En América Latina y el Caribe aproximadamente 45 millones de sus habitantes son indígenas, representando cerca de un 10% del total de población, los cuales han sido actores clave para que desde inicios de los años 90 se comenzaran a producir avances en el reconocimiento de sus derechos como pueblos. Estos avances se manifiestan en especial en su reconocimiento en las nuevas constituciones, en la adopción de instrumentos de derechos indígenas (en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), la modificación de leyes y reglamentos del sector de la extracción de materias primas y en un rol más protagónico como actores políticos a nivel nacional. Estos cambios son expresión de una redefinición de la relación entre los pueblos indígenas y los Estados-Nación, siendo los casos de Ecuador y de Bolivia, con la incorporación del Buen Vivir y los derechos de la naturaleza en sus nuevas constituciones los ejemplos más avanzados.

Se espera que estas transformaciones produzcan mejores condiciones para la autodeterminación y participación indígena en las decisiones relativas a sus territorios, sin embargo, estos avances se han visto tensionados por la presión de los Estados latinoamericanos, y en general de los Estados del Norte global, por la explotación de materias primas, muchas de los cuales se encuentran en o cerca de las tierras y territorios de ocupación tradicional de  los pueblos indígenas.  Dichos proyectos extractivos han dejado en evidencia la existencia de una “brecha de implementación” (Stavenhagen, 2006) entre los nuevos marcos jurídicos y su real implementación.

América Latina tiene una larga historia de economías basadas en la extracción de materias primas (Altomonte y Sánchez, 2016; Sinnott, Nash y de la Torre, 2010), viéndose estas actividades extractivas incrementadas desde 1994 cuando la región se constituyó en la de mayor inversión en exploración minera, lo que fue acrecentado con el alza de precios de metales y petróleo entre los años 2003 y 2012 (Altomonte y Sánchez, 2016), los cuales a su vez se deben a la mayor demanda de materias primas por parte de China y luego de otras economías emergentes (ejemplo India e Indonesia) (Altomonte y Sánchez, 2016), así como por nuevas tecnologías de explotación y el creciente carácter transnacional de las industrias extractivas (Reed, 2002).  Entre las causas internas a la región se encuentran la adopción de las medidas neoliberales del Consenso de Washington en los 90, los que produjeron una desregulación de la economía (Canel, Idemudia y North, 2010) que se orientó a los proyectos extractivos.

Se proyecta que en los próximos años se mantendrá la importancia del sector extractivo en la región, aunque sin llegar a los niveles del periodo 2003 – 2013 (Altomonte y Sánchez, 2017). Es decir, podemos esperar que en los próximos años, salvo que los gobiernos cambien su orientación productiva extractivista o reformen sustancialmente la gobernanza extractiva, se mantendrá la presión y las tensiones sobre los territorios indígenas por proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales y energéticos (hidroeléctricos, eólicos, de biomasa), en especial considerando que en la actualidad la región cuenta con un 20% de las reservas de petróleo del mundo y 4% del gas (Altomonte y Sánchez, 2016), además de sus reservas forestales y potencial agroexportador.

Una cuestión central para la región es que pese a este crecimiento del sector extractivo y su discurso de desarrollo, los países de la región no han logrado resolver las tensiones con los pueblos indígenas y, más aún, no han logrado traducir los ingresos producidos por estos proyectos en bienestar para el conjunto de la sociedad (Bebbington, 2012; Sinnott, Nash y de la Torre, 2010), adoptando un modelo de desarrollo que vuelve dependientes sus economías a los ciclos volátiles externos (Altomonte y Sánchez, 2016; Gudynas, 2018) y que ha generado alta conflictividad política y social (Bebbington, 2012; Altomonte y Sánchez, 2016). Además, no se observan muchas diferencias entre los gobiernos neoliberales y los postneoliberales ni según el tipo de proyecto extractivo (existen conflictos en proyectos mineros, petroleros, gasíferos, hidroeléctricos, forestales y agroexportadores).

