A partir de los años ’90 el crecimiento desmesurado de la tasa de encarcelamiento en el Norte global generó rápidamente una preocupación, primero académica y luego de tipo gubernamental –aunque esto último sólo en algunos casos– sobre los costos sociales o daños colaterales del encarcelamiento (Hagan, Dinovitzer 1999).La primera denominación tendía a presentar la contracara al discurso neoliberal que enfatizaba el gasto que las personas detenidas representaban para el Estado; la segunda denominación, en cambio, reforzaba una suerte de “inevitabilidad” de dichos daños que acompañarían la situación de encierro carcelario. Ambas sin proponérselo, realizaron un movimiento de dislocación de la prisión, poniendo el acento en una población que, no estando físicamente encerrada, resultaba intensamente afectada por la experiencia del encarcelamiento: las familias de personas detenidas. Estas se ubican en la “penumbra externa” de las prisiones (Adler y Longhurst 1994), en el sentido que las investigaciones académicas, los informes de los equipos de control u observadores externos e incluso las crónicas periodísticas históricamente llevaron adelante una visibilización de la vida cotidiana en los establecimientos penitenciarios que no comprendió a la población realmente afectada aun cuando ésta alcanzaba ya –según estimaciones realizadas por organismos no gubernamentales como Relais Parents para el continente europeo– números importantes. Con esto no queremos decir que las familias hayan estado ausentes de los intereses de académicos, investigadores y políticos, pero la forma en que fueron estudiadas estuvo más vinculada con la preocupación etiológica –en el sentido de identificar a los responsables de la desviación del detenido–, a diferencia de lo que sucederá a partir de los años ’90 y 2000, cuando el interés por estas familias tendió a concentrarse en cómo éstas afrontaban el encierro de uno de sus integrantes y la violencia que el sistema penitenciario en general predisponía para la visita de los familiares. El eje de análisis se desplazó hacia los efectos no deseados del encarcelamiento, aunque en un sentido todavía limitado. Este desplazamiento, sin embargo, no se tradujo en una centralidad –académica o política– de la familia ni de la condición de familiar de personas detenidas. De hecho, la mayor parte de las investigaciones actuales continúan hablando de la “invisibilidad” del universo de familiares (Mauer y Chesney Lind, 2002), en tanto receptores pasivos de efectos no deseados o bien co-partícipes del costo social del encarcelamiento. Esta condición, lejos de resultar problematizada, es el punto de partida de las investigaciones que se ocupan de aquéllos aspectos del encierro penal que involucran a las familias de las personas detenidas, poniendo de manifiesto la medida en que las condiciones de vida al interior de la prisión se extienden más allá de los muros. Los efectos del encarcelamiento suponen, por un lado el derrame de la penalidad sobre las familias de los detenidos y su colonización por las lógicas carcelarias; por el otro, la porosidad de las prisiones que difícilmente puedan pensarse en términos de institución total (Silvestre 2012; Ferreccio 2014). Las investigaciones en esta materia se diferencian según el alcance atribuido a este derrame: en primer lugar, están aquéllas que se limitan al ámbito familiar constatando la precarización económica agregada que el encierro genera, la feminización del universo de familiares (Ferreccio, 2018) –explicable a partir de la generización de las tareas de cuidado– con la consiguiente sobrecarga de la mujer a cargo del sostenimiento económico y afectivo de la familia no encarcelada así como del miembro encarcelado (sea este un varón o una mujer) y, en medida cada vez mayor la sobre-exposición de los hijos de personas encarceladas, desplegándose aquí una serie de variantes que, por razones de espacio sólo enumeraremos: problemas en el aprendizaje, dificultades socio-afectivas y, principalmente en el Norte global desde una perspectiva abiertamente positivista, la posibilidad de la “trasmisión hereditaria de la tendencia al delito” (Farrington, Coid y Murray 2009). En segundo lugar y sobre todo en aquéllos países con altas tasas de encarcelamiento, aunque también en aquéllos en los que éste no se encuentra equitativamente distribuido en la población  (Breen, 2008; 2010), encontramos investigaciones muy incipientes aún, que se ocupan de la concentración territorial de la experiencia carcelaria extendida (Ferreccio, 2017 a; b), esto es el hecho de que las familias de detenidos habitan áreas específicas de las ciudades, en las cuales, la prisión no aparece ya como una amenaza lejana y temible sino como un agente más de la socialización (Garland, 2001), un destino probable de las trayectorias vitales que pueden encontrarse en ese territorio: la experiencia carcelaria deja de ser un evento aislado y difícilmente comunicable para transformarse en una suerte de variable homogeneizadora de los habitantes de un determinado barrio.  