relación entre el crimen organizado y el poder político (Duncan, 2014) cada vez es más visible o legitimada, lo cual nos interpela a seguir ampliando la discusión sobre las formas de gobierno desde la cuestión criminal y sus incidencias en el funcionamiento de los regímenes democráticos, en aspectos tales como, los procesos electorales, la gobernabilidad local, en la vulneración a los derechos humanos, las afectaciones en las organizaciones de las comunidades y de la sociedad.

No obstante, las iniciativas de políticas basadas en concepciones alternativas de seguridad humana desde abajo o seguridad ciudadana, han producido frutos. Ahora bien, la cuestión clave, cuando nos referimos a políticas públicas, es la de analizar cómo se procesa la articulación entre diversos niveles de control social ?la burocracia, las policías, la gestión pública, la política y las organizaciones no gubernamentales- y cuál es el peso específico de diversos actores -legales e ilegales, individuales y colectivos- en la producción de un referencial de seguridad alternativo para todas/os ciudadanas/os. En suma, nuestro proyecto continúa con su contribución a la comprensión de las violencias reconstruyendo un mapa que evidencie las aristas de conformación de los gobiernos de la cuestión criminal y las fisuras que deslegitiman a los gobiernos y debilitan la democracia. La problematización aguda de estas temáticas permitirá incidir eficientemente en correlaciones de fuerzas favorables a las resistencias

En América Latina y el Caribe, en los últimos años del Siglo XXI, asistimos a la renovación de la matriz gubernamental neoliberal que encuentra el modo de imponerse en distintos países a través de elecciones, golpes de estado o desestabilización social, económica y mediática de los gobiernos. Algunas de las expresiones más claras de tales procesos han sido el exponencial incremento del delito económico organizado (Pegoraro, 2015), (Bergman, 2018), la expoliación de los derechos humanos y sociales, la precarización de trabajadore/as, la represión a la protesta social y el aumento de la violencia ejercida por las fuerzas represivas del Estado ?en muchos casos aliadas con sectores no estatales-como única respuesta para morigerar el conflicto social. No se trata solamente de una actualización del programa económico, sino de la búsqueda por naturalizar y crear las condiciones de posibilidad para instalar modos de vida que se adecúen a los valores centrales del arte neoliberal de gobernar (Murillo, 2013).

En el GT a lo largo de los años, se han producido importantes contribuciones para la comprensión de las violencias, el crimen y sus formas de abordaje a partir de los gobiernos. Académicos del grupo, Tavares dos Santos y Barreira (2016) apuntan que hay, en los últimos años en América Latina, una paradoja que se da entre las políticas sociales inclusivas, que en algunos países han producido un aumento significativo en el poder adquisitivo de las clases sociales a comienzos de siglo XXI y, al mismo tiempo, la intensificación de las políticas de seguridad represiva. De modo que, resulta insoslayable considerar que estamos frente a un Estado de control social penal que, con matices en ciertos países pero con varias expresiones comunes se despliega a través de policías represivas, un poder judicial sancionador y reticente a democratizarse, el crecimiento de los servicios de seguridad, de policías y prisiones privadas que fortalecen a su vez, el ?complejo industrial-policial? y la concepción de Seguridad Pública. Este tipo de seguridad se constituye en equivalente a la seguridad del Estado y las clases dominantes y como sinónimo de una ?Razón de Estado?: elementos que han sido y son clave en la construcción del Estado moderno (Tavares Dos Santos y Barreira, 2016: 31).

Cuando dirigimos nuestra mirada a la actuación de la justicia, nos damos cuenta de que la noción de paradojas también se aplica. Mientras se busca ampliar los derechos de las minorías y grupos vulnerables a través del sistema de justicia, se perciben los límites y desafíos de una justicia sancionadora que termina reproduciendo diversas formas de violencia institucional e intensificando las desigualdades sociales, como en los casos de conflictos y violencia de género. El tema de la violencia de género es central en este debate y sigue siendo pensado en el ámbito de los órganos de control del Estado (policía, poder judicial, sistema penitenciario) con poca atención a otras dimensiones: las relaciones comunitarias, el proceso de socialización de las nuevas generaciones que también son fundamentales para la deconstrucción de estas violencias (Fachinetto, 2016:434).