Por otro lado, en la región la gobernanza de los proyectos extractivos opera en múltiples escalas. A nivel transnacional se entrecruzan la influencia de las instituciones financieras internacionales e industrias extractivas sobre los gobiernos (Sawyer y Gómez, 2012), los acuerdos comerciales multilaterales (Aylwin, 2013; Aylwin, Gómez y Vittor, 2016; Galera y Alda, 2017), los acuerdos internacionales sobre el medioambiente (Ulloa, 2007), los gobiernos del norte global sobre los gobiernos de la región (Moore y Velásquez, 2012), los vaivenes de la demanda de materias primas sobre las economías nacionales, el rol de tribunales internacionales que actúan como un contrapeso a las decisiones gubernamentales que promueven proyectos extractivos a toda costa y, finalmente, de actores privados (ONGs, organismos como la FSC y su certificación forestal y las industrias extractivas). A escala nacional, esta gobernanza se relaciona con los enfoques de los gobiernos respecto de la economía basada en extracción de materias primas y sus políticas redistributivas (Gudynas,  2018; Svampa, 2019), la calidad de las instituciones gubernamentales (Acosta, 2009), las tecnologías de gobierno implementadas (normativas de consulta indígena, evaluación ambiental, modelos de repartición de ingresos, etc). A escala local, la gobernanza está entrelazada con las estrategias de resistencia indígenas, sus alianzas con otros actores (especialmente con ONG de derechos humanos o ambientalistas), los acuerdos de beneficios compartidos entre comunidades e industrias extractivas (Bustamante y Martin, 2018), la aplicación de la certificación forestal (especialmente la FSC) y las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa.

Mirado en el contexto mundial, las tensiones entre proyectos extractivos y pueblos indígenas no son exclusivos de América Latina y el Caribe. Diversos organismos internacionales reconocen los conflictos territoriales como uno de los principales problemas de los pueblos indígenas en los últimos años (IWGIA, 2018; Anaya, 2013; Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2018). Estudios como los coordinados por Sawyer y Gomez (2012) ponen de relieve la importancia del nivel transnacional de la gobernanza de proyectos extractivos en diversos pueblos indígenas del mundo, así como la tendencia a la generación de conflictos y solo en algunos casos específicos las comunidades obtener resultados positivos. En un estudio reciente del “estado del arte” a nivel anglosajón y escandinavo Horowitz et al (2018) concluyen que los proyectos mineros tienen grandes impactos en las comunidades indígenas, afectando su relación con sus territorios por los impactos ambientales, aportando escasamente en el desarrollo local, produciendo problemas sociales (de salud mental, en las relaciones internas de las comunidades, inequidades). Por otra parte, en el contexto anglosajón se han venido implementando modelos llamados “acuerdos territoriales negociados” entre comunidades indígenas y Estados (Nettheim, 2002), los que utilizan la negociación como mecanismo decisional, pero cuyos resultados para los pueblos indígenas no están claros.

En nuestra región esta relación conflictiva entre pueblos indígenas y proyectos extractivos ponen en evidencia las contradicciones en la implementación de las nuevas formas de relación entre pueblos indígenas y Estados-nación, pareciendo expresar más bien una forma de continuidad de los proyectos coloniales pese a que las nuevas definiciones de sociedades pluriétnicas o multiculturales o incluso plurinacionales, con su ética del buen vivir, se suponía iban a superar. Para los pueblos indígenas se actualizan sus luchas de resistencia, esta vez con nuevos actores y nuevos niveles de acción y se manifiestan los límites a su autodeterminación. Más aún, estas tensiones ponen en cuestión también las lógicas y prácticas de los gobiernos tanto en sus opciones de desarrollo como también muestra los límites de las nuevas democracias que surgen desde los años 90.

En síntesis, en América Latina y el Caribe los conflictos relacionados con proyectos extractivos requieren grillas de análisis que articulen desarrollo, democracia/ciudadanía, medioambiente/territorio y capital y por su parte la situación específica de las comunidades indígenas requiere además, lo que nos sirve como una de las hipótesis exploratorias en este GT, articular sujetos indígenas/territorio, epistemes, derechos humanos y colonialismo.

Entonces, algunas de las preguntas que este grupo de trabajo abordará son: En qué medida las actividades extractivas son compatibles con el Estado plurinacional o con el ejercicio de los derechos indígenas? Cuáles tecnologías de gobierno son más adecuadas para esto? Cuáles estrategias utilizan los pueblos indígenas para resistir y cuáles son más efectivas para proteger sus territorios y culturas? Cómo se articulan las diversas escalas (transnacionales, nacionales y locales) en que operan las industrias extractivas? Cómo puede desarrollarse un trabajo de colaboración entre academia y pueblos indígenas que no sea “extractivista”?

