En las últimas décadas, América Latina ha asistido a una transformación en los modos, actores e intensidades de la violencia. Luego de la ola de sangrientas dictaduras militares que derrotó a la enorme mayoría de experiencias de lucha armada en la región, el desarrollo de regímenes constitucionales consolidó procesos de democratización (al menos de índole formal-procedimental) que supusieron un retroceso de la violencia política y una condena unánime a los procesos de represión y exterminio impulsados desde el Estado (a pesar de que las violaciones a los derechos humanos continúan en numerosos países del continente). Sin embargo, se han gestado en paralelo espacios de violencias (en plural), vinculadas a ilegalismos de diverso tipo, la expansión de las economías informales e ilegales (el comercio de drogas, armas y personas, entre las principales) y la supuesta debilidad o complicidad de las instituciones estatales para hacerle frente a estos problemas con una consecuente desconfianza de la ciudadanía hacia dichas instituciones (Alba Vega y Kruijt, 2007). En América Latina la violencia se multiplicó y se volvió heterogénea y compleja: el subcontinente es una de las regiones con mayor tasa de homicidios del planeta pese a no tener guerras entre países. En este sentido, en la región hoy se revelan violencias con otros semblantes, otros agentes, otros fines: un pluralismo violento (Desmond y Goldstein, 2010), que incluye en sus manifestaciones a segmentos activos de la sociedad civil que se constituyen como sus protagonistas.

En este contexto, el fenómeno del vigilantismo emerge como una de las dimensiones más relevantes y socialmente impactantes de estas violencias en cuestión. En las últimas décadas han aparecido respuestas estratégicas en la contención del riesgo de parte de segmentos de comunidades rurales o urbanas, marginales y de sectores medios o medios-altos, que despliegan acciones vigilantes de violencia colectiva que incluyen a linchamientos, autodefensas, milicias, organizaciones vecinales, paramilitares, así como instituciones paralegales de seguridad y justicia en sus comunidades.

Los hechos que aquí se mencionan no son exclusivos de América Latina. Las apropiaciones de la seguridad de parte de comunidades o colectivos a las que el vigilantismo apela se han visibilizado desde la década de los noventas y dos mil a nivel mundial, en experiencias documentadas en países africanos como Nigeria, Mozambique y Sudáfrica (Saunders, 2011; Pratten, 2006), europeos como Rusia, Irlanda del Norte (Frank, 2017; Monaghan, 2011) y en asiáticos como Tailandia y Chechenia (Schuberth, 2013). De hecho, la noción contemporánea de vigilantismo aparece asociada a la caracterización de una serie de acciones en el sur de los Estados Unidos hacia la segunda mitad del siglo XIX, vinculadas con el control delincuencial, político y social (Thurston, 2011; Phillips, 1987) y la marcación de distancias raciales (Favarel-Garrigues & Gayer, 2016; Buur & Jensen, 2004; Buur, 2010, Brown, 1975).

Los estudios sobre el vigilantismo en América Latina, emergidos fundamentalmente desde finales de la década de los 80, se han orientado en dos líneas: por un lado, aquellos que los enfocan como producto de las transformaciones sociales y económicas macroestructurales a partir de la implementación del giro neoliberal de finales de los años setenta. Esto habría impactado en sociedades más desiguales, heterogéneas y fragmentadas en las que prima un escenario de segregación y polarización social, multiplicación de violencias y circulación de discursos de odio estigmatizantes hacia un otro peligroso (Ariza, 2018) generalmente caracterizado por diversas subalternidades sobre las que recae la violencia vigilante (migrantes, jóvenes, sectores populares, entre otros). Por otro lado, otra serie de estudios han abordado la cuestión desde las dinámicas institucionales, las culturas políticas locales y las capacidades y recursos organizativos colectivos en los lugares de aparición. De esta manera, dichas aproximaciones han considerado que la emergencia de estas acciones se vincula con la existencia de espacios en donde la relación del Estado con la sociedad es tenue, con una manifiesta dificultad del Estado para monopolizar el uso de la violencia (Huggins, 1991; Martins, 1995; Benevides,1984; Guerrero, 2000; Castillo, 2000) y bajo una coexistencia de otros órdenes legales como el comunitario-tradicional que se enfrentan y compiten con la legalidad jurídica positiva (Vilas, 2006). Esta última línea de lectura -discutida fuertemente en los últimos años- ha situado a la violencia colectiva como atribuciones permitidas por los usos y costumbres de comunidades indígenas o tradicionales.

