El abordaje de la tríada comunicación, política y ciudadanía es uno de los temas claves de la región latinoamericana y caribeña en tanto constituye un territorio ineludible para nuestras democracias. Actualmente, la híper-concentración mediática, así como la falta de regulaciones en términos comunicacionales y tecnológicos, ponen en cuestión el ejercicio de la ciudadanía y las democracias de nuestros países al punto de horadar la idea de las potestades reguladoras de los estados nacionales y los sujetos de derecho. Por supuesto que no sólo los medios son aquellos capaces de condicionar, por sí solos, las voluntades de los pueblos, sino que lo hacen en una clara articulación con las elites, el poder judicial y el mercado financiero, nacional y transnacional. 

Ellos constituyen los pilares que desde hace décadas trabajan en la región a partir de las campañas de desinformación y de deslegitimación de la política y de los líderes populares mediante la despolitización de la cultura, la judicialización de la política, la criminalización de la protesta social y la estigmatización mediática en general. Desde los llamados grandes medios o medios hegemónicos se siembran los argumentos y se dictan las sentencias desdibujando los roles del poder judicial y situándonos en el límite de la democracia. En este contexto, las campañas políticas, las operaciones mediático-judiciales, la proliferación de noticias falsas, el control del big data y el hostigamiento a medios públicos, comunitarios y a las y los periodistas, ponen en jaque a las ciudadanías.

De esta forma, la hiperconcentración mediática -que es a la vez económica, ideológica y cognitiva-, anclada en la doctrina de la seguridad ciudadana y enraizada en la pedagogía de la crueldad (Segato, 2014), pone en riesgo la ciudadanía mediante unas democracias mediatizadas que postulan nuevos modos de estar juntos a partir de las lógicas de los capitales financieros. Y en este punto, la disputa por el sentido de lo común, el camino de la emancipación se encuentra fuertemente vinculado a la acción política, a las movilizaciones, a la gestión económica y a la trama cultural, ideológica, espiritual de nuestros pueblos (García Linera, 2015).  Entendemos, de este modo, que la comunicación se reconoce como constitutiva de la ciudadanía en tanto interacción que hace posible la colectivización de intereses, necesidades y propuestas; pero también porque dota de existencia pública y política a los sujetos permitiendo verse-representarse ante sí mismos y los demás. Este reconocimiento de la comunicación como condición de posibilidad de la ciudadanía es, a la vez, condición de posibilidad de la política y de nuestras democracias.

Esta asfixia de la democracia aumenta, a su vez,  con cada líder popular asesinado, preso político, pero también con cada derecho recortado (concentración de los medios, desempleo y precarización, vaciamiento de la salud pública, la educación, la ciencia y técnica y la seguridad social), con cada medida de gobiernos que realizan una transferencia regresiva del ingreso, lo que es instalado de manera sistemática en las agendas mediáticas y en el sentido común como acciones consensuadas con la ciudadanía, vulnerando constantemente el derecho a la comunicación. Mientras ocurre todo esto, o tal vez para que este escenario sea posible, se incrementa el número de los periodistas, comunicadores y propietarios de medios críticos que son despedidos, perseguidos, estigmatizados o asesinados en nuestra región; lo que nos pone en una situación de emergencia comunicacional, política y ciudadana.

Todo ello se da en el contexto de un neoliberalismo en crisis donde cada pueblo de la región conoce e identifica a sus verdugos, sin embargo éstos parecen gozar de castigar a aquellos que no se avasallan ante las violencias e injusticias y, desde los poderes que representan (los gobiernos autoritarios, la justicia, los medios concentrados) rigen como sus enemigos a las luchas populares y a la regulación de la comunicación como un asunto de Estado. De forma que es preciso continuar advirtiendo que los medios de comunicación masiva, entendidos como empresas que representan determinados intereses regionales y globales, ponen en juego una serie de operaciones semióticas y políticas que evidencian sus objetivos toda vez que demonizan al Estado y a la política, que se creen dueños de la historia y atentan contra las memorias colectivas y las luchas de los pueblos (Saintout y Varela, 2015).

