Democracias en disputa: violencias, autoritarismos y seguridad en América Latina y el Caribe. Un diagnóstico crítico desde las ciencias sociales latinoamericanas
Democracias en disputa: violencias, autoritarismos y seguridad en América Latina y el Caribe. Un diagnóstico crítico desde las ciencias sociales latinoamericanas
Autores: Luciana Noelia Ginga, Rochele Fellini Fachinetto y Julio Solís Moreira1
I. Introducción
América Latina y el Caribe constituyen, según coincide buena parte de la literatura especializada en temas criminológicos y de seguridad, la región más violenta del mundo (Dammert, 2025). Esta afirmación, que podría leerse como un dato meramente cuantitativo —la comparación de tasas de homicidio con otras regiones del planeta—, encierra en realidad un problema de mayor densidad teórica y política: el de la relación, históricamente inestable y nunca resuelta, entre violencia y democracia en nuestros países.
Este cuaderno se enmarca y recupera una tradición de investigación que, en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas, tiene más de dos décadas de desarrollo. En 2001 se constituyó el Grupo de Trabajo “Violencia y Sociedad” en el ámbito de CLACSO, cuyos integrantes —muchos de ellos/as aún activos en la actualidad— sentaron las bases conceptuales para pensar la violencia como un fenómeno estructural de las sociedades latinoamericanas, presente “desde la violencia de la conquista, del esclavismo, de la independencia y de los procesos de apropiación de las tierras” (Briceño-León, 2001).
Esa tradición intelectual constituye el punto de partida del presente trabajo, que busca actualizar el diagnóstico a la luz de las transformaciones registradas en las últimas dos décadas: la consolidación de economías ilegales diversificadas, las culturas de la violencia, la emergencia de nuevas formas de gobernanza de la seguridad y el ascenso de modelos de “mano dura” que gozan de legitimidad social y electoral pese a su escaso impacto en la reducción efectiva de la violencia.
El argumento central que se desarrolla a lo largo del cuaderno es el siguiente: la expectativa, extendida durante los años de las transiciones democráticas, según la cual la instauración de regímenes democráticos traería consigo una disminución de la violencia, no se verificó en la práctica (Peralva, 1997; Neto, 2011). Por el contrario, se registró un aumento y una diversificación de las violencias que hoy atraviesan y erosionan a las propias democracias, al punto de que la seguridad se ha convertido en un terreno privilegiado desde el cual se montan agendas político-electorales autoritarias, procesos de excepcionalidad jurídica y la ampliación del control social mediante políticas represivas que gozan de amplia legitimidad social.
Para desarrollar este argumento, el trabajo se organiza en siete apartados. En primer lugar, se reconstruye una genealogía de las violencias latinoamericanas que permite comprender sus mutaciones históricas. En segundo lugar, se analiza el proceso de expansión y diversificación de los mercados ilegales y de las organizaciones criminales transnacionales. En tercer lugar, se examina específicamente la relación entre democracia y violencia, mostrando cómo incluso los gobiernos de centroizquierda profundizaron políticas punitivas. En cuarto lugar, se discute la deriva autoritaria de las políticas de seguridad contemporáneas. En quinto lugar, se recupera el concepto de autoritarismo socialmente implantado para explicar las continuidades entre los regímenes dictatoriales del siglo XX y las prácticas represivas actuales. En sexto lugar, se analiza el ascenso de los modelos de exterminio del enemigo, paradigmáticamente el llamado «modelo Bukele». Finalmente, se proponen los lineamientos de una agenda de seguridad ciudadana democrática
II. Genealogía de las violencias latinoamericanas: de la conquista a la criminalidad urbana
Comprender las violencias contemporáneas de América Latina y el Caribe exige un ejercicio de larga duración histórica. Briceño-León (2001) sostiene que la violencia forma parte de los procesos cotidianos de la región desde la conquista, el esclavismo y los procesos de independencia, pasando por la apropiación violenta de las tierras y la expropiación de los excedentes económicos, hasta la violencia estatal ejercida a través de la represión militar de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur y Centroamérica. Esta perspectiva de larga duración permite situar las violencias actuales no como una anomalía o un déficit de modernización, sino como un rasgo estructurante y cultural de la formación social latinoamericana.
