Los cruciales desafíos que enfrenta hoy la humanidad –degradación ambiental, cambio climático, crisis energética, pobreza, violencia y otros grandes problemas globales- exigen la contribución de toda la sociedad con responsabilidad y compromiso, fundamentados en una ética de la vida y la solidaridad.

Tanto la academia como la política han conectado estos desafíos con el desarrollo, y de ello han resultado diferentes posturas: enfoques que desmontan y niegan el desarrollo; otras que lo reinventan o lo reconceptualizan, y otras que lo reducen al crecimiento económico. Dichas posturas están condicionadas por factores tan diversos como el contexto socio-histórico, el estado de la ciencia en un momento determinado, el espacio geográfico, de carácter más estructural; pero también por las historias de vida, las trayectorias laborales, intelectuales y políticas, las formaciones disciplinarias, las identidades de género, clase, raza, etnia, entre otras, de quienes integran los ámbitos académicos y políticos.

A pesar de la existencia de un pensamiento crítico latinoamericano bien fundamentado que elude la inclusión del desarrollo en sus debates, este conserva una importancia nodal en las agendas de organismos internacionales, de los gobiernos nacionales, y de la propia academia.  Por esta razón no puede darse por clausurado o agotado el debate sobre este tema, y en particular, la problematización sobre qué desarrollo y qué sujetos lo protagonizan.

Respecto a lo primero, esta propuesta intenta problematizar las visiones que sobre el desarrollo tienen diferentes sujetos, en particular cómo lo conectan con la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad, las crisis sistémicas, así como cuáles serían las condiciones que propiciarían un diálogo –en caso de que fuera posible- entre sujetos tan diversos como los gobiernos, la academia, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, entre otros. La experiencia histórica más reciente de la región evidencia que las agendas de desarrollo nacional  están condicionadas no sólo por la orientación política de los gobiernos y la continuidad o ruptura de sus programas políticos, sino además por los flujos de ayudas de los organismos internacionales, sus alianzas políticas, las reivindicaciones de los movimientos sociales y las posiciones de la academia.  

En el caso de la academia, existen retos de carácter epistemológico, teórico y metodológico por enfrentar entre sus fronteras, entre ellos, el desarrollo de teorías con mayor pertinencia y relevancia social:

“… la necesidad de desarrollar más y mejores teorías, capaces de guiar investigaciones que enfrenten los problemas sociales más prominentes de la región; animando al uso de metodologías más prominentes que permitan probar y mejorar las teorías en contextos históricos complejos y heterogéneos” (Cimadamore, 2010: 35)

Las ciencias tienen que enfrentar la Colonialidad del saber, pues el fin del colonialismo político no ha significado su fin en la epistemología, donde se reproduce de modo endógeno; de ahí la necesidad de impulsar procesos emancipatorios sociales y políticos (de Sousa, 2010).

Otro desafío es la necesidad de integración de conocimientos en las ciencias, para que esta tenga capacidad explicativa, interpretativa y transformadora de las realidades y problemas que, según Morin (1999), son cada vez más poli-disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios; ello significa transgredir la compartimentación y fragmentación disciplinar con visiones multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares y un pensamiento complejo.

Pero sin lugar a dudas, uno de los retos más difíciles es el alcance de un diálogo constructivo entre la academia y las políticas, que tienda puentes permanentes entre ambas, con el interés mayor del bienestar de la población:

Este diálogo no puede ser concebido al margen del necesario y aún no logrado diálogo de saberes entre diferentes disciplinas, con otras formas de conocimiento -popular, arte, religión, creencias-, culturas diversas y actores disímiles; siempre con la aspiración de que tal intercambio esté caracterizado por la horizontalidad participativa, ciudadanía activa, simetría, reconocimiento, apertura y respeto.

Algunos elementos que dan cuenta de la complejidad de este reto son los siguientes:

ü  La necesaria implicación de saberes de diferente índole, y de actores diversos –academia científica y tecnológica, políticos, intelectualidad, ciudadanía- con formaciones e intereses diferentes.

ü  La utilización de lenguajes y códigos de comunicación disímiles, en el caso de la ciencia y la tecnología de tipo especializado y disciplinario, que se plasman en artículos y libros científicos, tesis e informes de investigación, muchos de ellos de gran extensión.

ü  Tiempos y ritmos caracterizados por la urgencia e inmediatez, junto a proyecciones estratégicas de trascendencia para el caso de la política; mientras que la ciencia requiere de un mayor período para la obtención de resultados de investigación, su validación y sistematización.

ü  Mayor acceso a información científico-técnica por las ciencias y mayor acceso a información sobre la situación económica y política de cada contexto por la política.

