En América Latina lxs trabajadorxs sin salario han crecido en los últimos años tanto en número como en representación. En  2018,  por sexto año consecutivo, el trabajo por cuenta propia se expandió más que el empleo asalariado pues creció un 3,0% frente al 1,1% del empleo asalariado; dentro de ese universo, el servicio doméstico representó un 1,1% y el trabajo familiar no remunerado un 0,4% (CEPAL, 2019). Como producto de las nuevas formas de comportamiento del capitalismo no solo ha aumentado el número de trabajadorxs  que no tiene una relación visible con un empleador sino que los sectores populares –sobre todo mujeres y jóvenes– están sometidos a mayores presiones en materia de desigualdad. En 2017 las mujeres que trabajan de manera no-formal representaban un 54,3%mientras que la tasa de los hombres era de un 52,3%. A lo anterior hay que sumarle que la mayoría de “trabajadorxs familiares auxiliares” son informales, no remunerados y mujeres. La brecha de género se explica, en gran parte, por las tareas de cuidado asociadas a las formas de organización familiar, en combinación con una economía cada vez más concentrada y expoliadora de lo común. La mayor parte del tiempo de trabajo necesario para  sostener la vida (cuidados, doméstico, reproductivo, comunitario) que principalmente desempeñan las mujeres no está  remunerado y, cuando se resuelve a partir del mercado, va generando una mercantilización de la vida que no favorece la igualdad y el bienestar de las mayorías.  Se calcula que hay 606 millones de mujeres en el mundo –frente a 41 millones de hombres– en edad de trabajar que ni siquiera se incorporan al mercado laboral. A pesar de los cambios producidos por los movimientos feministas, entre 1997 y 2002 el trabajo doméstico y la prestación de cuidados disminuyó solo 15 minutos (la dedicación por parte de los hombres aumentó solo 8 minutos) (OIT, 2019 a y b).  

Frente a estos contextos, el estudio de las prácticas, formas de organización y estrategias de trabajadorxs de distintas generaciones de las economías populares, también llamadas social y solidarias, feministas (Federici, 2018; 2019), diversas y poscoloniales (Gibson y Graham, 2011), locales e interdependientes (Collin, 2015) se vuelve cada vez más importante para comprender y contribuir a su protagonismo y lucha por la necesidad de sostenibilidad ampliada de la vida en común (Coraggio, 2014; Carrasco Bengoa, 2017).

Estos trabajadores y trabajadoras se organizan en sindicatos, federaciones, redes, asambleas y comunidades diversas con el objeto de realizar, compartir, sostener y ampliar sus actividades, generar mejores condiciones de intercambio y consumo (ya sea dentro del mercado capitalista o promoviendo otros mercados), presionar e influir sobre el Estado y las políticas públicas en su función de re-distribución socioeconómica. Buscan y disputan mediante distintas vías, legitimar formas de trabajo- vida que representen alternativas frente a la crisis del empleo y a la colonización y mercantilización de la vida (Quijano, 2007; Pérez, Cutuli y Garazi, 2018).

Entre otras organizaciones y experiencias, las federaciones de economía popular, las redes de mercados alternativos y de economía solidaria en distintos ámbitos y sectores  y las cooperativas de cuidados, han tenido una interacción compleja tanto con los gobiernos de signo popular como con los neoliberales. No obstante, todos ponen en cuestión, desde la resistencia o desde las propuestas más generales de transformación, las formas en que la organización económica hegemónica estructura a nuestras sociedades en profundas jerarquías, subordinaciones y desigualdades en América Latina (Muñoz, 2019; 2018; Gracia, 2015).

En América Latina la tensión entre la potencialidad de las prácticas emancipadoras y las relaciones de subordinación existentes ha sido reactualizada a partir del giro a la derecha de numerosos gobiernos y la emergencia de los movimientos sociales con demandas asociadas a lo laboral no asalariado. Hintze (2010) sostiene esta idea de la potencialidad como aquello que “está en lo posible y aun incipientemente en acto, a la vez que refiere al poder y a la fuerza que requiera su construcción” (p.16). Sin embargo, como señala Gracia (2015), si bien estas experiencias abren espacios de experimentación colectiva de prácticas de innovación social, la potencia no puede disociarse de las estrategias y procesos de articulación que suponen relaciones de poder y construcción de hegemonía nacionales, regionales e internacionales. En el mismo sentido, Álvarez Fernández, (2018) señala que más que como precondiciones, muchas de las características de estas economías deben ser pensadas como apuestas y procesos que dan cuenta de la capacidad de lxs trabajadorxs  de construir estos ámbitos laborales y desarrollar sus propias estrategias y alianzas.

