-La seguridad o más bien su déficit la (in) seguridad[1]emerge como un problema central en los últimos años en América Latina,  asumiendo un lugar prioritario en las agendas de diferentes campos: político, mediático y académico (e.o.Baratta, 1998; Daroqui, 2003; de Marinis, 2004; Font, 1999; Pegoraro, 1995-1997-20001b-2003; Sozzo, 2000-2003-2008; Rangugni, 2009; Galvani et all, 2010; Damet:2014; PNUD; 2013; Briceño-León; Zavaleta Betancourt2012) – A pesar de su persistente actualidad su construcción no se cuestiona, aparece como un problema dado que hay que solucionar, y donde las fuerzas de seguridad son causa y solución del problema. Es así que el crecimiento cuantitativo del personal policial, las reformas organizacionales sobre las fuerzas policiales y la inversión tecnológica en seguridad parecen haber sido medidas recurrentes en la región.

La seguridad es un campo problemático todavía constituido más por la urgencia y la razón de Estado, que por problemas científicos. Nos proponemos justamente restituir los interrogantes de las Ciencias Sociales para mostrar condiciones de producción y regulación situacional de conductas que suelen considerarse fuera de la racionalidad de Estado (L’Heuilliet 2011). De este modo, se vuelve indispensable conocer los mecanismos que vehiculizan el gobierno democrático de la (in)seguridad, desentrañar cuales son las prácticas que producen, que fuerzas de seguridad emergen como posibilidad y qué efectos pueden desprenderse de estas articulaciones (Rangugni, 2009 a-2009b; Rodriguez/Seghezzo, 2009).

Es importante tener en cuenta que el despliegue de estas formaciones de representaciones y prácticas en torno al problema de la (in)seguridad y su gobierno no deviene de una estrategia planificada, con objetivos pre-establecidos, y a través de intervenciones cuidadosamente desplegadas (Ríos, 2009, 2010). Se tratará de describir entonces esos conjuntos superpuestos y las tensiones correspondientes al ámbito de las políticas públicas del área para poder identificar y analizar los efectos sobresalientes de estas combinaciones.

La seguridad en América Latina no puede ser pensada ni problematizada por fuera del fortalecimiento y consolidación democrática que ponga en discusión la función de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas sus alcances y espacios de injerencia (Frederic 2009[2], Saín 2002) . Es a partir del análisis de las  fuerzas de seguridad que pretendemos dar cuenta de una de las dimensiones clave del problema de la (in) seguridad, tal como es abordado por los gobiernos constitucionales de la región. 

El estudio de la Ciencias Sociales sobre las fuerzas de seguridad, es relativamente reciente, en América Latina comenzaron a ser consideradas relevantes para la investigación recién durante los años ochenta. Hasta entonces, habían sido eclipsadas por las fuerzas armadas en tanto ellas marcaron definitivamente la vida de los países latinoamericanos (Waldmann, 1996). En este contexto jugaron un rol decisivo los organismos de defensa de los derechos humanos, quienes contaban con una trayectoria de denuncia a los gobiernos dictatoriales y, una vez inaugurada la transición a la democracia, pudieron enfocarse en la vulneración de estos derechos en las nuevas democracias latinoamericanas. Sólo entonces las fuerzas de seguridad pudieron ser especificadas como objeto de reflexión y de estudio. Los estudios académicos que toman por objeto a las fuerzas de seguridad emergen como correlato de la preocupación por repensar el accionar de estas fuerzas en el marco del estado de derecho y la vida democrática. Y no es casual que los primeros en analizarlas fueran los organismos defensores de los derechos humanos. Esta inscripción del problema lo delimitó como un problema principalmente jurídico por lo que tradicionalmente los estudios sobre las fuerzas de seguridad en el campo académico asumirán un enfoque normativo.

 Las dictaduras militares y el terrorismo de Estado dejaron una grieta, un divorcio entre partes irreconciliables: la seguridad y el orden público por un lado, y la democracia por el otro. En este marco los primeros abordajes constituyeron, de alguna manera, intentos por restaurar o suturar la grieta abierta entre seguridad interior y democracia. Se trataba de pensar unas fuerzas de seguridad capaces de garantizar el orden público, pero replegadas a los principios de la democracia y el estado de derecho (Babini, 1990; Rico, 1981; Rico, 1983; Zaffaroni, 1984). A partir de estos primeros avances el campo de estudios de la fuerzas de seguridad siguió creciendo al punto de tener investigadores y grupos abocados a su estudio en distintas universidades y centros de investigación, a su vez muchas agencias de promoción científica han considerado el estudio de las policías como tema prioritario de investigación [3]. Sin embargo, no se ha desarrollado una red que nuclee a los investigadores y sus equipos, existen las relaciones personales pero no un sistema formal de vinculación que facilite el intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores. Como grupo CLACSO (2016-2019) hemos comenzado a armar un red latinoamericana sobre Democracia, fuerzas de segurid y policías, entendemos de suma necesidad continuar con ese trabajo.