ü  En la política prevalece el acercamiento a los problemas desde una visión problémica e institucional/sectorial, en las ciencias –como fue previamente señalado- subsiste la fragmentación disciplinar en convivencia con la emergencia de aproximaciones multi, inter y transdisciplinares.

ü  Formas diversas de asumir el compromiso y distanciamiento, en ambas resulta esencial el compromiso social, que en las ciencias es inseparable de una perspectiva crítica.

En recientes informes mundiales[1] se reclama la necesidad de fomentar estudios sobre dos de los problemas más acuciantes de la humanidad –crisis ambiental y desigualdades sociales-, y de establecer vínculos más estrechos entre las ciencias, las políticas y la sociedad, a fin de elaborar e implementar políticas efectivas para su solución.

Esta propuesta, en consonancia con los objetivos de CLACSO,  pretende contribuir a promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, sociales y ambientales, articular la investigación social y las políticas públicas, aportar a los debates públicos sobre estos temas,  y formar agentes diversos. Existen diferentes Grupos de trabajo[2] que han aportado a este tema. La especificidad de esta propuesta consiste en el diálogo entre la academia y la política para un desarrollo sostenible e inclusivo, teniendo en cuenta las condicionantes contextuales, estructurales e individuales de los sujetos implicados.

[1]Informe Mundial sobre Ciencias Sociales (2013) Cambios ambientales globales. CICS / UNESCO; Informe Mundial sobre Ciencias Sociales (2016). Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo.

[2] Entre los grupos vigentes se identifican los siguientes: Ciencia social politizada, Intelectuales y política, Ciencias sociales: tendencias, perspectivas y desafíos, Ciencia y sociedad

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Para la comprensión de las cuestiones cardinales en torno al diálogo academia y política, resultan esenciales los aportes de diferentes campos del saber: sociología del conocimiento, epistemologías del Sur, comunicación social, todas conectadas con los estudios del desarrollo y las políticas públicas.  

Los desafíos y complejidades de las sociedades contemporáneas refuerzan sostenidamente la importancia de las políticas para el alcance de las metas del desarrollo, ello justifica la necesidad de fortalecer los nexos entre la producción de conocimientos y la toma de decisiones, el consiguiente incremento de la capacidad propositiva de las ciencias sociales, y la ampliación de la participación e interacción de actores diversos en el diseño, implementación, evaluación y comunicación sobre las políticas.

La política social constituye un tema cardinal para las sociedades modernas y para las Ciencias Sociales, en tanto práctica y objeto de estudio, respectivamente. En su definición aparecen regularmente dos elementos básicos: su carácter práctico, por cuanto alude a estrategias, intervenciones, programas, medidas y acciones; y su objetivo de contribuir al  bienestar, seguridad y calidad de vida de las personas, la atención a las necesidades sociales de grupos humanos, y la prestación de servicios, que se concretan en políticas de trabajo, servicios sociales y asistencia social; así queda contenida en muchas de sus definiciones:

“… política social es un conjunto de objetivos y medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida o el bienestar de la población” (Ferriol, Therborn y Castiñeiras,  2004:15)

“Políticas y prácticas estatales que influyen directamente en el bienestar y la seguridad de varios grupos al interior de una sociedad en particular” (UNSRID, 2003)

La socióloga cubana Mayra Espina resalta un tema menos presente en las definiciones al uso sobre política social: su impacto en la estructura social:

…”la política social constituye una estrategia de intervención, desde el poder político, sobre las relaciones sociales, de configuración de la estructura social a partir de un modelo de sociedad predeterminado, en el cual se priorizan los intereses de determinado agente social. Una estrategia que opera estimulando o cortando determinadas rutas de movilidad, creando constreñimientos que limitan y habilitan posibilidades de cambio social en el entrelazamiento macro-microsocial”. (Espina, 2008: 66)

Esta visión sobre las políticas, conectada con los intereses de actores sociales diversos y con la apertura o constreñimiento  de los canales de movilidad social, permite  trascender la visión sobre los efectos homogéneos de las políticas en la sociedad en su conjunto, y enfocar el objetivo de disminuir las desigualdades sociales –articuladas con la estructura social existente- mediante políticas de equidad e inclusión social. En este sentido, Ander Egg (1990) hace explícito el propósito de las políticas sociales - como parte de las políticas públicas- de disminuir las desigualdades sociales y de atender a grupos humanos específicos.

Ambas cuestiones, la intencionalidad sobre el bienestar y los efectos en cuanto a estructura social y desigualdades, justifican la  necesidad de la evaluación sistemática de los impactos de las políticas, lo cual constituye un área prioritaria en su ejercicio práctico y en los estudios sobre las mismas.

