El nacimiento del siglo XXI en Nuestra América mostró un renacer liberador por los cambios políticos-económicos que emergieron y se desarrollaron en varios de sus países, que se expresaron en disminución de niveles de desigualdad social y redistribución de la riqueza, más una perspectiva integradora y de cooperación entre los pueblos, frente al capital transnacional y sus organismos internacionales, marcados por la hegemonía estadounidense. Aunque los procesos tuvieron un punto de giro por vías electorales, siempre fue relevante el papel de las diversas luchas sociales en el acceso al poder estatal y la instauración de políticas democráticas radicales.

Es relevante destacar al derecho como uno de los instrumentos fundamentales que acompañó la radicalización de estos procesos, llevándose a cabo procesos constituyentes que modificaron modelos constitucionales anteriores en algunos de estos países, como fueron Venezuela, Bolivia y Ecuador. Todos, incluyeron novedosos diseños institucionales, disruptivos con las nociones modernas del Estado nación como la tripartición de poderes, instaurando mecanismos de participación, deliberación y control popular. También, avanzaron en la regulación de la economía, estableciendo nociones del buen vivir o el vivir bien; reconocieron nuevos sujetos de derechos y bienes protegidos como la madre tierra, establecieron márgenes de autonomía a diferentes sujetos colectivos, entre ellos a las comunidades indígenas; así como, mecanismos de garantías más allá del ámbito jurisdiccional, para la defensa de los derechos.

En una primera mirada, estos procesos constituyentes y sus normas, son ubicados dentro de un constitucionalismo transformador (Sousa Santos 2010:71-80; 2012:123), de tradición democrática radical (Pisarello 2012:191-201, Navas 2014:95-115). Dichos procesos socio jurídicos no fueron sólo el resultado de acuerdos de grupos políticos, sino resultado de la sedimentación de luchas de organizaciones políticas y sociales populares por cambiar formas de vida regidas por el capital neoliberal. Durante este mismo período, otros países como Brasil y Argentina, llevaron a cabo algunas reformas legales y políticas públicas que generaron ciertas rupturas con los modelos neoliberales y avances sociales para sectores y grupos vulnerables.

No obstante, en la medida que fueron avanzado los gobiernos progresistas con políticas más o menos radicales, las políticas económicas de ajustes financieros globales y regionales del capital transnacional siguieron su curso. Los de mayor articulación dentro del continente han sido fundamentalmente estadounidenses y canadienses, sin obviar la influencia del capital europeo, y el chino en la última década, aunque con incidencias e impactos diferenciados. Todos ellos se localizan en diversas escalas a niveles estatales y regionales y con el uso de violencias legales e ilegales, disputando cada espacio y formas de vida que les representa ganancias en su dinámica acumulativa (Echeverría 2012).

Las políticas neoliberales han regresado con mayor fuerza a nuestros países protegidas por gobiernos electos, como es el caso de Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, o por situaciones de crisis económica, social y ambiental graves como es el caso de Puerto Rico. Además, durante estos casi veinte años el gran capital y el gobierno de EEUU han mantenido una agenda de constante agresión y desestabilización, contra países que intentaban tomar algún rumbo progresista, sea con golpes de estado o bloqueos económico-comerciales, como es el caso de Honduras (Manuel Zelaya en 2009), Venezuela (Hugo Chávez en 2002, Nicolás Maduro en 2019), por poner los ejemplos más relevantes. No se puede dejar de mencionar la relación siempre adversa entre Cuba y EEUU, que, a pesar de haber restablecido relaciones diplomáticas en 2014, nunca se ha eliminado el bloque económico y comercial instaurado plenamente desde 1962.

En el caso de México, ha ocurrido un cambio de gobierno de carácter progresista en 2018. Este progresismo tardío tiene razones de ser en los fraudes electorales sucedidos en 2006 y 2012, y su carácter antineoliberal está apenas enunciado provocando cambios sociales muy en ciernes. México ha sufrido en estas últimas dos décadas todas las políticas neoliberales generadoras de una profunda crisis política y social, vinculada al derecho. Este país muestra como el capitalismo se articula y consolida sobre vínculos y traslados entre economías legales y criminales (narcotráfico por ej.) que circulan desde lo transnacional hasta lo local y producen diferentes tipos de violencias que merman los espacios locales, regionales, nacionales y la interrelación entre ellos.

