América Latina en su conjunto se caracterizó por la instalación de Estados Sociales incompletos, con significativos niveles de informalidad laboral y discrecionalidad en la distribución de beneficios públicos (Gough and Wood, 2004), que ponen en evidencia la debilidad o ausencia de un conjunto de factores políticos y económicos que tienen incidencia en los resultados del conflicto distributivo típico de nuestras sociedades. Los saldos socioeconómicos históricos que han caracterizado la región a lo largo del siglo XX han sido nefastos expresados en términos de niveles de pobreza y desigualdad, poniendo en evidencia la exclusión de amplios segmentos de población de las condiciones básicas de bienestar.

Entre las principales causas explicativas de ese estado social deficitario en América Latina figuran: la inestabilidad de los sistemas democráticos (Garay, 2016), la debilidad de actores colectivos o movimientos sociales populares, a lo que se agregan los problemas de inserción internacional y así como las estrategias de desarrollo adoptadas que tendieron a frenar la promoción de robustos esquemas de protección social (Ocampo, 2011).

Existe cierto consenso académico que la consolidación de la democracia es una pre-condición para alcanzar dosis de redistribución económica (Huber y Sephens, 2012), en la medida que permite el desarrollo de coaliciones y de partidos políticos de izquierda que tienden a tramitar las demandas de los sectores asalariados organizados y buscan modificar el patrón predominante de distribución de la riqueza (Korpi, 1985).

Resulta evidente que Latinoamérica en su conjunto no contó con los componentes económicos y políticos esenciales para la promoción de bienestar e integración social y su larga tradición de rupturas institucionales se han constituido en uno de los instrumentos institucionales utilizados para dirimir los conflictos distributivos en este continente. De ahí que algunos analistas han calificado el proceso de emergencia y consolidación de sus limitados esquemas de protección pública en clave de Modernización Conservadora (Filgueira, 2013), donde los beneficios distribuidos no alteraron la estructura social establecida. Cabe destacar, que esa matriz de protección incompleta presenta serias diferencias entre los países de la región, no obstante, el rasgo institucional compartido se traduce en la desprotección de extensos grupos poblacionales. (Mesa Lago 1978; Sa?tyro e Cunha, 2015; Midaglia y Antía, 2017)

En este contexto de serios déficits socioeconómicos, que es posible calificar de estructurales, se procesa en los años ?90 reformas sociales, neoliberales, que tendieron a empeorar la situación social de América Latina (Huber and Solt 2004) involucrando no sólo a los grupos en situación de pobreza sino también a las clases medias bajas, ya que sufrieron las consecuencias de los recortes de las prestaciones públicas.

Sin embargo, en los años ?2000 se configura un escenario económico y político diferente en Latinoamérica, ya que se retoma la senda del crecimiento generada por el ?boom de los commodities?, con variantes según país, hasta el año 2009. Esa dinámica económica se acompañó de cambios políticos de relevancia, esencialmente el América del Sur, donde las fuerzas de izquierda asumieron los gobiernos nacionales, calificándose ese fenómeno político de ?giro a la izquierda? (Arditi, 2009).

En un contexto de desarrollo económico, con aumentos constantes del Producto Bruto Interno (PIB) desde el año 2005 hasta el 2009 se registran mejoras significativas en materia de pobreza y desigualdad, que se explican no sólo por el propio crecimiento sino también porque la pugna distributiva se procesó en sistemas democráticos (Midaglia y Castillo, 2014). No hay lugar a duda que América Latina, en particular el Sur registró avances socioeconómicos en ese período que trascendieron las mejoras de los clásicos indicadores sociales, ya que supusieron reformulaciones de políticas públicas en el mercado de empleo, relativas a re-regulaciones laborales, aumentos del salario mínimo, entre otras, y en el área de la asistencia social, se registró la promoción de apoyos monetarios y distintos servicios dirigidos a los hogares en situación de pobreza. Sin embargo, otros países como México y un amplio conjunto de los Centroamericanos, no procesaron modificaciones de envergadura de sus históricos déficits sociales debido a la escasez de inversiones públicas, no obstante en ese período se impulsaron o consolidaron, como el caso mexicano programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (Valencia 2012; Valencia 2008; Barba 2019), así como paquetes básicos de protección en salud. Importa destacar que desde inicio del siglo XXI hasta el presente las protecciones de asistencia adquirieron relevancia sociopolítica en Latinoamérica y su importancia estuvo asociada a la incorporación en la agenda pública regional de la problemática de pobreza y a la necesidad política de brindar respuestas públicas a las extendidas situaciones de precariedad socioeconómica. A esto se agrega, la estabilización de los regímenes democráticos regionales, que contribuyen a la generación de un debate público sobre los problemas distributivos del continente, a través de la activación de movimientos sociales y protestas, así como incentivando a los partidos políticos a preocuparse por los sectores vulnerables, ya sea por opción ideológica o simplemente por el efecto de la propia dinámica electoral (Garay, 2015).

