7 de junio, 2019

Forjando privilegios: La incidencia de los agronegocios en la política tributaria paraguaya

El sector agropecuario y agroindustrial es el más rentable del Paraguay, y constituye aproximadamente el 30% de su PIB, pero es también el que menos aporta al Estado en términos de impuestos, representando menos del 4 % de la recaudación anual.

En los últimos años, diversas propuestas legislativas orientadas a corregir la inequidad del sistema han sido rechazadas debido al poder de lobby de los grandes empresarios del agronegocio. Esta investigación analiza los mecanismos utilizados para reproducir la captura del Estado y mantener sus privilegios económicos, estudiando cinco proyectos de ley que han sido propuestos y tratados en el Congreso paraguayo. El actual arreglo fiscal en Paraguay es un reflejo de la marcada asimetría en las relaciones de poder, que tiene en su cúpula a los grandes empresarios del agronegocio.

Este estudio forma parte de la Serie de Investigación “Élites, Captura del Estado y Desigualdad”, impulsado por CLACSO y Oxfam, y observa que lo acaecido en los últimos 15 años en Paraguay torna visible la captura de la política tributaria que favorece a pequeños grupos e impide disminuir los altos niveles de desigualdad socioeconómica en el país, a pesar del gran crecimiento económico de los últimos años.

Se plantea la necesidad de propuestas creativas orientadas a la equidad tributaria, limitando la incidencia desmedida de algunos grupos en las distintas fases de la política tributaria con mecanismos de participación fortalecidos.

Mecanismos de captura del Estado

Entre los mecanismos de captura identificados, se destaca la práctica de la “dilatación de los procesos legislativos”. Hemos encontrado que cada propuesta para gravar la exportación de granos tomó por lo menos un año para su estudio por comisiones especiales y más de un año (hasta casi 10) para su tratamiento oficial en el plenario. Esta práctica se utiliza tanto para nuevos proyectos como para Leyes que ya fueron aprobadas. En los últimos casos, lo que sucede es que se solicita (por “presión” de los grupos de interés) la postergación de la implementación de la nueva Ley, o la flexibilización vía decretos reglamentarios (donde se incluye, por ejemplo, una serie de medidas de excepción).

Otro mecanismo encontrado es la modificación parcial de las normativas, es decir, se realizan cambios superficiales. Este fue el caso de la Ley 5061/13, que amplió la base de contribuyentes sin tocar el tratamiento especial a los grandes contribuyentes, entre los cuales se encuentran los empresarios del sector agro-ganadero.

En el nivel discursivo, los opositores a las reformas no han cambiado sus argumentos. Insisten en la idea que un impuesto a la exportación de granos en estado natural afectaría la competitividad del país y que los mayores perjudicados serían los pequeños productores agrícolas, muchas veces sin considerar argumentos con base técnica, inclusive de expertos internacionales. Finalmente, se identifican otros mecanismos más sutiles y difíciles de controlar una vez que, hasta la fecha, no se han desarrollado regulaciones específicas, como es el lobby y el financiamiento partidario.

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