Nuestra América asiste a un avance de la agenda conservadora en general, que se expresa en el fortalecimiento del neoliberalismo, pero a la vez en un incremento de conflictos sociales y luchas políticas. El despojo y la apropiación de los recursos naturales por el capital en contubernio con los Estados se mantiene constante o ha incrementado, los usos del derecho por el capital para sus objetivos acumulativos siguen teniendo diversas manifestaciones, las protestas y movimientos sociales se criminalizan, y, las tendencias políticas progresistas se presentan desorientadas en términos de amparo político jurídico. Desde el campo sociojurídico las prácticas neoliberales han generado una ola destituyente (Pisarello 2014:11), de deconstitucionalización, vaciando de contenido sustancial las regulaciones jurídicas sobre todo en materia de derechos sociales (Aparicio 2014), de perpetuación y desviación del poder mediante el derecho (Gandarilla 2018), donde su manifestación más reciente es la politización de la justicia, conocida como LawFare donde las instituciones judiciales, que deberían garantizar procesos constitucionales democráticos, han proporcionado usos e interpretaciones jurídicas en contra de las demandas de los pueblos, las luchas sociales y las propias políticas progresistas previas. Por otro lado, el derecho es usado por pueblos y grupos sociales ante la embestida del capital-Estado, y algunos Estados que resisten las agresiones externas e internas, como es el caso venezolano, utilizan el derecho como vías de contención y de salida en su propio proceso de lucha. En esencia, el derecho sigue siendo un campo de disputa en la lucha política social (Hernández; Burgos 2018).

En las investigaciones realizadas por este GT (2013-2016 y 2016-2019) se dedicaron múltiples esfuerzos para entender los movimientos constituyentes y sus procesos sociopolíticos. Con el nuevo escenario político se trata ahora de discutir, analizar e investigar:

¿Cuál es el sentido político, social y económico del campo jurídico constitucional para garantizar un contexto democrático radical?

¿Los procesos socio jurídicos en su totalidad, son útiles para los actores sociales en sus luchas?

¿Qué relación tienen los procesos socio jurídicos locales con los del ámbito internacional, regional y universal?

¿Qué papel juegan las violencias legales e ilegales en todo el contexto neoliberal?

¿Qué papel juega el derecho en el contexto neoliberal y cómo se expresa en los diferentes tipos de actores sociales: como contención, facilitación, manipulación, mecanismo de liberación?

El tema que se propone tiene antecedentes en los GTs- CLACSO “Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios” (2013-2016) y Pensamiento Jurídico Crítico (2016-2019), en los cuales se estudiaron desde las teorías críticas del derecho, la relación entre los movimientos sociales y las asambleas constituyentes en Nuestra América (Venezuela, Bolivia y Ecuador), así como la disputa y el grado de capacidad transformadora del derecho considerado desde su pluralidad e interescalaridad, entre otras cuestiones.

La investigación actual versará de manera interdisciplinaria en el cómo han cambiado los usos del derecho, sus estrategias, funciones, fines y relaciones con la política y la economía en la actualidad nuestroamericana, donde el neoliberalismo ha vuelto a instaurar sus principios y derroteros. Si mucho del contenido democrático radical y novedoso de los procesos constituyentes que antes estudiamos tendrían un escenario de promesas políticas, sociales y ecológicas progresistas, ahora, estos órdenes jurídicos presentan capacidad de cambio y resistencia sobre los avances previos.  

La embestida neoliberal avanza al interior de los Estados en diferentes espacios sociopolíticos y sobre las personas de diversas formas, y el ámbito jurídico tiene un papel fundamental. La acumulación del capital precisa del derecho y su coacción, así como usa las ilegalidades, el poder y la violencia privada a su alcance para sus fines (Comaroff y Comaroff, 2009). Ello provoca diversos procesos sociojurídicos tanto dominantes como de resistencia, donde se disputan modos y perspectivas de vida, territorios, recursos naturales, derechos de las personas y los colectivos, etc., a diferentes escalas (a veces de modo simultáneo): desde las locales, en los espacios de justicia estatal, hasta los ámbitos inter y universal de los derechos humanos.

El proyecto aquí propuesto gira alrededor de las articulaciones políticas, sociales, económicas y ecológicas que atraviesan a los grupos y movimientos sociales en sus conflictos cuando el derecho constituye parte del campo de disputa. Hoy el ámbito sociojurídico está transversalizado por la desdemocratización (Brown 2015), por procesos destituyentes (Pisarello 2011; 2016), de deconstitucionalización (Aparicio 2014) y de perpetuación y desvío del poder (Gandarilla 2018), haciendo avanzar un constitucionalismo oligárquico como una verdadera globocolonialidad, como los nuevos disfraces del Leviatán (Monedero 2017).