Sobre ese sustrato histórico se monta un segundo proceso, distinto pero solapado al anterior, que tiene como marco temporal las décadas de 1970 y 1980: el aumento exponencial de las tasas de homicidio, particularmente entre la población joven (Imbusch, Misse y Carrión, 2011). Ninguna otra región del mundo presenta tasas de homicidio tan elevadas ni una variedad tan amplia de tipos y formas de violencia: pandillas juveniles, violencia de género, violencias urbanas, violencia vinculada al narcotráfico y al lavado de activos, guerras civiles persistentes, movimientos guerrilleros, escuadrones de la muerte, terrorismo de Estado, dictaduras, levantamientos sociales y revoluciones violentas conviven y se superponen en la experiencia histórica reciente de la región (Imbusch, Misse y Carrión, 2011).
Este doble movimiento —continuidad histórica y mutación contemporánea— es clave para entender por qué hablar hoy de América Latina y el Caribe implica colocar en el centro de las preocupaciones académicas y públicas a las múltiples formas que adquieren las violencias y los conflictos, en dinámicas y trayectorias que se renuevan constantemente. La violencia delincuencial y urbana, la violencia juvenil, la violencia de género que se expresa en el sostenido aumento de las tasas de femicidios y transfemicidios (Fachinetto, 2025), la violencia asociada al narcotráfico y al lavado de dinero (Tenenbaum, 2022), y la violencia ejercida por y contra organizaciones criminales que operan en mercados ilegales (Rodrigues, Feltran y Zambon, 2023) configuran un mapa de conflictividades que exige marcos analíticos capaces de dar cuenta de su complejidad y de sus especificidades territoriales.
III. Mercados ilegales, crimen organizado y transnacionalización
Lo que hace cuarenta o cincuenta años se concentraba fundamentalmente en el tráfico de drogas ilegales —en particular de cocaína— se ha expandido hoy hacia una amplia gama de economías ilícitas: la producción y el tráfico de distintas sustancias, la trata de personas, la explotación sexual comercial, el tráfico de armas de fuego, los delitos ambientales, diversos mercados de contrabando, delitos informaticos y servicios criminales como la extorsión y el secuestro, sumado a los delitos financieros vinculados al lavado de activos y a la captura de instituciones públicas (Dammert, 2025). Este proceso de diversificación se acompaña de un fenómeno igualmente relevante: la creciente conexión entre organizaciones criminales que antes operaban de manera más fragmentada y que hoy adquieren escala regional y transnacional (Trejo y Ley, 2021; Auyero y Sobering, 2021).
El tema de las organizaciones criminales y el modo en que operan en los mercados ilegales (Tenenbaum, 2022) constituye, en la actualidad, uno de los principales desafíos a las democracias latinoamericanas y a las políticas públicas de seguridad. Estos grupos han expandido sus operaciones y se encuentran presentes tanto en capitales como en áreas rurales, en prisiones, en barrios marginales, en regiones de frontera y en ciudades portuarias (Rodrigues, Feltran y Zambon, 2023), estableciéndose como actores clave en esquemas criminales que funcionan en redes transnacionales (Dias y Paiva, 2022). La expansión de estas actividades ha impactado en múltiples dimensiones de la vida social: desde el funcionamiento de los mercados ilegales —con la faccionalización de dinámicas que antes se consideraban delincuencia común o desviación (Rodrigues, Feltran y Zambon, 2023)— hasta en la vida cotidiana de comunidades enteras, constituyendo un obstáculo concreto para la efectivización de la democracia.
