A partir de la década del 2000 se ha desplegado una serie de transformaciones económicas a escala mundial de gran magnitud, que tuvo entre sus elementos centrales la consolidación del proceso de mayor concentración de la riqueza conocida en la modernidad occidental (Piketty, 2015; Milanovic, 2017), asociada a la financiarización de los mercados de derivados de materias primas (Lapavitsas, 2011) y que en 2008 culminó con la mayor crisis económica mundial desde 1929 (Marichal, 2013)     

Especialmente sobre las materias primas, el valor total de los instrumentos relacionados con el índice de productos básicos comprados por inversionistas institucionales aumentó de un estimado de US$ 15 mil millones en 2003 hasta US$ 200 mil millones a mediados de 2008 (Tang y Xiong, 2012), cuando se produce el pico de la crisis de la burbuja inmobiliaria pero también de la especulación en el mercado energético, que causó aumentos incontrolados en el costo de la energía y en los alimentos (Masters, 2008; Poveda Avila, 2016). Bajo esta dinámica (y sumado al incremento de la demanda de los países BRICS), el barril de crudo alcanzó un récord de U$S 147 a mediados de 2008. 

La financiarización de los precios energéticos coincidió con una oleada de gobiernos progresistas, especialmente en América del Sur, los cuales desplegaron como estrategia central una agresiva política de captación de la renta extraordinaria (Campodónico, 2008) generada por la combinación entre una mayor intervención del Estado en la economía y el crecimiento exponencial de los precios energéticos a nivel internacional (Serrani, 2013; Barrera, 2013). 

Sin lugar a dudas, fue una etapa de bonanza fiscal para América Latina, centrada en la combinación de la fuerte expansión del comercio global, la suba de los precios de las materias primas y una considerable mejora en los términos de intercambio (Campodónico, 2009), la dinamización de los flujos de divisas y el alto nivel de remesas enviadas por trabajadores migrantes, como también a un superávit de balanza comercial sostenido (Jenkins, 2011; Ocampo, 2009). En muchos casos, redundó en una mejora sustantiva de los indicadores sociales y en la reducción de la pobreza (CEPAL, 2013), aunque no dio lugar a una transformación de la estructura económica altamente dependiente de la exportación de productos primarios sino que, por el contrario, tendió a reforzarla  (Fernández et al., 2017). 

En la década de 2010 se inicia una etapa de incertidumbre respecto a la dinámica internacional del mercado energético y la evolución de la financiarización en los mercados de commodities. La crisis internacional de las subprime, que tuvo su epicentro en 2008 en Estados Unidos y una réplica en 2012 en la Unión Europea, generó impactos negativos en los precios que llevó al sector energético a enfrentar tres tipos de desafíos:  

a) Volatilidad de los precios: además de la persistencia de conflictos bélicos (Fuser, 2017), el incremento de la demanda de los países emergentes y el menor crecimiento de los países centrales, se suma la revolución del shale en Estados Unidos, que empujó la cotización internacional del crudo a la baja y, en contrapartida, el recorte de la producción decidida por algunos de los países exportadores de la OPEP para sostener el precio y sus ingresos.

b) Cambio climático y descarbonización de la economía global: la mayor influencia de los foros climáticos sobre la agenda energética y los compromisos de mitigación asumidos a nivel nacional que involucran una mayor participación de las fuentes renovables de energía y políticas de eficiencia energética (Bertoni y Román, 2013).

c) Cambios tecnológicos: la explotación no convencional de hidrocarburos, por medio de las técnicas de fractura hidráulica (fracking) y perforación horizontal; la rápida caída de los costos de las tecnologías renovables impulsada por el liderazgo y la escala de China; la expansión del comercio de gas natural licuado (GNL), que en muchos casos compite con el transporte por gasoductos; la electrificación del transporte, el uso de redes eléctricas inteligentes y sistemas de almacenamiento (Bonilla et at., 2015).

Este contexto coincide con un marcado giro a la derecha de la región, que se consolidó con la reciente elección del Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, proceso que tuvo inicio en 2009 con el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya y siguió por vías democráticas en otros países de la región: Panamá, Guatemala, Argentina, Haití, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica y Paraguay (aparecen como excepciones más relevantes los casos de López Obrador en México y de Sánchez Ceren en El Salvador). A las transformaciones del campo político, se le adicionan otras específicas en el campo energético, que merecen ser estudiadas y que serán el centro de atención del trabajo del GT. 