Ahora bien, el estallido de la pandemia encontró a los países de América Latina con distintas acumulaciones en materia de bienestar para enfrentar la crisis sanitaria así como sus consecuencias sociales. No hay lugar a dudas, que el crecimiento económico de los años anteriores a lo que se suma las inversiones sociales realizadas en un conjunto de países generó un stock de protección que permitió, en ciertos casos, disponer de políticas públicas para llevar a cabo intervenciones públicas ?paliativas?. De cualquier manera, interesa señalar que en el conjunto de naciones latinoamericanas, pese al crecimiento de los años anteriores y la instrumentación de reformas sociales moderadamente expansivas, no se logró revertir la insuficiencia de bienestar y desprotección de segmentos significativos de población.

La información disponible muestra que la pandemia ha generado un marcado incremento de la pobreza en toda América y la ampliación de las desigualdades, así como de las condiciones de vulnerabilidad de los sectores sociales más pobres . Se trata de una crisis de gran envergadura con consecuencias severas en el plano laboral y en los ingresos de los hogares, atendiendo también el nivel de informalidad de nuestros países.

Resulta pertinente prestar particular atención al proceso de amplificación de las múltiples desigualdades socio-económicas, culturales, territoriales y a las marcadas prácticas de discriminación de género y étnicas que atraviesan las sociedades latinoamericanas y debilitan la cohesión social. Sin duda, en esta región a las fuertes desigualdades estructurales del sistema productivo se suman significativas inequidades en el acceso y calidad a los bienes y servicios básicos: salud, educación, cultura, vivienda, justicia, cuidado, servicios personales, etc, propia de una Estado Social incompeto que caracteriza a este continene, donde amplios sectores de la ciudadanía no logran ejercer plenamente sus derechos.

Esta crisis mundial, está obligando a los estados nacionales a reconfigurar los sistemas de seguridad y de protección social, más allá de los criterios predominantes de austeridad económica. Tal vez esta coyuntura crítica, como señalan algunos estudios, se transforme en una oportunidad para repensar los sistemas de protección existentes y los tipos de políticas sociales inclusivas que se deberían impulsar o estabilizar, Marti?nez Franzoni, y Sa?nchez Ancochea, 2022)

En el largo período de imposición políticas económicas neoliberales la atención de la investigación social centró sus esfuerzos en investigar la multidimensionalidad de la pobreza y la desigualdad y ofrecer herramientas metodológicas para su medición (Yaschine, 2018). También proliferaron los análisis de los programas de atención a la pobreza, en particular los de transferencias monetarias condicionadas que se impusieron en prácticamente todos los países de la región en un intento por controlar el crecimiento de la pobreza rural (Midaglia, C, Villarespe, V., Midaglia, C y Ziccardi A.,2013). Los estudios urbanos se encargaron de señalar que, cuando estos programas se transfirieron a las ciudades carecieron de efectividad, porque lo que prevalece en el medio urbano es la pobreza patrimonial y esta dimensión no fue incorporada en esos programas. Por el contrario, las políticas de vivienda de la región se apartaron de su naturaleza de políticas sociales y adoptaron criterios financieros creando una oferta de viviendas masivas, de mala calidad, localizadas en conjuntos habitacionales localizados en lejanas periferias, generando procesos de segregación residencial y segmentación social (Ziccardi, A.2012, 2015; Di Virgilio, M., 2021; Fidel y Romero, 2017)

Por otra parte, la interdependencia entre las múltiples dimensiones de la pobreza- económica, social, territorial, cultural- y la amplificación de las desigualdades existentes obliga a construir nuevas categorías de análisis para captar la complejidad e interseccionalidad de estos fenómenos y que se despliega principalmente en las ciudades donde se registran procesos alentadores propios del ejercicio de derechos y condiciones de mayor equidad social- empoderamiento de las mujeres, visibilidad de demandas de los pueblos originarios y de organizaciones de personas con preferenciales sexuales diferentes, espacios públicos para la cultura y la recreación apropiados por jóvenes y adultos mayores-. Pero también en las ciudades existen nuevas dinámicas que mantienen o agravan las viejas desigualdades, se entrelazan con las nuevas y son fuentes de desigualdad y exclusión: precarización del trabajo, nuevas prácticas de exclusión social, incremento de la violencia, la inseguridad y la economía del delito, fragilidad de la democracia local para neutralizar la polarización social (Reygadas y Ziccardi, 2010).