La interconexión entre estas organizaciones y ciertas élites políticas y económicas (Flores Pérez, 2009; Snyder y Durán-Martínez, 2009; Sain, 2023) permite que los mercados ilegales se tornen fluidos y consistentes en el tiempo. Esta membrana que conecta fenómenos sociales y económicos aparentemente heterogéneos es, precisamente, lo que pone en cuestión a la democracia misma como sistema de gobierno en nuestros países: cuando el crimen organizado logra insertarse en los circuitos de financiamiento político, en las fuerzas de seguridad o en el sistema judicial, la frontera entre legalidad e ilegalidad se vuelve porosa y las instituciones democráticas pierden capacidad de regulación autónoma (Auyero y Sobering, 2021).
A esto se suma la expansión de la industria del «sicariato» (Barreira, 1998) y el incremento de personas con consumos problemáticos, fenómeno agravado por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha dejado secuelas profundas -sobre todo en aspectos de salud mental- en diversos sectores de la sociedad. El gobierno de la cuestión criminal se ha convertido, en este contexto, en un tema central tanto del campo académico como de las agendas públicas de los gobiernos estatales, lo que exige problematizar el rol que asumen los Estados en el diseño de dispositivos de prevención, al tiempo que se reconstruye el entramado de acciones y mediaciones desplegado por organizaciones sociales, comunitarias y barriales para evitar, prevenir y reducir las violencias homicidas ligadas a la narcocriminalidad (Solís, 2018; Dammert, Croci y Frey, 2024; Giavedoni y Ginga, 2017; Binder, 2009).
IV. Democracia y violencia: una relación problemática y persistente
Es posible identificar cómo los fenómenos de la violencia, en sus más variadas manifestaciones, se han complejizado a lo largo del tiempo. Sin embargo, persiste un dilema que atraviesa tanto los debates académicos como las prácticas sociales y las políticas públicas: la relación entre violencia y democracia en el contexto latinoamericano continúa siendo, cuatro décadas después de las transiciones, un problema no resuelto. La expectativa de que los contextos democráticos traerían consigo una disminución de la violencia no se verificó: en la práctica, se produjo un aumento y una diversificación de las violencias (Peralva, 1997; Neto, 2011).
Esta relación problemática se manifiesta también en la utilización del propio proceso democrático —elecciones, medios de comunicación, opinión pública— para avanzar con políticas autoritarias, a través de la difusión del miedo y de la expansión de tácticas discursivas como el uso del término “narcoterrorismo”, que legitima intervenciones violentas y represivas e, incluso, sirve como justificación para la injerencia de agendas externas en las políticas nacionales de los países de la región. El debate se ha desplazado, así, desde las disputas por los modelos de democracia hacia las disputas por los modelos de enfrentamiento de las distintas formas de violencia y del crimen
mediante procesos de control social de excepción.
Un dato que merece especial atención es que los gobiernos de centroizquierda que gobernaron buena parte de la región durante el llamado “giro progresista” de comienzos del siglo XXI, aun cuando implementaron políticas sociales inclusivas y estrategias de política internacional orientadas al multilateralismo, acentuaron —en el ámbito específico del control social y aun pretendiendo combatirlas— las políticas punitivas: una policía represiva, un sistema judicial opaco y penalizador, y un aumento sostenido del encarcelamiento (Tavares dos Santos y Barreira, 2016). Este dato desafía cualquier lectura que asocie de manera automática una orientación política progresista con políticas de seguridad democráticas, y obliga a pensar la cuestión punitiva como un campo relativamente autónomo respecto de las coaliciones de gobierno.
V. La deriva autoritaria: gobernanza de la seguridad y el «sujeto de riesgo»
En las últimas décadas ha emergido en la región un nuevo repertorio de control social, marcado por redefiniciones políticas y por dispositivos de seguridad cada vez más sofisticados (Solís, 2018). La literatura especializada habla de gobernanza de la seguridad para describir cómo actores públicos y privados configuran conjuntamente la gestión del orden (Bergman, 2023). Proliferan mecanismos como las urbanizaciones cerradas, la vigilancia masiva —cámaras, reconocimiento facial—, los sistemas de monitoreo y el uso de big data policial y la geografía del delito. Estos dispositivos tienden a privatizar la seguridad y a restringir el espacio público, instalando lo que puede describirse como una gramática de control social centrada en el «sujeto de riesgo», que reemplaza al “ciudadano de derechos” e identifica a ciertos grupos —migrantes, jóvenes pobres, minorías— como “otros peligrosos” y potenciales amenazas (Wacquant, 2007, 2023).