Es necesario reponer, también, que en tanto exponentes de las llamadas elites latinoamericanas, los medios de comunicación masiva instituyen un sentido común que asocia las políticas de inclusión social con populismos, fascismos y dictaduras; y colaboran fuertemente con el desprestigio de los gobiernos progresistas y de izquierda, construyendo unas agendas donde el argumento de la corrupción público-estatal se convierte en uno de los principales focos -y excusas- de la ofensiva neoliberal. Con ello, hacen corresponder al Estado -y la ampliación de derechos- con la corrupción, en pos de una administración tecnocrática que desconoce la dimensión política de toda administración estatal (Astarita, 2014).

De esta forma, venimos observando y enunciando cómo los procesos políticos que promueven la democratización de la comunicación, entendida como un derecho, resultan una clara amenaza para aquellos que pretenden monopolizar la palabra coadyuvando a la instauración de un orden conservador que echa por tierra los derechos sociales a la vez que censura, ignora o tergiversa voces, reclamos y expresiones del campo popular, toda vez que rechazan la aplicación de decretos que atentan contra la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos, gestionan miedos, odios y montan juicios de dudosa pertinencia contra gobernantes de la región y dirigentes sociales. 

Vale destacar, entonces, que la historia de los medios masivos de comunicación y de las elites en nuestra región se entrecruza para lograr un fuerte protagonismo en los procesos más terroríficos de nuestros pueblos como las dictaduras, las guerras civiles y los golpes a gobiernos democráticos durante el siglo XX (como el emblemático caso de El Mercurio en Chile, cuya intervención directa termina con la caída del gobierno democráticamente electo de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973) y también en la actualidad. Casos como los de Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), resultan ser claros exponentes, a los que debemos agregarle las operaciones tendientes a la desacreditación y exigencia de juicios de ex presidentes como Lula Da Silva (aún injustamente preso), Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa en pos del posicionamiento de los actuales gobiernos de derecha de Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Lenin Moreno. 

Estas derechas regionales -siempre en colaboración con los poderes hegemónicos mundiales- han sido y son cómplices -e incluso, hacedoras- del hambre, de las armas, de los tanques, de las torturas, de las desapariciones, de las estigmatizaciones que pesan sobre la historia de nuestros pueblos. Hoy, la gesta de la presión ya no se vale de la sangre derramada y, en su lugar, introducen su odio, su horror al pueblo escudándose en los sentidos mezquinos de las instituciones, expresadas en el orden neoliberal.

Sin embargo, en este escenario de tiempos confusos y difíciles para nuestros pueblos, la resistencia de los movimientos sociales y políticos se encuentra organizada, dispuesta a construir alternativas democráticas, abiertas y populares. Nuestramérica ha sido y es hoy una vital plataforma de emergencia y de potencial de transformación frente al avance del neoliberalismo. La comunicación fue y es uno de los grandes espacios de conflictividad y disputa de poder, lo hemos visto durante los últimos años los gobiernos progresistas y populares de la región que han hecho de ella un asunto de Estado, abriendo así la posibilidad de re-conocimiento y empoderamiento de diversos sectores sociales que, previo a los tratamientos parlamentarios de la regulación comunicacional, se hallaban en clara desventaja respecto de la monopolización de la palabra por parte de los medios concentrados, cuando no, privados de la misma.

Hoy una de las preguntas que nos convoca tiene que ver con reconocer aquellos espacios donde se construyen los diálogos y las resistencias, cómo es que los habitamos cuando pareciera que los vencedores ya ganaron. Para ello, el desarrollo de algunas cartografías nos pueden ser útiles para ensayar nuevas categorías con las que nombramos y abordamos a la tríada comunicación, política y ciudadanía. Se nos presentan, así, una serie de urgencias que atraviesan la agenda de trabajo del presente grupo tales como: el tratamiento de los procesos de memorias, paz, violencias, migraciones; el reencantamiento de lo peor de la religión, mediante la instalación de una mirada fundamentalista del mundo (pentecostalismo, opus dei, etc.), y los nuevos populismos que tanto desde la izquierda como desde la derecha amenazan con adelgazar la densidad de la política o con legitimar abusos del poder, desde donde quiera que este llegue. 