La relación problemática entre pueblos indígenas y proyectos extractivos tiene una larga trayectoria en la investigación social en América Latina y el Caribe, especialmente a partir de la documentación de las luchas indígenas por proteger sus territorios y sus planes de vida frente a  de estos proyectos, destacando por el desarrollo de un rico pensamiento crítico. Hoy en día, este pensamiento crítico de las ciencias sociales latinoamericanas está desarrollando un importante debate por los aportes de la perspectiva de la colonialidad y los de las “epistemologías del sur”, todas ellas conllevan un cuestionamiento al predominio de la episteme moderna europeo-norteamericano-céntrica, la necesidad de generar categorías propias de nuestra región y la necesidad de reconocer las epistemes indígenas.

Más recientemente, se pueden identificar algunos campos de estudio en los que se ha organizado la investigación en la materia. Por un lado, identificamos los estudios de tipo sociojurídicos, centrados en analizar los aspectos normativos de las legislaciones nacionales o bien de los instrumentos de derechos indígenas, su implementación práctica en tribunales locales, nacionales o internacionales (Sierra-Camargo, 2014 y 2017; Guerrero, 2016; Merino, 2014 y 2015; Ramírez, 2007; Carrasco y Ramírez, 2015; Carmona, 2009).

Otro enfoque corresponde al de la economía política, que en los últimos años ha estado dominada por los aportes de Gudynas y de Svampa en torno a las categorías de extractivismo. Este enfoque se centra en el análisis de los efectos ambientales de los proyectos extractivos, las diferencias y similitudes entre las orientaciones extractivistas clásicas de los gobiernos neoliberales (México, Colombia, Perú, Chile) y las neoextractivistas de los gobiernos postneoliberales (Ecuador, Bolivia, Venezuela). Siguiendo a Gudynas (2018) y a Svampa (2019), ambas orientaciones manifiestan una orientación extractivista de la economía (“consenso de los commodities”), una inserción dependiente del mercado global y la represión o criminalización de la protesta social que tienen como efecto la presión sobre las comunidades indígenas que habitan en territorios poseedores de materias primas.

Otra perspectiva teórica presente en la literatura de la región corresponde al enfoque del “Estado rentista” y de la “maldición de la abundancia”. Estos estudios enfatizan que la existencia de materias primas no aseguran el desarrollo de una sociedad, para que estas se traduzcan en desarrollo se requiere fundamentalmente instituciones de gobierno de buena calidad. El problema en nuestra región es que nuestros países presentan los problemas de los Estados rentistas o de la “maldición de la abundancia”: autoritarismo, falta de transparencia, clientelismo político desigualdades en la distribución de la riqueza, sistemas de impuestos dependientes de la extracción de materias primas (Acosta, 2009; Aguirre, 2017; Farfán-Mares, 2011; Weyland, 2009; Schuldt y Acosta, 2006; Teran, 2014), fomentar la corrupción y regímenes autoritarios.

La perspectiva de los movimientos sociales, basadas en teorías de la agencia o teorías del sujeto, se centra en documentar y analizar las resistencias indígenas, sus estrategias, alianzas, racionalidades y en los resultados de sus acciones, lo que aparece en los trabajos de Benavides (2010), De Echave (2010), Martí i Puig (2009), Carrasco y Fernández (2009), Delgado (2013).

Cercano a estos análisis se encuentran los trabajos realizados desde la ecología política y desde perspectivas sociojurídicas, los que evidencian cómo el poder político incide en los procesos de trasnformación ambiental del continente, al mismo tiempo que dan cuenta de las relaciones de poder entre pueblos indígenas y los sectores económicos que participan de estas dinámicas (Leff, 2003; Escobar, 2010; Martínez, 2005). Una mirada particular la desarrollan Escobar (2015), Blaser (2008), y Ulloa (2017), quienes estudian la ecología social de la diferencia que proponen los pueblos indígenas y sus cosmovisiones en el marco de conflictos socioambientales, convergiendo con los estudios de Huanacuni (2010), Gudynas y Acosta (2011), Aylwin, Martí, Wright y Yañez (2013). Desde investigaciones etnográficas estos autores cuestionan la persistencia del paradigma desarrollista sugiriendo los conceptos de territorio, ontologías relacionales, pluriverso, cosmopolítica entre otros.

