En las últimas décadas, América Latina ha asistido a una transformación en los modos, actores e intensidades de la violencia, lo cual ha conducido a la región a ser una de las más violentas del mundo pese a no poseer guerras entre países. Por un lado, luego de la ola de dictaduras militares, el desarrollo de regímenes constitucionales se expresó en procesos de democratización política (al menos de índole formal-procedimental) que fueron acompañados por una disminución del poder político de las fuerzas de seguridad nacionales, el retroceso de la lucha armada como forma de disputa política principal y la condena a los procesos de represión y exterminio impulsados desde el Estado. Sin embargo, en simultáneo a la disminución de la violencia como medio de zanjar conflictos políticos, se fueron generando espacios de violencias (en plural), vinculadas a ilegalismos de diverso tipo, la expansión de las economías informales e ilegales (el comercio de drogas, armas y personas, entre las principales) y la debilidad o complicidad de las instituciones estatales para hacerle frente a estos problemas con una consecuente desconfianza de la ciudadanía hacia dichas instituciones (Alba Vega y Kruijt, 2007). En suma, en América Latina la violencia se volvió heterogénea y compleja. En este sentido, en la región hoy se revelan violencias con otros semblantes, otros agentes, otros fines y otros dispositivos: un pluralismo violento (Desmond y Goldstein, 2010), que incluye en sus manifestaciones a segmentos activos de la sociedad civil que se constituyen como protagonistas de la violencia.

A partir de las transformaciones económicas neoliberales a nivel regional y bajo el contexto global de (in)seguridad, han aparecido respuestas estratégicas en la contención del riesgo de parte de segmentos de comunidades rurales o urbanas, marginales y de sectores medios o medios-altos, que despliegan  acciones vigilantes de violencia colectiva que incluyen a linchamientos, grupos de autodefensa, organizaciones vecinales, así como instituciones paralegales de seguridad y justicia en sus comunidades. Todo esto se produce en escenarios impactados por la desigualdad, el crecimiento del racismo y la segregación urbana y agendas políticas transnacionales regresivas; procesos que se podrían denominar, siguiendo a Sassen (2015), como expulsiones.  

Las apropiaciones de la seguridad de parte de comunidades o colectivos a las que el vigilantismo apela se han visibilizado desde la década de los noventas y dos mil a nivel mundial, en experiencias documentadas en países africanos como Nigeria, Mozambique y Sudáfrica (Saunders, 2011; Pratten, 2006), europeos como Rusia, Irlanda del Norte (Frank, 2017; Monaghan, 2011) y en asiáticos como Tailandia y Chechenia (Schuberth, 2013), entre otros países y continentes. En Estados Unidos, nación donde nació el concepto, las prácticas vigilantes tienen presencia desde la época poscolonial de finales del siglo XVIII, momento en que emergieron las primeras patrullas de vigilantes civiles ante la inconformidad o percepción de ineficacia de las comunidades con respecto a las incipientes instituciones de policía y justicia. En la actualidad, la permanencia de colectivos que patrullan las fronteras, la extensión del uso de armas de fuego y una fuerte tradición de participación de la sociedad civil en grupos secundarios hacen de Estados Unidos un país permeado por esta problemática (Phillips, 1987; Rosenbaum y Sederberg, 1976). En todos estos contextos, los linchamientos y otras formas de justicia o “policía” vigilante, ocurren donde las condiciones de legalidad y justicia son percibidas insatisfactoriamente por los ciudadanos y bajo el marco de transformaciones estructurales abruptas, profunda desigualdad, conflictos raciales, situaciones de inseguridad y altos niveles de impunidad. 

En América Latina, los fenómenos de violencia colectiva se han integrado como un repertorio de acciones legítimas, donde los colectivos y comunidades reaccionan defensivamente para proteger bienes o personas ante actos considerados lesivos a su integridad, a la vez que imponen ordenamientos precautorios frente a la inseguridad con independencia de las instituciones de seguridad del Estado. Fue a inicios de la década de los noventa del siglo XX que empezó a visibilizarse acentuadamente este fenómeno. En Brasil, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos contabilizó 993 linchamientos entre los años de 1980 a 1999 (Adorno, 2002). En México, diversas investigaciones detectaron un crecimiento exponencial de casos de linchamiento a lo largo de todo el país, especialmente en algunas zonas rurales y urbanas del centro y el sur del país. Fuentes Díaz (2006) contabilizó 294 casos entre 1984 y el año 2001, marcando un fuerte proceso de crecimiento. En Bolivia, la organización Red Andina informó de 70 casos entre 1995 y 1999 en Cochabamba. En Perú́, el fenómeno fue motivo de preocupación y estudio, sobre todo a partir de linchamientos contra funcionarios del estado; Castillo (2000) reportó la comisión de por lo menos 350 linchamientos entre 1995 y 1999, solamente en la zona metropolitana de Lima y Arequipa. En Guatemala, el tema fue colocado como asunto de seguridad nacional, después de la firma de los Acuerdo de Paz en 1996. Se cuenta con documentación sobre el fenómeno en Argentina (Gamallo, 2017) y Chile (Quiroz, 2015). Santillán (2008) y Guerrero (2000) han analizado cualitativamente algunos casos de Ecuador; mientras que Rodgers (2008) ha hecho lo propio con casos de Nicaragua, al igual que Romero Salazar y Raima Rujano (2007) con los linchamientos producidos en Venezuela.