Necesitamos, además re-entender las mediaciones, tecnicidades, socialidades y ritualidades en un tiempo donde la llamada revolución digital opera en todos los órdenes de la comunicación, la política, la ciudadanía: resulta fundamental el análisis de las mutaciones, contradicciones e intersecciones en esta tríada para  comprender qué tipos de ciudadanías se construyen ahora desde estos otros sensorium. A su vez, las discusiones sobre acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia, libertad de expresión, big data, necesitan del lenguaje matemático para precisarse y debemos profundizar en este sentido, ya que habitamos un tiempo en que el algoritmo cobra un carácter decisivo y,  es preciso saber descifrarlo e intervenirlo de manera intencionada. El algoritmo no es neutro. Está pensado para deber favores y potenciar a unos mientras se desvalija a otros de sus datos.

De esta manera, la relevancia de estas urgencias se expresa en el brutal retroceso en materia de derechos que profundizan las grietas, especialmente la brecha de desigualdad (incluida la comunicacional) que pone en riesgo nuestras democracias. Asimismo, el abordaje de la triada comunicación, política y ciudadanía en un momento regional como el presente tiene como objetivo la producción colectiva de estrategias que nos permitan transformar las agendas del odio y de la opresión en unas agendas de justicia social, soberanas y equitativas, sostenidas en una comunicación democrática, amplia, plural y diversa.

El presente Grupo de Trabajo cuenta con dos periodos de desarrollo (2013-2016 y 2016-2019) en los que ha promovido la consolidación de un espacio académico y político interdisciplinario y plural problematizando las vinculaciones entre comunicación, política y ciudadanía en nuestra región, al calor de los acontecimientos contemporáneos en un abordaje de clave crítica, creativa e históricamente situada. Así, en sus encuentros, producciones  e intercambios aquí generados aportan a la comprensión del papel de la comunicación en nuestras democracias, en sus diseños políticos culturales en cada uno de nuestros países. A su vez, durante ambos periodos este GT ha ampliado sus redes y debates, su articulación con otros espacios de la red, en los territorios académicos, científicos, púbicos y comunitarios, siempre poniendo en diálogo cada uno de estos espacios y tradiciones (y lejos de pensarlos como esferas escindidas). 

Atendiendo a la relevancia de este espacio es que su renovación continúa promoviendo la actualización de los debates y perspectivas, la ampliación de la red y diversidad de actores que lo constituyen, con el objetivo de extender los compromisos con la soberanía de nuestra región, la emancipación de nuestros pueblos con y desde la producción e intercambio de conocimientos con una perspectiva geopolítica alrededor de la comunicación, la política y la ciudadanía. Es así que la propuesta de este GT implica un proyecto y  unas luchas políticas desde las que se producen saberes y conocimientos emancipadores, atentos a las demandas sociales y a la emergencia de prácticas y discursos contrapuestos a los que se instalan desde los poderes hegemónicos.  Prácticas y discursos que recuperan las particularidades de cada región latinoamericana y caribeña, sus riquezas ligadas a los sentidos populares capaces de fortalecer las disputas por los accesos al espectro y a los lugares de la enunciación, a la soberanía comunicacional.