Consideramos clave analizar desde un punto de vista comparativo, cómo esos gobiernos constitucionales quedan interpelados en su fundamento democrático frente a la regulación normativa, organización y desempeño  de sus fuerzas policiales y de seguridad. Dicho a la inversa, las formas de policiamiento que emergen a partir de las políticas llevadas adelante por los distintos gobiernos y el reposicionamiento de  las fuerzas policiales en virtud de esta demanda socio política, se han convertido en  dimensiones clave para comprender los regímenes democráticos de la región.

[1]Indagar la cuestión de la “inseguridad” implica, necesariamente, un replanteo crítico de su reverso constitutivo, es decir, la “seguridad”. Es por ello que preferimos hablar de (in)seguridad para dar cuenta de la imposibilidad de un desencaje absoluto o, más bien, de la imbricación constitutiva que se establece entre ambos términos. Cfr. Galvani et alt., 2010.

[2]Frederic, S. (2009) Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales. Colección 25 libros por 25 años. Buenos Aires: Biblioteca Nacional/UNGSM.Sain, M (2002) Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

 [3] Transcribimos en el apartado siguiente los principales avances de los investigadores convocados a conformar inicialmente el grupo de trabajo

El campo de estudios de policías y fuerzas de seguridad se ha desarrollado intensamente durante la última década dejando atrás la ausencia de conocimiento científico sobre estas organizaciones del Estado y los modos de vida de sus integrantes. Este crecimiento de las investigaciones ha sido impulsado por un contexto político post autoritario a la vez que por la influencia de los estudios realizados durante los noventa en Francia de la mando de Dominique Monjardet y en Canadá de Jean Paul Brodeur, sumándose a la más larga historia de abordajes de origen anglosajón como los de  Jerome Skolnick, Egon Bittner o James Fyfe.

Sin embargo, dicha expansión del conocimiento producido por las ciencias sociales sobre las fuerzas policiales en cada país de la región no ha sido acompañada por el fortalecimiento institucional de los lazos entre investigadores que analicen estas temáticas. En ausencia de la formación de una red regional semejante a la que existen por ejemplo en Europa[1] no ha sido posible hasta ahora constituir lazos sólidos que permitan comparar realidades, enfoques y métodos de análisis.

La tarea de armar una red de investigadores nos convoca desde nuestro anterior grupo de trabajo CLACSO, si bien hemos tenido muchos logros (de hecho hemos duplicado la cantidad de integrantes) y se concretaron varios encuentros con una gran cantidad de participantes, consideramos que el proceso no está concluido y que conformar un nuevo grupo nos permitirá no sólo contactarnos con más investigadores sino avanzar en la construcción de trabajo y producción colectivo. Decidimos mantener el nombre y los lineamientos generales de la fundamentación porque consideramos necesario continuar con las tareas emprendidas en 2016.

Es en este sentido que pensamos avanzar en la construcción de una página web que nuclee a los investigadores y que a su vez contribuya a la difusión de los trabajos realizados y produzca intercambio con los interesados en la problemática de las fuerzas de seguridad de otros ámbitos no académicos con la gestión política y las organizaciones de la sociedad civil. A su vez,  plateamos la idea de producir dos libros como resultado del trabajo que terminaremos de desarrollar durante estos tres años.

Cabe mencionar que miembros propuestos para conformar el grupo de trabajo se encuentran actualmente realizando investigaciones financiadas por distintos organismos  en los diferentes países de la región. Mencionamos algunas de las investigaciones vigentes para aportar una visión de conjunto del estado actual del tema.  En  primer lugar, en la Argentina, la coordinadora propuesta para el Grupo de Trabajo , Sabina Frederic, quien además dirige el Grupo de Estudio sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (GEPyFS) y los proyectos de investigación “Intervenciones, Conflictos y Obediencia, en las Fuerzas de Seguridad y Armadas de la Argentina Contemporánea” inscripto y financiado por la Universidad Nacional de Quilmes y como Investigadora Responsable junto a Brigida Renoldi del Proyecto PICT: “El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea”. Unidad Ejecutora UNQ.