Otro aspecto sobre el que existe consenso es el relativo a la organización, implementación e institucionalización de las políticas, mediante programas e instituciones específicas; este asunto remite al poder político y a la capacidad de gestión de estados, gobiernos e instituciones; en correspondencia con ello algunos autores refieren a las políticas sociales como “política de los gobiernos” (Marshall, 1970), dejando al margen la gestión de otros actores que operan más allá de los territorios nacionales, en las localidades o sin vínculo gubernamental. Compartimos el criterio de que Boaventura de Sousa (2010) en torno al reconocimiento de los aportes teóricos y epistemológicos de los movimientos sociales –campesinos, ecologistas, feministas, afrodescendientes, indígenas, contra la homofobia, etc.- en las últimas décadas.

Alrededor de las políticas se concentran importantes debates actuales, entre los más importantes se encuentran: la relación entre las políticas económicas y las políticas sociales, su carácter universal o focalizado, los actores sociales involucrados –Estado o una pluralidad de actores-, el carácter asistencial o participativo de los programas y el posible empoderamiento de la población, la territorialización de las políticas, el alcance de sus propósitos, que transitan desde el logro de bienestar y la erradicación de los problemas sociales que lo afectan, hasta su alivio o mitigación. Sobre esta última cuestión, la socióloga brasileña Laura Tavares (2014) distingue entre políticas sociales preventivas o de desarrollo, orientadas a clausurar o minimizar las condiciones de generación de problemas sociales; compensatorias o asistenciales, enfocadas a la solución o alivio de problemas ya existentes; y redistributivas, que aseguran una transferencia efectiva de la renta; y a partir de tal distinción fundamenta la necesidad de la interrelación entre ellas.

Las relaciones entre política social y desarrollo social difieren en consonancia con los enfoques que se asuman sobre cada uno de estos conceptos. La asunción del desarrollo social como mejoramiento progresivo de la calidad de  vida de la población, no restringido a la distribución de los resultados del crecimiento económico sino en un sentido integral -empleo, nutrición, salud, educación, cultura, información, integración y participación política y social, entre otros-, ubicando a los seres humanos como centro, tanto en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades, como a la formación de valores y actitudes, sin dudas establece la preeminencia de la política social y su carácter integral. Por el contrario, las experiencias neoliberales han conducido a la “marginación de la política social” (UNRISD, 2003), con la consiguiente subvaloración de las dimensiones sociales del desarrollo en la formulación de políticas, tanto a nivel de los gobiernos como de las organizaciones multilaterales.

Laura Tavares clarifica las condiciones y necesidad de una Política social  que constituya una alternativa de desarrollo, así como las articulaciones deseables con la política económica:

“Pensar en la política social como parte integral de desarrollo, significa asumir que sus proyectos, programas y acciones son una inversión necesaria, indispensable y prioritaria. Es invertir la ecuación en la cual el desarrollo social surge del crecimiento económico naturalmente, al eliminar la política social de su posición tradicionalmente sujeta a la política económica.” (Tavares, 2011: 72).

En esta misma línea y subrayando las interdependencias existentes entre política social y desarrollo, autores cubanos señalan: “…la política social es parte de la estrategia de desarrollo y a la vez, un efecto de este.” (Espina y Valdés Paz, 2011: 14)

Por otro lado, el enfoque de política social existente también particulariza las relaciones con el desarrollo social; en el enfoque de integración social el desarrollo es la noción que orienta la política social, la cual se caracteriza por su universalidad, por el contrario, en el selectivo o residual, las estrategias se focalizan en poblaciones precarizadas para atender problemáticas específicas, al margen de propósitos de desarrollo (Espina, 2008). Estos enfoques tienen su sustento en diferentes modelos de ciudadanía -asistida o emancipada-, que difieren en la importancia otorgada al logro de igualdad e inclusión social, y en las articulaciones entre política social y política económica (Bustelo y Minujin, 1997).

Sin lugar a dudas, el estudio de las políticas constituye una necesidad desde el ámbito de la investigación y de las demandas de la práctica social; por ello la importancia de la solidez de su sustento epistemológico y teórico; para su alcance Carrizo (2011) propugna el diálogo intersectorial, abordajes transdisciplinarios y multidimensionales, conocimientos pertinentes a los problemas del desarrollo, comunicación adecuada de los resultados, y diseño de estrategias de enlace entre los actores implicados –investigadores y elaboradores de políticas- que fortalezcan la complementariedad. Por todo ello, más allá del ámbito específico de la investigación social, las cuestiones vinculadas al desarrollo, la incidencia política, y la participación ciudadana resultan cardinales.