El objetivo de nuestro grupo de trabajo es contribuir, mediante la construcción de conocimiento de frontera e innovación científica, abierta al diálogo de saberes, al debate público latinoamericano (en perspectiva global) para la evaluación de la implementación realizada hasta ahora de cursos de acción pública de seguridad para el diseño multiagencial de políticas de una segunda generación de programas de seguridad ciudadana (Angarita, 2015).

Desde hace un cuarto de siglo se observa en la región una relación estructural entre incremento de desigualdad, altas tasas de violencia social y política y reproducción de capitalismos periféricos y semiperiféricos con regímenes electorales autoritarios (Kessler,  2009; Schedler; 2016). Así la desigualdad y la violencia se incrementan de forma articulada respecto de la explotación y el securitismo, y diversos actores responden a esta situación con la retórica y las políticas del populismo penal, mientras diversas resistencias populares (algunas expresiones de fascismo social como los linchamientos, otras democráticas tales como polícías comunitarias, autodefensas, colectivos de víctimas, observatorios o laboratorios de ideas) se multiplican a la defensiva, desarticuladas, sin un programa contrahegemónico, a veces mediante agendas mínimas, a veces contradictorias o poco pragmáticas (Fuentes/Fini, 2018).

La enorme heterogeneidad de violencias regionales acumuladas, encadenadas, y distribuidas regionalmente dañan irreversiblemente a los más vulnerables (Misse, 2014;Auyero/Berti, 2013; Tenenbaum/Viscardi, 2018; Otamendi, 2015). La vida de las víctimas y de sus comunidades se reproduce violentamente sin que los sistemas gubernamentales de atención a víctimas instituidos para la reparación del daño recuperen las posibilidades cerradas en las trayectorias sociales de éstas.

La reproducción ampliada de la violencia a escala individual a través de redes ilegales ha sido el mecanismo mediante el cual se han controlado diversos territorios de nuestros países y en algunos casos instituciones o diversas redes institucionales de nuestros estados nacionales o subnacionales. Por ejemplo: el reclutamiento de jóvenes por redes ilegales; las desapariciones forzadas y el asesinato de periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, mediante la violencia organizada; la letalidad de las policías militarizadas; el encierro de jóvenes pobres cuyo dilema es la migración, el encierro, el cuartel o la muerte violenta; los feminicidios; el racismo institucionalizado; los nuevos tipos de explotación y precarización; el asesinato de líderes comunitarios, periodistas o defensores de derechos humanos, predominan sobre los bajos impactos de las escasas y limitadas políticas de prevención, sobre todo en el nuevo ciclo de derecha instituido en gran parte de países de la región.

 Esta diversidad de violencias tienen formas contingentes, pero estructuralmente simultáneas; son episódicas, pero se rutinizan como recursos utilizados por perpetradores contra víctimas; se reproducen como mecanismos de solución efímera de conflictos, construcción y fortalecimiento de la autoridad y reputación entre y/o de extracción de renta y  otros recursos materiales o simbólicos, encadenándose entre sí en los territorios y borrando en parte los límites entre las violencias en la familia, la calle, el barrio y los espacios públicos (Auyero/Berti, 2013).

De acuerdo a González y González (2015) estos procesos pueden observarse mejor mediante la hipótesis de la presencia geográfica diferenciada o variable de violencias e instituciones estatatales. Asimismo, pensamos, mediante análisis regionales en perspectiva histórica, el uso de recursos metodológicos cuantitativos y cualitativos de las tendencias y dinámicas nacionales, subnacionales y locales y de factores asociados, o también a través de estrategias metodológicas como etnografías en barrios o instituciones, tales como biogramas, biografías o método biográfico u otros métodos como la investigación acción, que posibiliten la observación de este proceso social a escala individual, grupal y comunitaria como proceso incorporado, aprendido, construido socialmente, donde se articulan las dimensiones micro, meso y macro de procesos violentos que pueden desaprenderse, mediarse, o bien, pacificarse (Feixa, 2018; Sautu, 2004; OSH, 2014).