Ambos proyectos incluyen a gran parte de los investigadores que acompañan esta presentación y se proponen analizar un eje central las condiciones, tendencias y lógicas que actualmente constituyen las relaciones de obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales provinciales y de seguridad federal. La recurrencia e intensidad de las protestas protagonizadas por sus integrantes en la Argentina y en la región (Brasil, México, Ecuador) dan cuenta de un contexto socio político donde tales relaciones se encuentran interpeladas, ya sea como desobediencia o insubordinación hacia los altos mandos, hacia los gobernantes o en el ejercicio de autoridad social. La investigación analiza los conflictos de octubre de 2012 y los de diciembre de 2013, protagonizados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina, y por las policías provinciales de 20 jurisdicciones, respectivamente, como eventos críticos. Es decir, los aborda como referencia para analizar desde una perspectiva etnográfica la dimensión moral y emocional de concepciones y prácticas de los integrantes de estas fuerzas respecto de la obediencia/desobediencia/autoridad hacia: funcionarios políticos, funcionarios judiciales, los superiores jerárquicos, los subalternos, sectores sociales a los que “sirven”, “protegen”, “reprimen” o para los que “trabajan”. Este análisis avanza conocimiento sobre las tensiones, conflictos y contradicciones que atraviesa la gubernamentalidad en el Estado de derecho argentino; a la comprensión de cómo las normas legales son atravesadas por evaluaciones morales y justificaciones emocionales que parecen impugnar regímenes disciplinarios y jerárquicos, para determinar hasta dónde pueden redefinir las relaciones de poder cuando de fuerzas policiales y de seguridad se trata. Desde el campo de estudios de la antropología y la sociología política conceptos tales como lealtad, liderazgo, reputación, reconocimiento, extorsión, traición, entre otros pueden ser recursos teóricos para dar cuenta de tramas que escapan a miradas normativas o institucionalistas.  Una parte del GT participa del FONCyT - PICT "El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea." a cargo de la Dra. Frederic . Ya fue avalado por CONICET dicha investigación como "Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social" (PDTS) bajo la adopción de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en la reglamentación de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad estipulada en el Título IX de la Ley Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (n° 5688/16) Se trata de una herramienta fundamental en pos de democratizar una fuerzas de seguridad en la Argentina: la Policía de la Ciudad). Casi un año después, en diciembre de 2013, se sucedieron una serie de protestas por parte de efectivos de policías provinciales en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, que afectaron a 21 provincias de nuestro país.

En segundo lugar cabe mencionar otros proyectos que nuclean a muchos de los investigadores propuestos para conformar el Grupo de Trabajo, uno es el UBACYT  “Gobierno de las (in)seguridad en el amba 2010-2017: fuerzas de seguridad y tecnologías de vigilancia y control”, dirigido por Mariana C. Galvani, y el otro el PICT “Nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) y la reconfiguración del campo del gobierno de la seguridad en el AMBA” Investigadora responsable: Alina Ríos, los integran como investigadores: Elea Maglia, Ornela Pugliese, Lucía Cañaveral, Karina Mouzo y Mariana Da Silva Lorenz. Los proyecto buscan aportar una mirada diferente acerca de la (in)seguridad uno de los problemas centrales no sólo de la agenda política sino también de la académica, llegando a configurarse un área temática con peso propio. Esa mirada se presentó casi siempre homogénea, cerrada, fortaleciéndose cierto ‘consenso implícito’ que resultaba difícil de poner en tensión. En los últimos años este escenario ha sufrido transformaciones relevantes. Así, como un proceso significativo, se destaca la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación y la reconfiguración del campo del gobierno de la ciudad que comienza a esbozarse con la mayor relevancia que adquieren acores ligados al gobierno local o municipal. La creación de dicho Ministerio, en diciembre de 2010, puede interpretarse como un acontecimiento que desbloqueó el ‘consenso implícito’ sobre la ‘naturaleza’ y la forma de abordaje de la (in)seguridad que desde los 90 venía siendo definido como cuestión ‘apolítica’ que requería respuestas ‘exclusivamente técnicas’. El observable de estas transformaciones recientes está constituido por el resquebrajamiento de ese 'consenso implícito’ en torno al problema de la (in)seguridad, comienzan a entreverse fisuras y disputas que es preciso analizar junto con los efectos que producen. Asimismo, Victoria Rangugni dirige junto a Juan Pegoraro «El neoliberalismo y el delito económico organizado. La estrategia de dominación económica-social-política del neoliberalismo en la argentina contemporánea», también financiado por la Universidad de Buenos Aires. Se trata de una mirada novedosa acerca del fenómeno del delito que entiende que está constituido por las ilegalidades económicas que se consuman cotidianamente. El proyecto tiene por objeto develar los lazos sociales que hacen evidente la participación en múltiples decisiones políticas estatales que son generadas por personas que han participado o participan de actividades privadas. Karina Mouzo y Mariana Galvani forman parte de este proyecto. Estos tres proyectos funcionan en el Instituto de investigaciones Gino Germani dentro del PECOS (Programa de Estudios del Control Social) dentro de este funciona del GEG(in)seg (Grupo de estudios sobre el gobierno de la inseguridad)