Esto ha generado una serie de interrogantes en plena discusión actualmente y que se relacionan, sobre todo, con la eficacia del control social formal allí donde los flujos entre la prisión y el barrio en cuestión resultan intensos (por ejemplo Clear 2006, Clear y Rose 2009). Los autores que se han ocupado de lo que podríamos denominar una “colateralidad masiva y concentrada” del encarcelamiento (Ferreccio, 2017 a; 2017 b), se refieren a tres aspectos: la afectación en las perspectivas de empleo de las personas que viven en barrios sobre-encarcelados  (Holzer, Raphael y Stoll, 2004; Holzer, 2009) ya que se ha debilitado notablemente el poder adquisitivo de quienes circulan  en esas áreas,  la mayor tensión económica para las familias que viven allí (Geller, Garfinkel y Wester, 2011; Sabol y Lynch, 2003; Wildeman y Wester, 2010) y la reducción de las oportunidades para los niños con familiares detenidos, al aumentar sus riesgos de involucrarse en el sistema de justicia penal juvenil (Rose y Clear 2004) y de desertar del sistema escolar (Murray 2005). Ahora bien, las áreas urbanas donde se concentra la experiencia carcelaria –que son los barrios de proveniencia de las personas detenidas y donde viven sus familiares– presentan dos características homogeneizadoras: la primera, el nivel de deterioro edilicio y habitacional; la segunda, los altos índices de violencia letal que registran, de hecho, gran parte de sus pobladores se encuentran organizados en grupos que según el contexto nacional de que se trate serán llamados bandas, broncas, pandillas, juntas o maras. Pese a la cercanía de los fenómenos o bien, el dato del encarcelamiento concentrado como constitutivo del área en que dichos grupos actúan, la investigación social ha abordado estos problemas de manera autónoma y sin vincular un fenómeno con el otro.  En general, estas agrupaciones de jóvenes con prácticas más o menos violentas, han sido estudiadas desde una perspectiva ecológica o recurriendo a la teoría de la desorganización social descuidando el aspecto territorial, el contexto en que éstas se forman y contribuyendo así a la deshistorización de sus formaciones. La presente propuesta de Grupo de trabajo pretende instalarse en este momento de las investigaciones para, mediante un reforzamiento del momento empírico comparado, conocer y describir el circuito (Santos, 2006) que se ha establecido entre a) los barrios pauperizados de las periferias urbanas donde se concentra la experiencia carcelaria, b) las familias de los detenidos y c) las prisiones.  Asimismo, una vez establecidos y descritos los alcances del “circulo vicioso” establecido entre esos tres elementos, profundizará en el conocimiento y explicación de las agrupaciones de jóvenes que se encuentran en esos barrios, para describir y explicar la medida en que éstas pueden representar extensiones de las lógicas carcelarias o dislocaciones de la prisión en los barrios.

Las investigaciones sobre familiares de personas detenidas son todas muy incipientes.Como explicáramos en el punto 2, este estado de “inicio” no se verifica en el Norte global, donde diversos trabajos intentaron responder al problema generado por el mass imprisonment al advertir que la masividad que estaban considerando –es decir, la representada por la población encerrada– era sólo una parte de la efectivamente afectada por el encarcelamiento y que estaba constituida principalmente por los familiares de los detenidos. Sin embargo, el esfuerzo de aquéllas investigaciones parece conservar, como telón de fondo, la ideología de defensa social que en algunos casos –se observa claramente en relación a los hijos de detenidos– ha contribuido a la generación de una “población a gestionar” para evitar el potencial “riesgo de delinquir” en que estos niños se encontrarían. En nuestra región, unas pocas investigaciones han avanzado en la exploración y descripción de las múltiples y