            En efecto, la diferencia entre procesos de violencias en ciudades centrales y periféricas de la región, nos obliga a la cartografía diferenciada de regiones que especifiquen tipos de dinámicas rurales, urbanas e interfronterizas en las cuales se desarrollan las violencias. Para nosotros no es igual el conflicto interno y la guerra civil, tampoco la violencia en la guerra civil y la guerra civil en sí misma (Kalyvas, 2007; Briceño León y otros, 2018). La historicidad de las relaciones estado-sociedad y el papel que la violencia ha tenido y tiene en la región es fundamental para la comprensión acerca de los tipos de control, prevención, mediación o pacificación democrática de aquellas regiones cuyas localidades rurales y ciudades experimentan diferentes grados de conflicto o violencia (Rodríguez Cuadros, 2015).

En este sentido, el proyecto plantea continuar contribuyendo a la comprensión de las violencias en sus distintas manifestaciones institucionales, sociales y privadas, para poder evaluar las políticas de seguridad implementadas hasta ahora e incidir en la formulación de estrategias articuladas de seguridad ciudadana y humana. Para esta complejidad, el securitismo como el recurso a la mano dura, el incremento de penas, los sesgos de clase, género y raza en el uso de big data para la prevención, el encierro de los grupos pobres, es simplista y peligroso porque las políticas securitarias, ya sean de derecha o izquierda progresista, que han experimentado poco (se trate de policías comunitarias o, en una lógica diferente, de policías de proximidad) con políticas de seguridad humana o ciudadana, posibilitan la reproducción de las desigualdades generadas por los ciclos de acumulación y hegemonía neoliberal en nuestras sociedades y peor, en la mayoría de casos, agudizan el problema.

            Es evidente que el proceso de acumulación de violencias plurales está articulado a la desigualdad y la hegemonía producida por -regímenes neoliberales en la región, prácticamente la mayoría- y aunque algunos gobiernos de centro izquierda como en Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, han implementado sus propias políticas de seguridad con los viejos aparatos policiales y judiciales heredados del los estados neoliberales, paradójicamente no han logrado construir políticas de seguridad ciudadana o humana mientras esas experiencias son la demanda de una pluralidad de actores sociales que monitorean e intervienen esos procesos mediante sugerencias e informes anuales en la región.

            Por lo contrario, pensamos el diálogo de saberes como apertura del saber universitario a los saberes de actores sociales en el campo de la violencia es una estrategia de articulación de experiencias sociales que pone en el centro del debate regional la construcción de conocimiento e impacto de la investigación científica en la integración social de sujetos diferentes en contextos de desigualdad, exclusión y violencia. (Saravi, 2018). Esta estrategia garantiza una recuperación de las buenas prácticas regionales de articulación de demandas bajo el principio de la seguridad ciudadana y humana, entendida ésta última como una seguridad integral, sin pobreza, miedo, con desarrollo social y acceso a la justicia, así como mediante el respeto de los derechos humanos y los derechos político-democráticos (Kloppe/Abello, 2018).

Para tal efecto, proponemos la investigación acción de la pluralidad de violencias articuladas en grupos vulnerables, desde la perspectiva de la interseccionalidad donde se superponen las precariedades de clase, raza y género; los efectos indeseables del securitismo neoliberal y la capacidad de resistencia y resiliencia comunitaria de grupos sociales afectados por estas violencias de estado o tipos de violencias asociadas a megaproyectos neoextractivos, entendidas como forma de defensa y construcción de regímenes democráticos postneoliberales (Wacquant, 2010; Calvo,  2012).

Es verdad que en décadas pasadas, en la región, hemos acumulado conocimiento acerca de la heterogeneidad de las violencias y las políticas de seguridad mediante diversos estudios de caso, análisis regionales, o comparativos, incluso como producción de los anteriores grupos en los cuales los integrantes de este proyecto hemos participado (Alvarado, 2013; Tavares/Barreira,  2016; Zavaleta, 2015; Barreira, 2008). Sin embargo, observamos también la atomización o dispersión de análisis que, por especialización o focalización, separan la pluralidad de violencias -encadenadas- de la reproducción de los ciclos de acumulación y las transformaciones estatales.

En efecto, hemos observado, desde diferentes ángulos disciplinarios, la colusión entre un modelo de acumulación por despojo neoextractivista, las redes ilegales y el sistema penal (Sobering y Auyero, 2019), la financiación de la economía penal, la trata de personas y las políticas antimigratorias; el giro de la militarización de las policías al policialismo militar en la región con financiamiento y capacitación de centros de poder; el incremento de la población carcelaria, reproduciendo la selectividad del sistema penal en términos de raza y clase social y el mercado de las cárceles privadas; las políticas de desresponsabilización estatal neoliberal en materia de estado social y al mismo tiempo de giro punitivo en materia de seguridad (Kessler, 2013, Otamendi, en prensa) por nombrar algunas, todas ellas con graves consecuencias para las libertades civiles y los derechos humanos, la cohesión social, la igualdad y la estabilidad democrática.