En primer lugar, se evidencia el pasaje de una etapa de altos precios de los commodities energéticos a otra caracterizada por la inestabilidad de precios internacionales y con una marcada tendencia a la baja, lo profundizó las crisis financieras y fiscales de los países dependientes de las exportaciones energéticas y fuertes disputas por la captación de las rentas hidrocarburíferas entre los Estados nacionales y las grandes empresas multinacionales. 

En segundo lugar, junto al giro a la derecha y sus políticas de austeridad y ajuste estructural, se han evidenciado transformaciones en las formas de la intervención del Estado en la economía y el rol de las empresas públicas energéticas, poniendo límites a la expansión de la cobertura de los servicios públicos (Recalde, 2016) energéticos como mecanismos para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. 

En tercer lugar, se ha producido un desgaste de la institucionalidad regional esbozada en la primera década del siglo XXI (UNASUR, ALBA, CELAC). Con el mismo, se desarticularon gran parte de los proyectos de integración energética y económica regional para darle mayor dinamismo a los acuerdos de libre comercio (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Acuerdo sobre el Comercio de Servicios -TISA-, Acuerdo Mercosur-Unión Europea), poniendo en evidencia una sustancial falta de estrategia para mejorar la cooperación y la complementación estratégica intrarregional. A su vez, la crisis de las relaciones energéticas bilaterales y la falta de concreción de ciertos proyectos energéticos multilaterales ha dado lugar a lo que algunos autores denominan como un proceso de “desintegración energética”. Otro factor ha sido la expansión del comercio extrarregional de GNL que genera un menor interés por nuevos proyectos regionales de interconexión gasífera (Sabbatella, 2018; Sabbatella y Santos, 2019).

En cuarto lugar, con el fin del “petróleo fácil” (Bardi, 2009), ha emergido una nueva revolución petrolera a partir de la masificación de las técnicas no convencionales en la explotación de los recursos fósiles (como el tight y el shale). No sólo ha transformado la geopolítica energética impulsando una nueva diplomacia norteamericana a la par de convertirse en un exportador de energía muy relevante a nivel global, sino que ha emergido una importante cantidad de desafíos tecnológicos, sociales y ambientales derivados de la utilización de estas nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos.

Por último, vinculado al punto anterior, en la última década se ha fortalecido una nueva agenda de diversificación energética (Yañez y Garrido Lepe, 2017) que busca reconvertir las matrices energéticas nacionales hacia modelos sustentables medioambientalmente, a partir de fomentar el uso de las energías renovables en detrimento de las fuentes fósiles, propiciando estrategias de uso eficiente y racional de la energía. Este proceso se vio afianzado por los consensos alcanzados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015, aunque se ha visto amenazado por la política exterior norteamericana de negación y ruptura con tales consensos.

La relación entre la explotación de recursos naturales y las estrategias de desarrollo económico en América Latina y el Caribe (ALyC) ha sido largamente problematizada por las Ciencias Sociales desde hace más de medio siglo.

El estructuralismo latinoamericano fue uno de los primeros movimientos que desde categorías nativas buscó comprender la particularidad del desarrollo a partir del concepto de centro-periferia. Dada la significativa relevancia de las materias primeras en el valor agregado total de la economía y su estructura exportadora, sostenía que ALyC debía industrializarse porque, en el largo plazo, los precios relativos de los bienes manufacturados tendían a aumentar más rápidamente que los productos primarios, lo que implicaba un reforzamiento del rezado de los países subdesarrollados de la periferia respecto a los desarrollados del centro (Prebisch, 1949), volviendo trunca la hipótesis neoclásica de la convergencia como resultado final de la estrategia de desarrollo (Rostow, 1959). La integración regional se convirtió en un factor clave para crear un mercado más amplio, sostener la industrialización y la diversificación de la estructura productiva, buscando mayor autonomía y libertad frente a los poderes extrarregionales como al desarrollo económico y la diversificación de la estructura productiva regional (Briceño Ruiz, 2012).