La tríada comunicación, política y ciudadanía es uno de los principales espacios en la constitución de las sociedades democráticas actuales y, en este sentido, para su abordaje resulta clave la adopción de una perspectiva latinoamericana en y desde la que abordar las prácticas y los procesos comunicacionales, mediáticos, sociales, culturales y políticos en nuestro continente y el mundo; a la misma vez que, por otro lado, se torna indispensable la revisión que atienda a cómo es que la historia de los estudios de comunicación nos ha sido narrada desde una academia “de-pendiente de las metrópolis en sus condiciones, para hablar con legitimidad”; una revisión que sea capaz de contar esta historia en otra dirección (Saintout, 2016). Unas epistemologías del sur, de la esperanza, del barro que emergen desde los conflictos y se revisten de las potencialidades de las luchas populares como herramientas capaces de trastocar el mundo y transformarlo en uno más justo e igualitario. 

La llegada al gobierno de las derechas y las elites latinoamericanas marca un alarmante retroceso en materia de derechos humanos y del derecho a la comunicación en toda nuestra región. Las derechas regionales, en colaboración con los poderes económicos globales, han articulado tres estructuras que actúan como bloque hegemónico: el sistema financiero, el poder judicial y los medios de comunicación. En la pasada década, los países del Cono Sur impulsaron la discusión en torno a la comunicación como derecho humano de los pueblos. Con diversas herramientas y resultados, los gobiernos populares enfrentaron a la alianza entre los poderes mediático, financiero y judicial, para instalar en la agenda pública la necesidad de democratizar el espectro de voces y la propiedad de los medios de comunicación a través de herramientas legislativas y políticas públicas que impulsaran la pluralidad y equidad de posiciones. Así fue que se generaron normativas que tuvieron como finalidad la democratización de la comunicación en nuestra región, desplazando aquellas leyes impuestas por las dictaduras y los gobiernos neoliberales que habían otorgado a la palabra una lógica comercial, tendiente a la concentración de la propiedad de los medios-empresas.

En este sentido, es preciso continuar denunciando que las desventajas presentes en relación a la injusta distribución de los accesos a frecuencias y tecnologías implican siempre la reproducción de las desigualdades materiales y simbólicas, en uno de los territorios más desiguales del mundo como es nuestra región. Desde este espacio (entre otros, por supuesto) hemos evidenciado cómo es que una de las formas actuales más evidentes de exclusión ciudadana se sitúa en la desposesión del derecho a ser visto y oído. Así, siguiendo a Jesús Martín Barbero - quien señala que las ciudadanías se basan en la política, pero que no se agotan en ella en tanto la ciudadanía significa, también, el lugar de reinvención de la política (Martín Barbero, 2015) -, es que consideramos que continúa siendo una de las urgencias el proceso de desentrañar y quebrantar el paradigma mercantilista de la comunicación y del sistema de medios.

Para el desarrollo de estos desafíos, partimos de un abordaje desde la economía política de los medios, como desde la cultura en el marco de la cultura política, como un modo imprescindible de lucha por la transformación de los mapas comunicacionales en América Latina. En este contexto adverso y de retroceso en materia de derechos en nuestros estados, la resistencia desde la comunicación cuenta con un rol clave y aún con dificultades (políticas y económicas fundamentalmente) logran incrementar las experiencias amplificando las voces desde los medios comunitarios y populares como radios y emisoras audiovisuales, pero también y sobre todo, a partir de las posibilidades que ofrece la red (redes sociales, plataformas digitales, etc.). De forma que resulta ineludible la tarea de complejizar los mapas o las cartografías comunicacionales en Latinoamérica y el Caribe para el análisis de la configuración de nuevas ciudadanías y la organización política de los pueblos de la región. 

El presente escenario geopolítico nos desafía a engendrar otras preguntas y/o a cambiar el lugar de las mismas, como así también a elaborar nuevos balances sobre el papel de la comunicación y de los medios en la vida cotidiana y política. De esta forma, apostamos desde aquí a la profundización de un espacio cuya constitución conlleva la reivindicación de la comunicación como derecho humano, la deslegitimación de los monopolios informativos, la promoción de los medios públicos, alternativos y comunitarios, y el fomento a las producciones nacionales y locales en tanto claves insoslayables para la democratización de la comunicación.