La perspectiva marxista está presente también, utilizando categorías analíticas como la de acumulación por desposesión, la que implica postular que los proyectos extractivos desarrollan formas de acumulación de capital que el marxismo original consideró propias del capitalismo primitivo (Seoane, 2013; Harvey, 2014). Centra también sus análisis en las prácticas de resistencia y de alianzas de clases de los movimientos indígenas como forma de hacer frente al capital transnacional.

Finalmente, otra pespectiva de análisis que ha ido cobrando cada vez mayor interés es la que se articula desde el pensamiento decolonial (Quijano, 2002; Grosfoguel, 2008; Castro Gómez, 1998) con los asuntos ambientales y las reivindicaciones indígenas (Montenegro, 2012; Chaparro, 2015; Cuadra, 2016; Morales y Girão Florêncio, 2018).  En estos trabajos se subraya la continuidad colonial presente en las prácticas estatales y empresariales al mismo tiempo que las luchas por la autodeterminación en los conflictos liderados por diversos pueblos indígenas.

En síntesis, este fructífero debate teórico en nuestra región ha sido altamente relevante por su producción de enfoques y categorías conceptuales propios y por aportar un carácter situado y crítico a enfoques y categorías producidos fuera de la región, todas las cuales desde diversos enfoques teóricos, desde disciplinas diversas, centradas predominantemente desde análisis macroestructurales y en menor medida a nivel microsocial, aportan luces acerca de las condicionantes de poder que operan en múltiples escalas, restringiendo las posibilidades de la autodeterminación de las comunidades indígenas, posicionando claramente las relaciones con los proyectos extractivos en el marco del proyecto colonial aún existente en la región.

Sin embargo, subsisten diversas preguntas y tensiones a abordar, algunas de las cuales son: cómo se articulan las categorías de nivel macroestructural con la diversidad de situaciones, agencialidades del sujeto indígena en niveles locales? Cómo estas categorías permiten dar cuenta de las especificidades de los diversos tipos de proyectos extractivos? Cómo se articulan las diversas tecnologías de poder que entran en juego en los proyectos extractivos? Qué lugar ocupa la agencialidad y la capacidad de autodeterminación de las comunidades indígenas? Cómo se articulan las categorías conceptuales de la episteme occidental con las epistemes indígenas respecto de sus territorios y proyectos de vida?

En relación a esta última pregunta, para este GT incorporará además los debates teóricos que investigadores/as indígenas que cuestionan los aspectos epistemológicos, éticos y políticos de la producción académica por ser estos parte del proyecto colonial que concibe al sujeto indígena como mero objeto o informante al cual se le “extrae” conocimiento y se le imponen categorías occidentales (Nahuelpán, 2013; Leyva y cols, 2018; Antileo, Cárcamo-Huechante, Calfío y Huinca-Piutrín, 2015) pudiendo llegar al “epistemicidio”. Esta forma de investigación ha sido conceptualizada como una forma de “extractivismo epistémico” (Grossfoguel, 2016), “pensamiento abismal” (de Sousa Santos, 2013) o “extractivismo académico”. A cambio, los/as investigadores/as indígenas proponen la “soberanía epistémica” (Nahuelpán y cols, 2013), “SURearnos” (Leyva y cols, 2018), la descolonización desde la práctica y la epistemología ch’ixi (Rivera Cusicanqui, 2015).

Esta crítica indígena en América Latina está también muy presente afuera de nuestra región, especialmente desde investigadores indígenas que a partir de la obra de Linda Tuhiwai Smith (2016) “Descolonizando las metodologías” abogan por una descolonización de las ciencias sociales, una relación no colonial entre investigadores y pueblos indígenas y por el desarrollo de programas de investigación indígena. Este debate ha favorecido que se desarrollen investigaciones por investigadores indígenas y basados en las propias epistemologías indígenas (Kovach, 2010).

Este serio cuestionamiento a las condiciones de producción del conocimiento “acerca” de los pueblos indígenas constituirá uno de los ejes de trabajo de este GT para dialogar con actores indígenas y producir investigación descolonizadora y respetuosa de sus epistemes.