En los años sesenta y setenta tomó forma la teoría de la dependencia, problematizando desde la teoría crítica la relación centro-periferia. Ésta afirmaba que el subdesarrollo es parte constitutiva de la expansión de los países industrializados; es decir, que no es ni una etapa ni una precondición en un proceso gradual hacia el desarrollo sino una condición en sí misma (Blomström y Ente, 1990). Si bien distintos autores han distinguido etapas en la historia de ALyC en términos de las relaciones de producción dominantes y la reproducción de la pobreza (Sunkel y Paz, 1975), tempranamente Cardoso y Faletto (1969) identificaron a la estructura agraria, la minería y sus derivados energéticos como focos centrales de las relaciones de dependencia respecto a las necesidades de las metrópolis europeas. En este sentido, los problemas de subdesarrollo de ALyC no se limitan a las bases económicas y la inserción en el mercado internacional, sino a la estructura social y las relaciones capitalistas de larga data (Wallerstein, 1979). 

Al mismo tiempo, en los países centrales fue tomando forma la idea de que la mera dotación de recursos naturales podría ser perjudicial para el desarrollo económico. Esto se inició a partir del descubrimiento de gas natural en 1959 en Holanda que dio lugar al concepto de “enfermedad holandesa” (Corden y Neary, 1982), el cual afirmaba que el nuevo boom en el sector energético holandés había producido un ingreso extra de divisas que apreció su moneda, restó competitividad y dinamismo a su industria manufacturera, y dio lugar a un incipiente proceso de desindustrialización. Luego continuó con el análisis de la pobre trayectoria en términos de desarrollo presentada por los países exportadores de petróleo de la OPEP tras la crisis petrolera de 1973, que contribuyó a afianzar dicha idea. En esta dirección, Richard Auty (1993) acuñó el término “maldición de los recursos naturales” para presentar la hipótesis de que en la historia reciente países ricos en recursos naturales habían tenido serias dificultades en aprovechar dichos activos para desarrollarse, hipótesis apuntalada por el trabajo de Sachs y Warner (1995), en el cual se mostraba la relación negativa entre abundancia de recursos naturales y crecimiento del PIB entre 1970-1990 en una amplia muestra de países.

En efecto, el reconocimiento de los obstáculos estructurales al desarrollo en países periféricos y la generación de alternativas teóricas y políticas para superarlas fue una constante de las Ciencias Sociales de ALyC en las últimas décadas. Frente a las conclusiones vertidas en el informe “Límites al crecimiento” de 1972 del Club de Roma y a la identificación de los límites físicos del desarrollo global, surgieron una serie de respuestas centradas en los límites sociales y económicos del estilo de desarrollo dominante, provenientes de instituciones regionales como Fundación Bariloche, el Centro de Estudios del Desarrollo venezolano y la CEPAL. Estos estilos buscaban captar las especificidades existentes de los países para generar recomendaciones más apropiadas que llevasen a modificar los patrones vigentes de rezago (Gligo, 2006). Una de las principales contribuciones de este enfoque fue la articulación de lo económico y lo ambiental a partir de la crítica de los elevados niveles de consumo que presentaban los países desarrollados en comparación con los periféricos, transformándose en una de las causas del deterioro medioambiental (Haidar, 2016). Fundamentalmente, el foco estaba puesto en la utilización generalizada del petróleo como fuente energética principal del estilo de capitalismo urbano-industrial predominante (Alvarado, 1983). 

Sin embargo, no fue hasta 1987, y bajo el Informe Brundtland elaborado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, que se llegaría a la definición convencional de desarrollo sustentable: “un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD, 1987). En esta línea, el informe elaborado conjuntamente por CEPAL, OLADE y GTZ (2003) reconoce cuatro dimensiones de la sustentabilidad del desarrollo vinculado a la energía: económica, política, social y ambiental. 