Hoy, la democracia y el derecho estatal son cuestionados en su sentido político y social por las políticas neoliberales, pero también por los pueblos. El derecho se expresa dialécticamente en su uso por los pueblos y grupos sociales en sus procesos de resistencia, contención al capital-estado mediante un uso alternativo del derecho y/o como derecho propio, con la intención de cambio social o de preservación de sus condiciones de vida. En este sentido, habría que entender la relación del derecho con la resistencia política y el compromiso por la transformación social para que se pueda afirmar como un instrumento contrahegemónico (Santos, 2010). De ahí las preguntas: ¿tiene todavía el derecho en su ámbito estatal y como proceso social (pluralismo jurídico) capacidad transformadora? Los pueblos que estuvieron muy activos en los procesos constituyentes del continente hasta hace unos años ¿han perdido su potencia plebleya como resistencia, pero también en su voluntad de cambio social usando alternativamente el campo sociojurídico? (Linera, 2010).

Para contestar a estos cuestionamientos, es necesario reconstruir desde los diversos pensamientos jurídicos críticos un constitucionalismo crítico (de Cabo Martín, 2014). Para esto es necesario también estudios sociológicos y antropológicos jurídicos críticos que nos ofrecen herramientas para investigar la realidad social y el movimiento dialéctico de lo jurídico en las luchas sociales.

Uno de los temas a abordar es el del Estado, ¿estaría el Leviatán derrotado (Moncayo 2018) por los efectos de la globalización neoliberal que inciden en su soberanía moderna? O ¿sigue siendo útil el Estado para prever, calcular y proteger al capital en un contexto de desposesión, violencias legales e ilegales y economías criminales? (Hernández; Burgos, 2018). El Estado ¿se ha reducido solamente a un agente de seguridad contra la insurgencia social? (Laval; Dardot, 2013), como una especie de garante de los negocios privados y de la concentración de renta: para el sector privado siendo un Estado fuerte (Laval; Dardot 2013), y para lo público un Estado mínimo. Estas cuestiones exigen una investigación crítica del papel de las políticas estatales en el escenario actual y su papel frente a temas urgentes de la sociedad, tales como: los conflictos socioambientales, crisis laboral, las demandas de la pluralidad y de sus derechos en el sentido de una “nueva cultura” (Wolkmer 2017), temas de género y luchas feministas, movimientos antiglobalización y anticapitalistas, luchas por afirmación de derechos humanos y de diversas formas de democracia; o sea, un sinfín de cuestiones que tocan problematizar la postura del Estado.

Otro tema relevante para la investigación social, política y jurídico-crítica es la cuestión de la propia sociedad latinoamericana, pues los gobiernos no han llegado al poder sin el apoyo electoral de buena parte de la ciudadanía. Este es un punto que debe ser analizado desde la perspectiva normativa del neoliberalismo (Laval, Dardot, 2013), que genera una ideología de subjetivación de las premisas empresariales. 

También, dentro del ámbito social se estudiarán los procesos sociojurídicos llevados a cabo por movimientos y grupos sociales que siguen luchando por sus recursos naturales, sus formas de vida, por la gestación, ocupación y generación de vida social y política mediante la articulación de lo público, a diferentes escalas y niveles intentando recuperar lo político de la democracia (Wood, 2011), y el concepto de lo común (Houtart y Daiber 2011) rescatando sus formas de vida. No hay vida digna ni democracia en sentido material o sustancial en el capitalismo, como dice Ellen Wood, la democracia capitalista es formal y en largo sentido antidemocrática (Laval; Dardot 2013).

Frente al avance del constitucionalismo oligárquico (Pisarello 2011) de las corporaciones, con las reformas constitucionales en contra de los derechos sociales, teniendo en cuenta la ideología neoliberal y las políticas del Estado a favor de la concentración financiera y de la agenda globocolonial; considerando que las insurgencias populares se han manifestado en favor de los derechos de los pueblos, de la democracia y de otro mundo posible; cabe a los pensamientos jurídicos críticos ocupar un importante papel de interpretación, visibilización y reflexión de horizontes alternativos a las propuestas desplegadas en Nuestra América.  

 El objetivo fundamental de este proyecto es debatir desde las diferentes realidades de nuestro continente, los usos estratégicos del derecho que hacen los actores sociales: movimientos sociales, sociedad civil, Estado y el capital, en relación a la política y la economía.

Utilizaremos los múltiples pensamientos jurídicos críticos (Wolkmer 2017), donde la crítica jurídica negativa, positiva y autocrítica son ejes fundamentales en relación interdisciplinar con la sociología, la antropología, la teoría y filosofía política, sin dejar nunca de ver históricamente cada proceso.