densas relaciones que la prisión –en tanto institución y, por lo tanto, con capacidad productiva y no sólo represiva– establece con los más variados entornos (ver, por ejemplo, Silvestre 2012), intentando demostrar cómo estos resultan colonizados por las lógicas carcelarias o cuán difícil parece ser resistir su “contaminación”. La presente propuesta adhiere a la corriente más general que propone descarceralizar uno de los elementos del circuito barrios-familias-prisión para identificar cómo las lógicas carcelarias y la cultura de la población encarcelada abandonan el espacio físico de la cárcel para re-localizarse en las calles, en un círculo que se retroalimenta de manera continua. Para esto, son pre-requisitos metodológicos y teóricos: a) la disposición al análisis en relación de los diversos elementos del circuito que permita interpretarlos de manera dinámica; b) el abandono de las líneas uni o bi-direccionales; c) su reemplazo por la noción de flujos que subsumen a esas líneas pero las trascienden; d) el análisis en términos de espacio social, territorio(s) y circuito. Esta última noción, formulada hace varias décadas por el geógrafo brasileño Milton Santos, permite incorporar al análisis teórico a los afectados por el funcionamiento carcelario pero ausentes de las investigaciones en la materia: en un primer momento, los familiares de detenidos en tanto sujetos que habitan tanto en los intersticios de la institución carcelaria, como en las periferias urbanas y que no sólo reciben los efectos del sistema carcelario sino que pueden intervenir, activamente, en la producción del orden carcelario y urbano. En un segundo momento, siguiendo las trayectorias de los familiares, se propone avanzar hacia los barrios en que éstos residen considerándolos como “espacios sociales” (Zomighani Jr., 2013) en los cuales las lógicas carcelarias resultan dominantes y la tan extendida como densa socialización carcelaria parece proyectar sus efectos sobre el control social.El campo de investigación se ha ido desplazando paulatina pero ininterrumpidamente desde los espacios intersticiales o liminares (Moran, 2015; Bosio, 2017) en los que tienen lugar las visitas familiares, representando estas un primer movimiento de los familiares hacia la prisión  (Chantraine, 2004; Ricordeau, 2008; Silvestre, 2012; Ferreccio 2012, 2015, 2017 a)–, pasando por las medidas de seguridad para el ingreso de los familiares, en particular la requisa corporal (Gual, 2011, 2015; Ferreccio, 2013, 2015), hasta hacer de los familiares un campo de estudio connotado en primer lugar por su “invisibilidad”, en segundo lugar por su “afectación económica colateral” y en tercer lugar por la “sobre-exposición de los hijos de los y las detenidas” (Hagan y Dinovitzer, 1999; Parke y Clarke-Stewart, 2003; Mancini, 2015; Aiello, 2017). Sólo muy recientemente y a partir de los resultados de investigaciones preliminares, algunos autores (ver Clear 2008) sugieren la existencia de una relación constante entre los flujos de ingresos y egresos de prisión y el nivel de conflictividad que registran los barrios de proveniencia de las personas detenidas considerados como “territorios de influencia” de las prisiones. Una de las investigaciones más interesantes desde esta perspectiva, es la que realizaron Clear y Rose en Tallahassee, Estados Unidos. Allí encontraron que una gran proporción de personas que entrevistaban en los barrios más empobrecidos de esa ciudad, habían tenido uno de sus miembros en prisión en los últimos cinco años. Fue a partir de esta constatación que se dedicaron a indagar sobre el efecto que la configuración del “encarcelamiento” como hecho social normal (Durkheim, 2016 [1895]) podía tener en las relaciones sociales al interior de los barrios donde mayoritariamente habitan los familiares, preguntándose, en especial, por las configuraciones que el control social informal adoptaba frente a una realidad de control social formal sumamente extendida y, a la vez, geográficamente concentrada (ver Clear y Rose, 2008). Pueden citarse como antecedentes, también, las investigaciones de Braman (2004) sobre las dificultades laborales que enfrenta la familia del encarcelado ya que ese dato obtura las perspectivas de empleo del resto de la familia y Le Blanc (2004) que se concentra en los efectos sobre las madres jóvenes no encarceladas, cuyas vidas resultan completamente reguladas por la justicia penal. El encarcelamiento, incluso como experiencia indirecta–que es la