Es importante señalar en este contexto, las miles de víctimas de la guerra contra las drogas, las denuncias de tortura que sufren las personas privadas de su libertad en cárceles; la violencia policial contra los jóvenes varones especialmente pobres (Guemureman, 2015), la población negra e indígena (Calazans at. al 2019), el aumento de los casos de violencia de género y feminicidio (Segato, 2013), la violencia contra niños/as y jóvenes (Gayol y Kessler, 2018; Tenenbaum at.al., 2021), los fenómenos de cientos de miles de desapariciones forzadas (Maldonado Aranda, 2022; Delacroix, 2020), la violencia política y la cultura punitiva que se difunde en el tejido social y legitima prácticas autoritarias del Estado. Son grandes desafíos que enfrenta tanto el campo académico como el de las políticas públicas en Latinoamérica. Una academia en acción, no solo en el sentido de buscar una comprensión analítica de estos fenómenos, sino también de mapear y sistematizar las luchas sociales y las resistencias contra la violencia como horizontes desde donde se puedan construir sociedades democráticas, respetuosas de los derechos humanos.

Esta propuesta de grupo de trabajo tiene el propósito de seguir construyendo y democratizando el conocimiento a partir del cúmulo de saberes producidos en los grupos anteriores, darle continuidad a las problematizaciones críticas y originales frente a un escenario desafiante que pone en peligro la democracia. Experiencias de investigación previas de otros GT de CLACSO, en los cuales hemos participado desde hace más de una década (Seguridad en Democracia, Seguridad, Violencia y Obstáculos a la Ciudadanía; Violentados, estigmatizados y encerrados; Violencias, políticas de seguridad y resistencias) y la articulación de trayectorias académicas, políticas y activismo social de las/os participantes que han acumulado saberes y experiencias regionales de las líneas de investigación compartidas ( Zavaleta, 2015; Angarita, 2015,Tavares y otros, 2019).

En suma, los integrantes de este grupo, como investigadores expertos o en formación, de múltiples géneros, de distintas procedencias étnicas, distribuidos en diversos países donde las ciencias sociales tienen desarrollos desiguales, pero en red, trabajaremos las líneas de investigación.

Objetivos Generales:

Contribuir a la construcción de un sistema de conocimiento sobre violencias, gobiernos y democracia a partir de un diálogo de saberes entre la academia, la institucionalidad y los colectivos sociales que incidan en el diseño multisectorial de políticas e intervenciones en el campo de la seguridad ciudadana que contribuyan al fortalecimiento real de los regímenes democráticos en Latinoamérica y el Caribe.

Desarrollar un programa de investigación - acción sobre los modos de gobierno -estatales y no estatales- de la cuestión criminal, sus consecuencias en la vida social y política de las/os ciudadanas/os, la vulneración de los derechos de los grupos más desfavorecidos, y que en el mismo sentido-debilitan a los regímenes democráticos de Latinoamérica y el Caribe.

Líneas de trabajo:

? Los modos de gobierno estatales y no estatales, tanto sean legales e ilegales, institucionales o adhoc. Comprende las investigaciones sobre políticas de seguridad en clave de gobernabilidad, la prevención del delito y de las violencias en clave de gubernamentalidad. De otro lado, los análisis del gobierno de las organizaciones criminales y paraestatales como dispositivos de regulación en los territorios del poder político, de los mercados ilegales, la diversificación criminal y las violencias.

? El uso de violencias como mecanismos de resolución de los diferentes conflictos sociales, políticos, culturales, digitales así como para la adopción de diferentes formas de gobierno.

? La violencia política y posicionamientos ideológicos extremos, discursos y narrativas de odio, la utilización del espacio digital y los medios de comunicación para generar las condiciones para la instalación del fascismo en Latinoamérica. El riesgo a las democracias que esto supone. Los factores de poder, que no necesariamente se encuentran en los poderes estatales, hacen tambalear los consensos logrados tras la finalización de los regímenes dictatoriales y la recuperación de la democracia en varios de los países de nuestro continente.

? Las resistencias pacíficas o violentas según repertorios de protesta en la defensa de la vida ante casos de extractivismo y distintas manifestaciones de violencias (en sus formas más negativas como linchamientos, homicidios, feminicidios, milicias y armamentismo; o en sus formas progresistas, como redes de cuidado, protección de víctimas, organizaciones de base, redes regionales) y la reproducción de desigualdades en la vulnerabilidad (encierro de jóvenes y minorías étnica).