Frente a la violencia contra la población afrodescendiente colombiana y garífuna hondureña

Declaración de la Especialización y del Curso Internacional en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de CLACSO

Desde la Especialización y el Curso Internacional en Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños de CLACSO denunciamos la brutalidad de la respuesta de la fuerza pública del Estado colombiano a las movilizaciones y protestas del pueblo colombiano que, de acuerdo con los datos recogidos por la ONG Temblores, desde el 28 de abril al 11 de mayo ya han generado la muerte de 37 personas, numerosos casos de abusos policiales, 831 arrestos arbitrarios y 10 casos de abusos sexuales. El ejercicio de esta violencia por parte del Estado no se puede desligar de su funcionamiento en un sistema estructuralmente clasista, sexista y racista que vulnera los derechos de amplios sectores de la población colombiana.

La reforma tributaria y aquella del sistema de salud propuesta por el gobierno de Iván Duque, contra la cual el pueblo colombiano está legítimamente y pacíficamente manifestando su inconformidad, afectarían considerablemente no solamente a las clases medias del país sino también a los sectores más pobres de la población. Vale la pena referirse  a la situación de particular vulnerabilidad en la que se encuentra la población afrocolombiana: Incluso, subestimando su participación en términos poblacionales, los datos del censo de 2018 muestran su menor acceso, respecto a la población general del país, a servicios básicos, a la educación superior y de posgrado, sus mayores tasas de analfabetismo, las mayores tasas de pobreza multidimensional, de trabajo informal y las mayores barreras encontradas en el acceso a los servicios de salud. La desigualdad histórica que ha acumulado, el abandono y la marginación asociados al racismo estructural, la hacen también particularmente vulnerable a los estragos de la pandemia de Covid-19 actualmente en curso.

La violenta represión ejercida por las fuerzas del Estado en Cali, la segunda ciudad en América Latina donde vive el mayor número de personas afrodescendientes, se ha concentrado en sectores pobres mayoritariamente habitados por esta población. Este hecho pone en evidencia una invisibilizada dimensión socioracial de las protestas y de la represión que se suma a las múltiples violencias de las cuales ha sido objeto la población afrocolombiana en el marco del conflicto armado.

Vale decir que esta situación es constante en varios países de América Latina, como lo reafirma el asesinato, las desapariciones forzadas y el hostigamiento de lideresas y líderes de la comunidad garífuna de Honduras, repetidamente denunciadas por sus organizaciones y por organizaciones internacionales. Que sea ésta la ocasión de poner de presente las dimensiones racistas y sexistas de la violencia policial y de la represión estatal.

Nos unimos al llamado internacional para que cese la violencia y las masacres en Colombia y para que las soluciones que se encuentren a la actual coyuntura abran el camino para el respeto y protección de las movilizaciones y el derecho a la protesta, como un derecho humano fundamental que pueda ser ejercido en igualdad de condiciones por toda su población.