El estudio comparado del vigilantismo en distintos países de Latinoamérica que este Grupo de Trabajo ha realizado estos tres años, integrando investigadoras/es de 13 países de la región, ha permitido generar nuevas líneas de investigación, de comprensión y análisis del vigilantismo contemporáneo respecto a la literatura anglosajona, atendiendo a sus modificaciones contextuales, a su variabilidad en el tiempo y a su incorporación creciente como acción legítima a distintos repertorios de contienda. De manera sucinta podemos señalar al menos tres avances conceptuales respecto a las líneas de investigación precedentes, sustentados en nuestras investigaciones empíricas. El primero de ellos es que en las acciones vigilantes el Estado no se encuentra necesariamente ausente, o no se puede caracterizar como inherentemente débil, sino que toma relevancia de manera intermitente y gradual en la coordinación o permisividad de estas acciones, en lo que sería un tipo de gobernanza securitaria extendida. El segundo avance plantea que no todo vigilantismo es disruptor de la institucionalidad estatal. Por el contrario, algunas acciones vigilantes fomentan participaciones ciudadanas en el reforzamiento de la legalidad en la prevención del delito (Fuentes, Gamallo, Quiroz, en prensa). El tercero de ellos sostiene que las atribuciones permitidas por los usos y costumbres de comunidades indígenas o tradicionales no se vinculan causalmente a la violencia colectiva y vigilante. Se ha mostrado (Gamallo, 2014; Fuentes Díaz & Binford, 2001), para los casos guatemalteco y mexicano que la creciente frecuencia de linchamientos en distritos con mayor presencia indígena no se debe a la apelación a los usos y costumbres, sino a una respuesta comunitaria ante una situación de inseguridad estructural. A través de los diálogos sostenidos en el Grupo de Trabajo, hemos ubicado que en estos eventos se expresa una necesidad de restauración de un orden amenazado y una articulación de la legitimidad que no descansa totalmente en las instituciones del Estado, sino que está disgregada en múltiples zonas. En este sentido el vigilantismo expresa una relocalización de la autoridad garante del orden, un proceso en el que otras entidades la detentan en mayor medida que el Estado, reformulando reclamos sobre la justicia y modos alternos de obtenerla.

Consideramos que el vigilantismo redefine la agenda de seguridad pública y privada en Latinoamérica y amplía la noción de gobernanza securitaria bajo la incorporación de actores no estatales, siendo relevante en la comprensión de diversas violencias interseccionales. Los resultados de nuestras investigaciones revelan que el vigilantismo y la violencia colectiva no solo son temáticas presentes en la coyuntura de la mayoría de los países sino que se trata de fenómenos que conectan con procesos históricos de conformación de los Estados y las subjetividades políticas, así como con las transformaciones estructurales producto de las reformas neoliberales más recientes. El Grupo de Trabajo contribuye así a la consolidación de un campo de investigación, docencia, divulgación y vinculación en las Ciencias Sociales, con estrategias teóricas y metodológicas específicas dentro de los estudios de la violencia.

El presente Grupo de Trabajo tiene como objetivo caracterizar, analizar y comparar las diversas formas de las acciones colectivas de violencia punitiva (González et al., 2011; Gamallo, 2020) que han emergido de manera vigorosa en Latinoamérica y que se han agrupado para su comprensión conceptual bajo el término vigilantismo. Nos proponemos profundizar el estudio de estas acciones en su conexión con otras prácticas y escenarios en la región, como la emergencia de múltiples violencias y el contexto de inseguridad, la generación de prácticas de control social frente al delito, las formas específicas de regulación comunitaria de la seguridad, su utilización como repertorio en la contienda política, sus usos como intermediación política frente al Estado, en la micropolítica de gestión de los ilegalismos, así como en el gobierno híbrido de la inseguridad, entre otros procesos incluidos en lo que puede considerarse como Gobernanza securitaria.

La propuesta ofrece tres contribuciones al entendimiento del vigilantismo en América Latina. Primero, sumando perspectivas a la emergente literatura académica sobre el concepto del vigilantismo. Segundo, aportando al entendimiento colectivo de las metodologías que se pueden utilizar para analizar un fenómeno difícil de estudiar empíricamente en forma sistemática. Y tercero, contribuyendo a las teorías de las condiciones bajo las cuales actores de la sociedad civil y del Estado se movilizan para generar practicas vigilantistas regulatorias.

En todas las lecturas que se hacen del fenómeno y en todas las formas que adoptan estas apropiaciones sociales de la seguridad en América Latina la justicia emerge como un componente sustancial (Candotti, et al. 2019). Los testimonios recabados a testigos de estos hechos confirman que su recurrencia se vincula de manera directa con la percepción social de impunidad generalizada. Esta impunidad es sostenida por los sistemas de justicia legales, tanto por la carencia de agentes judiciales en las localidades, como por la baja tasa de jueces por habitante en los países de la región, ubicada por debajo del promedio mundial (Le Clercq, 2016). A partir de ahí, una de las líneas de investigación desarrolladas en la región ha enfocado vigorosamente el tema de la formación del Estado, para plantear cómo las instituciones de distintos países de Latinoamérica han permitido umbrales de impunidad estructural, además de un sesgo étnico y de clase en el acceso a la impartición de justicia. En este orden de ideas una investigación reciente sobre Chile y Argentina (Quiroz, 2022), respecto a la reacción del sistema de administración de justicia frente a los linchamientos, observa que incluso la violencia linchadora suele quedar impune.