El estudio comparado del vigilantismo en distintos países de Latinoamérica que este proyecto propone, donde se han integrado investigadores de toda la región, permitirá indagar sobre los elementos en común que han hecho que este fenómeno se haya extendido de manera regional, a la vez que se haya incorporado como una acción legítima. De igual manera permitirá contrastar las formas locales en que estas acciones impactan y reordenan los entornos cercanos, permitiendo comprender la formación de participaciones políticas por fuera de la gramática estatal, en donde la regulación de la inseguridad a través de la violencia resulta una estrategia eficaz. La comparación sistemática de casos tendrá como centro de la reflexión la relación entre las condiciones de inseguridad y la consolidación democrática regional, así como la participación ciudadana en la conformación de esferas civiles seguras. 

Por otra parte, el presente grupo pretende consolidar al vigilantismo como una temática de principal interés en las ciencias sociales del continente, en el entendimiento de que los linchamientos y la violencia colectiva no pueden comprenderse como un fenómeno periférico y coyuntural. Por el contrario, estos eventos reflejan procesos históricos de conformación de los Estados nacionales y las subjetividades políticas, así como de sus transformaciones contemporáneas. En este sentido, el grupo contempla la formación de recursos humanos en la investigación de estos temas, al incorporar a estudiantes de maestría y doctorado, además de la vinculación con sociedad civil organizada y sectores gubernamentales abocados a temas de seguridad y procesos de paz.

El presente Grupo de Trabajo tiene como objetivo consolidar los estudios sobre vigilantismo y colaborar en la construcción de dicho campo académico en nuestra región. Entendemos por vigilantismo a aquellas respuestas colectivas frente al delito y la violencia que tienen un carácter extrainstitucional, ya sea que constituyan acciones preventivas, ya sea que expresen una reacción punitiva (Huggins, 1991). 

A la vasta literatura especializada en el tema por parte de la academia estadounidense y anglosajona en general, las investigaciones en América Latina han abonado a la comprensión de este fenómeno complejo y actual en el contexto regional fundamentalmente en dos líneas generales: por un lado, aquellos estudios que se enfocaron en las transformaciones sociales y económicas macroestructurales a partir de la implementación del giro neoliberal de finales de los años setenta (De Souza, 2015; Goldstein, 2008; Snodgrass, 2006); por otro, aquellos que dirigieron su mirada hacia las dinámicas institucionales, las culturas políticas locales y las capacidades y recursos organizativos colectivos en los lugares de aparición (Adorno, 2010; Sinhoretto, 2009; Gamallo, 2014; Castillo, 2000). Así, pues, en nuestra región este tipo de apropiaciones sociales de la seguridad y la justicia forman parte de un continuum en la gestión de riesgos que adopta múltiples formas: desde la justicia vigilante hasta la autodefensa armada; pasando por reacciones con relativa espontaneidad como los linchamientos hacia eventos con mayor organización y permanencia como las redes de vecinos en alerta desarrolladas en varias regiones del continente (Moncada, 2017; Fuentes Díaz, 2017).

Se ha considerado que la emergencia de estas acciones se vincula con la existencia de espacios en donde la relación del Estado con la sociedad es tenue, con una manifiesta dificultad estatal para monopolizar el uso de la violencia y bajo una coexistencia de otros órdenes legales como el comunitario-tradicional que se confrontan y compiten con la legalidad jurídica positiva (Vilas, 2001). De modo que lo que en algunas investigaciones aparece como el reclamo ciudadano ante la ineficacia estatal corporizado en represalias violentas y el ejercicio de la justicia extralegal; en otros, es conceptualizado como la producción de microsoberanías comunitarias y la disputa ante la racionalidad del Estado central (Goldstein, 2003; Guerrero, 2000; Paes-Machado, 2012). De igual manera, algunos autores han enfatizado el carácter subjetivo mostrado en las acciones colectivas punitivas, planteando que su incorporación como repertorio de acción evidencia culturas no marcadas por las gramáticas de la estatalidad oficial, sino comprensiones alternativas a la justicia formal y la reparación del daño que se nuclean en otros horizontes de organización política y acción social.