En estos procesos, la producción de la subjetividad adquiere una importancia fundamental en tanto en el trabajo se ponen en juego competencias cognitivas y afectivas (Veronese, 2009), es un espacio de producción material y simbólica (Reygadas, 2002) inscripto en cierto ámbito sociohistórico (Gracia, 2014) que involucra miradas diferentes sobre la vida.  Se trata de un espacio heterogéneo, diverso, en el que se cruzan experiencias políticas y de trabajo colectivo, procesos de lucha y de producción espacial que cuestionan la separación entre lo político, lo social y lo económico, entre la producción y la reproducción, entre lo moderno-capitalista y lo comunitario; experiencias que reterritorializan al resistir procesos que intensifican el despojo de bienes comunes a partir de prácticas de invención social  que no solo implican las características territoriales de una localidad-región, sino también las posibilidades no planteadas que están presentes en distintas situaciones (Gibson y Graham, 2011). 

Muchas de las experiencias colectivas vinculadas con estos procesos en América Latina y el Caribe comenzaron tramitando la desocupación como problema social secundario para luego implementar acciones encaminadas a cubrir necesidades vitales ante las fuertes limitaciones del mercado laboral. Antes estas demandas surgieron políticas y propuestas que crearon marcos de oportunidad para la formación de un conjunto de organizaciones que pasaron de la denuncia por la exclusión de la sociedad asalariada a la propuesta de inclusión a partir de reconocerlos como trabajadorxs  que demandaban la ampliación de dicho estatuto (Muñoz, 2018; 2019). Por ello atender la articulación entre las estrategias de estos trabajadorxs  y colectivos y las políticas públicas fue también vital para la institucionalización de un circuito de funcionamiento de la economía popular. Los canales fueron diversos: a través del incentivo monetario, legal o simbólico de formación de emprendimientos colectivos y cooperativas, aunque también mediante la transferencia de ingresos a los hogares de estos trabajadorxs y de la generación de organismos e instituciones que dieron un marco de ampliación al discurso sobre la “economía social y solidaria” como alternativa para la inclusión social. Esto habilitó la transformación de las reivindicaciones, presionando la puja distributiva y la ampliación de los derechos. Además de políticas, surgen movimientos, colectivos, espacios de gestión y también surgen como espacios de análisis y discusión de las propias experiencias y de conceptos.

La problematización del estatuto del trabajo y sus derechos asociados abre dicha categoría a preguntas que amplían su horizonte. La sociología del trabajo latinoamericana ha venido cuestionando la interpretación del mundo laboral centrada en la imagen de la relación asalariada propia del modelo fabril de la etapa fordista – keynesiana (Bialakowsky y Hermo, 2015; de la Garza Toledo, 2017; Denning, 2011), lo cual  reduce el campo de estudio e invisibiliza otras realidades y soluciones en materia de políticas públicas e intervenciones de distintos agentes.

La relación asalariada formal y privada sigue siendo relevante pero no representa el universo de las personas que trabajan. La teoría crítica latinoamericana ha puesto de relieve que en nuestra región la expansión del capitalismo mercantil y sus formas de trabajo asalariadas nunca se generalizaron (Quijano, 1998; 2003). Por su parte los feminismos sostienen desde hace décadas que las desigualdades tienen origen en la invisibilización del trabajo femenino en el ámbito del hogar y en los espacios públicos y comunitarios (Rodríguez Enríquez et al. 2018; Fraser, 2015; Pérez et al.2018; Vosne-Martins y Arias, 2015).

El universo de trabajadorxs no asalariados encierra problemáticas amplias. Algunos ejes de la discusión se vinculan con los procesos de subjetivación individual y colectiva y con las organizaciones colectivas que van gestando, las relaciones que entablan con la economía capitalista y el Estado y con las políticas públicas que aliviarían condiciones de pobreza y exclusión social, así como con los procesos territoriales que protagonizan, muchos de los cuales se centran en la defensa de los comunes y el patrimonio biocultural. En cuanto a las definiciones, es fácil distinguirlos en oposición a lxs “trabajadorxs asalariados formales” pues estos están “integrados” socialmente a partir de la participación en la distribución primaria –salarios– y secundaria –acceso garantizado a derechos y protecciones por su condición  reconocida por el Estado– del ingreso. Sin embargo, al buscar definiciones desde ellos mismos, la cuestión se complejiza. A pesar de que no intercambian su fuerza de trabajo por un salario, tienen como principal factor de reproducción su propia autoexplotación (Maldovan et. al 2017; Muñoz, 2019) y muchas veces  han logrado identificarse como colectivo.

Por esto, y a la luz de los cambios de las últimas décadas en materia económica, es necesario ampliar el concepto de trabajo, visualizando formas de organización, identificación y propuestas de alternativas en distintos ámbitos territoriales (rurales, urbanos, locales), a partir de la intersección de género,  edad o generación y lo étnico, entre otros marcadores, observando un nuevo funcionamiento de la economía global que ha transformado la centralidad del trabajo asalariado, aunque también  la distancia con las sociedades asalariadas europeas (Altvater, 2014; Nun, 2010; Quijano, 2003).