que hipotetizamos respecto de los familiares– condiciona las trayectorias vitales de estas personas y sus posibilidades de elección, tanto en materia de participación política como de inserción en el mercado laboral.En nuestra región, las investigaciones sobre bandas, pandillas, broncas o maras ha tendido a concentrarse en las relaciones sociales al interior de estos grupos, así como al proceso de constitución o “reclutamiento” de estas personas, dedicando pocos esfuerzos a poner en relación esos grupos con la experiencia carcelaria de la que, en su mayoría, son detentadores. En el análisis de las trayectorias vitales de estas personas, el periodo en prisión no resulta jerarquizado en relación con el resto de los datos que componen su historia de vida, de manera tal que difícilmente pudieron hipotetizarse relaciones entre esos grupos adentro y afuera de la prisión o rastrear las continuidades y discontinuidades entre sus experiencias carcelarias y barriales, al interior del mismo grupo. Esta propuesta de Grupo de Trabajo pretende reunir las investigaciones en curso de quienes se proponen también como miembros del grupo: Gutiérrez Rivera sobre las maras hondureñas, Telles (2017) o Mallart (2019) sobre el fenómeno de cracolandia en Brasil,  Mancini (2015) sobre las relaciones entre los jóvenes de barrios populares en Argentina y los agentes estatales, Bosio (2017) en relación con los dispositivos pentecostales que actúan dentro y fuera de las prisiones argentinas o Ferreccio (2017 a, b) sobre la posibilidad de mapear las áreas de proveniencia de las personas detenidas. Hasta ahora, los barrios en relación con/influenciados por las prisiones han sido estudiados como espacios de deprivación económica sin registrar los efectos que la experiencia carcelaria concentrada en esos territorios podía tener para la socialización al interior del barrio o para la regulación de sus niveles de conflictividad. De manera similar, las investigaciones carcelarias no han avanzado en la línea de identificar los efectos de las estrategias de los jóvenes encarcelados para reproducir, al interior de las prisiones, los barrios de los que provienen.Este Grupo de trabajo pretende recuperar las investigaciones incipientes en este campo  producidas en nuestra región, generando entre ellas un diálogo que debería permitirnos conocer (o acercarnos a) los alcances reales del encarcelamiento en las sociedades contemporáneas del Sur global. Esa recuperación privilegiará, desde el punto de vista teórico, las categorías ya señaladas de circuito, territorio/estrategias territoriales y espacio social, incorporando del campo de las migraciones la categoría analítica de movilidad forzada para designar el número elevado de personas que son extraídas de y devueltas a un mismo barrio como consecuencia de encarcelamientos y liberaciones múltiples y sucesivas. Para esto será necesario definir tasas de encarcelamiento a escala barrial, el control social informal tal como es experimentado en esos barrios y los niveles de tolerancia de sus habitantes respecto a las conductas conflictivas.Los países del Sur global necesitan analizar los efectos sociales que adquiere el encarcelamiento cuando éste deviene masivo y concentrado geográficamente en ciertos barrios de nuestras ciudades que, en vías de retorno, se encuentran sobre-representados al interior de la prisión. La fragilización o mayor vulnerabilidad de estos barrios que parece exponerlos en mayor grado al desarrollo de actividades delictivas así como la guetización de las relaciones sociales probables de sus habitantes (Layperonnie 2008), son fenómenos que pueden relacionarse con la relación circuital en que se encuentran. Conocer cómo “circulan” definiciones y regulaciones del uso de la violencia desde el barrio hasta la prisión y viceversa, a través del canal por excelencia que son los familiares de las personas detenidas, determinar el nivel de tolerancia que los habitantes de estos barrios, socializados en la experiencia carcelaria tienen respecto de las conductas prohibidas pero también respecto de las agencias del control penal y, finalmente, establecer las discontinuidades y continuidades entre las agrupaciones –bandas, broncas, chavos-banda, pandillas, maras– de jóvenes habitantes de esos barrios dentro y fuera de la prisión, permitirá la formulación de estrategias de intervención social con eficacia interruptiva de los flujos de comunicación establecidos entre los diversos elementos del circuito.