En estas circunstancias, pensamos es tiempo de reubicar nuestra observaciones en procesos estructurales o culturales más amplios que den sentido a los valiosos estudios de caso desarrollados hasta ahora (Wieviorka, 2004; Dubet, 2015). A nivel macrosocial se ha identificado una serie de transformaciones de largo plazo caracterizadas como “descivilizatorias”. De acuerdo a este autor, en la modernidad tardía se produjo una articulación con mayores niveles de exclusión y desigualdad debilitando la cohesión social (Dubet, 2015), el resurgimiento del racismo y la persecución de minorías y alteridades. De la misma forma, en este contexto, las identidades duras  han sido sustituidas por identidades contingentes e instituciones debilitadas (Dubet, 2002).

Por otra parte, respecto del impacto del conocimiento construido hasta ahora, a pesar de nuestros logros en el campo de las políticas de seguridad, es posible que la baja influencia de los estudios acerca de la inseguridad, la violencia y la seguridad ciudadana en el diseño de políticas públicas de seguridad humana se deba a la autoreproducción cerrada de las instituciones de seguridad, legalidad y justicia latinoamericanas, pero también pensamos, está relacionada con la baja competencia técnica, -déficit técnico histórico en la oposición democrática-, para influir, acompañar, evaluar sistemáticamente, de forma multiagencial, procesos a diferente escala de gobierno, allí donde los gobiernos de derecha tienden al populismo penal basado en el encierro de los pobres, o bien, asimismo, tiene relación con el bajo intercambio de experiencias entre investigadores universitarios y comunitarios.

En retrospectiva, el breve inventario de nuestras trabajos en el campo de estudios sobre las violencias en la región permite observar que hay series de trabajos muy valiosos para nuestro objetivo, sin embargo, entre ellos, existen algunos textos anglosajones, que reproducen desigualdades entre nodos de las redes de ciudades centrales y periféricas o bien son proclives a la transferencia de casos globales exitosos sin una localización oportuna o desanclada del contexto en el cual se produjo. Esta situación puede caracterizarse como el colonialismo securitario cuyo ejemplo ha sido la tolerancia cero (Wacquant, 2010).

La inversión de esta tendencia neoliberal, a contracorriente, puede construirse mediante una identificación de oportunidades en cada localidad o ciudad (en las que trabajaremos según la adscripción institucional de los integrantes de nuestro equipo) mediante una propuesta multiagencial basada en la lógica inversa. La observación cualitativa o etnográfica de las violencias, la comparación entre casos, los análisis de tendencias, la evaluación de políticas securitarias neoliberales y de las resistencias de movimientos y activistas sociales, permitirá elaborar una agenda compleja, multidimensional, metódica, contextualizada, que multiplique y articule las resistencias en políticas públicas de seguridad desde abajo.

Esta tarea pública basada en la reconstrucción estatal desde abajo exige la deconstrucción de la retórica securitaria, demostrando sus falacias mediante el análisis de casos y estudios comparados, la influencia eficaz en los nodos de élites de izquierda progresistas, ahora desplazadas por la derecha, -excepto en algunos países como México, Bolivia, Uruguay- mediante la elaboración de pronunciamientos públicos, boletines, activismo en medios de comunicación y la integración de coaliciones regionales que reconsideren los tiempos de gobierno y las agendas públicas para incidir en temas de preocupación compartida integradas con actores sociales diversos  como losque son parte de esta propuesta en temas como regulación de armas, la promoción del desarme, las resistencias a la reducción de edad penal, la desmilitarización de policías, la despenalización de drogas, la reducción de la prisionalización y la justicia transicional para casos de conflicto interno de intensidad diversa, entre otros.