La producción y consumo de energía es inescindible del crecimiento de cualquier economía y está íntimamente relacionada con la industrialización y el incremento de la productividad, pero también con el bienestar social de la población. A partir de las dos guerras mundiales, la expansión del sistema capitalista mundial durante el siglo XX (Guzowski et al, 2016) fue posibilitada gracias a la energía provista por el petróleo y sus derivados: por lo tanto, el control de sus fuentes se convirtió en un vector central de la seguridad nacional para los países desarrollados. Debido a su naturaleza finita, desde la década del cincuenta y hasta hace pocos años se discutía cuándo sucedería el pico de producción de petróleo. Sin embargo, las recientes innovaciones en las técnicas de extracción de hidrocarburos de reservorios no convencionales han alejado el temor de la escasez, focalizando ahora el debate en torno al calentamiento global producto del uso de combustibles fósiles (Carrizo et al, 2016). En este contexto, aparecen con fuerza las nociones de pico de demanda de petróleo (Dale y Fattouh, 2018) y de transición energética. Una transición energética entendida como “un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de la energía” (Carrizo et al, 2016: 25), que se da como consecuencia de transformaciones tecnológicas y económicas, pero que también es producto de decisiones políticas en el largo plazo. Bajo el influjo del cambio climático global, se denomina transición energética al pasaje del dominio de los combustibles fósiles al de las energías de fuentes renovables. Según la Agencia Internacional de Energía, el sector energético representa dos tercios de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y el 80% del CO2, por lo que no sólo cualquier esfuerzo para reducir las emisiones y mitigar el cambio climático debe incluir al sector energético, sino que la discusión sobre los modelos de desarrollo para las próximas décadas tienen a la energía como un vector central a dar cuenta.  

Entre los acuerdos climáticos que buscan transformar las políticas energéticas a nivel global se destacan dos. En primer lugar, el Acuerdo de París celebrado en 2015, el cual fue acordado por prácticamente todos los países del mundo para reducir las emisiones de GEI, limitar el calentamiento global y sus impactos más graves (aumento de las sequías, inundaciones y tormentas severas). El Acuerdo exige que cada Parte prepare y comunique su Contribución Determinada a Nivel Nacional, el cual consiste en un plan para reducir las emisiones, y en los cuales el sector energético desempeña un papel trascendente, no sólo por su contribución en las actuales emisiones sino porque gran parte de las medidas de mitigación suelen incorporar la expansión de energías renovables y la eficiencia energética. En segundo lugar, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que fueron adoptados por Naciones Unidas en 2015 y contiene un objetivo específico en materia de energía (ODS 7). Este pretende proporcionar acceso universal a los servicios energéticos modernos, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética global al 2030. 

En este escenario de transición energética, el gas natural adquiere relevancia como una opción limpia entre los combustibles fósiles, ya que produce aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 respecto al carbón, siendo complemento para las energías renovables ante la variabilidad de la generación eólica, solar e hidroeléctrica. A su vez, el mercado mundial del gas está evolucionando rápidamente debido a dos revoluciones: la revolución del shale gas de EE.UU. y la revolución del gas natural líquido (GNL) (AIE, 2017), procesos que gradualmente están convirtiendo al gas natural en un commodity global (Boersma y Losz, 2018).

En efecto, en el marco de las transformaciones globales alrededor del pico demanda fósil, la presión por bajar las emisiones de GEI para combatir el cambio climático, promover las fuentes renovables de energía asociadas a una gasificación de la matriz energética global que está transformando las relaciones geopolíticas internacionales a gran velocidad, es que este GT pretende estudiar la particularidad de las políticas energéticas adoptadas en ALyC y los efectos que tuvieron para comprender los patrones de desarrollo vigente en la región y sus principales obstáculos. De esta manera, serán tenidas en cuenta problemáticas históricas como la seguridad del abastecimiento y el acceso a la energía; la captación de rentas por parte de los países productores y el peso en la balanza comercial para los países importadores; los impactos socio-ambientales de la producción y consumo de energía; el rol de las empresas estatales y de la inversión extranjera directa; el despliegue de capacidades industriales endógenas y la dependencia tecnológica. Asimismo, a nivel regional es ineludible incluir a la energía como motor de numerosos proyectos de integración bilateral y multilateral. Por último, se debe señalar la ascendente influencia que en la actualidad tiene la agenda del cambio climático sobre la política sectorial. En este marco, serán analizados tanto los desafíos como oportunidades que presenta el sector energético para la región. A tal fin, se buscará la articulación de estudios de casos nacionales, de relaciones bilaterales y de esquemas de integración multilateral.