En este contexto la inédita crisis global creada por el SAR2- COVID 19 alertó sobre otras problemáticas e impuso nuevos retos a las ciencias sociales los que se suman a las transformaciones que ya se advertían en la cuestión social y urbana (Barba, C, Ordoñez, G y Silva, Y, 2020, Ziccardi, 2020). Sin duda, la pandemia exige renovar la agenda de investigación social porque es un hecho social total (Ramonet, 2020) y es universal por su alcance, interconexión y visibilidad (Bringel y Pleyers, 2020) pero además es un hecho urbano. El 90 por ciento de los contagios desde el inicio de la pandemia se concentró en las ciudades obligando a cambiar el modo de vida urbano y se constata que la población más afectada es la que habita en los barrios populares, con altas densidades poblacionales, hacinamiento y limitado acceso a los servicios, en particular al agua (Ziccardi, 2021).

La pandemia visibilizó al conjunto de la sociedad no sólo las carencias de los sistemas sanitarios sino también las profundas desigualdades que existen en el acceso a los servicios públicos y la vulnerabilidad societal en la que vivimos dada la interdependencia existente entre las condiciones de vida, de trabajo y de salubridad. Puso al descubierto derechos ciudadanos incumplidos y la manera como las vulnerabilidades sociales se ven agravadas por una crisis que exige a los Estados nacionales crear condiciones de resiliencia social. También es un llamado de atención sobre la importancia que tienen las coaliciones políticas distributivas, el incremento de la inversión social y la creación de sistemas de cuidados (Batthyány, K. 2020), En suma, expone la necesidad de fortalecer el ?edificio de protección y bienestar? (Midaglia, C y Antía, F, 2017); Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, D 2022; Martínez Espinoza, M y Ziccardi, A, 2022).

Esta compleja situación social exige problematizar la temática de los derechos y su interrelación, desde un abordaje multidisciplinario para conocer y evaluar los avances logrados y la deuda social acumulada y la ampliada por la pandemia. Es necesario indagar sobre las formas de distribución de bienes públicos, la existencia de pautas clientelares y prestaciones estatales condicionadas, las demandas no atendidas de colectivos sociales y las alianzas políticas, habilitantes u obstaculiza- doras de políticas de inclusión social, la arquitectura institucional que sustenta las políticas sociales, los recursos económicos y humanos que moviliza, las inercias burocráticas y las débiles formas protección implementadas por distintos ámbitos de gobierno, sin que existan eficaces formas coordinación intergubernamental. En esta ruta la acción social del gobierno local adquiere importancia central para la investigación social porque es la autoridad más próxima a la ciudadanía y la que debe atender la demanda ciudadana (Cordera, R y Ziccardi, A. (coord.) 2022).

Pero lo que está en la mira actualmente -y que la coyuntura es propicia para iniciar una transformación- son los sistemas de salud, algunos desmantelados o privatizados en el período de las reformas estructurales neoliberales. Los gobiernos de izquierda o progresistas realizaron inversiones en salud pero fueron insuficientes para revertir la estratificación de las prestaciones y la exclusión de grandes segmentos poblacionales a servicios de salud dignos (Fidel,C y Valencia, E.(coord.), 2013, Valencia, 2012). Aún cuando la contingencia mostró que donde existían políticas públicas incluyentes se tuvo más capacidad para enfrentar la pandemia, debe investigarse el conjunto de los sistemas de salud pública de la región de manera profunda, sistemática y comparativa para brindar nuevos conocimientos y contribuir a su reestructuración.

Es imprescindible considerar la dinámica de los mercados de trabajo en vinculación con los sistemas previsionales y las políticas de formalización laboral para diseñar nuevas políticas de protección social. Resulta una obligación académica discutir las diversas formas de aseguramiento de los ciudadanos construyendo estrategias de políticas sociales para el enfrentar situaciones críticas. Para ello se requiere un estilo de desarrollo que impulse el crecimiento y cambios sustanciales en el rumbo de la economía post pandemia así como que los ejecutivos y legislativos incorporen en el debate la creación de una renta básica o un ingreso vital mínimo con capacidad de garantizar condiciones de vida dignas para el conjunto de la ciudadanía (Cordera y Provencio, 2020), Yanes, P, 2019; Gaitán, F. y Del Bono, C. (2020). También debemos recuperar y profundizar las herramientas conceptuales del análisis de las formas de gobernanza y la capacidad de incidencia que poseen diferentes actores para abrir espacios de coproducción y colaborativos para atender las exigencias sociales (Subirats, 2017; Ziccardi, 2018).

Finalmente, es muy importante reconocer que esta crisis sanitaria, económica y social de alcance global puso en evidencia la importancia del papel que juega la investigación científica que se desarrolla en las universidades y los centros de investigación públicos. En los países de la región nuestras instituciones, durante y en la pos-pandemia, sin abandonar sus funciones sustantivas de docencia e investigación, fortalecieron las tareas de vinculación con la sociedad y con algunas instancias gubernamentales, reorientando sus agendas de trabajo y reafirmando su compromiso con brindar conocimientos para superar la grave situación generada, particularmente en los sectores más vulnerables de la población (GT CLACSO, Pobreza y Políticas Social