En América Latina y el mundo los debates en torno al rol del Estado y la capacidad de las políticas públicas de afrontar la nueva estructura de riesgos sociales han impulsado una serie de respuestas. El salario familiar, la renta o el ingreso básico universal, las propuestas de “job guarantee” (empleo de garantía) y las políticas asociadas a la economía social y popular han sido algunas.  En el contexto del giro a la izquierda de principios del siglo XXI, en los países latinoamericanos y del Caribe, se desarrollaron sobre todo políticas asociadas a la economía social y solidaria o economía popular solidaria (Coraggio, 2016; Hintze, 2010). No obstante, los alcances de estas políticas no lograron contrarrestar la situación de precariedad, la primarizacion ni la financiarización de la economía latinoamericana. El reciente giro conservador y/o de derecha de varios gobiernos y movimientos de la región se apoya sobre estos fracasos pero no resta importancia a los movimientos nacidos al calor del reconocimiento de las políticas a favor de lxs trabajadorxs como eje fundamental para el sostenimiento y la ampliación de alternativas transformadoras (Muñoz, 2018). La concepción de las políticas públicas no puede estar disociada de las subjetividades individuales, colectivas, las organizaciones sociales y la co-existencia de transformaciones sociales y políticas gestadas desde abajo a partir de una diversidad de situaciones, contextos y procesos de identificación.

El auge en el interés por las económicas alternativas se basa en esta potencia. Tanto la económica popular, social y solidaria como la decolonial y la feminista buscan alternativas socioeconómicas y políticas a las formas de exclusión y opresión del capitalismo financiero y primarizante pero también frente a los límites de la economía neodesarrollista.. Algunas experiencias sostienen que la transformación social ocurre de manera privilegiada por el camino de la formación del trabajo colectivo, cooperativo y autogestivo, mercantil y no mercantil, con apoyo público o no, sobre todo basado en valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Otras perspectivas ponen el acento en la capacidad de generar políticas sociales, crear protecciones y garantizar los derechos laborales. Algunas vertientes de la economía feminista enfatizan la necesidad de que las trabajadoras puedan corporativizarse y reclamar reconocimiento del Estado y la sociedad en general.

En algunas propuestas de Economía Social y Solidaria (ESyS) el eje es el  “emprendimiento económico solidario” que enfatiza la combinación entre el espíritu empresarial y el solidario donde la cooperación funciona como vector de racionalización económica (Gaiger, 2008). Otras se centran en el trabajo de autogestión colectiva y en la propiedad de los medios de producción en experiencias que contienen valores de solidaridad que chocan con las lógicas de ganancia capitalistas y proponen gérmenes de transformaciones futuras (Singer, 2007).  Por su parte, la mayoría de autores que apuestan más por la Economía Popular (EP) no ponen tanto el acento en los valores autogestivos o solidarios sino en las estrategias transformadoras de la redistribución primaria y secundaria del ingreso  y la formación de derechos (uso del espacio público y derecho a la ciudad). Las relaciones de la exclusión y/o la subordinación a la economía de mercado sobredeterminarían a las experiencias y solo la capacidad política del Estado podría transformar las barreras de ingreso al mercado y poner límites a la desvalorización del trabajo  y de los productos de la EP, así como a las formas de apropiarse del excedente (Arango et al., 2017; Pérsico et al. 2017; Giraldo, 2017). En este sector, los trabajadorxs  no se orientarían hacia intercambios de productos fuera del mercado ni se caracterizarían por surgir de relaciones interpersonales específicas sino por no tener patrón, por la baja productividad y por no realizar un proceso de acumulación (Narodowski, 2013), en síntesis, unidades productivas de bajo capital y limitada productividad en general, auto explotación laboral, organizadas para la reproducción social, con un limitado excedente, muchas veces impulsadas centralmente con financiamiento del Estado. Bajo esta definición entran las formas asociativas formalmente constituidas, las unidades productivas de trabajo colectivo no formales -en general de origen doméstico- no registradas, pero también lxs trabajadorxs por cuenta propia, no colectivizados, los colectivos de usuarios y consumidores. Más allá de las diferencias, lo que en todos los casos se pone en evidencia es que estos trabajadorxs están en condiciones de exclusión, invisibilización y subordinación, pero que a la vez son parte del proceso de producción de riqueza y trabajo. En este sentido, las organizaciones sociales que intentan representar a este universo de trabajadorxs se orientan a buscar su reconocimiento, concibiendo nuevos derechos laborales, nuevas instituciones públicas - estatales y nuevas formas de pensar la producción y distribución de las riquezas.

En este Grupo de Trabajo pondremos en discusión las distintas vertientes que trabajan con el universo de estudio referido (economía popular, social y solidaria, comunitaria y feminista) no con la idea de armonización o síntesis sino más bien invitando a prestar atención a las tensiones a fin de enriquecer los debates y las propuestas frente a ejes problemáticos de los procesos reseñados. En principio privilegiaremos:

Estudios asociados a la producción de la subjetividad y a las formas de organización colectiva en tensión con los procesos socioeconómicos “glocales”. 

Propuestas de políticas públicas locales, subnacionales, nacionales y regionales y dinámicas de transformación económica

Procesos asociados a la defensa de los territorios, los bienes comunes y el patrimonio biocultural.

Desde estos ejes contrastaremos, compararemos  e intercambiaremos experiencias, aprendizajes, retos y dilemas surgidos en distintos territorios y países desde miradas plurales en términos disciplinarios, experienciales, de género y generacionales