Otro proyecto que tiene como objeto los ilegalismos es el titulado “Políticas e instituciones de la seguridad en la provincia de Buenos Aires (2016-2020)” dirigido por Gabriel Kessler y financiado por la Universidad Nacional de La Plata e inscripto en el Centro Interdisciplinario de Metodología en las Ciencias Sociales (IDIHCS-UNLP-CONICET). Del mismo participan como integrantes tres investigadores propuestos como integrantes del grupo de trabajo: Sabrina, Calandrón, Santiago Galar, Ivan Galvani, Betania Cabandié e Inés Oleastro. El proyecto se concentra en la provincia de Buenos Aires en la última década. Está organizado en tres ejes que se estudiarán con un abordaje cualitativo y cuantitativo. Los ejes son: inseguridad, conflictividades y violencias; políticas de seguridad y gestión institucional de los conflictos y, por último, el tercer eje se concentra específicamente en el sistema penal y judicial, poniendo especial atención a la situación carcelaria. Un último proyecto en la Argentina es “Bordes, límites, frentes e interfaces. Estudios sobre fronteras de la Argentina en múltiples escalas, dimensiones y disciplinas” un proyecto financiado por el CONICET e inscripto en el Instituto Interdisciplinario de Tilcara y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí participa, Brigida Renoldi. Allí se busca aportar a los estudios sociales desde una perspectiva que analiza los intercambios en la frontera.

Situándonos en Brasil una de las investigadoras propuestas como integrantes del grupo de trabajo, Susana Durão, participa del proyecto "Policiamiento e imaginarios Urbanos: nuevos formatos de seguridad en ciudades del Sur".  Se trata de un proyecto de cooperación internacional entre Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) y Portugal. El proyecto pretende desarrollar etnografías y comparaciones entre los nuevos formatos de seguridad emergentes en contextos urbanos contemporáneos, tanto en regiones de Europa del Sur como en el llamado Sur Global. El foco se centra en nuevos abordajes de policiamiento que vienen surgiendo en las márgenes - esto es, en aéreas grises entre lo militar y lo civil, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, lo visible y lo invisible, entre la violencia y la paz. Se entiende el policiamiento plural como un actividad cotidiana, que implica planificación, rutina y múltiples interacciones con la población impactando así en su estilo de vida y su moral. Pero también comprendido como un medio de crear y recrear relaciones sociales y así permitir comparaciones entre los diferentes formatos resultantes  de diversos arreglos culturales. Una serie de ejemplos de policiamientos será estudiada yendo de agencias y consultoras privadas de información en seguridad hasta grupos de vigilancia  activistas (tanto anónimos e informales como asociaciones barriales), pasando por proyectos de policiamiento comunitario y también esquemas de seguridad en barrios privados.

En México, la investigadora María Eugenia Suárez de Garay coordina actualmente el proyecto de investigación De los laberintos de la violencia institucional en la atención policial a mujeres receptoras de violencia de género. Relatos, conversatorios y dialógos desde múltiples voces. La policía en México suele ser objeto de fuertes críticas por no hacer todavía lo suficiente para proteger a las mujeres contra la violencia y por mostrar apatía, desintéres, deficiencias y falta de capacidades en su actuación. Se le acusa de dilación en la atención y de fracasar en la protección de las víctimas, contribuyendo con ella a su victimización secundaria o revictimizacion. Las respuestas policiales en este plano aparecen como un reflejo del entorno social en el que viven las víctimas y marcan una clara frontera entre lo que es tolerable o no. Esas mismas formas y sentidos de actuación policial  ante la violencia contra las mujeres se convierten en un objeto de observación relevante para comprender cómo se están sucediendo hechos, prácticas y procesos de victimización que agravan aún más la generalizada violencia que se ejerce contra las mujeres y que no se ha logrado disminuir de manera estructural. El análisis de la actuación policial en situaciones de violencia contra las mujeres que aquí se presenta es producto de inmersiones etnográficas realizadas en las policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, del encuentro con las y los policías preventivos municipales, así como con las usuarias de los servicios municipales. La mirada socioantropológica que se privilegia parte de la convicción de que la policía desempeña uno de los papeles más importantes en el sistema de justicia penal: ser primer respondiente -en el sentido amplio del término, no solo jurídico- y posee requisitos que la convierten en pieza clave de cualquier política de lucha contra la violencia de género y a favor de los derechos humanos de las mujeres y de una vida libre de violencia.