Otra dimensión, ubicada en la caracterización y efectos del neoliberalismo, ha sido la relación de este último con las políticas públicas de seguridad. Esto se ha planteado en dos ámbitos paralelos pero con puntos en común. Por un lado, el ?giro punitivo? consistente en la aplicación de políticas de seguridad represivas, el endurecimiento de las penas y un aumento de la violencia policial marcada por un discurso expresivo autoritario y violento que emerge sobre el fondo de nuevos consensos sociales sobre los modos de castigar contemporáneos (Rodríguez, 2020). En este sentido, diversos trabajos han mostrado de manera crítica cómo los medios de comunicación hegemónicos legitiman la violencia colectiva hacia sujetos construidos como peligrosos como los jóvenes varones y de sectores populares (Baquero, 2015; Focás, 2016). Por otro lado, algunas apropiaciones de la seguridad son fomentadas por el Estado a través de las políticas de participación ciudadana que acompañaron aquel giro, las cuales involucran a colectivos y comunidades que, en algunas ocasiones, derivan hacia diversas formas vigilantistas (González, 2021; Dikenstein, 2019; Caravaca, 2014). En algunos casos, incluso se promueve la implicación de empresas privadas en las estrategias de gobernanza securitaria, incluyendo la participación del mercado de tics en los regímenes securitarios híbridos (humanos-no humanos / público-privados), que se ensamblan con el fenómeno de las violencias colectivas.

En relación al giro punitivo en la región, en los últimos años la implementación de políticas de seguridad como la Guerra contra el Narcotráfico en México (2006) o de Seguridad Democrática en Colombia (2002) han incorporado nuevas variables a la comprensión del vigilantismo, como la violencia ejercida por actores armados no-estatales, la militarización de la seguridad interior y la autonomización de regiones enteras en relación con los Estados Nacionales o locales. De esta manera observamos que el recurso al vigilantismo y a la violencia colectiva reordena entornos políticos locales a través de la disputa con actores armados -estatales o no-, redefiniendo la relación público-privado y produciendo así nuevas formas de estatalidad y ciudadanía.

Finalmente, se puede decir que las acciones vigilantistas se despliegan como formas de acción colectiva disponibles en determinadas coyunturas para algunos actores, conformándose como repertorios de acción (Tilly, 2007). Algunas investigaciones han enfatizado el carácter subjetivo mostrado en las acciones colectivas punitivas, planteando que su incorporación como repertorio de acción evidencia culturas no marcadas por las gramáticas de la estatalidad oficial (Fuentes, 2017). En este orden de ideas algunos autores han reparado en la capacidad de algunas comunidades de activar acciones colectivas y la relación de estos episodios con la cultura de lucha y los movimientos sociales de cada territorio en particular (Gamallo, 2020). Desarrollos empíricos han mostrado con datos que las acciones colectivas vigilantistas suceden con más frecuencia en aquellos territorios con mayores tradiciones organizativas que habitualmente apelan a la resolución de problemas de forma colectiva (Gamallo, 2014; Mendoza, 2004).

Los estudios desarrollados desde este GT nos conducen a entender que la expresividad de la violencia, su ritualización y recurrencia tendrá sentido si se atiende a la manera en que las sociedades y los marcos estatales han sido formados y las relaciones conflictivas que han mediado en los ciclos históricos largos, así como su grado de eficiencia en la regulación social. En ese sentido la intensidad de la violencia y la incorporación de distintos patrones de confrontación como acciones colectivas, estarán en relación con las capacidades gubernamentales, las fortalezas institucionales y sus inscripciones subjetivas en lo social en el tiempo. Desde ahí podemos entender la variabilidad de estas acciones en la región en lo que podrían considerarse formas duras y blandas del vigilantismo, siendo esta caracterización uno de los hallazgos específicos del grupo.

La presente propuesta de continuidad de nuestro Grupo de Trabajo busca dar cuenta de las dinámicas de desgarramiento que producen estas acciones, así como avizorar, con la información producida, alternativas que se puedan traducir en políticas públicas que atenúen los efectos de los diversos conflictos sociales violentos. Esperamos que esta matriz de lectura del fenómeno y la pluralidad de perspectivas desde la que es abordado, constituyan un aporte que permita identificar tensiones y puntos de encuentro y desencuentro entre las distintas aproximaciones, para así ir delineando un campo de estudios regional que nos permita identificar similitudes y matices en distintas escalas: infraestatal, estatal, regional y global.

Por último, un factor relevante para nuestro GT es la formación de recursos humanos. Integraremos a estudiantes de grado y posgrado en investigaciones sobre la temática. Además se tiene vinculación con actores de la sociedad civil organizada y sectores gubernamentales abocados a temas de seguridad y procesos de paz con quienes se profundizará esta relación y se continuará en la elaboración de política públicas.