Un tema que suele permear a los trabajos sobre la cuestión es el de la justicia en América Latina, cuestión señalada como un componente sustancial en este fenómeno (Mendoza, 2004). Los testimonios recabados a testigos de estos hechos confirman que su recurrencia se vincula de manera directa con la percepción social de impunidad generalizada. Esta impunidad es sostenida por los sistemas de justicia legales, tanto por la carencia de agentes judiciales en las localidades, como por la baja tasa de jueces por habitante en los países de la región, ubicada por debajo del promedio mundial. En ese sentido, una de las líneas de investigación ha orientado su interés hacia la formación histórica de los Estados, para plantear cómo las instituciones de distintos países de Latinoamérica han permitido umbrales de violencia e impunidad estructural en el ordenamiento político y social, además de un sesgo étnico y de clase en el acceso a la impartición de justicia.  Como puede observarse, la exclusión y la desigualdad, es otro de los ejes transversales en la comprensión del tema.

A la ineficacia estatal y la percepción de inseguridad e impunidad, otros autores han añadido la capacidad de algunas comunidades de activar acciones colectivas y la relación de estos episodios con la cultura de lucha y los movimientos sociales de cada territorio en particular (Burell, 2008). Dado que muchas de las causas de la emergencia de los hechos son características de índole estructural, pero los hechos suceden más en determinados territorios que en otros, desarrollos empíricos han mostrado con datos que las acciones colectivas vigilantes suceden con más frecuencia en lugares con mayor tradición de lucha en los que las comunidades apelan a la acción colectiva como forma de resolución de problemas.

En los últimos años, ante el aumento de la inseguridad y violencia a nivel regional, y principalmente ante la implementación de políticas de seguridad como la Guerra contra el Narcotráfico en México o de Seguridad Democrática en Colombia, se han incorporado a la comprensión del vigilantismo nuevas variables como la utilización de estos hechos en la producción de orden y en la contención de riesgos en escenarios con contornos difusos entre actores estatales y grupos criminales que ejercen violencia. De esta manera el recurso a la violencia colectiva reordena entornos políticos locales a través de la disputa con actores armados no estatales, produciendo nuevas formas de estatalidad y ciudadanía (Fuentes Díaz, 2019). Investigaciones históricas sobre el tema han propuesto que en algunos momentos los linchamientos fueron utilizados por el propio Estado para mantener el control de adversarios políticos en ciertas coyunturas, generando áreas de indistinción entre la violencia legal y la extralegal (Santamaría, 2017).

Una discusión, ubicada en la caracterización y efectos del neoliberalismo, ha sido su relación con las políticas públicas de seguridad. Este debate ha planteado que las acciones de apropiación de la violencia como los linchamientos se corresponden, o tienen su contraparte, en el traslado de algunas funciones que estuvieron en manos del Estado hacia la participación ciudadana o la implicación de actores privados en las estrategias de gobernanza securitaria. Se deduce que estas políticas fomentan la participación de colectivos y comunidades en formas vigilantes bajo el modelo de la participación ciudadana, relegando funciones estatales. De manera que las acciones vigilantes mostrarían una redefinición de la estatalidad en cuanto a la relación entre lo público y lo privado, que busca ser entendida bajo la noción de gubernamentalidad del riesgo, donde las apropiaciones de la seguridad se complementan con la delegación del Estado, que utiliza una pluralidad de actores que regulan a través de la violencia sus entornos locales.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes y abordajes teóricos e históricos, el presente proyecto busca indagar bajo los estudios comparados la particularidad del fenómeno en cada país y abonar así a la comprensión regional del vigilantismo en Latinoamérica en el contexto internacional, aportando a la comprensión teórica de la violencia en las sociedades contemporáneas. Busca también dar cuenta de las dinámicas de desgarramiento que producen estas acciones, así como avizorar, con la información producida, alternativas que se puedan traducir en políticas públicas que atenúen los efectos de los diversos conflictos sociales violentos. 

La propuesta presentada para el Grupo de Trabajo tiene la intención de combinar metodologías cualitativas y cuantitativas para el estudio del vigilantismo y las acciones de violencia punitiva. Se realizará una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema y se realizarán revisiones hemerográficas con las que se construirán bases de datos y modelos comparativos. A la información obtenida en medios impresos se agregarán datos obtenidos de entrevistas que se enfocarán en las narraciones orales, así como el análisis de imágenes a partir de videos sobre acciones colectivas de violencia. Por último, se desplegarán diversas etnografías en trabajo de campo, que permitirán la  comprensión de estas prácticas en los lugares en que estos eventos se han suscitado.