En América Latina el escenario contemporáneo induce a ampliar las dimensiones analíticas en juego y a poner en tensión las provistas por los enfoques académicos producidos al calor de otras regiones del mundo occidental, especialmente de aquellas donde el orden democrático no parece interpelado como ocurre en nuestra región.  Las fuerzas de seguridad latinoamericanas han sido reformadas y (re) reformadas en los últimos 30 años con el advenimiento de las democracias y luego con su consolidación (Saín, 2002, 2010; Arslanian, 2008). Modificando el accionar policial, sus zonas de injerencia e incluso construyendo nuevas policías. Las reformas afectaron las legislaciones, las escuelas de formación y sus relaciones laborales. Estas transformaciones requieren un análisis local.

En los análisis que venimos haciendo En dicho proceso hemos constatado la profunda precarización de la labor de los y las policías, y los conflictos que de ello resultan. De manera que en el futuro debemos atender a las formas de gestión y ejercicio de los derechos de los funcionarios de las fuerzas de seguridad en Latinoamérica. En Argentina en octubre del año 2012 cuando se desató una protesta conjunta de dos fuerzas federales: la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina GNA. El conflicto comenzó el martes 3 de octubre, el día después de la liquidación salarial del mes de septiembre. De acuerdo con la prensa gráfica “la mecha que encendió el reclamo” fue el decreto presidencial 1.307/2012 elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que provocó una significativa reducción del salario, en nombre de la regularización salarial del personal de estas fuerzas de seguridad. La complejidad del régimen salarial del personal de las fuerzas de seguridad hizo que inicialmente se adjudicase la reacción a una “liquidación incorrecta” más que al decreto señalado. En 2017 comenzamos a asistir a reclamos de miembros de la Policía Federal Argentina que no quieren ser traspasados a la recientemente creada Policía de la Ciudad. En México se han generado reclamos de Policías Federales que no quieren transferirse a la Guardia Nacional. Uruguay es el único país de la región cuyas fuerzas de seguridad se encuentran sindicalizadas.

A la vez, en la última década se concretaron experiencias valiosas de intercambio entre la academia y los encargados de llevar adelante políticas de públicas y distintos sectores de la sociedad civil. Como ejemplo de ello podemos citar el caso de Argentina, donde el ministerio de seguridad[2] a través de un convenio con una universidad pública, la Universidad de Quilmes, encargo un informe cualitativo de características etnográficas sobre la formación en las cinco fuerzas de seguridad nacionales obteniendo muchos avances en el conocimiento sobre estas instituciones y generando leyes como la 199/2011 que permitió la reforma de los ámbitos de enseñanza y la creación o formalización de Institutos Universitarios contribuyendo a la democratización y profesionalización de las fuerza. Experiencias similares se extendieron por los distintos países de Latinoamérica, nos parece fundamental sistematizarlas y compararlas.

Es necesario, por ejemplo, considerar la economía de la (in) seguridad: el desarrollo tecnológico de la seguridad (botones antipánico, cámaras de seguridad, blindajes, drones etc.), el dinero y los negocios que se despliegan  en torno al miedo, donde la seguridad pública y privada se complementan. También la dinámica particular que toma el “narcotráfico” en los discursos, políticas y financiamiento local y regional bajo el impulso de una suerte de construcción de un enemigo común post Guerra Fría.

Así, entendemos que el análisis de las políticas de seguridad y en particular las vinculadas a policías y fuerzas de seguridad es indispensable para entender y aportar a la comprensión cabal de las democracias latinoamericanas y su consolidación.

[1]http://syspoe.hypotheses.org/; http://www.internationalinnovation.com/probing-police-systems/

[2] Creado en 2010 mediante el Decreto 1993/2010 – Crease el Ministerio de Seguridad