Este lenguaje tecnocrático disfraza medidas represivas mediante “soluciones rápidas, eficaces y ejecutivas”, así se promueven “guerras contra” el crimen o las drogas, y eslóganes de mano dura orientados a persuadir a una ciudadanía atemorizada, mediante un discurso que busca instalar la idea de que “se pondrá orden” de manera inmediata (Durán-Martínez, 2022). Bajo esta lógica, el Estado social o de bienestar se observa en un proceso de retroceso, mientras avanza un proceso de expansión del Estado penal que promete orden a través del castigo, la vigilancia y la normalización de la excepción punitiva.
Esta deriva autoritaria refiere, entonces, a la tendencia de utilizar la seguridad como eje de discursos y políticas que minan las garantías democráticas y de la ciudadanía. En numerosos países de la región, la agenda político-electoral ha girado hacia promesas de mano dura y de securitización extrema. Los sectores más duros y reaccionarios del espectro político argumentan que el “exceso de garantías” alimenta la impunidad, lo que se utiliza para justificar medidas extraordinarias, por fuera de la legalidad y del Estado de derecho. Esto se traduce, en la práctica, en estados de excepción prolongados, en la militarización de la seguridad pública, en el crecimiento de personas detenidas y en reformas legales de corte punitivo.
En el plano conceptual-criminológico, este proceso se corresponde con lo que Garland (2005, 2007) denominó “criminologías del otro” mediante la expansión del control social: las instituciones penales ganan terreno mientras las políticas sociales retroceden. Feeley y Simon (1992) plantean, en un sentido convergente, que este giro se sostiene en una racionalidad actuarial que administra riesgos en lugar de garantizar derechos. En la práctica cotidiana, esto se evidencia en el endurecimiento de las penas, en el aumento sostenido de las poblaciones carcelarias y en una creciente indiferencia estatal ante los procesos de reintegración social.
VI. Autoritarismo socialmente implantado: continuidades más allá de las dictaduras
En el análisis de los procesos de transición de los regímenes autoritarios hacia las democracias, a finales de la década de 1980, Paulo Sérgio Pinheiro (1991) identificó resistencias estructurales en la sociedad civil que operan con relativa independencia del régimen político vigente y que constituyen una continuidad autoritaria, anclada en sistemas de jerarquía social que se reproducen regularmente con el apoyo de instrumentos de opresión y criminalización. El autor denominó a este fenómeno “autoritarismo socialmente implantado”, una categoría que precede y, a la vez, supera a los regímenes políticos autoritarios propiamente dichos.
Este concepto resulta central para comprender no solo la persistencia de prácticas arbitrarias y de tortura por parte de agentes estatales, sino también las formas en que la propia sociedad civil apoya y legitima estas acciones en la actualidad, a más de cuatro décadas del fin de los regímenes dictatoriales del Cono Sur. La noción de autoritarismo socialmente implantado contribuye, así, a la comprensión de algunos de los desafíos que se plantean en la consolidación efectiva de una cultura democrática en el actual contexto latinoamericano (Alvarado Mendoza et al., 2024), y merece ser ampliada, revisada y profundizada (Álvarez et al., 2021) frente a las nuevas formas de autoritarismo que se expresan en las más variadas modalidades de violencia social y estatal, y que constituyen un obstáculo persistente para las democracias de la región.
Esta perspectiva permite, además, matizar cualquier lectura evolutiva o teleológica de la democratización latinoamericana, según la cual el paso del tiempo garantizaría, por sí solo, una progresiva democratización de las instituciones de seguridad y justicia. Por el contrario, el diagnóstico que se desprende de esta tradición conceptual sugiere que las prácticas autoritarias pueden convivir, de manera relativamente estable, con instituciones formalmente democráticas, en la medida en que cuentan con anclajes sociales, culturales e institucionales que exceden el momento estrictamente político-electoral.