Esta estrategia implica pensar fuera de la caja, realizar investigación de frontera e innovación científica así como la influencia eficaz en el funcionamiento de instituciones de seguridad y justicia de estados electorales autoritarios de la región. Esta intervención pública requiere además de la modificación de la correlación de fuerzas en el campo científico, porque en algunas de nuestras sociedades latinoamericanas las ciencias sociales se judicializan de la misma forma que en las sociedades centrales -por ejemplo en Francia- se les acusa erróneamente, porque confunden juicio científico con juicio jurídico, de reproducir una cultura de la excusa de lo ilegal al justificar sociológicamente prácticas ilegales (Zavaleta/Alvarado, 2018; Lahire, 2016).

 En estas circunstancias, nosotros pensamos que nuestro grupo puede contribuir al logro de estas metas a través del diálogo de saberes multiagencial con las alianzas estratégicas con las organizaciones que integran el presente proyecto; la apertura de programas de investigación universitarios a la observación compleja del campo de las violencias y el campo jurídico y de las políticas de seguridad, incluyendo el sistema penal y la defensa pública de las libertades civiles, políticas y los derechos humanos en un sentido contrahegemónico como una reconstrucción de lo público y democrático  fortaleciendo la protección de minorías vulnerables (Sousa Santos, 2014).

Esta propuesta ofrece una síntesis de experiencias diversas de redes de investigación previas de otros grupos de trabajo de CLACSO en los cuales hemos participado desde hace una década (Seguridad en Democracia, Seguridad, Violencia y Obstáculos a la Ciudadanía; Violentados, estimatizados y encerrados) y la articulación de trayectorias académicas, políticas  y activismo social de los participantes mediante la investigación junto con grupos de activismo social que han acumulado saberes y experiencias regionales acerca de las líneas de investigación compartidas (Vargas, 2012; Zavaleta, 2015; Angarita, 2015,Tavares y otros, 2017).

Los integrantes de este grupo, en su individuación como investigadores expertos o en formación, de múltiples géneros, de distintas procedencias étnicas, distribuidos en diversos países donde las ciencias sociales tienen desarrollos desiguales, pero en red, trabajaremos proyectos con base en los tópicos arriba referidos como líneas generales de investigación. Para tal efecto, proponemos el seguimiento de una agenda sistemática a la que contribuiremos todos desde las regiones en las cuales estamos situados que garantiza que los integrantes del grupo tienen un fuerte compromiso con la apertura de un nuevo ciclo de estudios, particularmente de lo que hemos compartido como sociología latinoamericana de la violencia, conscientes del ciclo de acumulación de capital y regímenes electorales autoritarios que predominan en la región.

En estas circunstancias proponemos

Objetivo General

-Desarrollar un programa de investigación acerca de la pluralidad de las violencias que afectan interseccionalmente a grupos vulnerables y a toda las sociedades de la región, particularmente a sus regímenes democráticos; de los efectos del securitismo neoliberal; la capacidad de resistencia comunitaria y de sus versiones regresivas, mediante el diálogo de saberes entre investigadores universitarios, investigadores comunitarios y actores políticos progresistas para el diseño multisectorial de políticas de una segunda generación de programas de seguridad ciudadana para la defensa y construcción de regímenes democráticos postneoliberales en América Latina.

Las líneas generales de nuestro programa de investigación-acción

1.    El uso de violencias como mecanismos de resolución de conflictos de género, status, étnicos, sociales, económicos, políticos, interseccionales y de extracción de renta (tráfico de armas, prohibicionismo militar de sustancias ílicitas, desaparición forzada, tráfico de personas, letalidad de fuerzas armadas y de seguridad, violencia organizada, ciberdelito, delitos financieros y ambientales).

2.    El colonialismo securitario como los intercambios asimétricos y desiguales entre élites centrales y periféricas de políticas securitarias neoliberales o progresistas  y sus impactos en las libertades, en los derechos humanos, en el desarrollo humano y la democracia, especialmente en los grupos más vulnerables, estigmatizados e invisibilizados.

3.    Las resistencias pacíficas o violentas según repertorios de protesta en la defensa de la vida ante casos de extractivismo (desplazamientos, movimientos de resistencias a megaproyectos) y distintas manifestaciones de violencias (en sus formas más negativas como linchamientos, homicidios, feminicidios, milicias y armamentismo; o en sus formas progresistas, como redes de cuidado, protección de víctimas, organizaciones de base, redes regionales), reproducción de desigualdades en la vulnerabilidad (encierro de jóvenes y minorías étnicas) y supresión de libertades mediante censura o represión.