Por su parte, O’Donnell en su texto “Democracia en la Argentina: micro y macro” (1983) esgrime como argumento central: la consolidación emocrática no depende sólo de lo que pasa en las instituciones (nivel macro) sino de los patrones de autoridad que estructuran la vida cotidiana en escuelas, familias, lugares de trabajo, la calle (nivel micro). Y añade algo que en 1983 sonaba provocador: la sociedad argentina era ya fuertemente autoritaria antes del golpe del 76. El régimen simplemente liberó esos lobos que dormitaban en los microcontextos y operó sobre lo que él llamó el pathos autoritario social —la demanda difusa de orden, la intolerancia con el diferente, el “algo habrán hecho” como marco moral para la violencia estatal. No se trata solo que el Estado sea punitivo, sino que —como O’Donnell argumenta para el caso del 76-83— la penetración capilar del orden punitivo en los microcontextos es lo que hace durable un determinado modelo de autoridad
VII. El auge de los modelos de mano dura: el «modelo Bukele», Brasil y el populismo penal
La deriva autoritaria descrita en los apartados anteriores encuentra, en los últimos años, su expresión más nítida en el recrudecimiento de políticas de seguridad guiadas por una estrategia de exterminio del enemigo. El caso más citado en la literatura reciente es el del llamado “modelo Bukele” (Landeros, 2025; Martínez, 2026)., implementado en El Salvador bajo un régimen de excepción prolongado que combina la suspensión de garantías procesales con un despliegue masivo de encarcelamiento, en el marco del enfrentamiento con las pandillas — entre ellas, la Mara Salvatrucha (MS-13)—. Un patrón análogo, aunque con particularidades propias, puede observarse en las operaciones policiales desplegadas en distintas ciudades de Brasil.
Estos modelos tienen en común un rasgo que resulta clave para el diagnóstico que aquí se propone: su escaso impacto verificable en la reducción de la violencia y en el desmantelamiento efectivo del crimen organizado convive con una notable legitimidad social y política (Venegas Álvarez y Martínez Herrera, 2025). Esta paradoja —ineficacia instrumental y legitimidad simbólica— es uno de los nudos más difíciles de abordar para las ciencias sociales latinoamericanas, en la medida en que interpela tanto a los marcos explicativos centrados en la racionalidad de las políticas públicas como a los que privilegian el análisis de las emociones políticas y del miedo social como combustible de las agendas de mano dura.
El populismo penal, entendido como la utilización política del castigo con fines de rédito electoral antes que, de eficacia en materia de seguridad, encuentra en estos casos su expresión más acabada. La legitimidad social de la que gozan estas políticas no puede explicarse únicamente por su eficacia —que, como se señaló, es cuando menos discutible—, sino que remite a procesos más amplios de desconfianza institucional, de agotamiento de los marcos de seguridad democrática existentes y de una demanda social de protección frente a violencias cotidianas que, en muchos casos, el Estado ha sido incapaz de procesar por otras vías.
VIII. Hacia una seguridad ciudadana democrática: una agenda posible
Frente a las tendencias descritas, surge el imperativo de construir políticas de seguridad ciudadana democráticas. Lograr seguridad con democracia exige desplazar el foco desde el castigo hacia la protección social, reduciendo el protagonismo del sistema penal y fortaleciendo el Estado social a través de la educación, la salud y la generación de oportunidades económicas. Sin abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social, las políticas de mano dura solo logran contener el problema de manera temporal y, en muchos casos, desplazarlo o profundizarlo en el mediano plazo.
Este diagnóstico obliga a retomar el debate sobre el papel del Estado en las políticas de seguridad pública, guiado por la garantía del debido proceso y por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Resulta clave, en este sentido, que la academia, los movimientos sociales y los/as funcionarios/as estatales asuman un papel protagónico en la propuesta de respuestas más cualificadas y eficaces frente a la delincuencia y la violencia, de modo que las políticas de seguridad pública se guíen por los valores y principios democráticos y no por la lógica de la excepción permanente.
Centroamérica constituye, en este marco, un espacio de particular relevancia analítica, tanto por la difusión de modelos autoritarios de seguridad como por la intensidad de las investigaciones en curso sobre violencia, políticas de seguridad y autoritarismo en la subregión, incluido el caso Bukele-MS13. De manera convergente, el debate sobre el vínculo entre Estado y crimen organizado, las estrategias represivas y las políticas orientadas a prevenir las violencias feminicidas, juvenicidas y travesticidas requiere de un abordaje que combine perspectivas comparadas con un anclaje riguroso en las especificidades nacionales y locales.
Una agenda de seguridad ciudadana democrática supone, en síntesis, tres desplazamientos fundamentales: del castigo a la prevención social; de la excepción a la garantía plena del debido proceso; y de la gestión tecnocrática del riesgo al reconocimiento del/a “ciudadano/a de derechos” como sujeto de las políticas de seguridad. Estos desplazamientos no son meramente normativos, sino que cuentan con respaldo empírico en experiencias de política pública que han logrado reducciones sostenidas de la violencia sin recurrir a la suspensión de garantías constitucionales, lo que sugiere que la falsa disyuntiva entre seguridad y democracia constituye, ante todo, una construcción política antes que una necesidad técnica inevitable.
IX. Reflexiones finales: elementos para un diagnóstico regional
El diagnóstico que se desprende de este recorrido puede sintetizarse en cuatro afirmaciones centrales. En primer lugar, las violencias que atraviesan a América Latina y el Caribe no constituyen un fenómeno nuevo ni ajeno a la trayectoria histórica de la región, sino que se inscriben en una genealogía de larga duración que va de la violencia colonial a la criminalidad urbana contemporánea, pasando por las dictaduras del siglo XX. En segundo lugar, la expansión y diversificación de los mercados ilegales y del crimen organizado transnacional ha modificado sustancialmente las condiciones en las que operan las democracias de la región, al punto de poner en cuestión su capacidad de regulación autónoma frente a poderes ilegales cada vez más consolidados.
En tercer lugar, la relación entre democracia y violencia continúa siendo un problema no resuelto: la expectativa de una disminución de la violencia asociada a la democratización -como se ha mencionado- no se verificó, y el propio proceso democrático ha sido, en ocasiones, el vehículo de agendas autoritarias en materia de seguridad, promovidas incluso por gobiernos de distinto signo político. En cuarto lugar, la persistencia de lo que Pinheiro (1991) denominó autoritarismo socialmente implantado explica por qué las prácticas represivas y las violaciones a los derechos humanos no se erradicaron con el fin de las dictaduras, y por qué encuentran hoy nuevas formas de legitimación social en los modelos de mano dura que se difunden por la región.
Frente a este diagnóstico, la construcción de una seguridad ciudadana democrática no es solamente una aspiración normativa, sino una tarea urgente para las ciencias sociales latinoamericanas, que exige un diálogo sostenido entre la producción académica, la institucionalidad estatal y los colectivos sociales que, cotidianamente, enfrentan y resisten las múltiples formas que asume la violencia en la región. Sostener ese diálogo, y traducirlo en políticas públicas capaces de fortalecer las dimensiones inclusivas del Estado sin renunciar a la eficacia frente al delito, constituye uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas y caribeñas en el tiempo presente.
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- Noelia Ginga: Coordinadora del Grupo de Trabajo “Violencias, autoritarismos y políticas de seguridad democráticas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Trabaja en la Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
Rochelle Fellini: Coordinadora del Grupo de Trabajo “Violencias, autoritarismos y políticas de seguridad democráticas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Trabaja en el Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).
Julio Solís: Coordinador del Grupo de Trabajo “Violencias, autoritarismos y políticas de seguridad democráticas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Trabaja en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica). ↩︎
